Bien lo manifestó el presidente Petro en la importante Asamblea de Naciones Unidas en 2022: los gobiernos del mundo se deben enfocar en mitigar los efectos de la crisis climática, pues no será el narcotráfico precisamente quién extinga la humanidad, y le dio un gran mensaje a los países potencia: la cocaína que se exporta desde Colombia al mundo entero, y en específico a Estados Unidos, no es la que está ocasionando la gran crisis de salud pública por consumo de opiáceos en ese país.
“El culpable de la adicción a las drogas, no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial”
“La Guerra contra las Drogas ha fracasado, la lucha contra la crisis climática ha fracasado, se ha cometido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y a sus plantas, han llenado de sin razón los discursos y las políticas.”[1]
Esto fue un llamado para que a nivel mundial se tome un enfoque de salud pública para tratar el tema del consumo de sustancias psicoactivas y se deje de criminalizar a los campesinos cultivadores de plantas enteógenas. Sabiendo que la crisis que hoy se presenta en los Estados Unidos y países como Canadá es frente al consumo de Fentanilo, una sustancia sintética mucho más potente que la heroína y que ha cobrado miles de vidas los últimos años; es la gran preocupación que hoy se vive y dicha sustancia no es producida en Colombia, es una sustancia que viene desde China, también las materias primas llegan desde Alemania y China para su elaboración en México, se sabe que es el Cartel de Sinaloa y el hijo del “Chapo Guzmán” [2][3]quienes manejan las rutas y el ingreso de la sustancia hacia los Estados Unidos.
Por otro lado, en la consigna de la “Paz Total” se aborda el narcotráfico como un factor que mantiene el conflicto armado en nuestro país, aún después de haber firmado el más reciente acuerdo de paz donde se proponía darle un fin a la producción de droga y la exportación de esta. Después del Gobierno Duque, se evidencia la ventaja que los grupos armados y narcotraficantes han tenido los últimos años después del Acuerdo de paz, Colombia sigue siendo el mayor exportador de cocaína en el mundo y con niveles históricos de hectáreas de coca, 204.000 hectáreas para 2021 según la UNODC, esto es consecuencia de la reconfiguración territorial de los diferentes grupos armados al darle prioridad a reciclar viejas políticas antidrogas como la aspersión aérea con glifosato y la erradicación forzada por medio de la Fuerza Pública.
Nuevamente un fracaso de la política de la Guerra contra las drogas y que este gobierno se ha propuesto férreamente a cambiar este paradigma para generar condiciones de vida dignas, para principalmente, evitar que más campesinos cultiven hoja de coca y los otros cultivos de uso ilegal como el cannabis y la amapola, por otro lado para evitar el consumo temprano y problemático de sustancias psicoactivas y por último, negociar con los grupos armados que están controlando el narcotráfico en Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar cuales han sido los avances, aciertos, pendientes y retos para la creación de una nueva política de drogas en el Gobierno de Gustavo Petro.
Avances y aciertos para la construcción de una nueva política de drogas
Encuentros para la Reforma Agraria
Desde la entrada de la nueva bancada del Pacto Histórico al Congreso de La República, el 20 de julio de 2022, los senadores Aída Quilcué, César Pachón y Robert Daza convocaron a todo tipo de organizaciones campesinas a nivel nacional, a un encuentro en Bogotá en las instalaciones del Congreso, donde hubo una mesa de trabajo exclusivamente para hablar sobre la reforma rural y su relación intrínseca con la sustitución de cultivos (Punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz).
Se contó con la participación de diferentes líderes sociales, voceros de organizaciones, expertos, académicos, donde se presentaron ponencias y se recogieron en una gran relatoría donde se ha ido anexando los diferentes aportes, que también se tuvieron en cuenta para la creación del Plan Nacional de Desarrollo.
Nunca en la historia reciente del país, desde que se ha hablado de la necesidad de la reforma agraria se habían invitado a los campesinos al Congreso a participar de la creación de esta, un gran avance que empezó a generar lazos de confianza entre este nuevo gobierno y las organizaciones sociales.
Visita a El Tarra, Norte de Santander
De los primeros avances y aciertos de Petro como mandatario, fue la visita realizada al municipio de El Tarra, Norte de Santander (Hay que decir que ningún Presidente en la historia de Colombia había visitado la región del Catatumbo) donde se reunió con varias organizaciones campesinas y habitantes de los municipios aledaños, donde se hablaron temas tan cruciales como la paz y seguridad territorial, ya que esta ha sido una zona histórica de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora Disidencias de las FARC y organizaciones residuales del paramilitarismo; y el tema de los cultivos de hoja de coca.
Tibú, El Tarra y Sardinata, municipios que conforman el enclave del Catatumbo, son los municipios con más presencia de cultivos de coca en el país y para el año 2021, según el informe de Monitoreo de cultivos de la UNODC y SIMCI de octubre de 2022, Tibú ocupa el primer lugar con 22.000 ha, por lo que el Presidente convocó para el mes de Diciembre de 2022 el gran Encuentro Nacional de cultivadores y familias que subsisten de la economía de la hoja de coca.
Sin duda alguna, esta visita a tan poco días de la posesión del presidente, fue un gran punto de partida para que las organizaciones campesinas y de cultivadores de hoja de coca se dispusieran a hacer el llamado en sus territorios para prepararse a ese gran encuentro.
Creación del Plan Nacional de Desarrollo en el marco de los Diálogos Regionales Vinculantes
La convocatoria a los Diálogos Regionales Vinculantes en todos los departamentos del país, fueron espacios abiertos de interlocución entre el Gobierno Nacional y las diferentes organizaciones, colectivos, centros de pensamientos, ONG y ciudadanos del común, donde se presentaron las propuestas para conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Claramente el tema de los cultivos de uso ilícito, el consumo de sustancias psicoactivas y el desmantelamiento de estructuras armadas al margen de la ley dedicadas al narcotráfico tuvieron un protagonismo importante.
Se evidencia en el capítulo de Seguridad Humana y justicia social un gran acápite “Protección de la vida y control institucional de los territorios para la construcción de una sociedad segura y sin violencias 1. Política de drogas orientada a la regulación para la garantía de derechos y libertades” donde se plasmaron:
- Marcos regulatorios: (a) regulación de usos alternativos de la planta de coca; (b) uso adulto del cannabis; (c) usos para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas; y (d) protección del uso ancestral y popular, priorizando la participación de los campesinos y de las comunidades étnicas. Además, se implementará: (a) el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, (b) medidas para la inclusión social y productiva, y (c) alternativas a la privación de la libertad en delitos menores asociados a drogas.
- Transformación integral de los territorios, alternatividad, cuidado de la naturaleza y protección de la vida para acabar con la producción de drogas ilícitas.
- Identificación, impacto y desarticulación de estructuras multicrimen relacionadas con el fenómeno de las drogas y otras economías ilegales.
- Reducción de las vulnerabilidades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y protección de la salud pública.
- Estrategia de política exterior para el cambio del paradigma del fenómeno de las drogas.
Un PND muy ambicioso pero que, sin duda alguna, dentro de su narrativa en conjunto con las acciones paralelas del gobierno, han demostrado el anhelo de éste para transformar la política de drogas en el país, con un enfoque territorial, construyéndola de manera más horizontal teniendo verdaderamente en cuenta a las comunidades más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y la violencia.
Encuentros regionales de cultivadores de hoja de coca
Después de la convocatoria realizada por el Presidente en El Tarra, las organizaciones campesinas de cultivadores de coca, familias y trabajadores que subsisten de la economía de la hoja de coca se dieron a la tarea de convocar 3 encuentros en los enclaves de producción de hoja de coca más grandes del país: Catatumbo, Sur de Bolívar y Cauca, donde en ellos existe una organización llamada la COCCAM- Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, organización que surge en 2017 con el propósito de constituirse en un actor determinante en la solución integral a la problemática de los cultivos de coca, marihuana y amapola en el país, buscando la construcción de paz y la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana.
Estos encuentros dieron como resultado la necesidad del fortalecimiento de la COCCAM en los enclaves de producción de hoja de coca, y en los municipios productores donde aún no se encuentre la Coordinadora, también fueron espacios donde los campesinos, trabajadores y familias que subsisten de esta economía hicieran mesas de trabajo y pudieran aportar propuestas, ideas y denunciar problemáticas, la mayoría relacionadas con el incumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos- PNIS.
Esto generó insumos y conclusiones con el fin de poderlos presentar en el Encuentro Nacional de cultivadores de hoja de coca, presentar de igual manera un balance de los sucedido en los territorios los últimos años ante el incumplimiento del Acuerdo de paz al nuevo Gobierno.
Encuentro Nacional de cultivadores de hoja de coca
El 16 de diciembre de 2022 se realizó el Encuentro Nacional de Cultivadores de hoja de coca como se había dicho meses atrás en la visita del presidente Petro a El Tarra, un encuentro monumental, donde todas las organizaciones campesinas del país dedicadas a esta economía asistieron con sus balances, propuestas, análisis, y denuncias para entregarlos directamente al Gobierno Nacional. Hubo una interlocución horizontal, donde representantes y voceros de las organizaciones pudieron presentar sus documentos y donde el Presidente todo el tiempo escuchó frente a ellos, atentamente.
Este ha sido un gran avance, la construcción de una nueva política de drogas en Colombia tiene que hacerse desde el enfoque territorial, de derechos humanos y con enfoque diferencial, pues este será un gran punto de partida para la construcción de “paz total”.
Este tipo de encuentros jamás se habían dado en la historia reciente de nuestro país, jamás un presidente se había reunido con los cultivadores de hoja de coca, nunca se consultó a las comunidades antes de implementar las fracasadas políticas antidrogas, porque ningún presidente en la historia había visto a estas personas como seres dignos de escuchar, siempre fueron objeto de estigmatización, represión y abandono, argumentando que eran delincuentes que deben ser abatidos y reprendidos.
Este tipo de encuentros se deben seguir realizando, las organizaciones campesinas están dispuestas a seguir contribuyendo siempre y cuando esta política se haga siempre con el pueblo y para el pueblo cultivador, pues como bien lo dijo en su intervención Petro, ese día, la sustitución de cultivos o del uso del cultivo no es una decisión individual, el PNIS ya demostró que así los campesinos cumplan arrancando sus plantas, dentro de regiones que siguen inmersas en conflicto armado y el mismo negocio del narcotráfico, no se puede hablar de una sustitución exitosa, tiene que ser una decisión colectiva y como región, y estas decisiones y apuestas deben estar acompañadas de seguridad territorial, de lo contrario es seguir exponiendo a algunos frente a las demandas de los grupos armados y su control territorial.
Pendientes y retos
Incumplimiento del PNIS y PDET
El PNIS se pensó como un apéndice de la Reforma Rural Integral, para que el Estado por fin priorizara esos lugares del país donde nunca había llegado, donde el dominio y control territorial lo ejercen los grupos armados, del multi crimen. El PNIS pasa necesariamente por el desarrollo rural, por medio de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Programas de Atención Inmediata (PAI) con los que se pretendía empezar a generar condiciones de vida dignas, comprender, y eliminar esas condiciones históricas y estructurales que tienen a estas poblaciones en la precariedad, el abandono en el que han sido sometidas durante años y que son blanco de los grupos al margen de la ley.
Partir de los incumplimientos del Gobierno anterior, son un buen punto de partida para volver a generar lazos de confianza y la credibilidad del Estado con las comunidades, atender de manera prioritaria los proyectos no culminados, cumplirle por fin a las comunidades, es construir los cimientos para esa nueva política de drogas, que en vez de seguir pensando en qué es lo que no se ha cumplido, permitirá a las comunidades y al gobierno pensar en “¿Qué es lo que hace falta y cómo se puede lograr?
Muchas comunidades siguen esperando una vía, una escuela, una tubería, agua potable, redes de comunicación que son proyectos vitales para el desarrollo rural de los territorios.
Los proyectos PNIS que fueron muchos, en su mayoría no se realizaron o no se culminaron, en mucho territorios denuncian que el Gobierno anterior nunca tuvo oído para sus propuestas y por el contrario llegaban con cultivos y proyectos que nadie había pedido, pero diciendo básicamente “o lo toma o lo deja porque no hay más”, sin una asistencia técnica, sin un supervisión, sin buenos insumos, con el incumplimiento en los desembolsos de dinero, esta situación ayudó a que muchos cultivadores que ingresaron al PNIS desistieran y resembraran.
Dentro de la reformulación del PNIS es de vital importancia generar un nuevo censo de cultivadores, trabajadores y familias, y acoger a más personas que subsisten de las economías de coca, cannabis y amapola, y generar un sistema de monitoreo propio, donde las comunidades apoyen a la construcción del mismo y ayuden a la actualización del mismo.
Cannabis y ley de regulación de cannabis de uso recreativo
Entre la lista de pendientes, está todo lo relacionado con los cultivos de cannabis, pues en Colombia hay un gran avance en materia legislativa frente al consumo recreativo de cannabis desde 1986 se habla de la legalidad de la dosis mínima, el número de plantas que una persona puede poseer legalmente para su autoabastecimiento. Después en el año 2021 se regula el uso del cannabis medicinal, el uso farmacéutico e industrial, lo cuál le abrió una puerta grande a la inversión y al emprendimiento en el país, pero se dejó de lado a las familias cultivadoras y trabajadores de los cultivos de cannabis. Si bien desde el 2016 en el Acuerdo de Paz se estipulaba que los cultivos de cannabis también debían ser sustituidos, nunca fueron tenidos en cuenta dentro del PNIS, tampoco hubo ningún tipo de proyecto para ayudar a formalizar los cultivos de uso ilícito a uso lícito, dentro de este Decreto 811 de 2021 se debía haber agregado un acápite priorizando a los cultivadores de cannabis para brindarles la asistencia técnica para lograr una transición y sacar productos terminados y con un mayor valor que sólo la cosecha de la flor.
Es ahora la contradicción que se vive dentro de esta industria, pues son grandes empresarios y extranjeros quienes han podido sacar provecho de este negocio, mientras que el cannabis que se consume de manera recreativa en el país es en su gran mayoría es de procedencia ilegal (excepto quienes consumen de sus autocultivos).
Ahora, es supremamente preocupante que en el Congreso se esté aprobando de manera casi que unánime una ley que regule el consumo de cannabis de uso recreativo sin tener en cuenta a estas comunidades. Para la creación de esta ley y que el cannabis sea efectivamente uno de los cultivos que pueda culminar una transición de lo ilícito a lo licito, se deben priorizar a las familias cultivadoras, deben integrarse al PNIS, y hacer planes de sustitución de cultivos o sustitución del uso del cultivo, darle la oportunidad a quienes han vivido inmersos en esta economía ilegal, a que decidan qué es lo que quieren hacer frente a su cultivos. No es justo que mientras unos pueden operar por la legalidad porque tienen recursos económicos, otros estén sumidos aún en territorios controlados por grupos armados y no tengan los mismos beneficios, pues los costos para obtener las licencias, comprar tierras, hacer todo el proyecto productivo es bastante costoso.
Compañías canadienses como Blueberries, Avicanna y Canopy Growth; las estadounidenses Clever Leaves y Natuera; y la inglesa Avida Global, son solo algunos ejemplos de multinacionales presentes en la industria del cannabis en Colombia.”(…) “Un aspecto no menor es que los costos operativos para cultivar cannabis en Colombia son considerablemente menores. Según la consultora Crop América, la producción de un gramo de flor puede costar $6 centavos de dólar, mientras que en Estados Unidos o en Canadá esto llega a $2 dólares o incluso más. (Filloy, 2022)
La ausencia de información sobre la cantidad de cultivos de esta planta y las familias que puedan depender de esta economía, es un vacío que debería atenderse pronto con el fin de dimensionar el lugar que ocupa el cultivo de marihuana con fines ilícitos, lo que puede permitir emplear políticas públicas con enfoque social de reconversión económica que logren cobijar a la totalidad de familias que subsistan de la economía cannabica, ya que estas se han terminado pensando en los últimos años solo para las familias cocaleras.
¿Y la amapola?
En el PNIS tampoco se tuvo en cuenta a los cultivadores de amapola, lo cual es preocupante porque de la amapola se sustraen sustancias tan adictivas como: la heroína, la morfina, el opio y los opiáceos.
Para la amapola, igual que para la marihuana, no hay un sistema de detección y monitoreo tan amplio y tan riguroso como lo hay para la coca, por lo que ha sido difícil determinar la cantidad de hectáreas cultivadas, porque a diferencia de la coca, los cultivos de amapola son de menos de una hectárea y, por otro lado, el número de las familias involucradas en la siembra y extracción de la resina o goma de opio también ha sido difícil de determinar. Es preocupante ya que de igual modo que con los cultivos de marihuana, estas zonas son permeadas por los grupos armados que se financian de este tipo de actividades y cultivos. En el último informe que aparecen las cifras de amapola en el país fue en el Monitoreo de la UNODC en 2016, para 2015 el número de hectáreas de amapola era de 595.
Por lo tanto, si para la coca se está buscando la industrialización, para el cannabis también, para la amapola ¿Por qué no? Ya que también puede haber una sustitución del uso del cultivo para fines medicinales y farmacéuticos. Pero si el gobierno deja de lado esta población, como se ha hecho históricamente, no va a ser posible hablar de una paz total, cuando hay comunidades que aún hacen parte de economías ilícitas.
Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional
Por último, uno de los grandes retos será la negociación con el ELN y el tema del narcotráfico, ¿Cómo se abordará el tema del narcotráfico con esta guerrilla?
Cómo bien lo manifestó el comandante Antonio García en la entrevista realizada por el equipo de investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris:
“Ante el fracaso recurrente de las políticas de guerra para superar el narcotráfico, el ELN siempre ha propuesto la necesidad de que la sociedad colombiana adelante un debate de fondo de este fenómeno, ya que los gobiernos no han atinado. Además de lo anterior el ELN esencialmente ha planteado lo siguiente:
- Solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará con las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser.
- Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos.
- Los narco dependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como delincuentes.
- Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito deben tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito.
- Además de perseguir los Carteles de los países que producen narcóticos, se debe perseguir los Carteles de distribución en los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de precursores químicos y de lavadores de los narco dineros en el sistema financiero internacional y en los paraísos fiscales.”
Preocupa que en primera medida se retroceda en la creación de una política pública de consumo de sustancias psicoactivas si se adopta esta visión de los consumidores como enfermos, ya que incluso la misma ministra de Salud Carolina Corcho, ha hablado de los diferentes tipos de consumo y de adoptar una política que comprenda que no todos los consumidores son enfermos.
Hablar tan apresuradamente de legalización de sustancias psicoactivas desconoce el conflicto que se está viviendo en los territorios por los otros grupos armados de Disidencias de las FARC y grupos residuales del paramilitarismo.
Por lo que es necesario ahondar en estos temas y en los anteriormente expuestos dentro de la negociación con esta guerrilla y los otros grupos armados, tener en cuenta lo que se ha venido realizando con el Acuerdo de paz de La Habana porque adoptar un nuevo acuerdo con el ELN no implica que se frene lo que se ha venido haciendo. El ELN tendrá que pensar en otras propuestas que puedan entrar a complementar lo ya estipulado en el Acuerdo de La Habana, esto no puede significar un retroceso, una nueva pausa o desencadenar en nuevos incumplimientos.
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[1] Discurso de Gustavo Petro en la Asamblea de Naciones Unidas 2022
[2] Cártel de Sinaloa, el rey del tráfico de fentanilo a EU
[3] Un negocio en familia, los hijos del Chapo Guzmán y la herencia del cártel de Sinaloa
María Francisca Perdomo Herrera, Politóloga e Internacionalista. Estudiante de Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos. Investigadora del Observatorio de Conflicto y Posconflicto de la Corporación Nuevo Arcoíris.
Foto tomada de: La Opinión
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