Desafortunadamente el diseño institucional, la visión programática y el sentido ético de la gestión de tales recursos es la peor que se haya podido inventar; todo por cuenta de la prevalencia del modelo neoliberal, del clientelismo y la espantosa corrupción que dilapida y desvía cifras billonarias que van a parar a los bolsillos de los gamonales políticos regionales, de “viabilizadores” técnicos (del SGR) y de criminales contratistas que han montado todo un negocio con el trámite de los proyectos de inversión autorizados desde los Órganos colegiados de gestión y administración Ocad, de las Regalias.
En esta nota que amplía las denuncias hechas con anterioridad quiero agregar el excelente trabajo adelantado por David Riaño Valencia en la edición del periódico el Espectador el domingo 7 de septiembre que implica un innegable hecho de opinión que obliga a los directivos del Sistema General de Regalias a tomar atenta nota para erradicar el bloqueo a la participación ciudadana y al control social a las inversiones de las Regalias mediante Audiencias comunitarias y la acción de las juntas comunales veredales y locales.
Recojo la nota de Riaño Valencia así:
Gracias a la base de datos creada por El Espectador fue posible identificar los proyectos que están suspendidos en los que ya se pagó un anticipo. Más de 133 mil millones.
“En Pueblo Rico, Risaralda, 18 familias se quedaron esperando su vivienda luego de que se declarara la caducidad del contrato para construirlas. El contratista solo entregó cuatro, pero tan mal hechas que fue necesario derribarlas. El contrato fue pactado en 2.718 millones que provenían del Sistema General de Regalías (SGR) y se pagó un anticipo del 50 %. Esos 1.359 millones se embolataron.
“El entonces alcalde de Pueblo Rico, Leonardo Siagama, designó al Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y Convivencia del Departamento del Chocó —mejor conocido con Fonpacífico—, como entidad ejecutora. Esta, a su vez, utilizó su manual de contratación privado para seleccionar directamente al contratista Ingeniería y Proyectos Sostenibles – Inprosos S.A.S.
“Ahora, el exalcalde Siagama está siendo investigado por la Procuraduría por irregularidades en la contratación de otro convenio. El Fonpacífico declaró el incumplimiento del contrato a Inprosos, advirtió que hubo una mala utilización del anticipo y activó la póliza de la aseguradora. Pese a la renuencia del contratista a devolver el anticipo, Fonpacífico decidió no activar la cláusula penal.
“El problema de los fondos mixtos”
“Buena parte del éxito o del fracaso de un proyecto se determina en cómo se escoge a quien lo ejecuta. Por eso, la ley 2056 de 2020 establece que la entidad que ejecute recursos de regalías tendrá que ceñirse al Estatuto General de Contratación para la selección del contratista. Lo que se busca es que haya competencia igualitaria entre múltiples oferentes para optimizar los recursos públicos.
“Sin embargo, al quedar en manos de los fondos mixtos, que usan el derecho privado para contratar, casi tres billones de pesos provenientes de regalías terminaron adjudicados prácticamente a dedo”.
“Este investigador consultó a dos abogados expertos en contratación pública sobre la legalidad de esa contratación. Juan David Duque, doctor en derecho y exdirector de Colombia Compra Eficiente, explicó que, si bien los fondos pueden contratar por medio del derecho privado, “en el caso de que estos funjan como entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, deberán aplicar las normas del estatuto general de contratación pública”. Esto quiere decir que los recursos de regalías no se pueden contratar a través de manuales privados.
“En opinión del abogado Iván Unigarro, exfuncionario de la Procuraduría, los fondos mixtos fueron creados para promover las artes y la cultura, pero que los municipios y departamentos estén usando estos fondos, popularmente conocidos como “contrataderos”, para adjudicar obras “es una maniobra abiertamente ilegal para obviar la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, de los documentos tipo y en general, de los principios de la función administrativa”, dijo. “Con estas prácticas, lo que buscan es obviar la aplicación de procedimientos competitivos como la licitación pública o los concursos de méritos para la contratación de interventorías”, agregó el experto.
“En su defensa, el presidente del Fondo Mixto Sierra Nevada, Esteban José Cleves, dijo a este diario que su contratación no es ilegal, pues la ley les confiere a los fondos mixtos la posibilidad de contratar utilizando el derecho privado. “Si fuera ilegal tendríamos muchos procesos judiciales abiertos, pero no los tenemos”, aseguró.
“Además, negó que su contratación se adjudicara “a dedo”, pues explicó que enviaron invitaciones a presentar ofertas a varias empresas. Pero reconoció que las invitaciones a ofertar solo se envían a los asociados del fondo mixto, y cualquier oferta que llegue de una empresa que no haga parte del “pool de socios” del fondo mixto simplemente no se considera.
“En respuesta a un derecho de petición, el DNP envió la lista de los proyectos financiados con recursos de SGR que fueron encargados a los fondos mixtos. En total, la inversión en manos de estos fondos es de 2.98 billones de pesos que luego fueron contratados a través de manuales privados, sin convocatoria pública.
“Además, el DNP identificó los proyectos que le preocupan especialmente y abrió un Proceso Administrativo de Control (PAC), llegando incluso a congelar pagos en varios proyectos. De los 147 proyectos que tienen un PAC abierto, El Espectador encontró 62 en el SECOP.
“Con esa información, este diario construyó una base de datos de contratos en 48 municipios de 13 departamentos, que ahora pone a disposición de sus lectores para que verifiquen si existen proyectos en riesgo en sus regiones. Gracias a esa base de datos fue posible identificar 38 contratos en los que ya se pagó el anticipo al contratista, pero las obras están suspendidas. Los pagos ya hechos suman más de 133 mil millones de pesos, unos 33 millones de dólares.
“Hay proyectos que llevan suspendidos dos y hasta tres años, mientras que, en su planeación, la mayoría de los proyectos no superaba el año de ejecución. Entre los argumentos más comunes para suspender los contratos se encuentran la temporada de lluvias, los derrumbes, los incendios y hasta las amenazas y extorsiones de los grupos armados.
“Para averiguar por los proyectos que no aparecen publicados en la plataforma SECOP, este diario envió un derecho de petición a seis fondos mixtos, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.
“Eran los dineros de la paz”.
“Todos los contratos relacionados con los proyectos que están bajo la mira del DNP están relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Los proyectos fueron priorizados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Paz, en el que participaron miembros del Gobierno Nacional y de las gobernaciones y alcaldías”.
“Los proyectos que están actualmente en ejecución son los que se contrataron hace algunos años. La mayoría se contrató entre 2022 y 2023 y fueron priorizados por el OCAD Paz de ese momento. En varios de ellos aparece la firma del ex alto consejero presidencial Emilio Archila, quien está siendo investigado por la Procuraduría por un contrato para el mejoramiento de vías en Miranda, Cauca, que se le entregó al Fondo Mixto del Valle.
“En las actas de los acuerdos del OCAD Paz, que priorizó los proyectos que ahora están bajo control del DNP, aparecen varios miembros del Congreso que asistieron en calidad de invitados permanentes, con voz, pero sin voto. Entre ellos estaban los representantes conservadores Wadith Manzur y Yamil Arana, y también el senador Carlos Jiménez, de Cambio Radical. Los tres eran y siguen siendo miembros de las comisiones económicas del Congreso.
“El representante cordobés Wadith Manzur llegó al Congreso en 2018 por el Partido Conservador. Siempre ha hecho parte de la comisión tercera, que discute los temas de hacienda y crédito público. En 2022 la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Manzur, Arana y también contra el represéntate Alfredo Ape Cuello, los tres conservadores, a quienes señala de haber fungido como intermediarios para dar luz verde a proyectos financiados con la plata de la paz”.
“Además, el representante Manzur está siendo investigado en medio del escándalo de la UNGRD. La Corte Suprema tiene chats con los mensajes que enviaba Manzur a la entonces asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, que probarían cómo Manzur presionaba utilizando la amenaza de prolongar o directamente negar el trámite de asuntos clave para las finanzas del Gobierno en las comisiones económicas del Congreso. A cambio, lo que Manzur esperaba era que el Gobierno priorizara y girara los recursos de proyectos en los que él tenía intereses” (Ver https://www.elespectador.com/investigacion/se-pagaron-133-mil-millones-en-anticipos-de-contratos-y-ahora-estan-suspendidos/. )
Hay una amplia corriente ciudadana vigilante de todos estos daños hechos por la corrupción a los intereses comunes de la sociedad. Hay que agregar más voces de protesta y denuncia de las regiones que conforman los municipios Pdet en las periferias de la violencia. Voces que deben ayudar a parar esta infame sangría de los bienes comunes representados en las Regalias petroleras.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: La Silla Vacía
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