Caro reconoce que Petro “ha logrado unificar y representar a un pedazo de la población. Así lo demuestran las encuestas. Y es verdad que esas personas -y quizá muchas otras que no lo apoyan o que ya no lo apoyan- quieren un cambio grande, acaso radical en Colombia. La desigualdad, la pobreza, la exclusión y la violencia son causas de un descontento que usted supo recoger, expresar y usar.” Reconoce también que las instituciones colombianas han sido lentas y acaso indolentes en tramitar ese descontento y que no es conveniente “exigirles paciencia a las personas más pobres”.
Pero después de afirmar lo anterior plantea que el “sistema que creó la Constitución de 1991 es uno que, aunque lento, ha sido efectivo en ampliar los bienes públicos que reciben los colombianos”. Sostiene que se ha producido como consecuencia de los derechos sociales y económicos incluidos en la Constitución un mejoramiento real en las condiciones de vida de la gente: a) Se redujo la pobreza monetaria del 58% al 33%; b) la salud cubre a más del 90% de la gente (en 1995 cubría a menos del 30%); c) ha aumentado la cobertura de la educación y la seguridad social, se ha reducido el analfabetismo y la pobreza extrema. Considera que es una Constitución liberal que propuso una trayectoria progresista. Adicionalmente, la Constitución generó la conciencia en las “personas” de que pueden exigir la materialización de esos derechos, no como regalos sino como una deuda: “se saben poseedores de una dignidad que la Constitución les reconoce, pero que aún no se ve reflejada en el mundo real”. Le dio al Estado el mandato de materializar esos derechos “y el Estado, poco a poco, y de forma imperfecta, lo ha conseguido”.
La Constitución actual es el “mejor marco de derechos e instituciones para recorrer el camino entre la realidad actual y un orden más justo.” “El reto es cumplir más rápido y mejor eso que dice la Constitución.” Con base en esto critica las propuestas de Petro de convocar consultas sobre la reforma laboral o la idea de una asamblea constituyente. Le reprocha que se apropie de los intereses del pueblo en general considerado que hay “un pedazo grande del pueblo colombiano que no se siente representado por usted y que no cree en sus ideas”, pedazo de pueblo que se hizo visible en la marcha de apoyo a Miguel Uribe Turbay. Me concentro en esta columna en los puntos relativos a la garantía de derechos económicos y sociales y no abordo otros que Caro plantea en su columna con respecto a derechos políticos.
Tomemos las cifras que presenta Caro sobre la disminución de la pobreza monetaria que pasó de 58% a 33%. En 1991 la población colombiana era de 33 millones, en 2024 de 53 millones; en el primer año había 19 millones de pobres en el segundo año casi 18 millones. En términos absolutos no es muy destacable el desempeño durante los 24 años de vigencia de la Constitución de 1991. Esto sin entrar a examinar que la canasta de bienes y servicios calculada por el DANE con base en la cual se estiman los valores para determinar si un hogar es pobre o no, son extraordinariamente bajos, por no decir mezquinos. Si se tomara el conjunto de la población pobre y vulnerable, que son también pobres, pero un poco menos, tendríamos que 60% de la población colombiana (30 millones de personas) vive en la pobreza, según las cifras del propio DANE. Desde la perspectiva de una Constitución que ofrece un ingreso digno a todos los trabajadores esto es un completo fracaso. La Constitución es una norma jurídica, que debe ser cumplida por el Estado pero que en la práctica se viola impunemente.
Caro no examina otros derechos esenciales de los trabajadores, por ejemplo, el derecho a un trabajo digno para todas las personas, el derecho a la propiedad, o el derecho a la igualdad. Durante los 24 años de la Constitución política la tasa de desocupación abierta ha variado, pero siempre existen millones de personas desempleadas y muchos millones más en trabajos precarios (cuenta propia, informales). El Estado tampoco ha sido capaz de cumplir también con esta norma. La desigualdad de ingresos medida según el índice de GINI no ha mejorado en los últimos 60 años, según Alejandro Gaviria, ni tampoco durante la vigencia de la Constitución de 1991. Y la propiedad de la tierra rural y urbana, de las acciones, de las inversiones en títulos del Estado y en CDT, y la propiedad de la capacidad productiva sigue en manos de un pequeño porcentaje de personas.
Un defensor a fondo de esta Constitución que es “nuestro lugar común” debería esforzarse por estudiar si es posible cumplir con las normas en los puntos señalados y tratar de precisar en cuánto tiempo. A finales de 2024 el Banco Mundial estimó que la eliminación de la pobreza extrema podría tomar cien años2. ¿Estima Caro que en Colombia se necesitará también un siglo? No son muy buenas las perspectivas para ese pedazo de pueblo sometido al desempleo, al trabajo precario por cuenta propia, a los bajos ingresos, a la incapacidad para alimentarse adecuadamente, a la carencia de propiedad, a un lugar inferior en la escala social.
Caro es un abogado con una formación académica sólida según los estándares tradicionales: estudió en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Yale, de la cual tiene un doctorado en derecho. Pero parece que su profundo conocimiento en estas materias no le dejó tiempo para estudiar en qué consiste el modo de producción capitalista y para tener categorías más serias de análisis. Caro divide a la población en “pedazos de pueblo” y a lo más profundo que llega en su análisis es una mención aislada de las élites. La pobreza teórica en esta materia es desconcertante. Después de más de dos siglos de estudios profundos sobre la estructura y tendencias del capitalismo y de análisis sobre las clases sociales, Caro opta por un concepto que no se le aceptaría a un estudiante de primer semestre de economía, sociología o de ciencia política.
Pero quizá no es solo ignorancia, sino voluntad de no aprender. Caro cree que la Constitución es un lugar común de todos los colombianos y que el Estado es el garante de un interés general, a pesar de todas las evidencias en contra. Pero a pesar de esto no deja de observar que hay “pedazos de pueblo diferentes” que se encuentran en conflicto. ¿No lo llevan estas observaciones a hacer un esfuerzo por comprender mejor esta sociedad? La discusión del proyecto de reforma laboral del gobierno mostró claramente que hay intereses diferentes entre las clases sociales: los trabajadores asalariados quieren mejores salarios, los capitalistas quieren mantener los salarios en el nivel más bajo posible para obtener mayores ganancias. En este “lugar común” hay contradicciones y conflictos entre las clases. Es decir, no se trata de pedazos de pueblo sino de clases sociales.
Un estudio sobre el modo de producción capitalista quizá le ayudaría a entender a Caro por qué no se ha cumplido plenamente con la Constitución y por qué nunca se va a poder cumplir. Aunque la Constitución de 1991 no menciona una sola vez al capitalismo, ni a los capitalistas y a los trabajadores asalariados es en su esencia favorable al capitalismo con todas sus consecuencias inevitables.
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Corte Constitucional – Youtube
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