Seguimos pendientes de establecer fecha con el Gobierno para Acuerdo Nacional que conduzca a resolver las propuestas comunales construidas durante varios años, acuerdo con por lo menos la Fiscalía; la Procuraduría; la Defensoría del Pueblo; la Policía; el Ministerio del Interior, comunidad internacional y los partidos políticos.
¿Por qué los partidos políticos y candidatos deben firmar un compromiso de no agresión a comunales en épocas electorales?
Muchas entidades nacionales e internacionales, gobernantes y sectores de la academia, aunque poco desde los medios de comunicación masiva reconocen que las juntas y organismos de acción comunal son la más importante y extendida organización de base de las comunidades populares, crucial para tramitar y/o resolver sus necesidades y aspiraciones; constructora permanente de convivencia, paz y desarrollo como que realizan más diez mil reuniones, foros, convites, asambleas, reuniones cada semana con estos propósitos, lo que nadie hace, ni el Estado.
El descuartizamiento de los organismos comunales cada cuatro años.
En efecto, durante cuarenta y cinco meses cada cuatro años los organismos de acción comunal cumplen un papel protagónico en la vida rural y algo en lo urbano en beneficio de sus comunidades y de la aplicación de políticas públicas hacia las comunidades, pero durante los últimos tres meses antes de las elecciones territoriales, como organizaciones son víctimas de su descuartizamiento y desintegración por parte de los candidatos a cargos de elección popular, quienes ante su incapacidad para construir estructuras partidistas propias, utilizan la estructura organizativa de base social más enraizada en la base popular para sus campañas y se disputan uno a uno cada dignatario comunal de las juntas como sus instrumentos de uso.
Al final casi toda la dirigencia comunal es víctima, pues quienes por voluntad u obligados se comprometen con un candidato o partido son segregados, estigmatizados y perseguidos por los demás. Esta cruel realidad histórica contra nuestros organismos y dignatarios comunales ha llevado a que desinformados investigadores y analistas sostengan la tesis de que los dignatarios y organismos comunales son clientelistas que es de los más graves estigmas que pesan sobre la organización y dirigencia comunal. En realidad, la dirigencia comunal es víctima del sistema político.
Los más de sesenta y cuatro mil organismos de acción comunal y los más de seiscientos mil dignatarios somos la victima social y política de este sistema corrupto y clientelista.
En los municipios pequeños de Colombia que son cómo el 70%, sin mucho voto de opinión, un indicador de éxito para un candidato a un cargo de elección popular es el porcentaje de dignatarios comunales cooptados ya por amenazas o por soborno a quienes les imponen un número de votos en determinados puestos electorales so pena de graves retaliaciones.
Las OPS, corrupción y victimización.
No existen datos estadísticos, pero en nuestra percepción, al año, en Colombia a través de las llamadas OPSs (Ordenes de prestación de servicios), desde las entidades territoriales se pueden estar gastando más diez billones de pesos procedentes del rubro de libre inversión o de las transferencias de obligaría inversión, pero muy bien sustentados.
Son en parte los recursos con que se soborna a dirigentes comunales por tres meses utilizando su precaria situación económica. El dignatario solamente tiene la opción de aceptar la oferta, esconderse o desplazarse porque será estigmatizado, amenazado y perseguido si no se somete.
Principal victimizante contra los dignatarios y organismos comunales
Será fácil concluir que el principal victimizaste contra los organismos y dignatarios comunales que siguen registran el nivel más elevado de afectación en sus derechos del conjunto de dirigentes sociales en Colombia, es la clase política que segrega, estigmatiza, amenaza y deja en manos de actores armados ilegales a los dignatarios comunales que no se someten a sus intereses.
¿Qué sucede después de las elecciones?
Pasadas las elecciones, la misma tarde en que culminan, los candidatos, elegidos y no elegidos cierran sus sedes cual circo callejero, cambian sus celulares y contactos y hasta de apartamento y el dignatario comunal humilde queda tendido en las frustraciones y rebusque por la subsistencia, tal vez hasta las próximas elecciones que le ofrecerán una “palomita” por tres meses.
Y quienes hemos dedicado una vida comprendiendo y reivindicando a este gran acumulado social usado vulgarmente por el Estado y los politiqueros, nos sigue quedando la tarea de promover y recuperar la organización en la que poco a poco se vuelve a refugiar la dirigencia para seguir trabajando por los sueños e ilusiones de sus comunidades por los próximos cuarenta y cinco meses, con nuestras reuniones, escritos, talleres, conferencias, hacia un mejor futuro.
Por eso no nos equivocamos al reiterar que la politiquería, el clientelismo y la corrupción son el lastre más nocivo para la construcción de un fuerte tejido social en la perspectiva de las grandes transformaciones que demanda el País.
Que la dirigencia comunal en su mayoría es alternativa lo demuestra su comportamiento en las grandes procesos y consultas nacionales y territoriales cuando no está sometida al chantaje ni soborno local, siendo además punto de partida imprescindible para otras organizaciones campesinas, populares y movilizaciones ciudadanas por sus derechos.
¿Qué se ha hecho desde la organización comunal para superar este lastre?
Con mucho esfuerzo y sin recursos seguimos construyendo teorías, normas y prácticas por la presupuestación participativa para que las comunidades accedan a los beneficios del Estado a través de sus derechos a participar en la elaboración de los presupuestos sin intermediación política;
Con mucho esfuerzo y sin recursos seguimos construyendo teorías, normas y prácticas para que la acción comunal acceda a la elaboración de los planes de desarrollo para incluir allí sus necesidades, aspiraciones y visión de futuro colectivo de mediano y largo plazo.
Que la base comunal quiere estos caminos de la participación y no la intermediación lo demuestra el hecho que hoy es la que más participa en la presupuestación participativa y como ninguna organización social ni política está construyendo planes de desarrollo desde las comunidades y municipios para imponerlos como compromiso a los candidatos.
Indicadores de estos caminos en construcción es que:
Por iniciativa comunal en las leyes 743/02; 1551/012 y 2066 incluidos los planes de desarrollo como compromiso de cada Organismos comunal;
Que más del cuarenta por ciento de integrantes activos de los Consejos Territoriales de Planeación son comunales o de origen comunal.
Que estamos trabajando para que el PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LAS COMUNIDADES sea el candidato que unifique a comunales y ciudadanía en las elecciones y le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que ordena la Registraduría contabilizar los votos ciudadanos por estos planes;
Que seguimos trabajando para que todos los organismos comunales en foros con todos los candidatos les hagan firmar actas de compromiso con la ética pública y los intereses Ciudadanos.
Esperaríamos que los medios de comunicación comprendan y apoyen la importancia de estos propósitos.
Puntos de un pacto con los partidos políticos y candidatos en vísperas electorales:
- Que respeten el pluralismo y la diversidad, característica de los organismos comunales.
- Que para nada sometan ni intenten el soborno ni chantaje para acceder al apoyo de dignatarios comunales a sus campañas.
- Que no segreguen, estigmaticen persigan, amenacen ni manden a asesinar a los comunales que no los apoyan o se oponen.
- Que en cumplimiento de la Constitución y la Ley, quienes ganen las elecciones garanticen que no van a segregar, estigmatizar ni perseguir a los comunales que no los apoyaron y que gobernarán en beneficio de los grandes intereses públicos y no simplemente para sus amigos.
A la Procuraduría y a la Fiscalía que apliquen el Código electoral a quienes presionan apoyos con sobornos, amenazas y chantajes y establezcan líneas fáciles para denuncias protegiendo la identidad de los denunciantes.
Guillermo A. Cardona Moreno, Presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal
Foto tomada de: El colombiano
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