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Abren investigación penal contra directivos de la Nueva EPS

7 abril, 2025 By Carolina Corcho 1 Comment

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La Fiscalía General de la Nación imputa cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos públicos del sistema de salud a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, por presuntas irregularidades financieras relacionadas con el ocultamiento de 14 millones de facturas emitidas por IPS, cuyo valor superaría los 70.500 millones de pesos, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023. El principal imputado es el ex presidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, quien, además de los cargos mencionados, enfrenta una acusación por peculado por apropiación.

Cardona estuvo al frente de la entidad durante más de una década, hasta el 16 de enero del año 2024, fecha en la cual la Junta Directiva de la Nueva EPS, nombró como su reemplazo a Aldo Cadena. Posteriormente el 3 de abril la Superintendencia Nacional de Salud decidió intervenir la entidad, debido a su incumplimiento de requisitos financieros, fallas en la prestación de servicios y falta de transparencia en sus estados financieros. La Superintendencia identificó que la entidad presentaba defectos financieros que constituían un riesgo para la sostenibilidad económica y operativa de la EPS, tales como la falta de entrega y cierre de los estados financieros correspondientes al año 2023, así como el incumplimiento del régimen de inversión de reservas técnicas.

La iniciativa ciudadana ¿Dónde está la plata? y la Comisión de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 han denunciado en múltiples ocasiones las irregularidades al interior de la Nueva EPS. En este sentido, el 2 de abril de 2024 realizamos una rueda de prensa en la que presentamos los resultados de una auditoría realizada mediante la técnica de prueba ácida, que se aplicó a las reservas técnicas que debían tener constituidas las EPS. Esta auditoría reveló que faltaban 6,3 billones de pesos, hecho sobre el cual hicimos los respectivos traslados a la Fiscalía, a la Superintendencia de Salud y la Contraloría, para que adelantaran las investigaciones pertinentes.

Todo esto corrobora lo que hemos venido denunciando desde hace tiempo: la intermediación financiera y administrativa de los recursos públicos de la salud, en manos de empresas privadas, solo sirve para fomentar la corrupción y no garantiza la efectiva prestación de los servicios de salud a la población colombiana. Este sistema debe basarse en un enfoque preventivo, donde la salud sea considerada un derecho fundamental y no un servicio público cuyo fin último sea la rentabilidad.

A medida que se reabre la discusión sobre la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, consideramos importante que los nueve congresistas que hundieron el proyecto el pasado 3 de abril de 2024 reconsideren sus posiciones. Es fundamental que presenten sus argumentos y abran un debate público, certero y argumentado con la sociedad, en relación con las razones por las cuales no acogieron el proyecto. No podemos seguir en el obstruccionismo ni en el filibusterismo, que solo buscan oponerse sin proponer una solución estructural al sistema, que cada vez se encuentra en cuidados paliativos debido a planteamientos irresponsables. Este sistema ha acumulado deudas para los prestadores y ha generado barreras de acceso para la población. La situación financiera, el desgreño administrativo, la opacidad y corrupción como los directivos de la Nueva EPS han manejado los recursos públicos de la salud se viene a demostrar ahora cuando la Fiscalía apertura investigación penal por las múltiples irregularidades que se han presentado en esta que es la más grande Entidad Prestadora de Servicios de Salud en el país. Hay que acotar además que las intervenciones se han dado por esas múltiples irregularidades y por un hecho incontrovertible: la Nueva EPS y las otras EPS intervenidas están quebradas y por ello los servicios se deterioran y se seguirán deteriorando dado que no poseen ni patrimonio adecuado ni reservas técnicas, son entidades inviables. Reiteramos por eso se requiere una reforma estructural como la que propone la reforma a la salud aprobada por la Cámara de Representantes y que esta ahora en manos de la Comisión Séptima del Senado de la República.

Si el Congreso decide mantener sus posiciones a favor de los grupos financieros —quienes son los únicos beneficiados por la intermediación, y no el pueblo colombiano—, la sociedad debe responder con un ejercicio de movilización contundente, que les demuestre en las urnas el poder del constituyente primario.

Carolina Corcho Mejía, Exministra de Salud, médica psiquiatra

Foto tomada de: La Patria

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Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur

Comments

  1. PEDRO DIEGO MANTILLA MORENO says

    11 abril, 2025 at 7:01 am

    Si se inicia investigaciones Penales contra directivos de la NUEVA EPS,en cabeza del Imputado Expresidente JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE, y otras personas, tenemos que seguir preguntando DONDE ESTÁ LA PLATA, DE LA NUEVA EPS. Que expliquen porqué razón NO aplicaron lo de ley en las RESERVAS TÉCNICAS, que con base en la Ley tenían que cumplir y no lo hicieron, estas reservas sonnecesarias por los IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN, en el caso de laENTREGA DE medicamentos Y NO LO HICIERON. SON RESPONSABLES Y DEBEN SER JUDICIALIZADOS., deben pagar INTRAMUROS, y que paguen con sus bienes, la plata que no aparece y está embolatda.

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Dra. Carolina Corcho Mejía, Presidenta Corporación Latinoamericana Sur, Vicepresidenta Federación Médica Colombiana

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