Lo más grave: el golpe a la libertad sindical
El recorte más preocupante afectaba los derechos de libertad sindical, fundamentales por su carácter procedimental. La negociación colectiva no solo mejora derechos existentes, sino que crea nuevos. Sin una ley que restablezca recargos nocturnos, dominicales y festivos, un sindicalismo fuerte podría lograrlo mediante acuerdos sectoriales. Por esto era clave incluir la negociación por industria o grupos empresariales y el acceso a información como un insumo fundamental. Países como Francia demuestran que, incluso con baja sindicalización (10%), la cobertura de convenios colectivos (80%) puede ser amplia si existen mecanismos de negociación sectorial[i].
La delimitación clara de los servicios públicos esenciales resultaba clave para garantizar el derecho a la huelga, el cual —según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional— puede restringirse en estos sectores, pero nunca prohibirse. Este equilibrio busca proteger tanto el interés general como el ejercicio pleno del derecho, en todas sus modalidades, cumpliendo con estándares internacionales y constitucionales.
La falacia de los argumentos neoliberales
Los senadores opositores repiten consignas neoliberales: “La reforma no generará empleo ni formalizará a los informales”. Sobre lo primero, la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez, quien estuvo al frente del trámite desde la presentación de la primera versión del proyecto, aclaró desde el inicio que el objetivo no era crear empleo, sino garantizar derechos mínimos ante relaciones laborales asimétricas. Los datos del DANE desde 1990 confirman que las reformas regresivas (Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002) no redujeron el desempleo ni la informalidad. De hecho, tras la implementación de la Ley 50 de 1990, estos indicadores se deterioraron, evidenciando un aumento del desempleo del 10,5% en 1990 al 19,7% en 2000, y un incremento de la informalidad del 47,5% al 55,5%.
Sobre la formalización, el proyecto sí buscaba regular vínculos ilegales dentro del sector formal: contratos temporales abusivos, outsourcing descontrolado, falsos “autónomos” en plataformas digitales, la intermediación ilegal de falsos sindicatos con la figura de los “contratos sindicales”, la utilización de los contratos de prestación de servicios para regular relaciones laborales permanentes de las empresas y trabajadoras domésticas sin protección. Se estimaba formalizar a unos 5 millones en estas condiciones, no a informales por cuenta propia (rebusque), cuya solución depende de políticas macroeconómicas.
Como abordar la solución al desempleo y la informalidad cuenta propia
La generación de empleo y la formalización de los trabajadores informales inmersos en la economía del rebusque deben abordarse desde una perspectiva de desarrollo económico, cuyo núcleo debe ser una política robusta de reindustrialización y fortalecimiento del sector productivo. Este propósito, en teoría, corresponde al Plan Nacional de Desarrollo y a la política de reindustrialización impulsada por el gobierno. Para generar empleos estables y bien remunerados que reduzcan el desempleo y la informalidad laboral, es esencial abordar diversas variables de política económica:
- Tasas de interés: Establecer políticas que faciliten el acceso al crédito de fomento para impulsar la inversión productiva.
- Política cambiaria: Implementar estrategias que generen estabilidad y certidumbre en la inversión productiva, fomentando un entorno económico confiable.
- Política tributaria: Diseñar un sistema fiscal progresivo y equitativo que incentive el tejido empresarial del sector real de la economía.
- Protección temporal: Aplicar aranceles selectivos para proteger temporalmente a las industrias nacientes, permitiéndoles consolidarse y ser competitivas.
- Inversión en infraestructura: Destinar recursos a proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y eficiencia económica, creando empleo y potenciando la productividad.
- Desarrollo científico y tecnológico: Fomentar la inversión en investigación y desarrollo para mejorar la productividad y competitividad de los procesos económicos.
Sin embargo, más allá del discurso, otro debate inevitable surge de la siguiente pregunta: ¿realmente las estrategias del gobierno priorizan un modelo industrial escalonado —que transite desde procesos protoindustriales hacia la industria ligera y, finalmente, a la producción de bienes de capital— como eje de un desarrollo sostenible? Según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el proceso de reindustrialización en Colombia no está arrojando los resultados esperados. De hecho, no se ha logrado detener el avance de la desindustrialización. Por ello, es crucial que el gobierno evalúe si existen deficiencias conceptuales que impiden alcanzar un desarrollo auténtico, centrado en el ser humano y en la justicia social.
¿Por qué se necesita una Reforma Laboral?
El mundo laboral ha experimentado transformaciones profundas. La legislación actual no solo fracasa en resolver problemas históricos —como las restricciones a la libertad sindical, las jornadas excesivas, la inestabilidad laboral, los contratos ilegales, las relaciones premodernas en el campo y los abusos en el trabajo doméstico—, sino que tampoco responde a los desafíos emergentes del teletrabajo, el empleo remoto y las plataformas digitales.
El Código Sustantivo del Trabajo (1950), diseñado para un contexto socioeconómico de mediados del siglo XX, resulta obsoleto. Una reforma integral debe garantizar derechos laborales básicos en el ámbito tradicional y adaptarse a las dinámicas tecnológicas, asegurando equidad y protección en todas las formas de empleo.
A este marco legal premoderno se sumaron reformas neoliberales como la Ley 50 de 1990 (que eliminó la retroactividad de las cesantías y flexibilizó las relaciones laborales) y la Ley 789 de 2002 (que redujo recargos nocturnos y festivos). Estas medidas precarizaron el trabajo: impulsaron contratos temporales que debilitaron los sindicatos y recortaron beneficios que aumentaron el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de más bajos ingresos[ii]. Actualmente, el sector privado evidencia el debilitamiento de los derechos colectivos: la tasa de sindicalización alcanza apenas el 2%, y la cobertura de la negociación colectiva no supera el 1%. Este último dato se refiere exclusivamente a las convenciones colectivas, que son los únicos procesos de negociación donde los sindicatos actúan con autonomía y tienen capacidad de influir en la determinación de sus condiciones laborales. Se excluyen de este análisis los contratos sindicales y los pactos colectivos, ya que no representan procesos de negociación autónomos
La consulta popular: ¿solución o nuevo laberinto?
El presidente Gustavo Petro Urrego anunció el martes 11 de marzo la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y de salud[iii]. Aunque la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, la participación más significativa se da en el proceso electoral. Según nuestra Constitución Política, al votar, no solo se elige a un candidato, sino también su programa; es decir, en Colombia el voto es programático. Casi 11,3 millones de colombianos respaldaron las reformas propuestas en los ámbitos laboral, pensional, de salud y educación.
Ante el desconocimiento del mandato popular por parte del Congreso de la República, el gobierno se ve en la necesidad de recurrir nuevamente al constituyente primario mediante una consulta que requiere el aval del Senado. ¿Otorgará el Senado su visto bueno, siendo que ha sido el escenario de bloqueo de las reformas sociales? Además, los tiempos legislativos y la proximidad de las elecciones generan dudas sobre el margen de tiempo para tramitar las reformas al régimen laboral y al sistema de salud
Tras el virtual bloqueo de la reforma laboral en el Congreso, el gobierno ha anunciado la implementación parcial de la iniciativa mediante decretos[iv]. Para sentar las bases de un cambio estructural, es fundamental, en primer lugar, cumplir con el apoyo organizativo prometido por el gobierno para aumentar la afiliación sindical y, en segundo lugar, institucionalizar la negociación colectiva por ramas económicas. El sindicalismo, con el respaldo regulatorio del gobierno, debería emprender una transformación estructural que reduzca el número de sindicatos en Colombia, actualmente cercano a 12.000, a aproximadamente unos 20. Esta reestructuración podría basarse en la propuesta organizativa del artículo 8 de los estatutos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)[v]. Si bien es importante mejorar los derechos sustantivos, resulta aún más crucial fortalecer la capacidad de los sindicatos para negociar y crear nuevos derechos. Un movimiento sindical robusto, con herramientas para disputar condiciones en mesas sectoriales, garantiza que las conquistas laborales trasciendan los ciclos políticos.
Frente a este escenario, la movilización sindical y social surge como una alternativa clave para impulsar transformaciones estructurales. Es imperativo que el movimiento persista en presionar al Congreso mediante la manifestación de su descontento y la exigencia de derechos desde la acción colectiva, tal como lo demostraron las marchas históricas y multitudinarias convocadas por las centrales obreras el 18 de marzo —fecha simbólica que coincidió con el hundimiento de la reforma laboral—, con especial fuerza en Bogotá. Mientras el Gobierno intenta estrategias institucionales, las calles seguirán siendo el espacio para exigir derechos laborales. La reforma, más que un proyecto legislativo, es una deuda histórica con millones de trabajadores colombianos.
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[i] https://www.rfi.fr/es/contenu/20180427-los-sindicatos-europeos-debilitados-pero-esenciales-para-los-trabajadores
[ii] Los trabajadores que se benefician de los recargos nocturnos y en dominicales y festivos son los de más bajos ingresos y precariedad laboral: vigilantes, trabajadores del comercio y hotelería, personal de enfermería en la salud.
[iii] https://www.youtube.com/watch?v=hPH7-_9m8Cg
[iv] https://www.lafm.com.co/politica/gobierno-alista-siete-decretos-para-poner-en-marcha-la-reforma-laboral-si-se-hunde
[v] https://cut.org.co/estatutos/
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: Red + Noticias
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