Los fallos más polémicos de la Corte Constitucional en contra del gobierno fueron, entre otros, la decisión tomada en contra de la emergencia social, ambiental y ecológica decretada por el gobierno para atender la situación de crisis humanitaria en que vive permanentemente la población del departamento de la Guajira. Esta emergencia social fue tumbada por la Corte y los 13 decretos que se expidieron entre otras cosas para cumplir con un fallo que declaró desde el año 2017 el estado de cosas inconstitucional en que vivía y aún vive la población de este departamento. En esta ocasión la Corte no actuó con flexibilidad como lo había hecho en el pasado permitiendo si es que los hubiera corregir yerros en la fundamentación de esta figura que bien podría haber hecho.
Otro fallo que afecto seriamente al gobierno y las finanzas gubernamentales fue el que declaró inexequible la norma que establecía la no deductibilidad de las regalías del impuesto a la renta que pagan las industrias que explotan nuestros recursos naturales. Este fallo afectó las finanzas públicas en unos seis billones de pesos anuales y es parte de la crisis que hoy afrontan las finanzas públicas nacionales y que afecta gravemente la inversión social del Estado.
Otro fallo de la Corte fue aquel que impuso serias restricciones al traslado de los trabajadores de los fondos privados al fondo público de pensiones, la que tumbó el artículo 97 del plan nacional de desarrollo que facilitaba la afiliación a la ARL Positiva de los trabajadores oficiales, o aquel fallo que favoreció la suscripción de pactos laborales en detrimento de las convenciones colectivas impulsadas por el sindicalismo que viola además de manera flagrante la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y debilita a las organizaciones sindicales o la que dio vía libre a que la Procuraduría General de la Nación pueda seguir destituyendo funcionarios públicos de elección popular en contra de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece claramente que solo los jueces penales pueden destituir a este tipo de funcionarios.
Más recientemente la Sala de Seguimiento de la Sentencia T760/2008 pretendió que se aumente la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es el dinero que el Estado reconoce por cada persona para la prestación de los servicios de salud. Una decisión completamente enrevesada pues en el mismo auto reconoce que no hay información veraz y confiable, en una aclaración de este auto farragoso y mal sustentado corrige en parte, pero no del todo esta decisión que a todas luces quiere favorecer a las Entidades Prestadoras de los Servicios de Salud, EPS, cuestionadas por su manejo corrupto de los recursos públicos que manejan a discreción.
A estas y otras decisiones de la Corte Constitucional que ha abandonado el papel de organismo máximo de protección de los derechos humanos se suman las decisiones de otros órganos judiciales como el Consejo de Estado que ha tumbado la elección de más de cinco parlamentarios del Pacto Histórico por doble militancia con motivaciones absurdas o el fallo que puso talanqueras a la decisión del gobierno para contratar obras con las Juntas de Acción Comunal que busca el favorecimiento de los contratistas privados y es un apoyo irrestricto a la contratación con el sector privado y trató de privar con ello a las formas de economía social y comunitaria. También la decisión o concepto de su Sala de Consulta sobre la competencia de involucrar al presidente de la República como sujeto de investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial del año 2022 eliminando o en todo caso limitando el fuero constitucional que establece que su juez natural en este caso es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
Al bloqueo institucional de las Cortes de Justicia al gobierno se suma el bloqueo en el Congreso de la República a las principales propuestas de reforma acudiendo al más burdo filibusterismo que ha llegado esta semana al máximo con la negativa de los dos vicepresidentes de la Cámara de Representantes a poner en el orden del día la discusión del proyecto de reforma al sistema de Salud. La oposición se ha especializado en practicar todas las formas de obstruccionismo y de filibusterismo aupadas por los grandes medios de comunicación que condenan como si fuera ilegal que funcionarios del gobierno como ministros o jefes de Agencias Gubernamentales se reúnan con los parlamentarios. Hasta allí hemos llegado. Es todo el régimen y los poderes económicos que batallan de manera abierta contra el gobierno. Hay que mencionar el papel destacado que en esta oposición han ejercido tanto los medios de comunicación corporativos como también los gremios económicos del empresariado. Hay pues un bloqueo del régimen al gobierno del Cambio. Es lo que en los Estados Unidos han llamado el poder de facto que ejerce el llamado allí Estado profundo.
Ponencia negativa a la reforma pensional e intentos del gobierno por desbloquear el cambio
Esta semana el nuevo presidente de la Corte Constitucional el magistrado de derecha Jorge Enrique Ibañez a quien correspondió el estudio y la elaboración de la ponencia de las más de 100 demandas en contra de la Reforma Pensional rindió ponencia ante la Plenaria de la Corporación y los medios de comunicación han informado que la ponencia pide que la reforma sea declarada inconstitucional. Hay que anotar que uno de los magistrados que ha comandado el viraje a la derecha del máximo tribunal de Justicia en el país es precisamente Ibañez. No conocemos la ponencia, pero tan pronto dispongamos de la misma nos referiremos a ella. Debemos decir que en sus manos tiene la Corte uno de los proyectos de mayor contenido social que haya aprobado contra viento y marea el Congreso de la República. Se trata de una reforma que busca universalizar el derecho a un ingreso vital mínimo para todos los colombianos. Es la primera reforma en la historia republicana del país que garantiza para todos los colombianos un ingreso económico mínimo, como lo proclama la Constitución que lo denomina ingreso mínimo vital. En adelante todos los colombianos hombres y mujeres al llegar a una determinada edad tendrán un ingreso mínimo que actualmente es de cerca de 230 mil pesos para que por lo menos tengan garantizado un ingreso que les permita su sobrevivencia en condiciones dignas. Esto se llama en la Ley ingreso solidario. También garantiza que de acuerdo al número de semanas cotizadas para quienes no alcanzaron los requisitos de semanas cotizadas para pensionarse reciban también una mesada de por vida. Es por ello que hablamos de una ley que garantiza la universalidad de ingresos para los viejos y viejas de nuestra sociedad.
Pero el proyecto mejorará las mesadas pensionales de todos los trabajadores que devengan hasta 2.3 salarios mínimos que son el 80% de los trabajadores del país al pasarlos obligatoriamente al fondo público, Colpensiones, en donde sus mesadas pensionales serán liquidadas bajo el régimen de prima media donde se promedian tanto las semanas cotizadas como los ingresos de los últimos 10 años de la vida laboral del trabajador lo que más o menos le dará una mesada del 75% de su último salario. En el sistema privado ese mismo trabajador apenas recibiría un 36% de su último salario. La ley aprobada por el Congreso es muy progresista el único lunar es que afecta a la clase media, a los trabajadores y profesionales independientes, pues su mesada será liquidada hasta los 2.3 salarios mínimos en el régimen de prima media y a partir de allí sobre los rendimientos financieros en un fondo privado donde tendrá que cotizar bajo la forma de ahorro individual, lo que disminuirá su mesada pensional. Pero salvo para este sector de la población la reforma es muy importante y debe ser defendida tanto ante la Corte a la cual hay que exigirle que convoque Audiencias Públicas como también en las calles. Hay que impedir que el régimen excluyente arrebate el derecho que tienen nuestros mayores a una vejez digna. La Corte tiene entonces en sus manos una decisión trascendental para el futuro del país en materia de justicia social.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Asuntos Legales
Los únicos que tratan de ocultar esta realidad, son los medios tradicionales y las bodegas de la oposición. Ellos Mienten, tergiversan desconocen lo bueno y magnífican lo malo.
Apenas es lógico que lo hagan si con ello buscan los votos de la clase popular que, en medio de la ignorancia, enfermedades y falta de conciencia creen todo lo que diga la radio y tv.
Es una impronta mental en esta población que cree que sus verdugos en el 2026 es la salvación, ayudadados por la división de la izquierda e intereses de los progresistas de los partidos tradicionales
Sí el papel de la Corte Constitucional es proteger los derechos humanos y los medios de comunicación como RCN y CARACOL distorsionan y DESINFORMAN, las audiencias públicas, la denuncia en la calle y análisis como el presente en Revista Sur, pasan a ser una OPCIÓN para develar acciones anti populares como las del magistrado Ibáñez.