Y después está la otra realidad: la de la pequeña y mediana empresa que es responsable de los dos tercios del empleo generado en el país y que en vez de recibir el reconocimiento que merecen por este logro son duramente castigada por el despiadado modelo económico neoliberal aún vigente en el país. En ellas y en sus trabajadores se ensaña un régimen tributario que, por el contrario, es complaciente con las grandes empresas y sobre todo con las multinacionales de todo tipo que operan aquí, entre las que destacan los bancos y las entidades financieras. Que, valiéndose del régimen oligopólico que consagró desgraciadamente la Constitución del 91, se permitieron el lujo de cobrar intereses de préstamo de dos dígitos, cuando todavía la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, les entregaba a sus casas matrices dólares y euros a tasas de interés cero e incluso negativas. Ahora, cuando ambos bancos centrales han girado en redondo y están embarcados en una subida continua de las tasas de interés para combatir la inflación que ellos mismos tanto contribuyeron a generar, sus sucursales en el país no tienen el menor empacho en subir dichas tasas todavía más.
A estos obstáculos se suman los que levantan los precios de la energía y de los combustibles y los de todos los insumos en los que los precios de los mismos tienen una incidencia significativa. Para configurar así un entorno adverso que mantiene a las pequeñas y medianas empresas en un estado de incertidumbre y precariedad que va en contravía de la importancia que tienen en la generación de empleo y la creación de riqueza. Que además las vuelve hostiles a todas las, por lo demás justas y necesarias, subidas del salario mínimo. Las interpretan como otra carga más que se suma a las que ya las abruman.
La salida no puede ser otra que la desmontar el modelo neoliberal que las tiene sumidas en esta deplorable situación y reemplazarlo completamente mediante la puesta en marcha por una estrategia económica y social de gran aliento y plazos largos que vaya en beneficio no solo de ellas sino de los trabajadores informales que, a través de su expansión y fortalecimiento, podrían incorporarse a la vida económica normal del país.
Ya no se trata de pensar la economía en función de cómo atraer la inversión extranjera otorgándole todos los beneficios posibles, de ni mantener a toda costa el equilibrio de las finanzas públicas para garantizar el cada vez más oneroso pago de la deuda externa. No. Ahora de lo que se trata es de ofrecerle a las pequeñas y medianas empresas, así como a su correspondiente, las empresas campesinas: estabilidad monetaria, crédito, energía y combustibles baratos y una verdadera red nacional de transporte eficiente, en la que tengan un papel preponderante los trenes, los tranvías y los metros.
Estos tienen que ser los objetivos prioritarios de la estrategia económica mencionada antes, a la que habría de dotarla de los medios legales y estatales necesarios, entre los que hay que incluir un banco público y un acuerdo energético estratégico con Venezuela. Y a los que tendría que ceñirse el Departamento nacional de planeación a la hora de elaborar los presupuestos de la nación. El gasto público no puede seguir dispersándose en multitud de proyectos que, aunque tengan en cada caso una cierta importancia local o regional, no logran producir sin embargo transformaciones indispensables en el ruinoso modelo económico neoliberal aún imperante.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: El Espectador
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