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La necesaria reforma laboral para la ruralidad y el campesinado

25 septiembre, 2023 By Jaime Alberto Rendón Acevedo Leave a Comment

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El país discute unas reformas que lo lleven a cambios sustanciales en temas relevantes para la calidad de vida, la salud, la educación, las pensiones  y el empleo son solo algunos los temas que están haciendo comprender que la democracia está más allá de los recintos del Congreso, que ésta, la democracia, para que sea real tiene que salir, hacerse manifiesta y pronunciarse también en otros espacios, incluso en las calles, aunque ello le da susto a algunos sectores acostumbrados a que las decisiones fundamentales para las y los colombianos se discuten de espaldas a la ciudadanía, llevando a que la representación política se convierta en feudos, empresas electorales de decisiones e intereses de grupos e incluso de individuos.

En Colombia ha estado vedada la discusión política, en parte, como resultado de la violencia y los controles militares que se han dado sobre los territorios. La participación ciudadana ha quedado relegada al voto y a unos pocos espacios que han sido más de resistencias étnicas, campesinas, sindicales y populares. Incluso el mismo voto ha estado condicionado por los grupos armados, llámese farcpolítica, parapolítica o cualquier símil en los territorios sean estos rurales o urbanos.

De hecho, después de décadas de negaciones, por fin el campesinado se ha reconocido como sujeto de especial protección constitucional. Este hecho, cuya trascendencia aún pasa desapercibida para la mayoría, tendrá que implicar que los grandes temas de los que se habla para que el cambio sea posible, deberán tener en y hacia el campesinado un énfasis particular, es decir, una cosa es hablar de educación, salud, pensiones a nivel general y otra si se particulariza en la ruralidad y más aun con las y los campesinos.

Este es el caso de la reforma laboral. Los indicadores que el país tiene para la ruralidad son escasos y aun en perfección. Con los grupos étnicos se han logrado avances frente a sus estados, pero aun distan los datos de ser representativos. Con el campesinado sí que el país y el Dane, en particular, deberán realizar esfuerzos para posibilitar el conocimiento de sus situaciones, diagnósticos documentados que permitan tomar decisiones soportadas.

En el total nacional, la tasa de desempleo a julio fue de 9.6%. Para las 13 grandes ciudades y áreas metropolitanas fue del 9.8%, siendo mayor el desempleo femenino: 11.9% y 10.6% respectivamente. Ahora bien, en los Centros poblados y rurales dispersos la tasa de desempleo fue del 6.8%, por lo general siempre es más baja que en los otros ámbitos geográficos y ello se debe fundamentalmente a las condiciones de trabajo como cuenta propia, que es una característica de las economías campesinas; esto va de la mano de una tasa de informalidad del 83.8% cuando la del país es del 58.2%.

En el caso de la juventud, la tasa de desempleo nacional fue a julio del 16.6%, siendo del 20.5% para las mujeres jóvenes. Hay ciudades donde el desempleo juvenil es apremiante: Barranquilla (20.2%), Armenia (22.0%), Sincelejo (23.6%), Ibagué (24.1%), Montería (21.1%) y Quibdó donde el desempleo en las y los jóvenes es del 33.2%. Si se observa bien, estas últimas ciudades son de preponderancia rural e incluso de altas participaciones campesinas y étnicas. De hecho, Colombia es el segundo país de la OCDE con mas población joven que ni estudia ni trabaja (NINI), 27.1%.

De los 22.93 millones de personas ocupadas en el país, en los Centros poblados y rurales dispersos se contabilizan 4.8 millones, es decir el 20.9% de la población ocupada del país. De estos últimos el 53.3% se dedica a labores agropecuarias, caza, silvicultura y pesca. Es de anotar que el 76.3% del empleo agrícola del país se registra en estas áreas geográficas. El 51.9% de las y los trabajadores agropecuarios lo hacen como cuenta propia.

Otras actividades de empleo relevantes en la ruralidad son el comercio y reparación de vehículos (8.6%), la industria manufacturera (7.6%), alojamiento y servicio de comida (5.4%), actividades artísticas y de entretenimiento (5.4%), Construcción (5.3%), administración pública (4.2%), transporte y almacenamiento (4.1%), actividades profesionales (2.7%) y explotación de minas y canteras (2.2%).

Estudios recientes del CEIR muestran otros datos relevantes para las dinámicas laborales en la ruralidad, por ejemplo, solo el 13% aporta a la seguridad social; el 1% de los pensionados está en la ruralidad; el 66.3% trabaja sin que medie un contrato laboral y los ingresos alcanzan a ser de hasta un salario mínimo para el 81.3% de la población rural y entre uno y hasta dos salarios mensuales el 15.03%.

Bajo estas condiciones el Gobierno ha presentado una reforma laboral en donde la preocupación por unas mejores condiciones laborales en la ruralidad y particularmente para las economías campesinas es manifiesta.  Se propone un contrato agropecuario y a partir de el un jornal agropecuario, de tal forma que se posibilite no solo la formalización, la estabilidad laboral (derecho después de la semana 27 o preferencia para nuevos contratos en caso de ser de menor tiempo, atendiendo las temporalidades o estacionalidades del trabajo campesino), sino la dignificación de los ingresos, bajo la idea de que el jornal debe pagar el equivalente a las condiciones de ley establecidas para la remuneración al trabajo (trabajo más prestaciones sociales).

La norma propone que, entre el SENA, el Ministerio de Educación y el Ministerio de agricultura se articulen para ofrecer un programa de formación para el trabajo rural, que contemple no solo la formación de capacidades sino el reconocimiento y certificación de saberes en actividades pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas, silvicultura, pesca u otras semejantes. La propuesta de reforma también contempla la protección al trabajo de las mujeres campesinas.

Son seis artículos dentro de la reforma que de ser aprobada requerirán un esfuerzo considerable para lograr su implementación, pero que son un camino para enfrentar las problemáticas laborales que en la ruralidad, y en especial en las economías campesinas, el país tiene y que no solo se ha negado su necesidad sino que incluso se han presentado propuestas en el pasado que con la idea del jornal diario integral o el trabajo por horas, llevarían al deterioro aun mas marcado de las condiciones de las y los trabajadores rurales.

El país rural y campesino se merece que se discutan estas normas que deben dignificar su existencia, que hagan posible eso de ser sujetos especiales de protección, y que mejor que sea a través de la remuneración adecuada y digna de sus capacidades y dinámicas laborales. Se trata de inclusión, de formalización y de justicia social. La tragedia, como se ve, no está en la propuesta, sencillamente está, eso sí, en que las cosas se queden como históricamente se han venido deteriorando.

Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle

Foto tomada de: Reunión en Montería para el fortalecimiento de la organización Campesina

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Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur

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