La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para a Paz, JEP, imputo al general ® Mario Montoya por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 130 víctimas donde, según la JEP, se tienen pruebas, solicitó y permitió el asesinato de personas inocentes con el único fin de obtener resultados que solo se podían medir en bajas. Hay que anotar que en la mayoría de las veces en las que ha comparecido en la JEP, Montoya ha guardado silencio y cuando ha hablado ha sido para negar su responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamadas “falsos positivos”. Al introducir la imputación de cargos la magistrada Catalina Díaz señaló “Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general ® Mario Montoya Uribe”
Según la investigación de la JEP en el caso 03 que es el de las ejecuciones extrajudiciales el único indicador de éxito de las operaciones militares eran las bajas. Añadió la magistrada Catalina Diaz, que una prueba de ello fue la presencia de Montoya Uribe en rueda de prensa donde presentó a dos niñas y tres jóvenes civiles en el año 2002 como guerrilleros del IX frente de las FARC, en el municipio de San Rafael en el departamento de Antioquia. Las niñas y los jóvenes habían caído en una emboscada militar contra un vehículo que era conducido por paramilitares. Y aunque claramente nada tenían que ver con la guerra el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate. La JEP puede probar que Montoya presionaba a sus unidades, comparándolos entre ellos y midiendo su capacidad como funcionarios públicos en el número de muertes. Exaltó el derramamiento de sangre y el uso de la fuerza letal. Rechazó como inservibles, los reportes de capturas y otros resultados operacionales distintos a las bajas. Muertes, Muertes. Solo muertes.
Por estas ejecuciones extrajudiciales además fueron imputados los tenientes coroneles en retiro Julio Alberto Novoa e Iván Darío Pineda; el subteniente Emerson Castañeda; el teniente Nelson Enrique Carvajal; el subteniente Edwin Leonardo Toro; el subteniente José Alejandro Ramírez; el subteniente Diego Germán Guzmán y el soldado Oscar Iván Mayo que según la JEP actuaron en asocio con el general Montoya. Así mismo los magistrados de la Sala aclararon que esta es la primera imputación a Montoya a quien le esperan más imputaciones, cuando se desempeñó como comandante General del Ejército entre los años 2006 a 2008. Pero también espera ser imputado en el caso 08 que investiga las relaciones de los mandos militares con el paramilitarismo, específicamente de las relaciones de Montoya con los grupos paramilitares cuando se desempeñó como comandante de la IV Brigada con sede y jurisdicción en el departamento de Antioquia.
Montoya tiene un plazo de 30 días para reconocer responsabilidad si no lo hace su caso pasara a la fiscalía de la JEP que es la Unidad de Investigación, para que le formule cargos y sea acusado formalmente y se inicie el proceso adversarial que puede terminar en libertad o condenado a una pena máxima de 20 años de cárcel. La JEP dice tener pruebas suficientes para que culmine la investigación y sea juzgado dentro de la misma JEP. La decisión ahora esta en manos de Montoya y sus abogados.
De esta forma la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sigue presentando resultados en su trabajo de esclarecimiento de estos crímenes al lado también de las investigaciones contra miembros y comandantes de la guerrilla de las FARC y más recientemente de los crímenes perpetrados por los grupos paramilitares. En pocos meses deberá resolver si acepta o rechaza la solicitud de dos de los más sanguinarios jefes paramilitares, Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, que han solicitado ser admitidos también en esta jurisdicción.
El reto de la JEP es enorme, pero a mi juicio los resultados van mostrando la importancia de esta justicia transicional para brindar justicia a las víctimas de este degradado conflicto armado que ha desangrado al país. Apoyarla y rodearla es el deber de los demócratas de nuestro país.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Tiempo
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