En dicha entrevista además Prieto reconoció que había actuado de manera ilegal. “No es normal, digamos que no es legal, eso no se lo voy a negar. Y si usted me pregunta, aquí tiene que haber un reconocimiento…No estamos ocultando nada…hicimos algo irregular”. Ante esta explosiva declaración Santos salió a dar la su versión de los hechos. “Es un hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autorice ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas”. Prieto ha señalado que Santos no tenía idea sobre los dineros de Odebrecht.
En Colombia las trasgresiones a las leyes electorales como éstas prescriben a los tres años de modo que las declaraciones de Prieto se hacen con la convicción que no pasara nada. No obstante el Consejo Nacional Electoral organismo desprestigiado y en manos de los partidos políticos a quienes tiene que investigar y controlar decidió estudiar el caso y por sorteo le correspondió estudiar este caso al único magistrado independiente con que cuenta este organismo, Armando Novoa, quien deberá proponer los pasos a seguir.
El financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2014 vuelve a comprometer a los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta. Ha trascendido por una publicación de la revista Beja del Brasil que la campaña del candidato de la extrema derecha Oscar Iván Zuluaga habría recibido 1.7 millones de dólares de Odebrecht para pagar la asesoría del estratega publicitario Duda Mendoça a quien la campaña de Zuluaga la cancelo una parte que reportó en los gastos de campaña pero la firma brasilera le habría cancelado esa suma para cubrir el faltante. Aquí el lío para la Fiscalía Colombiana consiste en que las pruebas reposan en los expedientes judiciales de Brasil que solo podrán conocerse a partir del primero de junio. Entre tanto Zuluaga quien aspiraba de nuevo a ser el candidato del llamado Centro Democrático que sigue las orientaciones del ex presidente Álvaro Uribe Vélez se ha apartado temporalmente de la campaña en la que competía con otros dos precandidatos.
El financiamiento a la campaña de Santos en el año 2014 es un enredo mayor. Inicialmente la Fiscalía que ha dado palos de ciego en este proceso anunció que Roberto Prieto quien fue nuevamente el gerente de la campaña de Santos en el año 2014 habría sido el destinatario de un millón de dólares girados por Odebrecht y entregados por el exsenador Otto Bula a Andrés Giraldo con destino a Prieto. Estos últimos niegan haber recibido ese dinero. Pero luego se conoció que además la firma Odebrecht habría cancelado un millón de dólares a una firma de publicidad que era una de las agencias de la campaña de Santos, Sancho BBDO. Esta última aceptó que recibió esa suma de dinero para adelantar una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Prieto aseguró que no se trataba de encuestas sino de “una investigación que pidió Odebrecht para ellos. Y había cláusula de confidencialidad”. Como se observa los señalamientos sobre la campaña de Santos son dos en la campaña del año 2014 los pagos a la firma de publicidad Sancho BBDO y el supuesto millón de dólares con destino a Prieto.
Varias cosas quedan claras por lo pronto de las investigaciones realizadas en Colombia. La primera la inoperancia de los organismos judiciales con respecto al seguimiento e investigación sobre el financiamiento ilegal de la política en el país. En este caso solo se sabrá realmente cuando se levante la reserva del sumario por parte de la Procuraduría Brasilera. Fue allá donde se recopilaron las pruebas y en Colombia se ha avanzado muy poco en la investigación. En segundo lugar que los sobornos a las campañas presidenciales por parte de esta multinacional tenía como propósito cualquiera fuera el candidato que ganara posicionar la firma para los jugosos contratos con el Estado Colombiano no importaba quien ganara por eso invirtieron en las dos campañas.
En tercer lugar lo que ahora rastrean las autoridades judiciales son los contratos y el papel de los implicados en la adjudicación de los mismos. En el caso de la campaña de Santos que fue el candidato ganador la lupa esta puesta en la adición al contrato de la firma Odebrecht llamado la ruta del sol dos para la construcción de la vía Ocaña Gamarra que compromete hasta el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humbeto Martínez, puesto que él fue uno de los firmantes del otrosi que de manera directa y sin licitación autorizó la adición del contrato para la construcción de esta nueva vía por unos 900.000 millones de pesos colombianos, es decir, unos 350 millones de dólares de la época. La firma la estampó en su condición de superministro de la presidencia del gobierno Santos. El soborno para obtener el primer contrato llamado Ruta del Sol dos ya está probado y los implicados están detenidos. Allí odebrecht pagó 6.5 millones de dólares en el año 2009 bajo el gobierno de Álvaro Uribe, uno de sus viceministros, Gabriel García Morales, aparece como la cabeza del soborno.
Es claro que el financiamiento de las campañas presidenciales tenía como propósito posicionar a esta firma en los grandes contratos de infraestructura que el Estado Colombiano viene realizando para la modernización de la arcaica infraestructura vial del país. Y también es claro que en este caso particular quizás lleguemos al fondo de la trama pero no por la diligencia de las autoridades judiciales colombianas sino porque las pruebas reposan en las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Procuraduría Brasilera que se han comprometido a compartir dicha información a partir del primero de junio.
Ahora bien el problema de fondo radica en el tema central del financiamiento de las campañas políticas en el país. Precisamente estamos a la espera que la Misión Electoral salida de los Acuerdos de La Habana presente las propuestas de reforma que deben realizarse tanto en el tema del financiamiento de las campañas como de las autoridades electorales.
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur
Bogotá 16 de marzo de 2017.