Posteriormente Otoniel se integró a los grupos paramilitares que no se acogieron a los Acuerdos de Paz bajo el mando de Vicente Castaño y después de la captura de Alias don Mario en el año 2009 asume con su hermano Juan de Dios Úsuga la comandancia del Clan del Golfo y se convirtió en comandante único después de la muerte de Juan de Dios, a manos de la Policía en 2012 en el departamento del Chocó. Esto originó un paro armado en toda la región de Urabá y en el Magdalena y su capital la ciudad de Santa Marta dando una muestra de fuerza.
Posteriormente Otoniel intentó negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos el sometimiento a la Justicia del Clan del Golfo. Este proceso avanzó, pero encontró una férrea oposición del fiscal Néstor Humberto Martínez enemigo no solo de este proceso sino del proceso de paz con las FARC. Estas negociaciones fracasaron por las oposiciones de los aliados del paramilitarismo que temen las verdades sobre los apoyos y alianzas con empresarios, autoridades públicas y mandos de las Fuerzas Armadas y de Policía que se presentaron en las regiones donde actúan para el negocio del narcotráfico y el asesinato de líderes sociales. Y es obvio, Otoniel tiene mucho que contar.
Justamente el segundo factor que se deriva de las características personales de Otoniel, constituye un peligro para quienes desde el establecimiento han constituido sus aliados y protectores durante su largo accionar violento en contra de las comunidades, sectores de oposición y liderazgos sociales asesinados bajo las órdenes criminales de Otoniel. El peligro para sus aliados es que Otoniel hable y por eso quieren extraditarlo a los EEUU cuanto antes para que no revele las alianzas constituidas y el nombre de militares, policías, autoridades públicas, empresarios y terratenientes que han orientado el accionar criminal de este personaje.
También es una papa caliente para La Corte Suprema de Justicia que debe decidir sobre la extradición de Otoniel solicitado por la fiscalía de los Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico. La Corte Suprema se enfrenta a una decisión que debe ponderar si privilegia los derechos de las víctimas en Colombia y el derecho que tienen las víctimas a la verdad que debería primar por sobre los derechos de la justicia norteamericana a quien solo le interesa, como los ha demostrado ampliamente con el tratamiento judicial que han recibido los comandantes paramilitares extraditados por el gobierno de Uribe. La justicia norteamericana ha privilegiado las investigaciones y condenas de esos criminales por los delitos de narcotráfico importándole poco o nada las demandas de las víctimas por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por estos criminales y se ha negado a considerar los recursos jurídicos que las víctimas han interpuesto ante los tribunales de Justicia en los Estados Unidos y no solo eso, en algunos casos ha negociado importándole nada los derechos de las víctimas de manera absolutamente incomprensible. Es el caso, por ejemplo, del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso Sierra, que una vez pagada una pírrica pena fue puesto en libertad, y le otorgaron la residencia en los Estados Unidos, donde vive con tranquilidad de las rentas del narcotráfico que logró mantener y sus victimas quedaron en total desprotección sin verdad ni justicia ni reparación.
La Corte ahora debe responder varios derechos de petición que le solicitan que no autorice la extradición mientras no termine de contar la verdad y su responsabilidad por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en su largo accionar criminal. La Corte podría aplicar su propia jurisprudencia que desde el año 2009 ha resuelto posponer la extradición mientras no se surtan los procesos para esclarecer la verdad en masacres y crímenes y ha privilegiado los derechos de las víctimas a los intereses de la Justicia Norteamericana. Sin embargo, esta jurisprudencia no siempre se ha aplicado. Por ello tanto el gobierno norteamericano como el gobierno de Duque y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Policía presionan a la Corte Suprema para que cuanto antes apruebe la extradición. Hasta ahora van ganando pues procedimientos que normalmente duran ocho meses se han hecho en sesenta días y el aparato propagandístico del gobierno habla de planes de fuga o de rescate del clan del Golfo cuando el propio Otoniel confesó en la JEP que se había entregado. ¿Si se entregó, como parece ser, qué interés tendría en fugarse?
La hostilidad contra los organismos de la Justicia Transicional como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha quedado en completa evidencia no solo con la abrupta suspensión y hostilidad contra el Comisionado Alejandro Valencia Villa en plena entrevista con Otoniel y luego con el robo de las grabaciones de ésta entrevista en la casa de uno de los funcionarios auxiliares de Valencia Villa. Los abogados de Otoniel han denunciado que no han podido entrevistarse con su cliente en privado pues siempre hay por lo menos 7 equipos de filmación que los están grabando. Lo propio han denunciado los jueces de la JEP en las audiencias donde de forma voluntaria ha comparecido Otoniel comenzando a revelar nombres de militares como el General Barrero, que llegó a ser Comandante General de las Fuerzas Armadas y que según Otoniel recibía una suma de dinero mensual por su colaboración con el Clan del Golfo. Es por estas y otras revelaciones por las que sectores del gobierno, las Fuerzas Armadas y de Policía presionan a la Corte Suprema para que lo extradite a los Estados Unidos cuanto antes, el propio presidente Duque así se lo ha exigido a la Corte.
Lo que debería a mi juicio la Corte Suprema es negar la extradición o la propia JEP para que se privilegie como deber el derecho de las víctimas de Otoniel a recibir Verdad, Justicia y Reparación. La Corte debe dar una señal de independencia cuanto menos condicionando la extradición a la comparecencia de Otoniel a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Amanecerá y veremos.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Diario Criterio
Siempre me ha parecido que la complicidad con los crímenes a contradictores políticos, con la impunidad de los testaferros y sicarios de ex-gobernantes, con la permisividad de violaciones de derechos humanos etc. De los EEUU, corresponde a un pago a cambio por parte de gobiernos colombianos en bases militares, tratados de libre comercio lesivos para Colombia, impunidad para sus crímenes en nuestro país cometidos por sus militares o similares.