1. Las políticas nacionales y locales para la juventud se han vuelto a colocar en primer orden, después de haberlas dejado perder en las ciudades donde si las había o de no tener finiquitado el documento Conpes, hoy se le ha puesto el acelerador a esto, y tienen las y los jóvenes una oportunidad histórica para hacer que sus demandas hagan partes de estas apuestas que no son solo del orden de la nación (Conpes) sino del orden local donde la incidencia y participación puede ser sustancial, con las propias formas organizativas que se tienen.
2. Esto también va de la mano de las elecciones a los consejos de juventud y la idea de realizar allí consultas sobre temas clave que se vienen discutiendo en las mesas que se han creado en todo el país, que no solo han sido las del Gobierno sino también impulsadas por las universidades o que han sido iniciativas populares. [1]
3. Matrícula cero. El Gobierno anunció la ampliación de la gratuidad de la educación pública universitaria, tecnológica y técnica para los estratos 1, 2 y 3 para el segundo semestre de 2021. Si bien la matrícula no es el único componente en los gastos asociados al estudio, si representa un avance significativo en términos de la comprensión de la gratuidad en el acceso a la educación superior.
4. Nuevos programas de empleo. Esto que es uno de los temas más álgidos en la escena política del paro, por las situaciones tan difíciles de la juventud para poder acceder a un puesto de trabajo decente. Este programa subsidia el 25% de la nómina y estará vigente por un año, lo cual es un gran aliciente para que los empresarios generen contrataciones de jóvenes. A propósito, se ha forjado un importante auge de publicitar ofertas laborales bajo el lema de “Camello si hay”, e incluso la oportunidad de mostrar esto como responsabilidad social empresarial.
5. Se trata de un nuevo plan (Jóvenes propietarios) de acceso con tasas preferenciales a viviendas de interés social, generación de garantías para el crédito y acompañamiento en todo el proceso de adquisición, para jóvenes entre 18 y 28 años.
Todo esto sin desmedro de logros que de verdad hicieron cambiar el escenario político, coyuntural y normativo del país: Se cayeron dos reformas, una tributaria y otra al sistema de salud. También lo hicieron dos ministros y un Comandante de la Policía (Cali), viralizaron ante el mundo la situación política y de desprotección que en Colombia se tiene, que ameritó pronunciamientos de alta importancia política jurídica y mediática. Esto ad portas de las elecciones de 2022 necesariamente los convierte en actores políticos relevantes, que serán el centro de atención de las propuestas políticas de presidencia, congreso y obviamente las que vendrán de mandatarios locales.
Ahora, esto también va teniendo incidencia en la ruralidad colombiana. La pandemia ha resignificado al campo colombiano dándole una relevancia y visibilidad que deberán incidir en el futuro próximo para establecer políticas públicas cada vez más impactantes. Entre otras cosas porque los problemas expresados por las y los jóvenes tiene que ver con sus expectativas de futuro y en el campo están ligadas a la viabilidad económica y de vida en la ruralidad.
Es así como el Gobierno a través de Banagrario lanzó una línea de crédito agropecuario que tiene tasas preferenciales, y está orientada al desarrollo de proyectos agropecuarios o agroindustriales, que pueden presentarse tanto como individuos o en grupos, con montos de hasta 80 millones de pesos para proyectos agroindustriales o 40 millones para proyectos agropecuarios.
De otra parte, las mesas de trabajo en los territorios y en la ruralidad han permitido encontrar, junto con las y los jóvenes urbanos, una decidida apuesta por la paz, y en esto han recalcado en el compromiso que las familias campesinas han tenido con los programas provenientes del Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En la ruralidad ha surgido un tema con fuerza a partir de estos ejercicios democráticos y es la necesidad de contar con políticas públicas que fortalezcan el liderazgo de las mujeres en las labores del campo y con ello a proteger las familias campesinas, a la pequeña propiedad, como una forma de garantizar no solo el poblamiento en la ruralidad sino la seguridad y la soberanía alimentaria. En medio de las crisis han sido las pequeñas economías campesinas las que han soportado las ofertas de alimentos para todo el país, a partir de los circuitos locales y regionales de distribución.
Como se ve el escenario desde y para la juventud en los territorios, sean urbanos o rurales, van dejando una estela de optimismo frente a esa juventud que desde algunos espacios oscuros se han querido mostrar como perezosos, indolentes o delincuentes. Pues no, son jóvenes, hombres y mujeres que han decidido visibilizarse y mostrar como este modelo de desarrollo y concentración los ha ido marginando. El gobierno ha salido presuroso a atender la situación. La mayoría de las medidas, que son bien intencionadas, tienen un carácter limitado y transitorio. El país tiene el reto de hacerlas permanentes, de posibilitar, como lo hacen los grandes países, una juventud formada, participativa y con un goce efectivo de sus derechos. El presente y futuro se construye con todos y todas, pero hay que generar como sociedad las condiciones para que así sea.
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[1] En el caso particular de la Universidad de La Salle en el mes de mayo se adelantaron nueve mesas de trabajo, la mesa seis correspondió a Ruralidad, seguridad y soberanía alimentaria. https://www.lasalle.edu.co/Noticias/UnisalleNoticias/uls/Unisalle-abre-caminos-de-dialogo-y-reflexion
Hoy esos espacios avanzan incluyendo a otras universidades públicas y privadas, a la Iglesia Católica y al PNUD.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: las2orillas
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