Todo ello deriva en la estrechez de lo público, en la falta de una cultura ciudadana de defensa de los bienes públicos que en teoría deberían ser el centro de atención y de cuidado por parte de los ciudadanos puesto que de su existencia depende el bienestar colectivo. Y precisamente uno de los bienes públicos esenciales que debería ser cuidado con esmero por la ciudadanía es el Estado pues se supone que el contrato social y democrático que le da legitimidad y garantiza su vigor y su existencia es la defensa del bienestar colectivo. En el Estado y en las políticas públicas deberían primar los intereses colectivos, los intereses generales, es decir, los intereses públicos. Ello es lo que le da legitimidad al Estado y precisamente la utilización de los recursos públicos y de la política pública para favorecer intereses particulares, horada, deslegitima el bien público, deslegitima al Estado.
En Colombia el propio sistema “legalmente” alimenta la transferencia de recursos públicos a sectores privados y es la base del sistema y de los sucesivos gobiernos para garantizar su “gobernabilidad”. En un juicioso proyecto de Ley presentado por la Senadora Claudia López en la legislatura pasada a consideración del Congreso de la República que ni siquiera fue discutido, se mostraba que la existencia de los llamados cupos indicativos es la forma que el ejecutivo utiliza para domesticar al Congreso de la República, es el instrumento privilegiado para garantizar que los parlamentarios dócilmente aprueben todas las iniciativas que provienen del ejecutivo con lo cuál se acaba con la independencia del Congreso de la República. Cada Senador o Representante que forma parte de la coalición de gobierno cuenta con más de 100 mil millones de pesos del presupuesto público para inversiones regionales. El proyecto de ley proponía de manera realista no eliminar esas partidas regionales sino que los proyectos que fueran aprobados en las regiones, se hiciera de manera pública, que en su adjudicación tomarán parte los actores regionales y no sólo el Gobierno Nacional y los parlamentarios de la coalición de gobierno. El predominio de los caciques y barones electorales en las regiones y la corrupción -que es hoy el principal enemigo de la descentralización y la democracia local- tiene en el clientelismo y en el manejo privado de los recursos públicos el instrumento privilegiado para seguir dominando los gobiernos en la mayor parte de las regiones del país. En algunas de esas regiones el modelo es insostenible, digamos por caso en la Guajira, Córdoba, Sucre, Chocó, para mencionar casos en los cuáles el saqueo del erario público ha llegado a situaciones tan intolerables que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha tenido que intervenir, como en el caso de la Guajira, para tratar de evitar la muerte de centenares de niños por desnutrición. Allí se roba descaradamente aún con recursos como los de las meriendas escolares. Para muestra el botón de la defraudación por la que ha sido capturado y acusado el Alcalde de Riohacha Fabio Velásquez Rivadeneira.
Pero cómo se ha ilustrado en recientes casos como los de Saludcoop, Reficar, Estraval, Interbolsa, y como hace unos años en Dragacol, o en Bogotá con el llamado carrusel de la contratación, la corrupción, no es sólo un fenómeno regional sino que está instalada a lo largo y ancho del país. En la vida regional el asunto es dramático puesto que son los contratistas los que financian las campañas políticas a gobernaciones y alcaldías y después de posesionados sus gobernantes cobran por ventanilla en la adjudicación de las contrataciones públicas. Ello ha desvirtuado y puesto en crisis la descentralización y la autonomía territorial.
Ahora el caso que ha movido la indignación nacional al punto que en la última encuesta de Cifras y Conceptos el 71% de los colombianos considera que el principal problema del país es la corrupción, es el caso de la firma brasilera Odebrecht, que ha sido investigada en 12 países por sobornos y uno de esos países es Colombia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue el que puso al descubierto la trama de la corrupción en Colombia también lo ha hecho la justicia brasilera. Estas autoridades han hablado de una cifra de 11.2 millones de dólares que habrían pagado en actos de corrupción. El elefante pasó por aquí y no fue avistado por la justicia colombiana. Sobre el primer soborno que compromete seriamente a la administración de Álvaro Uribe Vélez es el de la adjudicación de la Ruta del Sol tramo II en el que el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien ya acepto cargos, confesó haber recibido cuatro millones de dólares.
La investigación se dirigió al otro sí que ya en el Gobierno de Santos se adicionó en esta vía Ruta del Sol en el tramo Ocaña Gamarra, la cual se hizo de manera directa por cerca de 900 mil millones de pesos. Aquí la investigación apenas se inicia. Y falta por investigar la adjudicación del proyecto de navegabilidad del Rio Magdalena o sea que tendemos tema para largo.
Pero el más reciente escándalo es el que vincula las dos campañas presidenciales realizadas en el año de 2014. La primera investigación repite el modelo de la primera. Es una declaración del publicista Duda Mendoza asesor de la campaña del entonces candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Según Duda Mendoza en declaraciones a la justicia brasilera según publicación de la Revista Veja del Brasil, éste reconoció que Odebrecht le había pagado la mayor parte del dinero para dicha asesoría. Esto suma más de dos millones de dólares de la época. Esto puso al Centro Democrático a dar explicaciones sobre otra de sus actuaciones ilegales en aquella campaña en que utilizó hackers y ahora se viene a comprobar también recursos provenientes de contratistas del Estado Colombiano como es el caso de Odebrecht. El Centro Democrático tendrá mucho que explicar ante los órganos de la justicia por aquella campaña.
Y de postre vienen los señalamientos de Otto Bula exsenador suplente de Mario Uribe quien señaló en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación según afirmaciones del Fiscal Néstor Humberto Martínez que habría entregado un millón de dólares a la campaña de Santos en el año de 2014 a través del empresario Andrés Giraldo que tendrían como destinatario a Roberto Prieto quien fue el gerente de la campaña de Santos en el año 2014. Obrando con suma ligereza por decirlo menos el Fiscal Martínez Neira primero afirmó y dio como cierta esa afirmación de Bula y al día siguiente matizó la declaración señalando que Bula no habría entregado prueba material ninguna sino solo el modo, tiempo y lugar en que habría entregado dicha suma de dinero. La investigación por esta supuesta financiación ilegal de la campaña pasó al Consejo Nacional Electoral, CNE, un órgano sin mayor prestigio dominado por las cuotas clientelistas de los partidos que lo eligen en el Congreso.
Este organismo es en buena medida el responsable del desgreño como se ejerce la política en Colombia puesto que no es garantía ni de imparcialidad y mucho menos de independencia y ha sido incapaz de administrar justicia en relación con la grave corrupción en que se desarrollan las campañas políticas en Colombia. En reciente entrevista el Magistrado Armando Novoa señaló que el sorteo para designar a los magistrados investigadores de las denuncias sobre el financiamiento ilegal de las campañas de Zuluaga y Santos se hizo en el pasillo y no en la sala de Juntas de la Corporación. Esto dice mucho de cómo arranca la investigación en este organismo. Está probado además que este organismo no tiene ni la infraestructura ni el músculo investigativo que se requiere para llegar hasta las últimas consecuencias en estas dos investigaciones que están en sus manos.
Varias cosas quedan claras en estos episodios. La primera que las normas de la contratación púbica en Colombia son porosas, se requiere la estructuración de pliegos únicos para las licitaciones para que de ésta manera los proponentes puedan concurrir en igualdad de condiciones. La segunda, la Justicia en Colombia no opera, es laxa y cuando actúa lo hace tardíamente. La tercera, existe una amplia cultura de la ilegalidad y del empleo de métodos corruptos para obtener los contratos y esta cultura está muy arraigada en la clase empresarial del país y también en la clase política; una muestra de ello es la condena a las firmas fabricantes de los pañales y el papel higiénico, la cartelización de los ingenios azucareros o de las EPS para imponer precios. Una cuarta, se requiere una profunda reforma en los organismos electorales del país creando un verdadero Tribunal Electoral con dientes e independencia de los partidos políticos a quienes tiene que controlar. La quinta, se requiere una nueva legislación que endurezca las penas a los partidos políticos que se financien de manera ilegal, que otorguen avales a criminales y corruptos, deben perder la personería jurídica si lo hacen, no deben tener derecho a postular candidatos en las circunscripciones en dónde avalaron a corruptos y criminales durante por lo menos dos períodos. El financiamiento de las campañas debe ser público y con estrictos controles y fuertes sanciones para quienes reciban financiamiento privado. Estas deberán ser convertidas en proyectos concretos por parte de la Misión Electoral que actualmente delibera con este propósito en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.
Pero principalmente falta una importante movilización ciudadana para combatir la corrupción. Por ello a mi juicio hace bien la Senadora Claudia López al impulsar la consulta popular contra la corrupción. Sólo cuando la sociedad se moviliza en contra de la corrupción tenemos esperanza de que podamos domeñarla con éxito. Hay que hacer ingentes esfuerzos para mantener la indignación ciudadana contra un cáncer que se lleva anualmente cerca de 21 billones de pesos es decir más de dos reformas tributarias como la del pasado año.
Pedro Santana Rodríguez Director Revista Sur
Bogotá febrero 9 de 2017.
Deja un comentario