10 oportunidades para consolidar la ruralidad colombiana

Un país rural, biodiverso y con potencialidades alimentarias sin igual, debe constituir a estos sectores y a la propia vida rural, campesina, étnica, afrodescendiente, palanquera y raizal, en una oportunidad de crecimiento y desarrollo, en un camino que lo conduzca a la sostenibilidad, al logro de la paz y a la calidad de vida de todas sus poblaciones.

La Universidad de La Salle, desde su creación, ha tenido en la educación y en la ruralidad los sustentos de sus acciones, de sus compromisos con un país que avanza con unas transiciones virtuosas hacia el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, a la calidad de vida digna como condición para generar procesos incluyentes que conduzcan a mejores condiciones de competitividad, productividad y sostenibilidad.

De esta manera la Universidad, a través del CEIR -Centro de Estudios e Investigaciones Rurales-, no solo avanza en algunos temas relevantes para la ruralidad colombiana, sino que le propone al país una agenda pública desde donde se dinamicen las investigaciones, se acompañe a las comunidades en sus territorios, se consoliden las trayectorias educativas y se potencien las políticas públicas que conduzcan a la ruralidad colombiana a ser eso que siempre se espera: el motor del crecimiento y del desarrollo sostenible, pero en especial, la fortaleza productiva que garantice la oferta interna de alimentos y materias primas, así como los excedentes exportables que mantengan a la ruralidad como un generador de divisas y de acumulación de capital para el país.

Decálogo, agenda pública para la Colombia Rural[1]

Este decálogo para un desarrollo rural integral se propone como una hoja de ruta estratégica diseñada para trascender las visiones tradicionales que han primado en las últimas décadas sobre la ruralidad del país. No se trata solo de un conjunto de metas productivas, sino de una propuesta sistémica que busca tejer una nueva realidad territorial. A través de estas diez dimensiones, se propone una convergencia necesaria entre la justicia social, la sostenibilidad ambiental e integral y el dinamismo económico, reconociendo que la verdadera transformación del país comienza por garantizar la vida de los ecosistemas, así como la dignidad y la autonomía de las comunidades rurales.

Estas 10 dimensiones de agenda pública en la ruralidad se enuncian en la tabla siguiente:

A continuación, se exponen algunos elementos esenciales para la comprensión de cada dimensión estratégica.

1. Reforma rural integral: El cimiento de la paz.

Oportunidad:  Avanzar en una reforma rural integral que garantice el acceso, uso y distribución equitativa de la propiedad rural, con énfasis en la restitución y en la formalización de la propiedad.

• Distribución y usos de la propiedad rural. No basta con democratizar la tenencia; es imperativo reordenar el uso del suelo bajo criterios de justicia social y sostenibilidad ambiental. Esto implica transitar de una lógica extractiva o de simple acumulación de tierras hacia una función social que priorice la producción de alimentos y la protección de ecosistemas estratégicos, rompiendo la herencia del latifundio improductivo.
• Restitución y formalización de tierras. La seguridad jurídica es el blindaje contra la violencia y el despojo. Formalizar la propiedad y agilizar la restitución no es solo un trámite administrativo, sino un acto de reparación que permite al campesinado acceder a la ciudadanía plena, al crédito fomento y a la estabilidad necesaria para construir proyectos de vida en su propio territorio.
• Ampliación de las ofertas de bienes, especialmente de alimentos y materias primas para apalancar procesos propios de transformación. La reforma es integral solo si la tierra viene acompañada de infraestructura, tecnología y servicios básicos. Se requiere potenciar la oferta de alimentos y materias primas no solo para el consumo, sino como la base de una industrialización rural propia que permita a las comunidades capturar mayor valor agregado y fortalecer la soberanía alimentaria local e incluso nacional, sin que por ello se pierdan sus condiciones y características culturales y comunitarias

La seguridad jurídica sobre la tierra es el requisito necesario e indispensable para cualquier proyecto de vida o inversión productiva. Sin embargo, la reforma integral no debe limitarse a la necesarias adjudicación y a la titulación, sino que debe asegurar que la redistribución y restitución estén acompañadas de bienes públicos y de los procesos necesarios para gestionar procesos productivos sólidos que signifiquen una mayor oferta de bienes y por ende bienestar a las familias. Consolidar el catastro multipropósito y proteger las formas de propiedad colectiva y campesina son otras vías requeridas para cerrar la brecha histórica de atraso productivo, desigualdad y, en especial para desactivar los factores de violencia en el territorio.

2. Producción agropecuaria sostenible. El motor de la vida.

Oportunidad:  Fortalecer los sistemas de producción rural con nuevas tecnologías, extensionismo campesino y rural, y políticas que garanticen la sostenibilidad alimentaria del país, a través de su seguridad y la soberanía alimentaria del país, en concordancia con la optimización energética, la protección y cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

• La productividad no debe entenderse solo como la maximización de las cantidades de producto o optimización de tiempos, sino como el logro del bienestar integral rural. Propiciamos un modelo que dignifique el trabajo en el campo y sea eficiente en el uso de los recursos, asegurando que la riqueza generada por el suelo se quede prioritariamente en manos de quienes lo labran, rompiendo con la histórica precariedad de las economías campesinas y rurales.
• Nuevas tecnologías. La transición hacia una potencia agroalimentaria exige cerrar la brecha digital y tecnológica. No se trata de imponer paquetes tecnológicos cerrados, sino de integrar herramientas de precisión, bio y nanotecnología, así como ciencia de datos al servicio del pequeño y mediano productor. La tecnología debe ser un puente para que la Colombia profunda compita en igualdad de condiciones, sin perder su esencia territorial.
• Seguridad y soberanía alimentaria. Un país que no produce lo que consume es un país vulnerable. La soberanía alimentaria es el eje de nuestra seguridad nacional; implica proteger nuestra capacidad de alimentarnos con autonomía, reduciendo la dependencia de insumos externos y garantizando que el campo sea, primero, la despensa de los colombianos y, segundo, una oferta exportable sólida que genere divisas y sea artífice de identidades de país, como ya lo es el café, las flores o el cacao.
• Extensionismo rural y campesino. El nuevo extensionismo debe abandonar el viejo modelo paternalista de “transferencia de técnica” para convertirse en un espacio de diálogo horizontal. Proponemos un sistema que reconozca y valide el conocimiento ancestral y las prácticas locales, hibridándolas con los avances de las ciencias. Es un extensionismo que no solo acompaña a sembrar, sino que fortalece la gestión, la asociatividad, la autonomía de las comunidades y la consolidación de territorios.

Colombia debe transitar de una agricultura de subsistencia a una potencia agroalimentaria basada en la ciencia, la tecnología y aprovechando el conocimiento ancestral de los modos de producción campesina. La soberanía alimentaria debe ser el eje de la seguridad nacional, garantizando que el país produzca lo que consume y adicionalmente mantenga una oferta exportable generadora de divisas. Esto requiere un renovado modelo de extensionismo rural, que sea capaz de incidir en la Colombia profunda, que no solo transfiera técnica, sino que reconozca los saberes locales, integrando herramientas digitales para que el campesinado y en general las comunidades rurales sean gestores eficientes de su propia riqueza.

3. Biodesarrollo y agroecología. La economía del futuro.

Oportunidad:  Fortalecer los sistemas productivos sostenibles, integrando el Biodesarrollo y la agroecología como ejes de la política agropecuaria nacional, permitiendo la transición hacia modelos productivos sostenibles, con mayor integración a los ciclos de la naturaleza y a los usos eficientes y apropiados de la energía.

• Fortalecimiento de los sistemas productivos sostenibles. No se trata solo de producir “limpio”, sino de rediseñar la matriz productiva nacional bajo una lógica de regeneración. Proponemos un modelo que trascienda la explotación intensiva y pase a una gestión inteligente de los ciclos biológicos. Fortalecer estos sistemas es blindar la economía rural frente a la crisis climática, convirtiendo la resiliencia en un activo financiero y social que garantice la permanencia del campesinado y de las demás comunidades étnicas en su territorio.
• Agroecología y bioinsumos. La dependencia de fertilizantes y pesticidas importados es una de las mayores debilidades de nuestra seguridad nacional. La transición hacia la agroecología y la producción local de bioinsumos no es solo una elección ecológica, es una estrategia de autonomía económica. Al fomentar biofábricas territoriales, reducimos costos de producción, recuperamos la salud de los suelos y generamos una nueva industria de “insumos para la vida” gestionada por las propias comunidades.
• Modelos de producción basados en el desarrollo de los potenciales locales. Colombia debe dejar de intentar ser un país más en el mercado global para convertirse en una potencia de nichos biodiversos, a la vez que dinamiza producciones basadas en sus propios recursos, optimizando procesos endógenos de gestión energética. Cada territorio tiene una vocación única dictada por sus ecosistemas; el biodesarrollo propone escalar esas ventajas comparativas locales (frutos amazónicos, cafés de alta especialidad, plantas medicinales, turismo agro, de naturaleza, cultural y científico) hacia ventajas competitivas globales, asegurando que el valor agregado potencie las localidades.

Lo bio debe ser un imperativo en la dignificación de la vida en el planeta. La bioeconomía no es solo una apuesta productiva, de consumo y ecológica, debe ser la mayor ventaja competitiva de Colombia en los mercados globales, devolviendo la racionalidad natural a los modelos de desarrollo basados en la utilización intensiva de energías destructivas. Fomentar sistemas productivos agroecológicos permite regenerar los ecosistemas mientras se generan empleos verdes de alta calidad, además de que se debe lograr una normativa que incentive su profundización en los modelos productivos. El país debe posicionarse como un referente donde la conservación de la biodiversidad sea la base de la rentabilidad, convirtiendo la riqueza natural en bienestar económico real para las comunidades rurales.

4. Comercialización y logística: Acortando distancias, multiplicando valor

Oportunidad: Construir circuitos sostenibles de comercialización y logística que conecten a los productores rurales con los mercados, eliminando intermediaciones y garantizando precios justos. Esto permite, además aprovechar eficientemente la energía utilizada, logrando disminuciones en costros y haciendo que los productos tengan mayor competitividad en los mercados.

• Circuitos sostenibles de comercialización y de logística. La logística rural no puede seguir dependiendo exclusivamente del transporte de carga costoso y concentrado en intermediarios. Proponemos una infraestructura multimodal que integre centros de acopio regionales, transporte fluvial y férreo donde sea posible, y una gestión energética eficiente que reduzca la huella de carbono de nuestros alimentos. Estos circuitos sostenibles no solo bajan los costos de operación, sino que aseguran que la frescura y la calidad del producto se traduzcan en competitividad real, conectando de manera inteligente la Colombia profunda con los grandes centros de consumo.
• Mercadeo y comercialización. El mercado debe dejar de ser un lugar de explotación para convertirse en un espacio de justicia. Fortalecer los “circuitos cortos” permite que el productor se relacione directamente con el consumidor, eliminando los eslabones innecesarios que hoy se quedan con hasta el 70% del valor final del producto. Apostamos por un mercadeo social y cooperativo, apoyado en herramientas digitales y marcas territoriales, que garantice precios justos para quien produce y precios accesibles para quien consume, permitiendo que la riqueza y el valor agregado se queden, por fin, en los hogares de las familias campesinas y étnicas.

El éxito del campo también se define en el mercado, no solo en la cosecha. Es urgente fortalecer los circuitos cortos de comercialización que eliminen la intermediación innecesaria, permitiendo que el valor agregado se quede en manos de los productores, de las familias rurales, campesinas y étnicas. Una infraestructura logística multimodal y centros de acopio regionales y locales permitirán que los excedentes exportables y la oferta interna fluyan con eficiencia, garantizando precios justos y estabilidad económica.

5. Crédito y riesgo financiero: Inclusión para la productividad

Oportunidad: Ampliar la disponibilidad de crédito rural y construir mecanismos colectivos de socialización de los diferentes riesgos, sean financieros, operativos, de cubrimiento, de pago o morales; para campesinos, pequeños y medianos productores.

• Disponibilidad de créditos. La banca convencional ha fallado históricamente al intentar imponer cronogramas urbanos y lógicas comerciales rígidas a los tiempos de la naturaleza y en particular a los de la producción agropecuaria. Proponemos un sistema de financiamiento diferencial público, privado o mixto, que entienda las estacionalidades y los ciclos biológicos de los cultivos. El crédito no debe ser una barrera, sino un impulso; por ello, se deben profundizar instrumentos como períodos de gracia reales y tasas de interés protegidas que permitan al productor invertir y cosechar antes de enfrentar la presión del servicio de la deuda.
• Socialización del riesgo financiero. El campesinado y en general las comunidades rurales no pueden seguir siendo el único eslabón que asume la carga del riesgo del financiamiento. Es imperativo transitar de la responsabilidad individual al amparo colectivo. Apostamos por mecanismos de mutualidad y fondos de garantía asociativos, donde el riesgo —ya sea operativo, de pago o moral— se distribuya y socialice entre las organizaciones rurales con el respaldo del Estado. Esto transforma la deuda en un compromiso comunitario y reduce la vulnerabilidad de las familias frente a las fallas del mercado o los riesgos inherentes al sector agropecuario.
• Identificación y gestión de riesgos integrales. Blindar el patrimonio rural exige una identificación técnica y humana de los riesgos integrales. No se trata solo de asegurar el pago de una cuota, del capital o de los propios intereses, sino de proteger la soberanía del productor frente a la volatilidad de precios y los eventos climáticos extremos. Proponemos una nueva generación de seguros universales de cosecha e instrumentos de innovación financiera que actúen como un colchón de seguridad, garantizando que los eventos fortuitos no signifiquen la pérdida de la tierra o el fin de un proyecto de vida.

La banca tradicional poco ha comprendido los tiempos y riesgos del campo, donde los campesinos terminan de manera individual asumiendo los riesgos inherentes a un sector que en se esencia es particular y diferente a los demás sectores económicos. Se requieren políticas de financiamiento que democraticen el acceso al crédito, con tasas diferenciales y periodos de gracia ajustados a los ciclos biológicos (estacionalidades) de los cultivos. La socialización del riesgo, los seguros de cosecha y los instrumentos propios de las innovaciones financieras, deben ser herramientas, bien desde el Estado, el sector financiero privado o estrategias mixtas, para que el pequeño y mediano productor no pierda su patrimonio ante la volatilidad climática o de precios. Todo esto debe ser complementado con sistemas ya probados en el mundo de socialización de los riesgos a través de procesos colectivos y de las propias asociaciones campesinas y rurales.

6. Asociatividad y territorialidades campesinas: La fuerza de la unión

Oportunidad: Promover la asociatividad y la cooperación como estrategias centrales para dinamizar pequeñas economías rurales y procurar su inserción en cadenas de valor con participación en procesos locales, nacionales e internacionales.

• La asociatividad y la cooperación como dinamización de la economía rural. Entendemos la asociación no como un requisito transaccional, sino como la forma de contrarrestar el individualismo que coloca a las y los campesinos en desventaja competitiva en los mercados. La cooperación permite a las economías rurales, sin importar su escala, alcanzar la dimensión necesaria para negociar en condiciones de equidad, transformando sujeto rural individual en un actor colectivo capaz de disputar espacios en las cadenas de valor nacionales e internacionales sin perder su autonomía y menos aún su identidad
• Construcción de procesos de colaboración entre diferentes agentes productivos en el territorio. El desarrollo no ocurre en el vacío. Proponemos la creación de ecosistemas horizontales de colaboración donde productores, instituciones, academia y sector privado se articulen bajo objetivos comunes. Esta sinergia permite compartir costos tecnológicos, intercambiar conocimientos y generar un capital social sólido que blinde al territorio frente a las crisis externas y fortalezca el tejido productivo desde adentro, llámense clúster, distritos, agencias de desarrollo o sistemas productivos locales, o cualquier otra forma posible de territorialización de la cooperación entre agentes en el territorio
• Impulso y fortalecimiento de las territorializades rurales, campesinas, étnicas, raizales y afrodescendientes. Reconocemos que el territorio no es solo un espacio geográfico, sino un sujeto político y cultural vivo, es la construcción social del espacio físico. El fortalecimiento de las territorialidades implica respetar y potenciar las diversas formas de habitar la tierra, garantizando la gobernanza propia de las comunidades. Apostamos por un modelo que proteja la identidad y la autodeterminación de los pueblos, convirtiendo la diversidad étnica y campesina en la base de un desarrollo soberano y profundamente democrático.

La escala necesaria para competir en mercados globales solo se logra a través de la cooperación, con la generación de economías externas y de aglomeración. Fortalecer la asociatividad no es solo un tema económico, es el reconocimiento de las territorialidades campesinas como unidades de gobernanza y desarrollo. Al incentivar la creación de cooperativas y redes de apoyo, se potencia la capacidad de negociación, se comparten costos tecnológicos y se dinamizan las pequeñas economías locales desde su propia autonomía.

7. Inclusión generacional y de género: Los enlaces de la esperanza

Oportunidad: Garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales de las comunidades rurales, campesinas y étnicas, con énfasis en jóvenes y mujeres.

• Dignificar la vida rural, campesina, étnica y comunitaria. La dignidad no es una promesa abstracta, es una condición material y espiritual garantizada por la Constitución Nacional. Proponemos que el campo deje de ser el escenario del sacrificio histórico para convertirse en un territorio de bienestar integral. Esto implica garantizar servicios públicos, conectividad, salud y educación de calidad, de modo que habitar la ruralidad sea una elección de orgullo y no una condena por falta de oportunidades. Dignificar es reconocer al campesino y a las comunidades étnicas como sujetos políticos plenos en la construcción del país y de sus propios territorios.
• Potenciar la inclusión de jóvenes y mujeres rurales. Desmontamos el mito del “relevo generacional” para proponer una integración generacional. El futuro del campo no está en que los jóvenes reemplacen a sus padres y madres, sino en que construyan juntos una transición productiva y social. Esto exige autonomía económica para las mujeres rurales, quienes además han debido soportar las consecuencias de la guerra; así como proyectos de vida para la juventud, excluida de los accesos modernos en las ciudades, que integren la ciencia y la tecnología con el arraigo territorial y los saberes existentes. El campo debe ser el epicentro de la innovación, donde el liderazgo femenino y el ímpetu joven potencien y transformen la vocación productiva en soberanía real.
• Goce efectivo de los derechos constitucionales. La deuda del Estado con la ruralidad es, ante todo, una deuda de ciudadanía. No es viable mantener subsidios coyunturales, lo justo es el cumplimiento de la Constitución y con ello el asumir los derechos emanados desde la Norma. El goce efectivo de derechos significa que desde las ciudadanías rurales se tenga acceso real a la propiedad, a la seguridad social y a espacios de decisión política; reconocidos ya desde la Constitución Nacional. Es pasar de ser “población objeto de atención” a ser ciudadanía activa, con capacidad de decisión y propuestas sobre el rumbo de sus propios territorios.

La ruralidad no tendrá futuro si sus jóvenes y mujeres no encuentran en ella un lugar para realizar sus proyectos de vida. Es imperativo garantizar el goce efectivo de derechos constitucionales mediante políticas con enfoque de género y programas que incentiven la integración generacional. Es necesario rescatar las confianzas familiares y comunitarias, fracturadas por las guerras que han tenido en los campos sus escenarios trágicos. El campo debe dejar de ser visto como un lugar de sacrificio y sin futuro para convertirse en un espacio de innovación y dignidad, donde el liderazgo femenino y el impulso juvenil sean los protagonistas.

8. Trabajo decente y renta básica: Dignidad para la vida

Oportunidad: Construir modelos de trabajo decente y digno en la ruralidad colombiana que incluyan mecanismos de renta básica rural como garantía de bienestar y derechos básicos de seguridad social para las familias rurales, campesinas, étnicas, afrodescendientes, palanqueras y raizales.

• Trabajo decente y digno en la ruralidad. El trabajo rural exige una normativa propia que reconozca sus particularidades y rompa con la precarización estructural. No podemos seguir intentando encajar la labor del campo en moldes legales diseñados para la oficina o la fábrica, ni mucho menos en las lógicas de “uberización” tecnológica. Proponemos forjar un modelo de trabajo decente y digno que garantice remuneraciones justas, reconozca el valor estratégico de la labor agropecuaria y asegure que producir comida sea sinónimo de prosperidad y no de pobreza.
• Seguridad social universal para las y los trabajadores del campo. La protección social no puede ser un privilegio atado a un contrato laboral formal de corte urbano. Se debe construir un sistema de seguridad social universal y diferenciado que proteja al campesinado y a los trabajadores rurales frente a la vejez, la enfermedad y los riesgos laborales. Es hora de desvincular el derecho a la protección del estatus de “empleado tradicional”, reconociendo que quien cuida la tierra y garantiza la soberanía alimentaria ya está haciendo un aporte incalculable a la estabilidad del país.
• Renta básica rural. Planteamos la renta básica rural no como un subsidio asistencialista, sino como un reconocimiento económico a la función social y ambiental que cumplen las familias rurales, es un derecho de ciudadanía rural, una prioridad que como sociedad se defina para garantizar la vida digna en los campos. Ahora bien, esta renta básica se platea esté vinculada a la prestación de servicios de cuidado ecosistémico, protección del agua o mantenimiento de la biodiversidad, y a la producción mínima de alimentos para el sostenimiento familiar. Esta renta actúa como un piso de dignidad frente a la volatilidad de precios y la estacionalidad de las cosechas. Es la garantía para que ninguna familia “custodia de la vida” caiga en la miseria mientras protege los activos naturales que pertenecen a toda la nación.

La precariedad laboral en el campo es una deuda histórica que debe remediarse. Promover el trabajo decente implica formalización, seguridad social y remuneraciones que reflejen la importancia estratégica de la labor rural, una normativa que claramente se diferencie de las concepciones laborales tradicionales o incluso a las recientes innovaciones dadas por las tecnologías. Una renta básica rural, vinculada a servicios ambientales o de cuidado, puede actuar como un mecanismo de protección social frente la estacionalidad productiva característica de las actividades agropecuarias, asegurando que ningún habitante del campo caiga en situaciones de pobreza mientras cumple su labor de guardián de la vida.

9. Compromiso urbano-rural: Forjando territorios

Oportunidad: Construir una política de ordenamiento territorial que integra lo urbano y lo rural como un sistema interdependiente orientado a la sostenibilidad. 

• Compromiso ético urbano con la ruralidad. La ciudad debe reconocer que su existencia misma es un acto de dependencia hacia el campo. Proponemos un pacto de reciprocidad que elimine la visión jerárquica donde lo urbano extrae y lo rural padece. Este compromiso implica que los centros de consumo asuman su responsabilidad en la financiación del desarrollo rural, entendiendo que cada gota de agua y cada bocado de alimento es el resultado de un tejido social que la ciudad tiene la obligación ética reconocer, proteger y fortalecer.
• Ordenamiento territorial alrededor del agua y la vida. El ordenamiento no puede seguir siendo una línea técnica que separa el asfalto de la tierra. Se trata de establecer una política de ordenamiento que integre lo urbano y lo rural como un sistema indisoluble, donde el eje rector sea la protección de los ciclos del agua y la vocación del suelo. Ordenar el territorio es poner límites al crecimiento urbano desordenado que devora tierras productivas y ecosistemas estratégicos, priorizando la geografía de la vida sobre la geografía de la especulación.
• Territorios integrales y justicia espacial. La integración territorial significa que los derechos no pueden terminar donde termina la urbe. Apostamos por la creación de territorios integrales, sostenibles, funcionales e inteligentes, donde la infraestructura, la conectividad y los servicios del Estado fluyan sin interrupciones entre el campo y la ciudad. La justicia espacial demanda que las inversiones públicas dejen de concentrarse en los perímetros urbanos y empiecen a irrigar la ruralidad, cerrando la brecha histórica de abandono y permitiendo no solo las oportunidades para nuevas inversiones en la ruralidad, sino que se constituya en una verdadera dinámica de cohesión nacional.
• Construcción de territorios sostenibles y resilientes. La sostenibilidad no es un adorno verde para las ciudades, es una estrategia de resiliencia frente a la crisis climática y una opción clara para la transición y la optimización energética. Construir territorios sostenibles exige un cambio en el metabolismo urbano: las ciudades deben invertir activamente en la restauración de los paisajes rurales que les proveen servicios ecosistémicos. Solo a través de esta inversión en la naturaleza y en las comunidades que la custodian, podremos garantizar la estabilidad hídrica, alimentaria y climática de las futuras generaciones de colombianos y colombianas.

La ciudad debe entender que su seguridad hídrica, alimentaria y climática depende exclusivamente del campo. Es necesario construir un pacto nacional que elimine la visión jerárquica de “lo urbano sobre lo rural” y promueva la reciprocidad, tal y como se expresó en el “Manifiesto rural por un pacto de la ciudad con el campo: un compromiso con el desarrollo rural y territorial”. Los territorios integrales, sostenibles, funcionales e inteligentes se construyen cuando los centros urbanos invierten activamente en la ruralidad, reconociendo el valor de los servicios ecosistémicos y garantizando que el crecimiento de las ciudades no sea a costa de la destrucción del entorno rural y natural.

10. Educación y diálogo de saberes: Trayectorias educativas virtuosas para el desarrollo

Oportunidad: Consolidar trayectorias educativas rurales completas y pertinentes, que integren los diálogos de saberes y respondan a las necesidades y potencialidades de los territorios.

• Educación para potenciar las capacidades y las oportunidades en los territorios. La educación rural no puede seguir siendo un trasplante de modelos urbanos que preparan al joven para emigrar. Proponemos, muy de la mano de la experiencia formativa que desde el lasallismo se ha hecho en la Colombia profunda, unos modelos pedagógicos que conviertan el aula en un laboratorio de transformación territorial, donde se potencien las capacidades de liderazgo, innovación y gestión técnica en función de las necesidades reales desde la finca a la comunidad y al territorio. Educar es, ante todo, brindar las herramientas para que las comunidades sean artífices de su propio desarrollo.
• Diálogos de saberes. Reivindicamos una educación que rompa con la hegemonía del conocimiento técnico-lineal. El verdadero avance ocurre cuando el saber científico y las nuevas tecnologías se encuentran en condiciones de igualdad con el conocimiento ancestral y las prácticas campesinas. Este diálogo de saberes no es un ejercicio romántico, es una necesidad técnica: solo hibridando la ciencia con la sabiduría acumulada por generaciones sobre el clima, el suelo y las semillas, podremos construir soluciones que sean verdaderamente sostenibles y culturalmente pertinentes.
• Trayectorias educativas rurales completas. Se debe repensar la educación rural fragmentada y de ciclos sin terminar. Es imperativo consolidar trayectorias que acompañen al habitante del campo desde la primera infancia hasta la educación superior y posgradual, sin que esto implique el desarraigo. Inspirados en la potencia transformadora de modelos como el Proyecto Utopía, apostamos por una educación que garantice que el profesional rural se forme en y para el territorio, asegurando que el conocimiento generado retorne al campo para liderar el cierre de brechas y dinamizar la nueva ruralidad colombiana.

La educación rural debe ser pertinente, de calidad y completa, desde la educación en primera infancia hasta la educación superior en y para el territorio. Inspirados en modelos exitosos y replicables como el Proyecto Utopía, se deben promover trayectorias educativas que fomenten el diálogo entre el conocimiento científico y el saber ancestral. Solo una educación contextualizada permitirá que el talento rural se quede en el campo para transformarlo, convirtiendo el conocimiento en el principal insumo de la nueva ruralidad colombiana.

Un pacto por la ruralidad: garante de vida, alimentos y dignidad

Nuevamente desde la Universidad de La Salle y en particular desde el CEIR, con este decálogo se hace un llamado a la inteligencia colectiva y a la voluntad política de quienes aspiran a conducir los destinos de nuestra nación. Ya en el pasado, lo habíamos hecho con diferentes participaciones en propuestas para la política pública.[2]

Colombia se encuentra en una encrucijada histórica donde la deuda histórica con el campo ya no admite más prórrogas. La ruralidad no es el pasado que debemos superar, sino el cimiento de la soberanía, la sostenibilidad y la estabilidad democrática del siglo XXI. Ignorar el potencial transformador de nuestros territorios rurales es condenar al país a un ciclo perpetuo de desigualdad y conflicto.

A las y los candidatos a la presidencia, y a la dirigencia nacional en su conjunto, les extendemos esta invitación desde la academia y el territorio: es hora de transitar de los discursos de campaña a compromisos programáticos de largo aliento. El desarrollo rural integral debe ser el eje transversal de un proyecto de país que reconozca en el campesino, en las comunidades étnicas, raizales, palenqueras y afrodescendientes, en particular en una comprensión desde la juventud y las mujeres rurales, a las y los verdaderos protagonistas de una nueva era de productividad y paz. No se trata solo de invertir en el campo, sino de dignificar la vida rural como la esencia para garantizar la calidad de vida de toda la sociedad.

Finalmente, la consolidación de estas diez oportunidades requiere de una discusión democrática técnica, amplia, y sincera. Desde el CEIR de la Universidad de La Salle, ponemos esta agenda a disposición de la ciudadanía para que se convierta en el soporte del debate público. Invitamos a las fuerzas vivas del país a que, por encima de las diferencias, nos unamos en un propósito común: hacer de la ruralidad colombiana el motor de una transición virtuosa hacia la sostenibilidad y la justicia social. El futuro de Colombia se siembra hoy en sus campos, se cultiva en sus escuelas rurales, se cosecha en la paz de sus territorios y en la calidad de vida de sus gentes.

Un país rural como lo es Colombia, donde se ocupa el 85% del espacio territorial del país, habita el 22.9% de la población y tres millones jóvenes; merece que la ruralidad sea priorizada no solo en sus condiciones de guardián de la vida, sino en su capacidad de producción, en particular de alimentos, pero muy especialmente en ser un lugar para una vida digna, que termina siendo extendida a todas y todos los colombianos.

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[1] Este es un documento propuesta, seguirá en construcción, se ampliará y fortalecerá con la participación de diferentes personas e instituciones comprometidas en los temas rurales, a quienes convocamos a sumarse a este pacto por la ruralidad.

[2] Hay algunos hitos que en los últimos años han marcado el devenir de la reflexión y la acción que desde la Universidad de La Salle se ha tenido en torno a las apuestas por la ruralidad, entre muchos más, es importante mencionar los siguientes:

[2010] Proyecto Utopía

Hito: Formación de ingenieros agrónomos de alta calidad para poblaciones rurales vulnerables. 22 premios nacionales e internacionales por su aporte a la paz. Enlace: https://lasalle.edu.co/es/home-micrositio-utopia

[2019] Manifiesto rural por un pacto de la ciudad con el campo

Hito: Documento base sobre el compromiso institucional con el desarrollo rural y territorial como un acuerdo social necesario. Enlace: https://doi.org/10.19052/1900-2335_70

[2021] Territorios Sostenibles Funcionales e Inteligentes

Hito: Propuesta técnica y académica para el cierre de brechas mediante el desarrollo humano integral y la inteligencia territorial. Enlace: https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/mrt/article/view/3411

[2022] Transición democrática: economía campesina

Hito: Participación en la agenda nacional con el capítulo “Hacia un contrato social en torno a la economía campesina”. Enlace: https://www.researchgate.net/publication/359335625_La_alimentacion_de_los_y_las_colombianas_es_con_los_campesinos_o_no_es

[2022] Proyecto Pilas con el Futuro: Juventud y ruralidad

Hito: Trabajo colaborativo entre 15 universidades sobre los horizontes y retos de las nuevas generaciones en el campo colombiano. Enlace:

https://universidadean.edu.co/sites/default/files/landing/PilasFuturo/UniversidadLaSalle.pdf

Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudio e Investigaciones Rurales – CEIR, Universidad de La Salle

Foto tomada de: Gemini 2026