Aprobada en la Cámara de Representantes, la reforma, que busca ante todo fortalecer el sistema público y otorgar al Estado el papel de único pagador y gestor del sistema, se encuentra en la Comisión VII del Senado en su tercer debate. Persiste la discusión que se ha dado alrededor del papel de las EPS y de la Adres como el administrador único de los recursos y se agudiza el debate centrado en la financiación y la sostenibilidad del sistema propuesto. Si bien el Gobierno afirma contar con un concepto favorable del Ministerio de Hacienda, los grandes medios han sido voceros de críticas muy fuertes relacionadas con el tema, ilustradas con la fracasada intervención del Estado en el manejo de los fondos de algunas entidades promotoras de salud o EPS – particularmente de Sanitas, una de las EPS más importante del país – avivando serios conflictos entre el Ejecutivo y el sector privado.
En comparación con 2024, las pérdidas de Sanitas fueron seis veces más grandes que las de 2023, período en que estuvo intervenida por la Superintendencia de Salud, una medida que tumbó la Corte Constitucional y que ha dado lugar a una demanda de reparación por parte del grupo Keralty, su mayor accionista. El presidente Petro escribió en su cuenta de X que acataba la decisión de la Corte y, sin dejar de criticar a las EPS, le recordó al Congreso que si no se aprueba la reforma a la salud el sistema va a quebrar.
En efecto, uno de los mayores retos que enfrena el sector de la salud es la crisis estructural que la afecta, que tiende a agravarse y que tiene en vilo a gran parte del país. De acuerdo con el informe que la Contraloría publicó recientemente, la deuda de las EPS ascendía a corte del 31 de diciembre de 2023 a 32,9 billones de pesos por concepto del costo en salud lo que sería una señal de la insostenibilidad financiera del sistema. Esta cifra representaría más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud y equivaldría, según el Observatorio Fiscal, a cerca del 40 por ciento del presupuesto de inversión nacional, estimado en 78 billones de pesos. Según los expertos, esta deuda no se debe solo a la mala gestión de las EPS, sino a fallas estructurales del sistema como la ausencia de reglas claras para el pago de servicios no cubiertos por el Plan de Beneficios de Salud (PBS) y la falta de mecanismos eficaces para auditar, reconocer y pagar esas cuentas a tiempo.
A raíz de la decisión de la Corte, y para dar cumplimiento a lo ordenado por el alto tribunal, el Ministerio de Salud reanudó las conversaciones que buscan revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) la cual corresponde al valor que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para garantizar la prestación de servicios en el PBS.
No todos los escollos que ha de sortear la reforma a la salud son de orden técnico. También los hay de índole social y político. En efecto, junto a las dificultades financieras y a la falta de recursos para pagar las deudas, las quejas, reclamos y tutelas interpuestas al sistema crecieron un 39 por ciento en 2024, evidenciando el desmejoramiento de la atención a pacientes.
Los acontecimientos que repercuten en lo que algunos han llegado, inclusive a calificar de crisis humanitaria, afecta el ambiente que se vive en el Senado donde actualmente se discute la reforma a la salud y donde la amenaza de obstrucción persiste dada la rivalidad que mantiene la Cámara Alta y, en particular su presidente con el jefe del Estado.
El momento crítico por el que pasa el sistema de salud es una muestra clara de que el mismo tiene que ser reformado y debería inducir a todos los actores vinculados al mismo a buscar una solución aceptable. No obstante, el Gobierno ha sido claro en señalar que en caso de que el Senado hunda la reforma, podría recurrir a la movilización de la ciudadanía para presionar, como ocurrió con la reforma laboral, y a mecanismos legales como los decretos presidenciales, corriendo el riesgo de agitar el marco institucional.
En suma, al Gobierno se le presentan retos mayúsculos tanto en el ámbito legislativo como en el jurídico y el social. Su capacidad para sacar adelante la reforma dependerá de su habilidad negociadora para lograr un equilibrio entre el poder legislativo y la presión gremial que influye tanto en el campo político como en el social.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: AP News
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