El 18 de febrero de 2026, una nueva orden ejecutiva de Trump declaró al agrotóxico glifosato y al fósforo –componente crucial de los fertilizantes sintéticos– como elementos de seguridad nacional, con lo cual convierte su acceso y producción en un tema militar y se propone garantizar la continuidad de su uso. Un aspecto también relevante en el contexto del ataque imperial a América Latina con la doctrina Monroe recargada. Esta orden fue diseñada fundamentalmente para favorecer a la trasnacional Bayer, que ha visto fuertemente cuestionado el uso de este agrotóxico y de los cultivos transgénicos a los que está asociado, desde que la OMS lo declaró como cancerígeno en 2015.
Bayer se dedicó a denostar y atacar a los científicos de la OMS que participaron en ese estudio, así como a periodistas y analistas críticos, al tiempo que pagar a científicos de alquiler para que produzcan estudios que negaran la alta peligrosidad del glifosato.
Pese a ello, desde 2015 se han multiplicado los estudios que muestran cada vez más aspectos de riesgos y daños provocados por el glifosato, como daños neurológicos y en la microbiota de humanos, animales domésticos y abejas. En junio de 2025, un proyecto que incluyó una amplia revisión de estudios científicos mostró que aun en las dosis en que está permitido en diferentes regulaciones, este agrotóxico se ha asociado a múltiples formas de cáncer (https://tinyurl.com/z7fyhefx).
Otro revés para Bayer ocurrió en diciembre de 2025, al conocerse que una prestigiosa revista científica retractó un estudio sobre glifosato ampliamente citado por las autoridades regulatorias, debido a la parcialidad y falta de rigurosidad de los autores, que además habían sido pagados por Monsanto (https://tinyurl.com/243m2d5t).
Bayer, actual dueña de Monsanto, ha sido objeto desde 2018 de cerca de 200 mil demandas legales de víctimas de cáncer por el uso de glifosato en agricultura y jardinería. Las demandas se basan en que Monsanto sabía de la alta peligrosidad del glifosato, pero ocultó los datos y omitió alertar sobre ello en sus etiquetas, algo que en los juicios se documentó con miles de documentos presentados por varios de los primeros demandantes. Luego de perder varios juicios emblemáticos, Bayer decidió hacer acuerdos fuera de juicio con grandes grupos de demandantes, lo cual le significó costos por cerca de 12 mil millones de dólares hasta 2025. Aún tiene pendientes demandas por decenas de miles de casos y se siguen sumando.
En diciembre de 2025, Trump respaldó a Bayer ante el Tribunal Superior de Justicia, instando a esa instancia a apoyar ante la Corte Suprema el argumento de Bayer de que sólo la ley federal puede ser referencia sobre el agrotóxico y que se debe eliminar la posibilidad de demandar a las empresas a partir de leyes estatales. Esto porque la agencia federal EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) se pronunció afirmando que los riesgos del glifosato no serían graves, contra la evidencia con la que cuenta y gracias a dudosas relaciones con las empresas. Una parcialidad que fue denunciada por diversas organizaciones, pero que la EPA no ha cambiado.
Los juicios contra Bayer-Monsanto se iniciaron en su mayoría sobre las regulaciones de los estados donde viven las víctimas y se han regido por las evidencias presentadas en el caso. La maniobra de Trump es para evitar que se inicien nuevas demandas e impedir que se tomen en cuenta las evidencias críticas, no sólo en el caso de Bayer, sino potencialmente en muchos otros casos de empresas contaminantes (https://tinyurl.com/ytu7hec2).
La nueva orden sobre glifosato va también diagonalmente opuesta a lo que plantea el movimiento MAHA, Make America Healthy Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), en el que participan muchas madres con familias afectadas por enfermedades crónicas en Estados Unidos, liderado por Robert F. Kennedy Jr, secretario de salud de Trump. La orden de la semana pasada contradice todo lo que ha mostrado el MAHA y lo dicho antes por el propio Kennedy Jr, que ahora ha declarado apoyar la nueva política. Queda así en evidencia lo que muchos críticos habían señalado sobre MAHA: es un caballo de Troya para recuperar dentro del trumpismo a los muchos millones de personas afectadas por enfermedades crónicas, toxicidades, obesidad, etc.
Para México y América Latina, esta orden ejecutiva es también una amenaza dirigida a detener o impedir iniciativas que buscan limitar y prohibir el glifosato. También una orden de que los intereses de Bayer y otras trasnacionales de agronegocios deben primar ante la salud y el ambiente de nuestros países, ya que son parte de la seguridad de Estados Unidos. Otra vuelta de tuerca para avanzar las imposiciones imperiales sin máscara que caracterizan esta fase del trumpismo.
Junto a otras acciones violentas y foros convocados por la administración Trump en 2026 –como el foro de minerales estratégicos y el acuerdo Pax Silica (https://tinyurl.com/38wzu8p2)–, Trump deja en claro que usará todos los medios del Estado, incluso la fuerza militar, para avanzar los intereses de las grandes empresas y los más ricos, que son quienes gobiernan su país.
Silvia Ribeiro
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2026/02/21/opinion/014a1eco
Foto tomada de: https://www.jornada.com.mx/2026/02/21/opinion/014a1eco
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