Las maniobras fraudulentas fueron notorias; el orden del día, acordado al levantar la sesión anterior, incluía como primer punto la votación de la consulta; pero, artificiosamente, al día siguiente, decidieron cambiar el orden del día, para someter a discusión y votación la apelación del senador Fabián Diaz presentada el 18 de marzo de 2025, para desarchivar o revivir el proyecto de reforma archivado por la Comisión Séptima y, a pesar de los fundados reclamos de la bancada del Pacto Histórico, la revivieron por 51 votos contra 29. No obstante, el hecho de revivir el proyecto ha sido considerado, tanto por los opositores, como por el gobierno, como un resultado, aunque envenenado, de la portentosa movilización del primero de mayo.
Revivido el proyecto de reforma, en medio de la barahúnda senatorial, el presidente de la corporación, autoproclamado “el jefe de la banda que hundiría la reforma laboral”, ordenó a su manipulado secretario general abrir la votación por la consulta y, al darse cuenta del riesgo de perder, faltando 10 o 12 senadores y senadoras por votar, transcurridos menos de tres minutos de los 30 minutos reglamentarios (Ley 5ª), de manera irregular, ordenó cerrar la votación, un senador de la derecha anti reforma laboral, que había votado sí en el sistema, de viva voz cantó “voto No”, Cepeda, de inmediato, ordenó a su amanuense cambiar el voto que ya estaba registrado. En medio del zafarrancho, el conteo de la viciada votación arrojó la victoria de la coalición opositora, que alborozadamente celebraron como una derrota de Petro, pero en realidad se trató de un golpe a la clase trabajadora colombiana. El proyecto de reforma laboral fue revivido y asignado para su trámite en tercer debate a la Comisión Cuarta, conformada por 14 senadores y senadoras contrarios al gobierno y una senadora, Aida Avella, del pacto histórico, lo cual no auguraba nada favorable a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del país.
La bancada del Pacto Histórico y los voceros del gobierno, (ministros del Interior y de Trabajo) desconocieron el resultado por considerarlo fraudulento y con vicios de trámite e impugnaron la votación ante el Consejo de Estado que admitió la demanda. El gobierno (ministro del Interior) declaró que además de las manipulaciones fraudulentas el senado violó la ley quinta porque no se realizó “la lectura, previa a la votación, del texto de la norma que se va a votar o la decisión que se va a tomar”. El presidente Petro en su declaración, desde China, caracterizó la decisión de fraude y como una “maniobra dantesca equiparada al fraude del 19 de abril de 1970”, señaló a Efraín Cepeda de tramposo porque cerró la votación en menos de tres minutos, “cuando tenía ventaja, y al secretario Diego González de “mañoso”, (cambió un voto del SI por uno del No), solicitó repetir la votación y, al afirmar que “le llegó la hora al pueblo, convocó a “cabildos abiertos y llamó a las centrales obreras, a las organizaciones campesinas, indígenas, comunales, juveniles, afro, etc., a movilizarse sin violencia y a la fuerza pública a no levantar las armas contra el pueblo”. Finalmente, anunció que volvería a presentar la solicitud de consulta ante el senado.
Las centrales sindicales y las organizaciones sociales convocaron paro de 48 horas, realizado el 28 y 29 de mayo, que culminó con la realización de cabildos populares. Las movilizaciones del 28 se sintieron en todas las capitales del país, con importantes congregaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barrancabermeja y otras ciudades. Los cabildos continuaron su proceso y se realizaron como parte del paro nacional; esta actividad contó con numerosas concurrencias en las plazas públicas en las que se hizo el ejercicio de la deliberación pública democrática y participativa sobre la consulta y la importancia de las 16 preguntas contenidas en la nueva solicitud de consulta radicada por el gobierno ante el Senado. Las cuatro preguntas adicionales se refieren a los pilares fundamentales del proyecto de reforma a la salud, en peligro de ser hundida en la Comisión Séptima.
Los medios corporativos se desbocaron en informar que el paro había fracasado. La gente deliberó, además, sobre la situación de la consulta luego de la negativa del Senado. En algunos cabildos se escucharon insistentes voces que plantearon la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, dado que el senado no ofrece garantías para avanzar en las reformas sociales y, por el contrario, se constituyó en barrera infranqueable para las reformas sobre los derechos laborales y democráticos del pueblo colombiano.
Entre tanto la Comisión cuarta, en sesión relámpago, aprobó una propuesta de reforma laboral que, en opinión de la senadora Clara López del Pacto Histórico, constituye una trasquilada “de padre y señor nuestro” al proyecto aprobado en la cámara de Representantes. El Senador León Fredy Muñoz la calificó de “reforma regresiva” que no debe desviar la atención de la clase trabajadora en la lucha por la consulta popular. Los siguientes, son los aspectos más regresivos contenidos en la contrarreforma laboral, que configura un retroceso en los derechos laborales, aprobada en la mencionada comisión y puesta a consideración de la plenaria del Senado:
- Introduce regulación del contrato de trabajo por horas, con lo cual, elimina de plano los derechos laborales, el salario mínimo, las prestaciones sociales y todas las garantías en materia laboral contenidas en la Constitución y la legislación laboral. La medida favorece a los patronos que solo pagarán salarios precarizados sin garantías laborales, ni recargos dominicales y festivos, ni horas extra, ni recargos nocturnos.
- La jornada diurna va hasta las siete de la noche, como había sido aprobada en la Cámara, pero contradice la consulta popular que propone recuperar la jornada de ocho horas, la jornada diurna hasta las seis pm y la nocturna a partir de esta hora, recuperar el pago de horas extra diurnas y nocturnas, así como los recargos por trabajo nocturno.
- Aunque mantiene el pago del 100% de recargo por el trabajo dominical, reduce dicho recargo al 75% en los días festivos; lo cual, contradice lo aprobado en Cámara de Representantes y propuesto en la consulta popular.
- Exonera del pago de recargos dominicales, festivos, de horas extra y nocturnos a las micro y pequeñas empresas; es decir, priva de recibir estos derechos laborales al 80% de la clase trabajadora, que labora en estas empresas, y de paso, anula la pregunta de la consulta sobre subsidios y beneficios para los pequeños y microempresarios que son los que más generan empleo.
- Elimina la propuesta de retomar el derecho al contrato laboral de los y las 500.000 jóvenes aprendices del SENA y otras instituciones, para mantener la figura del “contrato de aprendizaje” vigente y, así, librar a los patronos del pago de sus obligaciones laborales e impide que el periodo de aprendizaje se contabilice como experiencia laboral y sea acumulado como tiempo de trabajo para la pensión.
- Suprime artículo, contemplado en el proyecto aprobado en Cámara, sobre aumento de dos semanas a las licencias por paternidad.
- Regula los permisos por citas médicas y restringe los permisos a las mujeres que padecen de endometriosis; pero, los elimina para las que sufren dolores menstruales incapacitantes.
- Niega la formalización laboral de los trabajadores camioneros, transportadores de carga, reivindicación pactada con el gobierno a raíz del más reciente paro de los camioneros.
- suprime artículo que eliminaba la tercerización laboral mediante el contrató sindical, que es una “tercerización ilegal legalizada”, mediante contratos en condiciones de precarización laboral, los trabajadores son subcontratados por los supuestos sindicatos, mientras que los patronos no pagan ni salarios, ni prestaciones sociales; pero, tampoco pagan impuestos. (Clara López)
- Incluye un artículo que es una verdadera trampa, porque pretende legalizar un acuerdo “voluntario”, en el que el trabajador o trabajadora puede reducir su jornada semanal a cuatro días, 11 horas diarias, y tomar el quinto día para descansar. Se trata de un malabarismo, una estafa que priva al trabajador o la trabajadora de devengar horas extras, diurnas y nocturnas y recargos dominicales y festivos.
Es evidente que lo aprobado en la comisión cuarta del Senado, es una contra reforma antidemocrática y regresiva, que con las modificaciones a la reforma aprobada en la Cámara de Representante rompe los acuerdos alcanzados para su aprobación y abre nuevos espacios de confrontación en los que la correlación de fuerzas, en las calles, es ampliamente favorable a la clase trabajadora y las organizaciones sociales, campesinas y populares, que obliga a retomar las propuestas de reformas democráticas y sociales, boicoteadas o recortadas por las mayorías de extrema derecha neoliberal en el Congreso de la República, para avanzar bien sea en un proceso de negociación en el marco de las desvencijadas instituciones del estado liberal o en el contexto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que de salida a la crisis política que se agudiza aceleradamente cada día.
El señor presidente, anunció, en el consejo de ministros realizado el pasado 3 de junio, que, ante el hecho de la aprobación fraudulenta, sin concepto de Conveniencia o inconveniencia, de la consulta y superado el plazo del primero de junio para su pronunciamiento favorable o desfavorable establecido, expedirá y firmará el decreto de convocatoria de la consulta popular en presencia del pueblo colombiano movilizado. Dijo además que dejaba en manos de la Corte Constitucional la decisión de la validez o no de dicha convocatoria.
En lugar de dejar que sea la Corte Constitucional, inmersa en la aguda crisis política, la que decida, que el pueblo soberano y propietario del poder constituyente, el que tome la decisión más conveniente. Este es el urgente debate que se debe abordar en los cabildos populares, las asambleas populares y comunitarias y en las calles, escenario natural de la democracia directa. Por supuesto que la clase trabajadora y el pueblo se pondrá a discreción de la consulta popular que convoque el gobierno nacional; pero, debe estar listo para decidir en su soberanía la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: MSN
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