La internacionalización de las relaciones económicas, sociales y tecnológicas se refleja también, en las diversas formas de articulación del crimen organizado, de la violencia y afectación de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos. Esto se hace más evidente en la forma como se enlazan los diversos eslabones de la ilegalidad, su conexión con las economías legales, en especial, con la logística de distribución y del sector financiero, para el blanqueo de capitales en la banca internacional y el tráfico de armas provenientes, especialmente de Estados Unidos y de la guerra en Ucrania.
Al respecto, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC [1], muestra que los grupos delictivos siguen en proceso de adaptación, aprovechan las crisis y utilizan a las poblaciones más vulnerables. Llama al aprovechamiento de la tecnología y a la cooperación transfronteriza para proporcionar medios de vida y acciones legales para desmantelar a las organizaciones criminales, proteger a las comunidades y reforzar la seguridad global.
El Informe sostiene que existe un incremento del consumo mundial de cocaína, al pasar de 17 millones en 2013 a 25 millones de usuarios en 2023. Señala la creación de nuevas rutas para mercados en Asia, África y Europa Occidental, con la incorporación de la mafia de los Balcanes y su influencia en el mercado. Así mismo, llama a abordar el enfoque de salud y protección de las comunidades, a reivindicar el multilateralismo y a reasignar recursos a través de políticas públicas contextualizadas mediante servicios sociales y de salud para ayudar a mitigar el impacto del consumo de drogas en personas y comunidades.
La internacionalización del consumo de cocaína es coincidente con las denuncias del Presidente Petro y la confirmación por parte del Director de la Policía Nacional de Colombia [2], acerca de la conformación de una organización delincuencial internacional de nuevo tipo, a la que el Presidente Petro denomina “Nueva Junta del Narcotráfico” donde convergen narcotraficantes reincidentes, antiguos esmeralderos, mafia italiana la ‘Ndragheta, albanesa, argentina, brasilera, paraguaya, uruguaya, entre quienes se encuentra Sebastián Marset el presunto determinador del asesinato del Fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, española, emiratí, dominicana y tailandesa y colombianos, entre otros.
Parte de esta red delincuencial ha sido capturada en ciudades como Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín. También, esto explicaría la secuencia de cerca de vente asesinatos ocurridos, principalmente, en Bogotá en contra de presuntos narcos esmeralderos en los últimos años, entre ellos, Luís y Juan Caicedo, Claudio Silva y Jesús H. Sánchez, conocido como “Pedro Pechugas”.
Entre los presuntos integrantes, según informe de inteligencia [3] se encuentra Julio Lozano Pirateque, exnarco y esmeraldero residente en Dubai, después de haber estado preso en Estados Unidos; Jorge González y Jorge Luís Blanco, entre otros, quienes invierten en negocios legales e ilegales incluyendo clubes de fútbol y empresas de seguridad.
Colombia, entonces, es parte de esta dinámica, por su ubicación geoestratégica, su compleja problemática relacionada con la persistencia del papel del narcotráfico, la captación de rentas ilegales del oro, del secuestro, de la extorsión, la trata de personas y la corrupción, la degradación del conflicto armado, la incidencia regional de grupos insurgentes y bandas multicrimen.
El presidente Petro identifica un proceso de articulación de grupos residuales Pos Farc, como los dirigidos por “Iván Mordisco” y la Segunda Marquetalia, así como el Clan del Golfo, ahora reconocido por el Gobierno como Grupo Armado Organizado – GAOR, con el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia – EGC, al cual le abre la puerta para el diálogo, sin abandonar la persecución y la dinámica operativa para desmantelarlo.
El Gobierno colombiano y sus fuerzas de seguridad, junto con la Fiscalía comienzan a trabajar sobre estos elementos para ubicarse en el contexto de los nuevos fenómenos multicrimen que afectan a los territorios, ponen en riesgo las relaciones del país con el gobierno de Donald Trump que pueden llegar a un escenario de descertificación.
Este escenario puede darse en los próximos días, a pesar de los esfuerzos de comunidades, miembros honestos de la Fiscalía, periodistas e integrantes de la fuerza Pública sacrificados durante varias décadas de cooperación con el gobierno norteamericano y de lucha contra las redes del narcotráfico y del crimen organizado, en pro de neutralizar el comercio de sustancias psicoactivas para que no lleguen al consumidor de Estados Unidos.
Esta lucha ha implicado ingentes esfuerzos y costos en vidas en Colombia, en medio de la cooptación y captura del Estado por parte de carteles del narcotráfico, del contrabando y del paramilitarismo, sin que la justicia de Estados Unidos solicite la extradición de grandes exponentes de la política colombiana y de altos mandos implicados en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Tal podría ser el caso del Mayor General Hernando Garzón Rey llamado por el presidente Petro a calificar servicios, por presuntas implicaciones en negocios de narcotráfico. Más bien, los órganos de justicia y seguridad del país del norte se han prestado para el entrampamiento de los procesos de paz, con las implicaciones conocidas en la proliferación de disidencias, como en el caso de la Segunda Marquetalia.
Así mismo, pesa la degradación del conflicto armado y el envilecimiento de sectores insurgentes, en contubernio con la corrupción estatal y el castigo al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, como es el pequeño campesino que vive del cultivo, en medio de la ausencia de oportunidades, de la desigualdad, de la opresión por parte de grupos armados ilegales. Éstos se imponen mediante el uso de las armas y la intimidación, el desplazamiento forzado y el confinamiento, el reclutamiento de menores, la trata de personas, la agresión sexual y el asesinato en contra de personas defensoras de los derechos humanos y liderazgos sociales.
El Gobierno Petro, como lo muestran las estadísticas del Ministerio de Defensa [4] ha obtenido resultados significativos en el ámbito de la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, en la incautación de cocaína, con cifras de 889.201Kg, en 2024, sin precedentes en la historia del país y 600.891 Kg. entre los meses de enero y julio de 2025. Así mismo, con la incautación de 311 aeronaves, la cifra más alta en la historia de la lucha contra el narcotráfico, así como la persecución y captura de capos fantasma, en vez de la judicialización del campesino.
La estadística es válida, también, en relación con la incautación de maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal, del orden de 535 retroexcavadoras y buldócer, así como 799 dragas, trituradoras y mezcladoras, durante el año de 2024. Esto representa cifras significativas, en medio del proceso de persecución de los grupos armados ilegales y del planteamiento de mecanismos para la formalización de pequeños y medianos mineros artesanales, en el marco de negociaciones con las comunidades, así como la confrontación y diálogos con grupos armados ilegales. El proceso está en el marco de propuestas como la Iniciativa “Sembremos Confianza”, en el Bajo Cauca y El Pacto por la Transformación de Nariño, iniciativa de la Gobernación que se adelanta en el marco de la Paz Total con el grupo disidente del ELN, Comuneros del Sur. No obstante, al respecto existe desconfianza en la comunidad, dado que al parecer dicho grupo empieza a presentarse como Autodefensas Unidas de Nariño – AUN, mientras negocian con el Gobierno.
En general, se ha tendido a reducir la Paz Total al ámbito de la negociación con los grupos armados ilegales. A partir de allí, ante las rupturas del cese bilateral entre el Gobierno y los distintos grupos y los enfrentamientos armados entre grupos en diversas regiones, los expertos en los temas de paz y violencia desahucian el proceso y lo declaran inviable, moribundo o lo reducen a procesos electorales.
Al respecto, la “Vieja Confiable” surgida del Meme de Bob Esponja cobra vida nuevamente, como profecía autocumplida, con la vana pretensión de darle vida a la Seguridad Democrática, como fórmula magistral homeopática enarbolada por generales en retiro, como Javier Rey Navas y Héctor Fabio Velasco. Esto llevaría a repetir la tragedia de la estigmatización, el síndrome del enemigo interno, la persecución violenta y el cercenamiento de los derechos humanos, a título de combatir los grupos armados ilegales.
Dichas voces y los políticos de ultraderecha no han logrado superar sus esquemas reduccionistas centrados en soluciones absolutizantes del uso de la fuerza. Dan prelación al bombardeo, la aspersión y el uso de las armas en casos de asonada e instrumentalización de campesinos desarmados, por parte de grupos armados ilegales que se sientan acorralados y se opongan a la erradicación de cultivos de coca y marihuana.
Al momento, la Fuerza Pública ha logrado superar las asonadas y la retención de grupos de militares, de manera predominantemente incruenta, a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo, a través de la mediación y gestión, sin detrimento de la individualización de los captores y de las demandas penales para su judicialización. Con este proceder, la fuerza Pública se ha dignificado en vez de deshonrarse. En contraste, los defensores de la Seguridad Democrática claman por el uso de la fuerza bruta lo que iría en detrimento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Las fuerzas armadas durante el gobierno Petro han entrado a territorios abandonados durante la vigencia de la Seguridad Democrática, donde esta solo llegó a través del paramilitarismo, como en el caso del Catatumbo, o del Cañón del Micay.
Los grupos captores, especialmente de los grupos Pos Farc de “Iván Mordisco” y de los Comandos de Frontera, pierden margen de maniobra, se sienten acorralados y van entrando en pugnas internas que van facilitando su debilitamiento, la ruptura de la cadena de mando y el abandono de las armas.
Mientras tanto, las fuerzas Armadas operan sin restricción. Ha pasado el tiempo de los ceses bilaterales del fuego y los diversos grupos pierden mandos en sus enfrentamientos, ya sea mediante capturas o caídas en combate. Tal situación acaba de ocurrir con cuatro miembros del grupo de Calarcá Córdoba implicados en el ataque al helicóptero de Amalfi donde murieron trece integrantes de la Policía.
En medio de la pérdida de espacio político, vuelve a aparecer el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán para reclamar la vigencia de los acuerdos de negociación firmados con los Gobiernos Santos y Petro, en aras de recuperar espacio político y hablando de disposición a transformarse si la sociedad, especialmente, si las clases dominantes se transforman. Tal discurso contrasta con la dinámica pedagógica de movilización popular que ha reclamado soberanía constituyente, en la calle, superando el bloqueo de las reformas en el Congreso, en particular, de la reforma laboral y en la perspectiva de lograr la recuperación de la reforma a la seguridad social bloqueada por el Magistrado Ibáñez, en la Corte Constitucional. El ELN parece ver con nostalgia los días en que la Mesa Nacional de Participación le sirvió de tribuna nacional para pretender implantar un “cogobierno”, con ilegítimo poder de veto a las políticas públicas, sin cumplir ninguna responsabilidad política, social o cultural ni de ejercicio del monitoreo del proceso, lo cual se convirtió en un mentís acerca de la frase “lo que se va acordando se va implementando”.
Paralelamente, el Pacto Histórico va constituyéndose en ejercicio vivo de superación de la ley aristocrática del bolígrafo y de la cooptación, para conformar un partido de masas; esto ocurre en dura lucha por trascender los elitismos en la izquierda y las barreras interpuestas en el Consejo Nacional Electoral, en medio de las premuras del tiempo y de los ingentes retos logísticos para los ejercicios de consulta popular y construcción del frente amplio.
Cabría decir que, si la insurgencia del ELN y de los sectores Pos FARC que siguen con alguna convicción de cambio, son incapaces de trascender su foco de atención concentrado en la captación de rentas ilegales y no tienen disposición de migrar hacia un proyecto político de estirpe civilista, al menos que no estorben en los procesos de movilización popular. Que no afecten los derechos humanos, no lesionen la autonomía de las comunidades, no cometan hostilidades contra ellas y si de verdad están por salidas negociadas, que empiecen por declarar ceses unilaterales al fuego frente al gobierno y construyan agendas para su propia transformación.
Decir esto parece ingenuo y utópico, en medio de los más funestos pronósticos de los analistas que predicen el incremento de la violencia, en medio de la campaña electoral, con el fin de arrodillar al Gobierno del Cambio. Paradójicamente, entre más violentos se comportan los grupos, más crece la popularidad del gobierno, más se dignifica la Fuerza Pública y más se van aislando las opciones de ultraderecha.
En esta dinámica, afortunadamente, la Corte Constitucional avala el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, lo que facilita la cooperación entre los dos países y permite proteger las inversiones bilaterales. Al tiempo, se dan pasos significativos para perseguir el narcotráfico al lado y lado de la frontera, lo que permite debilitar la incidencia de los distintos grupos armados ilegales, en medio de los riesgos de agresión del Gobierno Trump, tras el mito del Cartel de los Soles, en procura de ir por el petróleo, el gas y el oro de Venezuela, con el propósito de agredir su soberanía y menoscabar el auge del multilateralismo, mediante la fuerza bruta.
Como se ve, la Paz Total y la Seguridad son asuntos claramente políticos y no se reducen a la dinámica de relaciones con los grupos armados ilegales. En este contexto, vale la pena resaltar el compendio de Pactos Territoriales en desarrollo en el país, como instrumentos de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto, como lo muestra la página del Departamento Nacional de Planeación – DNP [6]. El mapa correspondiente y la descripción presenta las articulaciones nacionales, territoriales y de cooperación internacional, con montos de inversiones estimadas, avances y vigencias. Son once Pactos enfocados en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y en la Paz Total dando continuidad a procesos que comenzaron sus diseños al final del gobierno anterior.
En el plano internacional, se acentúa la guerra híbrida, con indicios de escalada de la tercera guerra mundial. Coherente con sus prácticas de Terrorismo de Estado, el hegemón Trumpista, a la cabeza del gobierno USA, cambia el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, en un retorno a su denominación de 1940, con un costo superior a mil millones de dólares por el cambio de uniformes, emblemas y direcciones de correo.
Paralelamente, urde una trampa a la Comisión Negociadoras de Hamas para que se traslade desde Turquía hasta Doha, donde es bombardeada sin éxito por aviones israelíes, a pesar de causar cinco muertes entre miembros de la delegación y guardias cataríes.
Esta clara violación del derecho internacional es consuetudinaria por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña que suministra aviones cisterna a la flota de F35 israelíes. Este tipo de asesinatos ya los había cometido el gobierno israelí en Irán en contra de Ismail Haniyeh, líder negociador de Hamas para la liberación negociada del grupo israelí secuestrado por esta organización.
En una maniobra similar, fue asesinado Hasam Nasralá, secretario General del Movimiento Chii Hezbolá, después de acudir al escenario desde donde se disponía a emprender negociaciones frente al conflicto armado en la coyuntura de la ofensiva israelí sobre Gaza y el sur del Líbano.
En simultánea con la recepción de cuarenta y tres mil setecientos millones de euros para el programa de defensa polaco, en una operación de aparente falsa bandera entraron en espacio aéreo polaco 19 drones supuestamente rusos de los cuales fueron derribados 3, lográndose comprobar que no cumplían las especificaciones de las armas rusas. Como parte de la escalada, el gobierno polaco invocó la aplicación del Artículo 4 de la OTAN, relacionado con el llamado a consultas entre socios, en preparación del Artículo 5, sobre acción conjunta frente a la agresión de uno de los países asociados. El propósito de la OTAN es incendiar a Europa.
Paralelamente cae el primer ministro francés y estallan las movilizaciones y protestas contra la austeridad impuesta por el Gobierno Macron, por los ajustes a la inversión social, mientras se destinan los fondos para apoyar la guerra en Ucrania. En simultánea, cae el primer ministro de Nepal, en revuelta de la Generación Z, en protestas frente al bloqueo de las redes sociales, lo que genera un vacío de poder, en un contexto de ignición de revueltas, que hacen recordar las revoluciones de colores impulsadas por el Partido Demócrata, desde el Gobierno Norteamericano y ONG´s como las impulsadas por George Soros, frente a las propuestas del Presidente Chino, Xi Jinping, de Gobernanza global que valore la igualdad, el Estado de Derecho, el multilateralismo y los beneficios tangibles para la población. Cambian los timoneles, pero parece que siguen las costumbres propias del repertorio golpista o se aprovechan las coyunturas para la desestabilización en focos de conflicto en los cinco continentes.
Fuentes:
[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC: La inestabilidad mundial agrava el impacto social, económico y de seguridad del fenómeno mundial de las drogas. UNODC – Naciones Unidas. Viena, junio 26 de 2025. [2] Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán @DirectorPolicia. ¡𝗖𝗨𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗟𝗜́𝗡𝗘𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔 ‘𝗝𝗨𝗡𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔́𝗙𝗜𝗖𝗢’! Septiembre 8 de 2025.https://x.com/DirectorPolicia/status/1965185546688282849
[3] Pardo Jhoan. Esta sería la información sobre la Junta del Narcotráfico que le llegó a Gustavo Petro a su despacho: habría integrantes en Bogotá y Boyacá. Infobae. Septiembre 07 de 2025. [4] Información Estadística. Seguimiento a indicadores y resultados operacionales. Mindefensa. Agosto 19 de 2025.https://www.mindefensa.gov.co/defensa-y-seguridad/datos-y-cifras/informacion-estadistica
[5] Redacción Política ¿Cuáles deben ser los ajustes a la estrategia de seguridad y orden público en Colombia? El Nuevo Siglo. Agosto 29 de 2025. [6] Dirección de Programación de Inversiones Públicas. Pactos Territoriales. Departamento Nacional de Planeación. Junio de 2025.Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Infobae
Deja un comentario