En la Colombia de hoy se han abierto espacios de oportunidad. En los últimos años se ha evidenciado un mayor interés por agendas de cambio impulsadas por movimientos sociales, organizaciones de base, influencers que han ganado terreno en la política y nuevas figuras que buscan renovar la práctica legislativa. Temas como la equidad social, la justicia ambiental, la defensa de los derechos humanos y la inclusión de poblaciones históricamente marginadas han ganado visibilidad en las campañas al Congreso. Este fenómeno sugiere una transformación gradual en las prioridades del debate político, pero su impacto dependerá de la capacidad de estas iniciativas para traducirse en acción legislativa efectiva, lo que implica superar escollos estructurales fuertemente arraigados en la política colombiana. De hecho, la coyuntura electoral se desarrolla en un contexto marcado por la polarización política, el desgaste institucional, la incertidumbre y la desconfianza ciudadana alimentada por reiterados escándalos de corrupción, el ausentismo parlamentario, los privilegios y la falta de rendición de cuentas.
Aunque formalmente la elección al Congreso es un ejercicio democrático, en la práctica este proceso evidencia las limitaciones estructurales del sistema político colombiano, marcado por el clientelismo, la captura de las instituciones por élites tradicionales y una persistente desconexión entre los representantes y la ciudadanía.
Uno de los principales problemas que caracteriza la coyuntura es la reproducción de las mismas élites políticas. A pesar de los discursos de renovación, una parte significativa de las candidaturas al Congreso proviene de clanes familiares, maquinarias regionales y estructuras clientelares que han dominado la política durante décadas. Este fenómeno debilita la competencia democrática y perpetúa un sistema en el que el acceso a un escaño depende más de los recursos económicos, las redes de favores y el control territorial que de las propuestas o la identidad ideológica.
La fragmentación partidista que caracteriza el escenario electoral, lejos de representar pluralismo ideológico, contribuye a la irresponsabilidad política. Muchos partidos actúan como simples vehículos electorales sin programas claros ni compromisos a largo plazo, lo cual se traduce en un Congreso volátil, donde las alianzas se negocian en función de intereses coyunturales y beneficios particulares, más que de proyectos estratégicos. Como consecuencia el debate legislativo pierde profundidad y se orienta a la negociación burocrática afectando la calidad de la democracia y la eficacia del Estado. Esta problemática se suma a una polarización política exacerbada que ha empobrecido el debate público. De hecho, las campañas se han reducido a posiciones en favor o en contra del gobierno de turno. Esta lógica binaria desvía la atención de asuntos fundamentales como la reforma política, el modelo económico o la política exterior.
Aunque en el discurso se reconoce la importancia del Congreso para la atención a regiones históricamente excluidas, en la práctica estas agendas suelen ser relegadas. La persistencia de la violencia política, la falta de garantías electorales en ciertos territorios y el incumplimiento sistemático de compromisos legislativos dejan al descubierto una brecha profunda entre la retórica democrática y una realidad institucional caracterizada por el intercambio de favores y pactos burocráticos entre el Ejecutivo y el Legislativo que contribuyen al mantenimiento de las estructuras de los clanes regionales. Tal como lo ha anunciado la gran prensa, han comenzado a tejerse las alianzas entre el próximo Congreso y los posibles nuevos presidentes. Más de un centenar de reuniones de índole partidista en noviembre han permitido consolidar listas para el Congreso que medirán fuerzas el 8 de marzo. El mismo día habrá consultas de precandidatos a la presidencia de la República y se dará vía libre a posibles alianzas para conquistar el poder ejecutivo.
En suma, mientras no se transformen las dinámicas vigentes y no se promueva una participación ciudadana crítica e informada, el Congreso seguirá siendo una institución cuestionada y distante de las realidades del país amarrada al poder ejecutivo a menos de que se oponga a este una mayoría legislativa excepcional que brille con luz propia.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Registraduría Nacional del Estado Civil
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