El otro encargo fue enderezar el curso de la implementación del nuevo modelo de salud, que había sido objeto de todo tipo de saboteos por parte de los prestadores privados que prestaban y aún prestan un pésimo servicio a las y los docentes activos de sector público, a los pensionados, tanto activos, como retirados y a sus familiares.
El pesado fardo de la corrupción, componente indispensable de la acumulación de capital, que, durante más de tres décadas, convirtió el FOMAG, un fondo cuenta encargado de recaudar y “administrar” los cerca de $28 billones que le deposita anualmente el Estado, bajo la dirección del Consejo Directivo integrado por tres ministerios y dos delegados de FECODE, recursos que provienen de las finanzas públicas y le pertenecen al gremio docente al servicio de la educación pública, en una jugosa fuente de enriquecimiento ilícito. Como nunca es tarde, fue el señor presidente Gustavo Petro quien denunció que el fondo de los maestros estaba siendo objeto del saqueo a manos llenas por mafias integradas por funcionarios de la fiduciaria y abogados inescrupulosos, así como por los prestadores del servicio de salud. Dos preguntas obligadas: ¿por qué FECODE, que tiene dos delegados en el Consejo Directivo, nunca denunció, ni pidió investigaciones sobre el sistemático robo de los dineros del gremio que representan? Y ¿No es acaso su obligación proteger los recursos públicos que estrictamente le pertenecen al magisterio colombiano, tanto activo, como retirado?. Algo hay en el canto de la cabuya reza el adagio popular.
Pero, como la corrupción no se detiene, la nueva administración del FOMAG, que asumió funciones a partir de noviembre de 2025, en comunicado público denunció que ha descubierto “posibles irregularidades en los pagos por concepto del pago de la prima de mitad de año” a la que tiene derecho un amplio sector de docentes pensionados a partir del primero de enero de 1981, según lo prescribe la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral B.
Encontraron que entre 2024 y 2025 se pagaron por este concepto $458.799 millones a 42.400 docentes, de los cuales $260,437 millones, es decir, el 56,8% de lo pagado, que corresponde a 23.744 docentes, presentan “irregularidades específicas”. Señala el comunicado que “uno de los hallazgos más relevantes es que, 4.405 pagos fueron realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho, por un valor que supera los $83.082 millones…” Dicho pago, afirma el comunicado, se hizo mediante “un concepto jurídico, que modificó la interpretación que venía aplicando la entidad sobre esta prima, sin que existiera reforma legal, ni sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial consolidada”. Además, identificaron pagos a docentes que gozan de pensión gracia o doble pensión, o que su mesada pensional supera los tres salarios mínimos establecidos para adquirir este derecho e incluso a algunos docentes ya fallecidos. Finalmente, el FOMAG denuncia “la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos, con información de más de 9.000 docentes al abogado Yobany Alberto López Quintero”; base de datos que se supone es confidencial y de uso exclusivo de la entidad.
Se deduce de la denuncia, que muchos de los pagos se hicieron a un grueso docentes equivalentes al 97% de los que habían perdido el derecho, por fallos de primera y segunda instancia (Consejo de Estado) en contra de las demandas interpuestas a través del abogado Yobany López Quintero; las cuales quedaron debidamente ejecutoriadas.
Para consumar el fraude, el abogado López Quintero, presuntamente difundió, mediante publirreportaje publicados en diferentes medios corporativos, Caracol, RCN, Infobae, Semana, El País, etc.; además, de videos retransmitidos en 23 departamentos, una falsa noticia, anunciando un “fallo histórico” de unificación de sentencias, que supuestamente cambió la jurisprudencia y revirtió los 4.405 fallos ejecutoriados; por tal “razón” convocó a las y los docentes que se pensionaron después de 2012, a acudir a sus oficinas para otorgarle poder para iniciar el proceso de cobro judicial correspondiente. En dichos publirreportajes no mencionan la fuente, ni el número, ni la fecha de la supuesta sentencia del Consejo de Estado..
El abogado de marras, se cuidó de ocultar que el Juzgado Quinto Administrativo del departamento del Quindío, frente a una tutela interpuesta, seguramente tutorada por él, ordenó a la fiscalía investigar a los ministros de educación, trabajo y hacienda, al presidente de la Fiduciaria La Previsora y al abogado López Quintero por estos fraudulentos hechos.
La oficina jurídica del FOMAG hizo revisión de los fallos del Consejo de Estado y constató que no existe ninguna sentencia de unificación que haya cambiado de jurisprudencia y menos revertido los fallos que negaron el derecho a sus 4.405 apoderados. Con la falsa noticia ampliamente difundida por los medios prepago, el mencionado abogado ha logrado engañar a miles de docentes, que lograron el reconocimiento y pago de su derecho a la prima, a los que luego presiona para que le paguen sus honorarios y los amenaza con someterlos a cobro coactivo.
Lo que probablemente informa el abogado fue haber radicado un derecho de petición colectivo supuestamente firmado por los 9000 maestros pensionados, cuyos nombres le fueron entregados subrepticiamente por algunos funcionarios de Fiduprevisora; pero, tampoco existe información al respecto. La amenaza de cobro coactivo se le hace a las y los docentes como forma de amedrantamiento para que paguen, sin que dicho cobro sea sustentado por fallo judicial alguno.
En el comunicado, el vicepresidente del Fomag informó que, en cumplimiento de su deber legal, presentó denuncia sobre estas irregularidades y claras acciones de saqueo de los recursos públicos del FOMAG, ante la fiscalía general de la Nación, en la que se incluye el abogado López Quintero para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
Así mismo, aclara que “El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos”, que se trata de proteger a maestros y maestras”, evitar que sean engañados y víctimas de perjuicios económicos y jurídicos y, “garantizar que los recursos del fondo se manejen con total transparencia. Defender el sistema es defender a quienes dependen de él”. Además, enfatizó que a los maestros y maestra que acrediten el derecho o ya gozan de la prima se les va a seguir reconociendo y pagando.
El FOMAG, ha dejado claro que está en disposición de asesorar a los maestros frente a las posibles acciones judiciales contra todos los docentes que recibieron estos pagos ilegales. Creo que todos estos colegas fueron engañados en su buena fe. Pero es obligación del FOMAG iniciar acciones tendientes a recuperar los $84.000 millones, hasta ahora confirmados, que le fueron robados. FECODE no debe seguir estando del lado equivocado de la historia.
José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia y fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
Deja un comentario