Es evidente que la política se hace entre amigos, y si bien es lícito apoyar a un amigo en sus aspiraciones, la amistad no debe ser un requisito, y menos el criterio principal para endilgar responsabilidades a aquellos que no tienen la capacidad ni la rectitud requerida para desempeñar funciones que ponen en juego intereses comunes. ¿Por qué apoyar o elegir a alguien que no tiene la idoneidad o la reputación requerida para manejar recursos públicos? Se puede argüir que, por ejemplo, los cargos de libre nombramiento y remoción permiten seleccionar a personas de confianza, pero ello no significa que la amistad deba ser el criterio que prime sobre los demás. Una cosa es la amistad y otras la idoneidad, el mérito y la responsabilidad.
El amiguismo, unido al sistema clientelista y a la concepción patrimonial del poder ha llevado a los políticos a pensar que se pueden administrar las instituciones públicas como si se pudiera disponer de ellas de la forma como se hace con un bien de propiedad privada. El resultado ha sido la captura del Estado por parte de clanes familiares con objetivos burocráticos como factor determinante de una corrupción que impide el desarrollo y profundiza la inequidad.
En Colombia es notorio que las ternas de candidatos para cubrir puestos de importancia en el Estado no tienen nada de transparentes y que el juego se da entre un reducido número de actores que pasan de un escenario a otro en una partida cerrada a muchos aspirantes y que da lugar a un mundo alejado de la realidad, en el que se tejen componendas propias de las cortes medievales.
La frase de Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, “menos amiguismo y más cercanía con la gente” sintetiza acertadamente la convulsionada situación que vive el país, testigo del manejo cerrado que el Presidente le ha dado a la crisis que tiene casi paralizado al país. Sordo al clamor de la ciudadanía y de los jóvenes, cierra filas con sus amigos cercanos y prefiere jugar al enroque de sus ministros y funcionarios de primera fila y apostarle a la mano dura para controlar la protesta social.
La situación no sería más que otro episodio de una larga historia de todos conocida si no terminara por incrementar la debilidad de las instituciones supuestamente democráticas del país en una situación de extrema gravedad como la que se vive actualmente.
Mofa han hecho algunos del autoritarismo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, quien nombra a funcionarios de bolsillo y vulnera abiertamente la separación de poderes en su país, atentando de esta manera contra uno de los pilares de la institucionalidad democrática. De lo que no se dan cuenta estos críticos es de que, así como todos los caminos conducen a Roma, también existen distintas vías que desembocan en el autoritarismo cuando se atenta contra la división de poderes y se debilita el sistema de pesos y contrapesos concebido para controlar el abuso de poder. ¿No es lo que ocurre en Colombia cuando la Defensoría del Pueblo pasa a depender en la práctica de la Fiscalía la cual está al servicio del Gobierno mientras la Procuraduría abre investigaciones a alcaldes y gobernadores por, supuestamente, apoyar el paro nacional o anda con el embeleco de propiciar espacios de concertación, cuando lo que le corresponde es sancionar los desmanes de la policía? Estas anomalías contribuyen, sin duda a debilitar las instituciones estatales y despejan el camino al autoritarismo que ha caracterizado este gobierno
Valga la pena recordar que se llama institución a un conjunto relativamente estable de normas y prácticas incrustadas en estructuras resistentes a los cambios súbitos o permanentes que permiten prever ciertos resultados y brindan seguridad. Desde una perspectiva institucional, las instituciones crean capacidades para actuar a la vez que constituyen elementos impersonales de orden y predictibilidad al moldear las propuestas de cualquier fuente de decisión. En otros términos, las instituciones son parte integrante de un régimen democrático y definen el modo de operar del Gobierno en el marco de lo contemplado en la Constitución.
La confianza de los ciudadanos en las instituciones es un factor esencial para el buen funcionamiento de la democracia porque condiciona las formas de intercambio social. El amiguismo, que actúa por interés propio o privado, vulnera el orden democrático al sobrepasar los límites prescritos o borrar la distinción de funciones que articulan el poder político. La corrupción que acompaña estas prácticas, asociada al amiguismo, ha provocado el desdén de los colombianos hacia los partidos políticos y a las instituciones de la República lo cual se convierte en un obstáculo más para la convivencia pacífica.
En el marco de las necesidades del momento y de los cambios posibles en la actual coyuntura surge la necesidad de fortalecer las instituciones republicanas para evitar la acción de agentes incrustados en el Gobierno tentados de actuar con patente de corso a costa de debilitar todavía más la ya maltrecha democracia colombiana.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: Las2orillas
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