En EEUU, las primeras protestas contra la construcción de represas e hidroeléctricas, se comenzaron a presentar a principios del siglo XX. Se originó a partir de la propuesta de construcción en el valle de Hecth Hectchy, dentro del Parque Nacional Yosemite, para el suministro de agua para San Francisco, después del terremoto de 1906.
En 1944 con el proyecto de la represa de Oahe, que expropió e inundó territorio del Pueblo Siux en Standing Rock, provocando una de las más grandes concentraciones de pueblos originarios de Norteamérica en toda la historia. Entre 1952 y 1956, con la oposición triunfante a la construcción de la “Represa de Echo Park”, se considera como el nacimiento del ambientalismo moderno. Hoy en día se han demolido al menos 1150 represas por todo Estados Unidos.
Para 1985, después de décadas de protestas, se funda en Berkeley, California, la International Rivers Network (IRNA), red dedicada a “conectar a activistas de todo el mundo para detener proyectos hidroeléctricos destructivos y promover alternativas sostenibles.”
El movimiento que ha ido agrupando a las comunidades afectadas por las represas e hidroeléctricas, fue cogiendo fuerza como resultado de la construcción de estas en Asia, África y Latinoamérica primordialmente, por ser causantes de desplazamiento forzado, impacto ecológico y deuda económica adquirida por los países, ya que no se recuperan los costos asumidos y muchas se han convertido en “elefantes blancos”.
El 1er. Encuentro Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, realizado en Curitiba, Brasil, en 1997, da inicio a la celebración del “14 de marzo como Día Mundial de Acción contra las Represas, a favor de los Ríos, el Agua y la Vida”. Para el 2000, el movimiento contras las represas, el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), crearon la Comisión Mundial de Represas (WCD), publicando un informe considerado histórico, resaltando que “si bien las represas generan energía, sus costos sociales y ambientales suelen ser inaceptables y subestimados”.
En las décadas de los 70´y 80´, se presentan las primeras protestas de resistencia contra la construcción de las represas e hidroeléctricas en Colombia. Se recuerda la oposición de las comunidades de Guatapé y El Peñol contra el embalse que lleva el mismo nombre. En esta lucha lograron el derecho al reasentamiento en mejores condiciones. En los 90´se acompañó con la lucha por los derechos humanos y los territorios. Un caso a resaltar fue la lucha del pueblo Embera katío, en su resistencia a la construcción de la represa Urrá I, en el Río Sinú, departamento de Córdoba, obra que se inició en 1993 y comenzó operaciones en el 2000. Está se dio con movilizaciones y reclamos jurídicos. Por igual y paralelamente comenzaron a surgir alianzas entre comunidades campesinas afectadas, ambientalistas y la academia. Para el presente siglo se han destacado en la lucha contra las grandes hidroeléctricas, el Movimiento Ríos Vivos y ASOQUIMBO, precisamente en defensa de los ríos y la vida.
Debo resaltar que hoy en día la ONU, da reconocimiento al “desplazamiento forzado” o “desarrollo forzado” como consecuencia de los proyectos y obras de infraestructura, ligadas al llamado progreso o desarrollo, otorgando el derecho a ser protegidas las personas y comunidades afectadas por las mismas, al considerarse que le son violados sus derechos humanos.
El máximo organismo mundial, prohíbe el desplazamiento forzado, sumando concretamente los casos de “proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por un interés público superior o primordial”, considerando en todo caso que “los desalojos forzosos por obras de infraestructura, sin las debidas garantías, son una violación flagrante de los derechos humanos”. En Colombia hasta el momento no se le han reconocido sus derechos integral y debidamente, a las personas y poblaciones afectadas por obras de envergadura.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: DW
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