La descertificación del gobierno colombiano en materia antidrogas, la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro y la inclusión suya, de su familia y de Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton constituyen un ataque directo a la soberanía nacional de Colombia. Es, en esencia, una forma de sanción política disfrazada de moralismo. Trump, en su arrogancia imperial, pretende decidir qué gobiernos son “legítimos” y cuáles deben ser castigados, retomando el viejo papel de juez del hemisferio.
El mensaje es inequívoco: todo gobierno latinoamericano que se atreva a tener una política autónoma, que cuestione la hegemonía estadounidense o que apueste por la justicia social antes que por la sumisión, será tildado de “narcotraficante”, “dictatorial” o “enemigo de la libertad”. Lo que se esconde tras las sanciones financieras y las amenazas militares no es una preocupación por las drogas, sino el pánico del imperio ante un liderazgo latinoamericano que no puede controlar.
La inclusión en la Lista Clinton —una herramienta de guerra económica que congela activos, bloquea transacciones y estigmatiza a personas sin juicio previo— no tiene otro propósito que el de estrangular políticamente a un gobierno disidente. No hay debido proceso ni pruebas. Hay, simplemente, la palabra imperial que acusa, sentencia y ejecuta. En el fondo, es un mecanismo de castigo colonial moderno: el látigo del dólar reemplazando al látigo del amo.
Más aún, las amenazas de Trump de “tomar acciones” contra Colombia si esta no elimina sus “campos de muerte” revelan la desfachatez del poder imperial. Se trata de una amenaza de invasión militar contra un Estado soberano, un acto que viola flagrantemente el derecho internacional. Trump actúa con la impunidad del que se sabe protegido por la asimetría global: su país puede violar fronteras, certificar países, desarrollar operaciones encubiertas, imponer sanciones y asesinar a civiles —como las más de 30 personas asesinadas en aguas nacionales e internacionales— sin que la comunidad internacional lo sancione.
No es exagerado afirmar que estamos ante una expresión contemporánea del colonialismo, donde el narcotráfico funciona como excusa moral y legal para ejercer control político sobre el Sur Global. En nombre de la “lucha contra las drogas”, se perpetúa un orden de dependencia en el que los pueblos latinoamericanos siguen pagando con su sangre, su economía y su dignidad las adicciones y fracasos del Norte.
La respuesta del gobierno colombiano: dignidad frente al atropello
La reacción del presidente Gustavo Petro ha sido, en mi opinión, una de las respuestas más firmes y lúcidas que un mandatario latinoamericano haya dado frente a un acto de prepotencia imperial. Su rechazo público a las calumnias de Trump, su denuncia del asesinato de civiles en operaciones estadounidenses y su defensa del principio de soberanía no son gestos retóricos: son un acto de resistencia ética.
Petro ha dejado claro que su gobierno es el que más cocaína ha incautado en toda la historia de Colombia. Los datos son contundentes: 889 toneladas en 2024, una cifra sin precedentes. Y, sin embargo, es precisamente bajo ese récord de eficacia cuando el imperio decide “descertificar” al país. Esto demuestra que el problema no es la cocaína, sino la independencia política de Colombia.
El presidente ha respondido con una claridad que desarma la hipocresía: el verdadero problema de las drogas no está en los campesinos cocaleros ni en las selvas de Colombia, sino en el consumo compulsivo y el sistema financiero del Norte. “Promover la paz no es ser narcotraficante”, dijo Petro, y tiene razón. La paz territorial, la sustitución de cultivos y la reducción de la violencia son estrategias más humanas, racionales y eficaces que las guerras perpetuas financiadas por Washington.
Su decisión de no aceptar la lógica del vasallaje —ni las limosnas militares, ni la “ayuda” condicionada— representa un acto de emancipación política. Cuando Petro afirma que las relaciones con Estados Unidos deben ser “de República a República”, está pronunciando lo que América Latina ha callado durante décadas: que la soberanía no se mendiga, se ejerce.
Además, el gobierno colombiano ha tenido el acierto de denunciar ante el mundo las violaciones del derecho internacional cometidas por Washington. Las incursiones militares en aguas colombianas, la amenaza de intervención y la revocatoria arbitraria de visas a funcionarios son actos de hostilidad diplomática que ningún país libre debe tolerar.
La respuesta de Colombia es, por tanto, una defensa de la legalidad internacional frente al cinismo imperial. Y es también una lección moral: no todo se compra, no todo se doblega, no todo se silencia con sanciones.
Colonialismo, imperialismo y el miedo del poder ante la autonomía
Lo que hace Trump no es nuevo: es la vieja estructura colonial reactivada con nuevos instrumentos. Donde antes hubo cañones, hoy hay sanciones financieras. Donde antes hubo virreyes, hoy hay “certificaciones”. Donde antes hubo invasiones, hoy hay amenazas “preventivas”. El método cambia, pero la lógica es la misma: mantener a Abya Yala como territorio de obediencia, como periferia útil, como extensión geopolítica del poder blanco y capitalista del Norte.
Lo que presenciamos en estos momentos de la historia, es la expresión más cínica del racismo estructural que aún organiza las relaciones internacionales. Para el imperialismo estadounidense —y para su versión trumpista, más brutal y descarnada— los pueblos del Sur no tienen derecho a definir su destino. Deben ser guiados, tutelados, “certificados”. La “guerra contra las drogas” funciona aquí como narrativa civilizatoria, como el pretexto moral del conquistador que se arroga la misión de corregir al “salvaje” que no obedece.
Trump teme, y con razón, la autonomía de gobiernos como el de Petro. Le teme porque esa autonomía desestabiliza su visión del mundo: una visión de extrema derecha, patriarcal, blanca y supremacista, en la que ese gran territorio al sur del rio Grande, solo tiene cabida como patio trasero o mercado cautivo. Al no poder controlar a Petro —al no poder manipularlo con “ayuda”, con diplomacia ni con amenaza—, Trump recurre a lo que mejor conoce: la difamación, la sanción y el castigo.
Este comportamiento no solo es imperialista, sino profundamente colonial en su esencia. Colonial porque niega la igualdad soberana de los pueblos. Colonial porque convierte la diferencia política en delito. Colonial porque humilla al disidente con el estigma del “narcotraficante”, el nuevo “bárbaro” del siglo XXI.
La respuesta de Petro y de una buena parte de la población colombiana que no se arrodilla, debe, por tanto, leerse en clave decolonial: es una afirmación de dignidad, una ruptura con la verticalidad del poder imperial. Al negarse a arrodillarse, Colombia está haciendo lo que la historia exige: reconstruir su voz, su autonomía y su derecho a decidir sin permiso.
La dignidad como resistencia
Lo que ocurre entre Colombia y el gobierno de Trump no es una disputa bilateral más. Es la síntesis de un conflicto mucho más profundo: el choque entre la soberanía del Sur y la arrogancia imperial del Norte.
Trump ha convertido la lucha antidrogas en un instrumento de dominación, una excusa para humillar a los gobiernos que no se alinean con su ideología. Su comportamiento es una muestra de que el imperialismo no muere: solo se reinventa. Hoy se expresa con sanciones, bloqueos y “listas negras”, pero la lógica sigue siendo la misma: imponer obediencia y castigar la independencia.
Frente a ello, la respuesta de Petro representa una grieta en el muro del poder colonial. Su afirmación de que Colombia no aceptará ser tratada como vasallo, su defensa de las cifras récord de incautaciones y su denuncia ante el mundo del cinismo imperial colocan a Colombia en el centro de una disputa histórica: la de los pueblos que deciden no obedecer más.
Desde una mirada crítica, debemos decirlo con toda claridad: la descertificación de Colombia, la inclusión de su presidente en la Lista Clinton y las amenazas de Trump constituyen actos coloniales de agresión política. No son políticas antidrogas; son políticas de sometimiento.
La verdadera batalla, por tanto, no es por la cocaína ni por las visas, sino por la soberanía y la dignidad. Colombia, con Petro a la cabeza, ha decidido no ser más el peón del imperio. Y eso, en un mundo aún dominado por la arrogancia colonial del Norte, es un acto revolucionario.
En esta confrontación, no solo se juega el futuro de un país, sino el de toda Abya Yala. La región entera debería comprender que la dignidad no se negocia y que ningún imperio —ni el de ayer ni el de hoy— tiene derecho a decidir quién merece libertad. Porque, al final, lo que está en disputa no es la droga: es la dignidad misma.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: France 24
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