La decisión de esta semana del procurador general de revocar la arbitraria sanción impuesta en su contra por la exprocuradora Margarita Cabello es un acto de elemental justicia, pero aun es insuficiente: La justicia para ser justa debe ser total.
La historia de la infamia inició el 7 de mayo de 2024 cuando la Procuraduría General de la Nación suspendió por 9 meses al Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, y en fallo de segunda instancia lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos. El fallo ratificado por el mismo organismo el 30 de julio, lo señalaba de haber solicitado a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca; lo que, según la procuradora, lo apartaba de los fines misionales de la entidad.
Además de ello, adelantó una investigación disciplinaria contra Pérez por haber modificado la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, con el propósito de garantizar un proceso más amplio, transparente y democrático. El cobro no se hizo esperar. Y el tufo a retaliación política fue evidente.
Luis Guillermo Pérez presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria contra la procuradora Margarita Cabello Blanco, a quien responsabilizó de haber impulsado una persecución política en su contra. En abril de 2024 el abogado Miguel Ángel del Río asumió su defensa e interpuso una denuncia ante la Fiscalía, acusando a funcionarios de la Procuraduría de persecución y arbitraria suspensión. Sin embargo, la procuradora insistió en la vulneración de derechos, y sólo fue posible rectificar el daño hecho con la llegada de una nueva cabeza al Ministerio Púbico, en enero de 2025.
El procurador general Gregorio Eljach, tras revisar el expediente, le dio la razón al funcionario sancionado y concluyó que no se había garantizado el debido proceso, al no haberse valorado correctamente las pruebas y los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario.
El auto emitido por Eljach señala que no se encontró evidencia suficiente de que Pérez hubiera actuado por fuera de sus funciones o cometido faltas que justificaran la sanción impuesta. “Dicha inconsistencia, persistió durante todo el proceso, desde el pliego de cargos e incluso hasta las decisiones definitivas de primer y segundo grado que culminaron con la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce años a Luis Guillermo Pérez Casas, motivo por el cual deben revocarse oficiosamente los interlocutorios cuestionados, en aras de la preeminencia de las garantías sustanciales del disciplinado”, indica la resolución del Ministerio Público que revoca la arbitraria medida impuesta contra Pérez[1].
Y no se trata de una victoria pequeña contra el establecimiento, como afirma el jurista. Se trata de un triunfo democrático. “Esto muestra que jamás un órgano de control ni ningún órgano judicial debe prestarse para hacer persecuciones de naturaleza política y que se deben respetar los derechos fundamentales”, expresó Pérez en una entrevista realizada por el periodista William Parra para el programa El Calentao de RTVC y Señal Colombia.
La persecución en su contra fue orquestada directamente por la procuradora Cabello y ejecutada por sus delegados, sin que existiera siquiera una queja disciplinaria formal, como quedó plenamente evidenciado. “De acuerdo con los documentos del caso, desde el folio 5 del expediente aparece la confesión de la delegada para el sector trabajo, Ana Margarita Ojeda, quien reconoció que las acciones disciplinarias contra Pérez respondían a órdenes de la Procuradora General de la Nación. Esto derivó en una suspensión de nueve meses, seguida de la destitución e inhabilidad por 12 años”[2].
La decisión del procurador Eljach reconoce que todo el proceso contra Pérez fue violatorio de la Constitución y de la ley. “Ahora podré regresar al gobierno si el presidente así lo considera. Incluso hay sectores que quieren que me presente al Congreso en las elecciones de marzo próximo”, indicó el exsuperintendente, a la vez que anunció que, a través de su abogado, Miguel Ángel del Río, formalizará una denuncia penal contra Margarita Cabello ante la Corte Suprema de Justicia, por abuso de poder y persecución política.
Hoy está claro que el ex superintendente no prevaricó ni incurrió en delito alguno ni en falla disciplinaria; y que fue la ex procuradora quien se apartó de sus funciones constitucionales, para usar su cargo de máxima responsabilidad en el Estado para proteger a sus amigos[3], perseguir opositores e incurrir en actos de corrupción, como lo afirmó la senadora Esmeralda Hernández, al interponer contra ella una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia por la adjudicación de contratos millonarios a allegados sin seguir el debidamente estipulado concurso de méritos. De este modo se habrían desviado “más de dos mil millones de pesos en contratos a personas cercanas a Cabello, incluidos su abogada personal, el exprocurador Edgardo Maya y el yerno del también exprocurador Alejandro Ordóñez”[4].
Luis Guillermo Pérez, pese a los ataques contra su buen nombre, sigue gozando de una destacada reputación profesional, construida a lo largo de más de 40 años en la defensa de los derechos humanos, como presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y antes en el comité de expertos del Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (CNCD) y también como docente de la ESAP; ahora el Estado tendrá que repararlo y garantizar su derecho a justicia. Pérez podrá retomar con la frente en alto su labor en la función pública o en las organizaciones sociales u organismos internacionales; pero su caso abre un debate necesario que va más allá del indebido uso de poder para dañar a un hombre decente y justo. El daño es social y es profundo, y se ejecuta porque existen las condiciones que lo facilitan.
Cuando los órganos de control -que deberían ser imparciales-, no son controlados por el sistema y se usan para perseguir a la oposición política se está erosionando la confianza en las instituciones, en la integridad del sistema judicial y en los procesos electorales. La persecución política, que se ejerce bajo el disfraz de vigilancia y control, atenta contra la pluralidad de ideas, la libertad de expresión, la justicia y el Estado social de derecho; pilares fundamentales de una sociedad democrática.
El impacto de esa forma de persecución política trasciende los casos individuales porque fractura la relación social y política de la sociedad con los gobiernos de turno, intensifica la polarización, inhibe la participación política y el debate púbico, y de paso, impide la construcción de consensos. Además, pone en evidencia la falta de transparencia administrativa, de regulaciones y límites en la función de ciertos cargos de máxima responsabilidad y demuestra la peligrosa capacidad que se puede desplegar desde la institucionalidad para hacer daño a la ciudadanía con los recursos e instrumentos del mismo Estado, lo cual es propio de sistemas autocráticos y dictatoriales. Y cuando se mina la legitimidad de un gobierno o de un organismo de control, especialmente cuando se basa en acusaciones sin fundamento contra opositores, se está invocando la violencia, fomentando un discurso de odio y fortaleciendo la corrupción.
‘El caso Luis Guillermo Pérez’ no ha sido el único en el país; la persecución política desde los organismos de control, pese a sus costosas sanciones y consecuencias para la democracia ha sido una constante en los últimos tiempos, y su rechazo ha llegado hasta los organismos internacionales. En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los derechos políticos del exalcalde Gustavo Petro. La Corte encontró que estos derechos se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación 15 años para ocupar cargos públicos, impuesta por la Procuraduría General de la República, en cabeza del extremista de derecha, Alejandro Ordoñez. Petro fue alejado del cargo para el cual había sido elegido por voto popular, entre el 1 de marzo y el 23 de abril de 2014, cuando fue restituido. La CIDH recomendó que la sanción fuera revocada, y pidió que Petro fuera reparado y se adecuara la legislación interna sobre la potestad que tiene la Procuraduría de inhabilitar y destituir a personas elegidas popularmente; aspecto éste que no ha sido corregido.
El 10 de mayo de 2022 volvió a suceder cuando la procuradora Margarita Cabello suspendió al alcalde de Medellín Daniel Quintero por supuesta participación en política electoral, “después de que el alcalde subiera a su cuenta de Twitter un video en el que, entre chiste y chanza, habla de “el cambio, en primera”. Para la procuradora es una implícita alusión al eslogan de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República”[5]. El abogado Rafael Barrios Mendivil, consideró que su determinación fue arbitraria y discriminatoria.
Otro caso de arbitrariedad recordado por el país con indignación, lo protagonizó de nuevo el procurador Ordóñez cuando destituyó e inhabilitó por 12 años al alcalde de Medellín Alonso Salazar, señalándolo de “participación indebida en política”. El ex alcalde demandó y el Consejo de Estado le dio la razón[6]. Su caso se convirtió en un precedente importante sobre el deber de garantizar los derechos políticos de los funcionarios públicos y sobre las repercusiones de estas actuaciones abusivas que pervierten la esencia institucional, para que en vez de garantizar derechos los violente; lo que además genera todo un desgaste para el sistema y representa pérdidas de recursos económicos, políticos y sociales, y sobre todo de credibilidad.
En una democracia sana, los órganos de control son independientes, no están sujetos a presiones políticas, y se someten a la ley y la constitución; nunca están por encima de ellas. Su función es verificar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública, y garantizar la debida rendición de cuentas, no la represión política. Y en eso aún nos falta mucha política, educación y profundidad democrática. La amenaza persiste, aunque hoy celebremos el retorno de Luis Guillermo Pérez y la restitución de sus derechos.
__________________
[1] Infobae; “El procurador honra su mandato”: Eljach revoca sanción contra exsuperintendente del Gobierno Petro”. Bogotá, abril 12 de 2025. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2025/04/12/el-procurador-honra-su-mandato-eljach-revoca-sancion-contra-exsuperintendente-del-gobierno-petro/
[2] Radio Nacional de Colombia: “Consejo de Estado revoca sanción contra Luis Guillermo Pérez y él responde con acciones legales”. Bogotá, abril 15 de 2025.
Ver en: https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/luis-guillermo-perez-revocatoria-de-sancion
[3] Cuando se adelantaba la investigación en la Procuraduría contra la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen por las irregularidades en el contrato con la unión temporal Centros Poblados, que implicó el giro irregular de un anticipo por $70.000 millones, que se perdió, la acusada se reunió varias veces con la Procuradora General con quien además de compartir ciudad de origen, Barranquilla, tienen en común haber sido parte del gobierno Duque como fichas del mafioso clan de los Char. Ver: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/procuradora-margarita-cabello-reconoce-que-se-ha-reunido-varias-veces-con-mintic/20210825/nota/4160772.aspx
[4] Infobae; “Senadora del Pacto Histórico denunció a la procuradora Margarita Cabello por corrupción: “Se gasta más de 2 mil millones en contratos para amigos”. Bogotá, 27 de febrero de 2024. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2024/02/27/pacto-historico-denuncia-a-la-procuradora-margarita-cabello-por-corrupcion/
[5] Colectivo de abogados José Alvear Restrepo; “La discriminación política de la procuradora”. Bogotá, 2022. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/la-discriminacion-politica-de-la-procuradora/
[6] Dejusticia; “El caso de Alonso Salazar. Tres regaños del Consejo de Estado al procurador”. Bogotá, 2012. Ver en: https://www.dejusticia.org/column/el-caso-de-alonso-salazar-tres-reganos-del-consejo-de-estado-al-procurador/
Maureén Maya S.
Deja un comentario