De nuevo la política pública de víctimas se raja
Hace unos pocos días la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas CSMLV, publicó su cuarto informe anual que entregó al Congreso de la República. El informe se ocupa de los avances y desarrollos de la ley 1448/11. En términos generales se puede señalar, que los órganos de control mantienen su tendencia de cuestionar la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, dadas las persistentes fallas en la implementación de la política pública de víctimas.
Este año con una extensión más corta que el tercer informe, reitera sus observaciones y preocupaciones sobre las bajas cifras de cobertura e impacto sobre el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Llama nuestra atención que este informe incorpora el impacto que tendrá sobre las víctimas todo el proceso de implementación del acuerdo final de paz, haciendo un énfasis especial en el tema presupuestal y los cálculos del costo del proceso de implementación del mismo.
Se ocupa este cuarto informe de destacar los aspectos más contundentes que afectan el desarrollo de la política pública de atención a víctimas, como los son el tema del presupuesto, participación, atención, reparación colectiva, restitución de tierras, protección, atención psicosocial, coordinación institucional, como aspectos relevantes que dan cuenta efectivamente de lo que pudiéramos denominar un retroceso en la política pública y en todo caso un incumplimiento del gobierno con los compromisos adquiridos con la corte constitucional, el acuerdo final de paz y el compromiso ético de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado.
En todo caso es necesario reiterar como se ha dicho en otras ocasiones, que resulta francamente inaceptable, que el gobierno no ponga su mejor esfuerzo para ser consecuente con el discurso que ha promovido en los últimos meses, en el marco de los desarrollos del acuerdo de paz con las FARC, en el que se repite insistentemente que las víctimas están en el centro de la solución del conflicto y la construcción de la paz, el reporte de solo un 7% de las víctimas indemnizadas, en un periodo contabilizado desde el 2008 hasta la fecha, deja poco que desear en materia de goce efectivo de derechos y mucho menos en la consecución de la paz duradera y estable, de la que tanto se habla.
Menos plata, menos reparación.
En materia presupuestal, aunque es necesario reconocer que el gobierno viene haciendo esfuerzos para aumentar los montos dedicados a la política pública de atención a las víctimas, también es necesario decir que la implementación es posible con transferencia de plata real a las entidades encargadas del desarrolló la política y no con el solo anuncio de que ello se va a hacer; así lo denuncia la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas que señala con toda claridad que a pesar de los esfuerzos presupuestales, los planes financieros no han logrado tener el requerido ajuste a través de la necesaria realización de un nuevo CONPES de víctimas, que supere las expectativas generadas por el CONPES 3712 de 2011.
Lo grave de esta situación está en la práctica, y es que el gobierno está agenciando una desfinanciación de la política pública de atención a víctimas, quizá justificándose en la crisis económica que tiene el país, entre otras cosas derivadas por los bajos precios del petróleo; pero que en todo caso resulta injustificable, por tanto no se pueden afectar los recursos destinados a la atención a víctimas, cuando se cuentan con fuentes de financiamiento como la reforma tributaria, en desarrollo por el actual gobierno.
Lo grave de toda esta situación de desfinanciación de la ley de víctimas, es el impacto que esta falta de recursos tiene en la ejecución de la ruta de indemnización a las víctimas. Señala el cuarto informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas que “a la fecha sólo han sido indemnizadas 580.415 víctimas del conflicto, dejando al 93% de estas víctimas en una incertidumbre por cuanto no existe un compromiso claro de la Unidad de Víctimas para establecer compromisos que fijen fecha o programación de pago para las víctimas que han solicitado ese derecho”. De todo esto, lo más grave es la situación de millones de víctimas del desplazamiento forzado, las cifras indican que sólo el 2.7% de las víctimas de este crimen de Lesa humanidad han accedido a su derecho a la indemnización.
Población RUV Vs población indemnizada según hecho
| Hecho Victimizante | Número de víctimas registradas | Víctimas indemnizadas
Numero |
Víctimas indemnizadas
% |
| Desplazamiento forzado | 7.386.811 | 196.719 | 2.7 |
| Delitos contra la libertad el ente vida sexual en desarrollo del conflicto armado | 19.067 | 5.582 | 29.3 |
| Desaparición forzada | 158.993 | 52.479 | 33.0 |
| Homicidio | 1.021.506 | 311.445 | 30.5 |
| Secuestro | 35.670 | 9.127 | 25.6 |
| Tortura | 10.023 | 204 | 2.0 |
| Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con el conflicto | 7.774 | 1.877 | 24.1 |
| Lesiones personales y sicológicas | 111.565 | 2.982 | 2.7 |
| Otros | 478.866 | ||
| Total | 9.230.275 | 580.415 |
Fuente UARIV, con corte 30 diciembre 2016
Participación al estilo del gobernante
Resulta francamente inaceptable que a estas alturas de la discusión política, el gobierno se siga burlando de derechos fundamentales como el derecho a la participación que tienen las víctimas. El cuarto informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas, detalla con mucha fuerza la forma en que el gobierno se burló de la consulta a la modificación a ley de víctimas, así lo manifestaron las organizaciones de derechos humanos denunciando que en el marco del “proceso amplio de participación”, a través del cual el gobierno pretendía recoger los propuestas para modificación a la ley de víctimas, según lo acordado en el punto 5.1.37 del acuerdo final de paz, sin embargo, a pesar de múltiples recomendaciones, el gobierno se negó a realizar un proceso informado y con el suficiente tiempo, para construir las propuestas y poder tener en cuenta las propuestas de las víctimas.
Como lo señaló el cuarto informe, “…el gobierno impuso un proceso participativo, precario y sin ninguna eficacia”, al final el gobierno a través de la UARIV y el Ministerio del Interior definieron unilateralmente los temas y las metodologías de la participación, organizando eventos improvisados y convocando víctimas de manera amañada, para que al fin la participación fuese una nueva burla a las víctimas. Igual sucede con las mesas de participación efectiva de las víctimas, a las cuales el gobierno no brinda un mínimo apoyo necesario para su funcionamiento, más allá de las elecciones de las mismas, no se apoya presupuestal y políticamente para dar cumplimiento a los planes de trabajo que estas realizan, además de negar la protección y los incentivos a la participación. El gobierno se conforma con la formalidad de la existencia de las mesas y no se ocupa de garantizar la participación efectiva las víctimas.
Pocos avances en derechos de las mujeres
El informe en comento, deja ver de manera clara la falta de voluntad del gobierno para ocuparse de los derechos de las víctimas y más específicamente de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, así se señala que en el seguimiento a las órdenes impartidas por el auto 092 del año 2008, los niveles de cumplimiento o a las distintas órdenes de la corte constitucional son francamente mínimas y esto tratándose de derechos de población tan sensible como las mujeres, entonces vale la pena pensar, si esto pasa con ellas, como será con el resto de población.
Sujetos de reparación colectiva. Puro cuento
Reitera el cuarto informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas, que uno los más graves atrasos en la implementación de la política pública tiene que ver justamente con la ejecución de los planes y programas acordados con distintas comunidades, en lo que se denomina sujetos de reparación colectiva, en los que se indica que no hay mayor avance, de los 500 casos identificados por la Unidad de Víctimas, simplemente por falta de presupuesto. Además de un ausencia total de coordinación interinstitucional que permita la confluencia de oferta de distintas entidades que logren tener un suficiente impacto sobre las comunidades victimizadas por el conflicto. Recientemente se denunció a través de los medios de comunicación que durante el año que permaneció Alan Jara al frente de la Unidad de Víctimas, el esfuerzo presupuestal para apoyar estos procesos colectivos fue absolutamente mínimo.
Atención psicosocial en busca de terapeuta
De nuevo se denuncia la falta de compromiso del gobierno para el desarrollo consecuente y efectivo de programas de atención psicosocial, el solo hecho de la existencia de dos programas institucionales, uno a cargo del Ministerio de Salud el PAPSIVI y la existencia de un programa a cargo de la Unidad de Víctimas, deja ver claramente la falta de coordinación y en todo caso la manera irresponsable como el gobierno asume el tema tan importante de la recuperación emocional de las víctimas del conflicto armado, a esto según se señala en el informe vale la pena agregar, que la falta de presupuesto para el desarrollo de estos programas, hace que los esfuerzos institucionales no tengan el suficiente impacto y continuidad necesaria para un programa de estas características, de esta manera un aspecto sensible de la reparación a las víctimas como el atención psicosocial continua siendo materia de improvisación y ejercicios sin el mayor impacto en la cobertura de la población que tanto requiere este derecho.
Protección, donde está la política pública?
El informe reitera de nuevo la preocupación por el tema de la protección a los líderes y lideresas que desarrollan acciones en procura del restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas y si bien es cierto como se señala en el informe que la terminación del conflicto armado con las FARC, ha significado una disminución de la intensidad del conflicto, también es cierto que por los resultados de violencia contra los movimientos sociales, líderes y lideresas encargadas de la lucha por el restablecimiento de los derechos, son la población más sensible víctima de múltiples agresiones que tan sólo entre enero de 2016 y julio de 2017 más de 180 líderes y lideresas sociales han sido asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Después de 13 años el Estado no logra la articulación institucional.
La mejor manera de demostrar la falta de compromiso y voluntad política del gobierno con la política pública para la atención a las víctimas, es justamente la que tiene que ver con el impulso de una política que permita la articulación institucional. El cuarto informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas, deja ver claramente que persisten 13 años después de haber sido emitido la sentencia T 025 2004, que insistía en la necesidad de hacer una mayor articulación institucional a fin de garantizar el uso eficaz y eficiente los recursos del Estado en materia de reparación y atención a las víctimas, sin embargo, hoy continua persistiendo este tipo de problemas, en donde la Unidad de Víctimas no ha sido capaz de garantizar la articulación de las instituciones nacionales encargadas del desarrollo de una única política pública y tampoco ha sido capaz de lograr la mínima coordinación entre las entidades de carácter nacional y territorial; por tanto las víctimas en muchas ocasiones son objeto de programas similares desarrollados por distintas entidades sin recurrir a principios como la complementariedad y la concurrencia. Al final terminan siendo programas de bajo impacto, porque en la mayoría de las veces se trata de programas experimentales, que podría tener más trascendencia si las entidades nacionales y territoriales juntaran los esfuerzos para unificar acciones de mayor impacto, que logren transformar las vidas de las víctimas del conflicto armado.
El papel de las víctimas en la implementación del acuerdo de paz.
Finalmente y a propósito de la sistemática actitud del gobierno y en general del Estado Colombiano para comprometerse con la garantía del restablecimiento pleno derechos a las víctimas del conflicto armado, corresponde a ellas fortalecer sus procesos de coordinación, articulación, desarrollo organizativo y movilización política, para que desde la movilización en exigibilidad de sus derechos, aprovechen este momento histórico que vive el país, y exigiendo que la consigna de la centralidad en las victimas se materialice en hechos concretos que logren de manera efectiva un restablecimiento pleno, pronto y efectivo a los derechos de millones de colombianos y colombianas que han sido afectadas por la guerra. El acuerdo final de paz abre escenarios frente a los cuales las organizaciones de víctimas deben tener un rol importante que supere la dispersión y la atomización que ha caracterizado a este movimiento, logrando tener una participación real y efectiva en las circunscripciones especiales de paz, estos escenarios creados por el acuerdo final, que debe ser aprovechado por las organizaciones de víctimas, que buscando acuerdos con otras organizaciones sociales, logre una participación unitaria, que permita a las víctimas tener una representación en la cámara de representantes y desde allí aumentar los grados de control político y exigibilidad cumplimiento de la ley 1448 en materia de reparación integral, garantías de no repetición, derecho a la verdad y el derecho a la restitución de tierras.
ALFONSO CASTILLO: Defensor de derechos humanos
Bogotá 6 de septiembre de 2017.