En un mundo cada vez más marcado por tensiones geopolíticas, retrocesos democráticos y el resurgimiento de narrativas nacionalistas, la figura del derecho internacional, y en particular del sistema multilateral de derechos humanos, enfrenta uno de sus momentos más críticos desde su nacimiento en el siglo XX. La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, de imponer sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, representa un punto de inflexión alarmante, tanto para la integridad del sistema internacional como para la protección de la verdad en contextos de violencia estructural prolongada.
Francesca Albanese y su mandato
Francesca Albanese, jurista italiana con experiencia en derecho internacional, fue nombrada en 2022 como relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. Su mandato, enmarcado en la Resolución 1993/2A de la antigua Comisión de Derechos Humanos (ahora Consejo de Derechos Humanos), consiste en investigar y reportar violaciones de derechos humanos en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, territorios bajo ocupación israelí. Como relatora independiente, Albanese no representa directamente a la ONU, pero actúa bajo los Procedimientos Especiales del Consejo, informando sobre abusos y promoviendo el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Cabe subrayar que los relatores actúan a título personal, de manera independiente y sin recibir remuneración, según lo estipulado por el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos. Por ende, sancionar a un relator por el contenido de sus informes representa una vulneración directa a la libertad de expresión, a la independencia del mandato, y al principio de no injerencia en los mecanismos de derechos humanos.
Desde su nombramiento, Albanese ha emitido seis informes que documentan detenciones arbitrarias, abusos contra menores, desplazamientos forzados y lo que ella describe como un “sistema de apartheid” y un “genocidio en curso” en Gaza. Su informe de junio de 2025, From Economy of Occupation to Economy of Genocide, acusó a empresas como Google, Amazon y Microsoft de beneficiarse de la ocupación israelí, lo que desencadenó la reacción de Estados Unidos. Albanese ha sido acusada por Washington de promover una “guerra política y económica” contra Estados Unidos e Israel, de antisemitismo, y de “apoyo al terrorismo”. Estas acusaciones, acompañadas por sanciones económicas y restricciones migratorias, han generado una ola de reacciones en la comunidad internacional.
Las sanciones de Estados Unidos
Las sanciones, impuestas bajo la Orden Ejecutiva 14203, congelan los activos de Albanese en EE.UU. y prohíben su entrada al país. Según Rubio, las medidas responden a:
- Apoyo a la CPI: Albanese respaldó investigaciones y órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, como Benjamin Netanyahu, y estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
- Cartas a empresas: Envió cartas a compañías internacionales acusándolas de complicidad en violaciones de derechos humanos.
- Acusaciones de antisemitismo: Rubio afirmó que Albanese mostró “antisemitismo descarado” y “apoyo al terrorismo”.
Estas sanciones reflejan la oposición de EE.UU. a la CPI, que no reconoce, y su apoyo incondicional a Israel.
La Orden Ejecutiva 14203 fué originalmente emitida en el primer mandato de Trump, y permite sancionar a personas extranjeras consideradas como amenazas a la seguridad nacional o intereses exteriores de Estados Unidos. Bajo esta lógica, EE.UU. ha expandido unilateralmente su poder de jurisdicción extraterritorial, aplicando medidas coercitivas fuera de su territorio contra funcionarios, académicos o jueces internacionales.
Este tipo de medidas ha sido duramente criticado por expertos en derecho internacional. Las sanciones extraterritoriales violan el principio de igualdad soberana de los Estados, consagrado en la Carta de la ONU, y pueden ser consideradas una forma de coacción económica ilegal según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Más aún, la imposición de restricciones a un funcionario de la ONU puede vulnerar la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, que garantiza la libre circulación y protección funcional de quienes desempeñan tareas oficiales en el marco del sistema multilateral.
En este caso particular, la posibilidad de que Albanese no pueda acceder a la sede de la ONU en Nueva York a causa de las sanciones es una violación flagrante del Acuerdo de Sede firmado entre Estados Unidos y las Naciones Unidas en 1947. Aunque Washington ha intentado justificar sus medidas invocando amenazas a su seguridad, la utilización de esta figura contra una relatora que denuncia crímenes de guerra refuerza la percepción de que Estados Unidos actúa como juez y parte, minando la arquitectura jurídica internacional que ayudó a crear después de 1945.
Apartheid, Genocidio y Crímenes de Guerra: El Contenido de los Informes de Albanese
Francesca Albanese no es la primera relatora especial en generar controversia por sus informes sobre Palestina, pero sí ha sido una de las más incisivas, exhaustivas y contundentes en el uso del lenguaje jurídico. Desde 2022 ha entregado seis informes al Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y otros órganos multilaterales, todos los cuales giran en torno a un diagnóstico común: la ocupación israelí no es simplemente ilegal, sino constitutiva de un régimen de apartheid con elementos genocidas.
El informe más reciente, publicado en julio de 2025, fue especialmente contundente. En él, Albanese argumenta que Israel ha incurrido en una política de destrucción sistemática de la sociedad palestina en Gaza mediante una combinación de asedio, ataques indiscriminados, desplazamiento forzoso, y una estrategia jurídica y discursiva que deshumaniza a la población civil. Estas prácticas, sostiene, encajan en la definición de genocidio contenida en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, particularmente en lo referente a “la destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
El informe incluye además evidencia detallada sobre:
- La expansión continua de asentamientos ilegales en Cisjordania, acompañada por violencia de colonos con protección del ejército israelí.
- La detención arbitraria de miles de palestinos, incluidos menores, sin garantías procesales.
- El uso de armamento prohibido o desproporcionado en áreas densamente pobladas.
- La demolición sistemática de infraestructuras esenciales, incluyendo hospitales, escuelas y acueductos.
Uno de los aspectos más novedosos del enfoque de Albanese ha sido su esfuerzo por responsabilizar no solo a los actores estatales, sino también a empresas privadas que se benefician económicamente del statu quo. Ha enviado cartas a firmas estadounidenses y europeas, advirtiendo sobre su posible complicidad en crímenes internacionales si continúan operando en asentamientos o brindando servicios al aparato represivo israelí. Esta dimensión económico-jurídica ha sido leída por Washington como un intento de lanzar una guerra “política y económica”, cuando en realidad se inscribe en el marco de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
Las afirmaciones de Albanese sobre genocidio y apartheid han sido rechazadas por Israel y EE. UU., que las califican de infundadas y antisemitas. Sin embargo, cada vez más organizaciones internacionales —incluidas Human Rights Watch, B’Tselem e incluso exfuncionarios israelíes— han adoptado terminología similar. Este consenso emergente no es simplemente semántico: es un esfuerzo por nombrar correctamente lo que ocurre para que pueda ser juzgado adecuadamente. En derecho internacional, nombrar es un acto político y jurídico. Llamar apartheid al apartheid, y genocidio al genocidio, es una obligación ética, no una provocación ideológica.
Reacción Internacional: Respaldo y Silencio
La ONU, en voz de António Guterres y Volker Türk, condenó las sanciones por ser un precedente peligroso. Amnistía Internacional y Human Rights Watch las calificaron como un ataque a la justicia y la independencia de los mecanismos de derechos humanos. Diversos gobiernos del sur global —Sudáfrica, México, Colombia, entre otros— han expresado su apoyo a Albanese.
En América Latina, el presidente colombiano Gustavo Petro se solidarizó públicamente con Albanese y la invitó a Bogotá para intercambiar visiones sobre justicia internacional y Palestina. Este gesto, lejos de ser meramente diplomático, fue interpretado como una toma de posición frente al intento estadounidense de aislar a la relatora. No es casual que la visita a Colombia haya sido uno de los motivos citados informalmente por Washington para justificar las sanciones.
Sin embargo, el respaldo diplomático no se ha traducido en medidas concretas. Este silencio estructural evidencia la asimetría del sistema internacional y la dificultad de proteger a quienes, como Albanese, denuncian violaciones perpetradas por actores poderosos.
Implicaciones para el Orden Jurídico Internacional
Las sanciones contra Francesca Albanese no son un hecho aislado, sino un síntoma de una enfermedad más profunda: la erosión del orden jurídico internacional frente al avance de poderes que instrumentalizan la legalidad internacional según sus intereses estratégicos. Este fenómeno, observable en múltiples escenarios —desde la guerra en Ucrania hasta la ocupación israelí de Palestina— pone en entredicho la universalidad de los derechos humanos y la imparcialidad de los mecanismos de justicia internacional.
En el plano jurídico, estas sanciones representan una forma de presión política que vulnera los principios de independencia e imparcialidad judicial. Si relatores, jueces o investigadores pueden ser objeto de represalias por el contenido de sus informes, se rompe el pacto fundacional del sistema multilateral: que los derechos no se negocian y que la verdad tiene valor incluso cuando incomoda al poder.
La instrumentalización del antisemitismo como acusación política también merece una reflexión crítica. Si bien el antisemitismo es un flagelo real y grave que debe combatirse sin ambages, utilizarlo para deslegitimar la crítica legítima a las políticas del Estado de Israel es profundamente dañino. Esta práctica no solo banaliza el término, sino que debilita la lucha contra el verdadero antisemitismo y silencia a las víctimas de crímenes de guerra.
Desde el punto de vista político, las sanciones envían un mensaje claro: la impunidad está garantizada si se pertenece a un bloque geopolítico protegido. Esta lógica es corrosiva para el sistema internacional. Si la CPI, el Consejo de Derechos Humanos o cualquier otra institución multilateral puede ser desmantelada o ignorada por las grandes potencias, el mensaje es que el derecho es secundario frente al poder.
Las consecuencias de esta doctrina son peligrosas. Se abre la puerta a una legalidad selectiva, donde los Estados fuertes imponen su narrativa mientras los pueblos ocupados, desplazados o agredidos son criminalizados por resistir o denunciar. En este escenario, Palestina no es solo una víctima: es un espejo de lo que podría suceder en otros contextos si se normaliza la persecución de quienes defienden la legalidad internacional.
Conclusión
El caso de Francesca Albanese debe ser entendido como una advertencia. No solo a quienes trabajan por los derechos humanos, sino a todos los que creen en la necesidad de un orden internacional basado en normas, no en intereses. La criminalización de la verdad, el castigo al disenso y la negación del sufrimiento de los pueblos oprimidos son señales inequívocas de un sistema en crisis.
Sin embargo, esta crisis también abre oportunidades. La respuesta internacional, aunque insuficiente en términos prácticos, muestra que todavía existe una comunidad global dispuesta a resistir. Desde las ONG hasta los gobiernos del sur global, pasando por ciudadanos comprometidos en cada rincón del planeta, se alzan voces que exigen justicia para Palestina y respeto para quienes, como Albanese, se atreven a nombrar lo innombrable.
El futuro del derecho internacional dependerá de nuestra capacidad colectiva para proteger sus principios frente al embate del cinismo geopolítico. Si permitimos que una relatora sea sancionada por cumplir con su deber, habremos abierto la puerta a un mundo donde la verdad es subordinada al poder. Pero si hacemos de su caso una bandera, y de su trabajo un punto de partida, entonces aún podemos imaginar —y construir— un orden internacional más justo.
La verdad no se sanciona. La verdad se defiende. Y en la defensa de esa verdad, Palestina —y el derecho internacional— encontrarán su esperanza.
Jaime Gómez Alcaraz, analista de política internacional
Foto tomada de: RFI
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