El lunes 8 de abril es probable que se comience la votación en el Congreso, con bastante seguridad en Cámara de Representantes, y que se nieguen las objeciones que el Presidente planteó, por inconveniencia, a seis artículos del Proyecto de Ley Estatutaria (PLE) de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP); esto después de haberse clarificado que los congresistas tienen la atribución de hacerlo.
Hasta ahí, nada especial, porque como se sabe, el Presidente con las objeciones al PLE de la JEP logró algo que desde el inicio del actual Gobierno no se había dado: volver a cohesionar a las Fuerzas políticas amigas de la Paz en el Congreso en la defensa del Acuerdo; tanto los partidos independientes, el Liberal y Cambio Radical, como un partido de la coalición de Gobierno, el partido de la U. y los partidos de oposición, Alianza Verde, el Polo, la lista de Los Decentes, el partido FARC, los indígenas, es decir una abigarrada coalición de hecho, ampliamente mayoritaria que se espera vote contra las objeciones presidenciales en las dos Cámaras.
Esto dentro de un contexto nacional marcado por una protesta social en ascenso, la Minga Indígena del Suroccidente transformándose en una protesta Nacional y un ambiente internacional con serias dificultades, por la pretensión del actual Gobierno de intentar colocar en la vecina Venezuela, un gobernante sacado de la presión mediática, cuando es evidente que quienes queremos una estabilidad en el país vecino, lo que deberíamos propender es por unas conversaciones serias entre el actual gobierno de ese país con la oposición y con terceros con poder, que lleven a garantizar unas elecciones generales con garantías tanto para las fuerzas del chavismo como de la oposición y que todos acepten los resultados, aunque no los favorezcan.
La anterior derrota en el Congreso podría asumirla el Gobierno y su partido Centro Democrático, como una derrota normal, con humildad republicana, como existen en la actividad congresional. A partir de allí podrían insistir en presentar una reforma constitucional que introduzca modificaciones en la dirección de los artículos objetados, lo cual además de poco probable que tenga resultados positivos, sería una búsqueda de una especie de ‘premio de consolación’, porque es evidente que cualquier cambio normativo no puede aplicarse a los miembros de las FARC, dirigentes o de la base, porque no se pueden aplicar, en derecho penal, normas de manera retroactiva, a no ser que beneficien a los implicados. Sería hacia futuro en un eventual acuerdo con el ELN u otras insurgencias.
Pero cabría otra posibilidad, que lo anunciado por el ex presidente Uribe, jefe natural del Centro Democrático, de convocar una Constituyente empezará a transitar el camino y ello colocaría en la agenda nacional un nuevo tema centralizador, pero igualmente con muchas incertidumbres en su trámite, porque de nuevo, la ley que eventualmente lo convocaría, tendría que ser aprobada por el Congreso y ya sabemos la precariedad de las fuerzas que apoyan al Gobierno en el Congreso.
En síntesis, es probable que las objeciones planteadas por el Presidente Duque al PLE de la JEP, terminen siendo, como lo predijeron algunos analistas, simplemente un desgaste, nacional e internacional, y una dilación para llegar a lo mismo, la necesidad de que se firme la Ley Estatutaria de la JEP por el Ejecutivo y darle de está manera a este mecanismo fundamental del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las herramientas para que continúe adelantando su compleja tarea.
Alejo Vargas Velasquez, Profesor Titular de La Universidad Nacional
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