Han pasado casi 9 años desde que se hicieron los Acuerdos de paz y la realidad de tales regiones sigue siendo la misma o peor como lo confirman los graves hechos de violencia en el Plateado y el Cañón del Micay; o los del Catatumbo; o los del Guaviare y la trocha ganadera; o los de Nariño y Tumaco; o los del Choco; o los de Buenaventura; o los del Bajo Cauca Antioqueño; o los del nordeste de Antioquia; o los del Caqueta, Putumayo y Huila; o los de Cali y el Norte del Cauca.
Todos estos territorios de la periferia se organizaron en los denominados Pdet (Planes de desarrollo con enfoque territorial) que son 16, con unos Planes para la transformación de los territorios, a los que se les asignaron unos recursos presupuestales de las Regalias para financiar proyectos de desarrollo en distintos campos como las vías terciarias, el agua potable, baterías sanitarias, construcción de colegios, de centros de salud, de sedes comunales, la producción de cacao, de caña de azúcar, de café y otros productos.
En esas actividades se han invertido, desde el 2017, 23 billones de pesos, con los resultados que ya se conocen por los estudios adelantados por investigadores independientes, que muestran como la corrupción y el despojo han sido la practica predominante, facilitando que una cadena de funcionarios y contratistas criminales se apropien de miles de millones de pesos de los dineros de la paz, sin que las autoridades disciplinarias, fiscales y penales hayan realizado acciones contundentes para frenar tal hecho.
Las denuncias se hacen por las comunidades, las veedurías ciudadanas y las auditorias comunitarias, pero todo sigue igual.
Aunque al inicio del actual gobierno se hicieron en el Ocad paz, unos ajustes metodológicos para la elaboración de los proyectos correspondientes, con el fin de romper brechas sociales y territoriales en los 170 municipios Pdet; nada se hizo para erradicar la corrupción, garantizar la transparencia y ética en la gestión de dicho Órgano colegiado. La cadena de corrupción quedó intacta en el trámite de las iniciativas de las alcaldías, pues los “cumples”, puntuaciones y Cetus, que son requisitos indispensables, siguieron en manos de una oscura burocracia experta en el cobro de coimas y comisiones; ni que decir que permanecieron los mismos contratistas responsables del despojo de estos recursos sagrados para la construcción de la paz.
Los sistemas de control social, la presencia de las Veedurías ciudadanas y auditorias comunitarias, como mecanismos de participación ciudadana, consagrados en la ley 1757 del 2015, brillan por su ausencia o son bloqueados desde las instancias estatales de manera deliberada. Los derechos de petición y demás reclamos de la comunidad se tornan inocuos en la narrativa que da respuesta a las quejas permanentes de la ciudadanía de los municipios Pdet.
Así, está en curso una nueva convocatoria para acceder a los recursos del Ocad paz, la primera de las cuales se inició el pasado 21 de abril/2025, incluyendo la postulación de proyectos, con un ciclo que cerró el lunes 5 de mayo en el que se registraron 683 proyectos por un valor de $11, 6 billones de pesos, con una disponibilidad inicial de $2,34 billones de un total general presupuestado para el bienio 2025-2026 de $5,2 billones de pesos de las Asignaciones para la paz.
Esta convocatoria y los recursos asignados para el efecto están en altísimo riesgo de corrupción si los mecanismos y herramientas adoptados en el decreto 1600 del 27 de diciembre del 2024, que contiene la estrategia anticorrupción del actual gobierno, no se utilizan oportunamente. Me refiero a la conformación de la Auditoria forense correspondiente, a la instalación del Radar anticorrupción y a la activación y garantías de y a las Veedurías ciudadanas y Auditorias comunitarias inscritas ante el Sistema General de Regalias.
La integridad de tales recursos está en alto riesgo dada la porosidad en que se encuentra el mecanismo administrativo del Ocad paz controlado por tres miembros, con voz y voto (delegado de paz, un alcalde y un gobernador), y con unos apoyos técnicos bastante frágiles y vulnerables, tal como lo puso en evidencia el Ocad paz del 13 de diciembre del 2024, en que, con el presunto concurso del actual gobernador de Arauca Renzon Martínez y de Giovanny Pinzón, ex secretario técnico del OP, se favoreció a manos llenas a ASOSUPRO, un “contratadero” con manejos muy oscuros de los dineros de la paz en los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare y Arauca.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Departamento Nacional de Planeación
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