Los datos de inflación de los meses de enero y febrero no justifican el tamaño de la decisión. De acuerdo con el DANE, la inflación del mes de febrero fue no solo inferior al de enero: 5,29% y 5,35%, respectivamente, sino que estuvo incluso por debajo de lo que el propio banco había proyectado en la Encuesta Mensual de Expectativas: 5,49%.
Quedan pues en cuestión los criterios que están orientando las providencias de la Junta, a las que tampoco respalda el comportamiento de otros indicadores, como el desempleo, por ejemplo, o los datos de crecimiento económico, que están dentro de los rangos esperados o incluso por debajo de los mismos. El desempleo en febrero tuvo una reducción de 1.1 puntos porcentuales respecto a febrero de 2025, que desvirtúa además las previsiones de hecatombe anunciadas con ocasión del incremento del salario del 23,7% para 2026.
Todo indica que no son propiamente criterios técnicos lo que está guiando a los creídos gurús de la economía, sino su negativa a revisar los dogmas y fundamentalismos teóricos, por qué no decir ideológicos, a los que han convertido en una especie de decálogo teológico para fundamentar sus decisiones.
Se equivocan si siguen considerando la política monetaria como el único instrumento de control de la inflación, sin advertir sobre sus inevitables impactos recesivos y el rol que en su comportamiento juegan otro tipo de factores, algunos ajenos a la política económica doméstica. Las dinámicas internacionales -ensombrecidas por las guerras militares y comerciales-, la interrupción de las cadenas de suministro, las alteraciones climáticas, entre otros, tienen un enorme peso en el comportamiento de los precios y no propiamente se corrigen con una resolución como la decretada por los intocables apóstoles de la ortodoxia monetarista.
La estabilidad macroeconómica trasciende el objetivo madre del Banco de la República, inflación cero, y debe estar en coherencia con otro conjunto de políticas, especialmente aquellas dirigidas a promover la dinamización de los sectores productivos, la generación de empleo, el estímulo a la capacidad de compra y la demanda de los consumidores, a lo que no le hace ninguna contribución el incremento del costo del dinero, que es, en últimas, a lo único que conduce la elevación de la tasa de interés.
Para cualquier ciudadano, independiente de su posición social o su nivel de ingresos, hoy resulta más gravoso usar su tarjeta de crédito, tomar un crédito de vivienda, de vehículo, en general de consumo o para atender otro tipo de necesidades. Pues está obligado a hacer una mayor contribución a las alforjas de una banca cuyos intereses se mantienen ajenos a los de un país que se esfuerza no solo por mantener a flote su economía, sino porque sus resultados redunden en beneficio de sus mayorías.
Flaco favor se les hace a los sectores reales de producción mientras se premia solo al sector especulativo y financiero, nacional e internacional, que viaja plácido, rápido, a bajo costo y con excelentes perspectivas a los lugares donde mayores dividendos les ofrezcan, hoy Colombia entre ellos.
Los efectos se verán también sobre la tasa de cambio: una mayor revaluación del peso que, con sus más y sus menos, producirá alteraciones sobre los volúmenes, los costos de producción y el tamaño de la demanda interna, por el impacto esperado sobre los precios de las materias primas y de los bienes e insumos importados. Queda esperar también lo que resulte para los exportadores, que verán mermar sus ingresos por cada dólar exportado y se situarán con menos ventaja frente a sus competidores internacionales.
Elevar -sin suficiente ilustración y sin que las circunstancias lo ameriten- en solo dos meses doscientos puntos básicos la tasa de interés es un contrasentido para una economía que hasta ahora no ha mostrado significativas alteraciones. Solo refleja el todos a una al que se han convocado las mayorías en el Congreso de la República, algunas Cortes, la Junta Directiva del Emisor y los sectores políticos y económicos reticentes al cambio, contra las políticas de estabilización, crecimiento y búsqueda de mayores condiciones de inclusión y equidad en las que se ha comprometido el actual Gobierno.
Que los sabios rectores de la banca no confundan autonomía con indiferencia, que tampoco sientan amenazada su independencia por el llamado que se les hace a revisar el saldo en rojo y los manuales ya obsoletos con los que insisten en seguir orientando el destino de nuestras naciones.
Orlando Ortiz Medina, Economista-Magister en estudios políticos
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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