La suspensión provisional de las normas establecidas en los tratados de la OMC-TRIPS (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de 1995, en particular sobre las patentes privadas con fines de lucro sobre medicamentos (incluidas las vacunas), sería un resultado provisional importante a favor de las poblaciones empobrecidas y marginadas del mundo. Sin embargo, no sería un paso adelante ni una nueva conquista política y social.
La suspensión no es una demanda de ayuda o solidaridad a los países ricos dominantes. Se trata de una solicitud de aplicación de los Tratados de la OMC.
Se trata de un recordatorio importante porque la mayoría de las veces se olvida. La suspensión provisional no implica ningún cambio en las normas. Está consagrado en los tratados ADPIC, en sus artículos 30 y 31, que prevén el uso de cuatro formas de exención, incluida la licencia obligatoria. El artículo 31 estipula que los Estados miembros pueden permitir el uso por parte de terceros (licencia obligatoria) o el uso público con fines no comerciales (uso por parte de las autoridades públicas) sin la autorización de los titulares de la patente. En contra de los deseos de algunos Estados expresados en el momento de la aprobación de los Tratados (los mismos que ahora se oponen a la suspensión provisional), el Acuerdo no limita los motivos de dicha utilización. Pero establece una serie de condiciones que deben respetarse para proteger los intereses de los titulares de las patentes.
Esto está claro, hay que decirlo. Después de 26 años de conflicto, la suspensión sigue siendo un problema político importante porque las empresas farmacéuticas y otras empresas de ciencias de la vida de Estados Unidos y la Unión Europea, propietarias de la inmensa mayoría de las patentes de ciencias de la vida, siempre se han opuesto y siguen sin estar dispuestas, en medio de una pandemia mundial mortal, a aceptar la aplicación de excepciones que se consideran contrarias a sus intereses. Los 14 países opositores, entre los más ricos del mundo (menos del 15% de la población), defienden ante todo los beneficios de «sus» empresas y la competitividad de su economía. Más allá de ciertos gestos filantrópicos de ayuda y compasión hacia los «pobres», les importa un bledo el derecho a la vida de miles de millones de personas.
Recordemos, entre otros grandes conflictos, la implacabilidad con la que 39 empresas farmacéuticas mundiales intentaron durante años que el tribunal de la OMC condenara a Sudáfrica por aplicar licencias obligatorias a las vacunas contra el SIDA. Obligadas por la opinión pública mundial, asqueadas por la inmoralidad de las empresas farmacéuticas, las 39 empresas retiraron finalmente su desafío contra Sudáfrica con la condición de que ésta fuera condenada a pagar un simbólico dólar. Obviamente, el tribunal de la OMC les dio la razón. En otras palabras, las empresas obtuvieron que se salvaguardara el principio del derecho a las patentes como uno de los principios fundamentales de la regulación en el ámbito de la vida y como prioritario sobre el derecho a la vida de los seres humanos. La oposición a la suspensión está «proscrita», es inaceptable, intolerable.
La petición
A la luz de estas consideraciones, creemos que es justo y legítimo cuestionar el alcance y la bondad del llamamiento dirigido el 15 de abril al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por más de 170 personalidades de todo el mundo, incluidos algunos ex jefes de Estado y decenas de premios Nobel, artistas y deportistas. Los firmantes le piden que intervenga para que su país se posicione a favor de la suspensión provisional de la pensión, durante el próximo consejo general de la OMC.
La primera cuestión se refiere al significado de su enfoque. ¿Por qué el llamamiento se dirige -en forma de petición cercana a una súplica- al presidente del Estado más poderoso del planeta, sabiendo que Estados Unidos siempre ha mantenido que los tratados internacionales son útiles cuando no son contrarios a los intereses de Estados Unidos? De ahí su negativa a firmar 59 tratados internacionales desde la Segunda Guerra Mundial y a abandonar otros unilateralmente sólo porque se les acusa de ser hostiles a EE.UU.
¿Por qué, con su llamamiento, aceptan abiertamente que el derecho universal a la salud se subordine a la buena voluntad de Estados Unidos, aceptando así las tesis tradicionales (blancas) estadounidenses sobre la supuesta excepcionalidad del papel y las funciones de EE.UU? ¿Puede la realpolitik justificar tal sumisión? Por el contrario, deberían haberse dirigido a Estados Unidos para denunciar lo intolerable de su posición arrogante e imperial. Una especie de «j’accuse» colectivo de «America First» que impide, como demuestra su obstinada defensa de las patentes, el logro de una política sanitaria mundial cooperativa y justa.
La segunda cuestión se refiere al papel de la ciencia y la tecnología en el futuro del planeta. Todos sabemos que incluso con Biden, como también ocurrió con Obama, Bush y Clinton….., Estados Unidos persigue claramente, a toda costa, el objetivo de mantener, e incluso reforzar, su liderazgo mundial, especialmente en el ámbito tecnológico y económico-financiero. También sabemos que la gran agresividad no disimulada de los Estados Unidos contra China, que les lleva a construir una guerra abierta contra China, incluso en el campo de las vacunas contra el cólera 19, está dictada por el miedo provocado por el aumento del poderío tecno-científico de China. ¿Cómo es posible que los firmantes del llamamiento se hayan dirigido a Estados Unidos, otorgándole así un certificado de buena conducta global y alimentando la idea en la opinión pública «occidental y occidentalizada» de que la salvación está en «nuestra» ciencia y tecnología, y en «nuestra» riqueza, bajo el liderazgo de Estados Unidos? ¿Por qué no denunciaron ante Biden, lo que está más justificado y bien documentado, el papel jugado por la Gran Farmacia y los poderosos GAFAM en el actual fracaso de la política sanitaria contra el Covid-19 en relación con el objetivo «nadie se quedará atrás»? Cientos de millones de personas se han quedado atrás en un año por el dominio de los intereses financieros y de poder de las grandes redes oligopólicas mundiales estadounidenses y europeas, cuyos activos financieros se han disparado al cielo en cientos de miles de millones de dólares, mientras que más de 100 millones de personas se han sumado al mundo de los empobrecidos.
Por último, una pregunta sobre la cultura globalista de la solidaridad, la humanidad y la democracia. Al mantenerse en el marco de las normas establecidas por la OMC, el llamamiento no denuncia el hecho de que los países dominantes imponen el principio de que, en materia de propiedad intelectual y de política sanitaria mundial, las normas comerciales de la OMC prevalecen sobre las normas de la ONU (casi inexistentes en materia de propiedad intelectual) y de la Organización Mundial de la Salud/ONU (en materia de salud). El recurso acepta, de facto, que la lógica del comercio domina sobre la lógica de los derechos universales a la vida. Los derechos de la fuerza son más importantes que la fuerza de los derechos.
No, este llamamiento no sirve ciertamente a la causa de miles de millones de seres humanos de forma correcta.
Riccardo Petrella, profesor emérito de la UCL (B), Ágora de los habitantes de la Tierra.
Roberto Savio, fundador y ex presidente de Inter Press Service (IPS) y presidente de Other News.
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