La genealogía del intervencionismo y el mito democrático
La historia política latinoamericana está marcada por las cicatrices de la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt. La tradición de invasiones estadounidenses en la región —desde el robo de territorio a México, pasando por el bloqueo a Cuba hasta los golpes de Estado en Guatemala, Chile y Nicaragua— demuestra que el respeto a la soberanía nunca ha sido una variable real en la ecuación del Departamento de Estado. En el caso venezolano, la retórica sobre el rescate de las instituciones democráticas carece de sustento ético y fáctico. La historia demuestra que Estados Unidos ha sostenido las dictaduras más sangrientas de la región siempre que estas garantizaran el flujo de recursos hacia el norte.
El interés fundamental de Estados Unidos en Venezuela no es la libertad del pueblo, sino el control de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La energía, como columna vertebral de la hegemonía estadounidense y del funcionamiento del sistema capitalista global, exige que cualquier Estado que pretenda ejercer una soberanía efectiva sobre sus recursos naturales sea catalogado como una “amenaza inusual y extraordinaria”. La agresión militar y económica busca, en última instancia, revertir el proceso de nacionalización y autodeterminación para reintegrar los recursos venezolanos a la lógica de acumulación transnacional.
La abrogación del Derecho y el secuestro de la justicia
Estados Unidos se abroga unilateralmente el derecho de dictar condiciones políticas y económicas a otros Estados, una prerrogativa que rompe con el principio fundamental de par in parem non habet imperium (entre iguales no hay imperio). Esta conducta no solo transgrede la Carta de las Naciones Unidas, sino que instrumentaliza el derecho interno estadounidense para aplicarlo de forma extraterritorial, convirtiendo los tribunales de Nueva York o Florida en jueces del mundo.
Un ejemplo flagrante de esta manipulación es la persecución judicial contra el ejecutivo venezolano. El uso de acusaciones vinculadas al narcotráfico para justificar recompensas y órdenes de captura internacional representa una “judicialización de la guerra” o lawfare. Es revelador que, tras años de sostener la narrativa del “Cartel de los Soles”, el aparato judicial estadounidense haya tenido que ajustar sus escritos de acusación, reconociendo implícitamente la inexistencia de dicha estructura bajo los términos originalmente planteados. El uso de la mentira como herramienta de Estado no es nuevo —recordemos las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak—, pero en Venezuela ha servido para justificar el secuestro de activos soberanos y la persecución de funcionarios en una clara violación al derecho diplomático y a la inmunidad de jurisdicción.
El doble rasero y la destrucción del orden multilateral
La crisis del Derecho Internacional se profundiza al observar la selectividad y la hipocresía en su aplicación. Mientras Washington impone medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela bajo el pretexto de los derechos humanos, sostiene, financia y protege militarmente al Estado de Israel en su campaña de genocidio contra el pueblo palestino. Esta contradicción no es un error del sistema, sino su característica definitoria bajo el imperio de la excepcionalidad estadounidense.
Al vetar resoluciones de cese al fuego en Gaza y simultáneamente promover sanciones que asfixian la economía venezolana, Estados Unidos ha vaciado de contenido las normas internacionales. El Derecho Internacional ha dejado de ser un marco de convivencia para convertirse en un arma arrojadiza que solo se aplica a los enemigos del imperio, mientras que los aliados gozan de una impunidad absoluta. Esta erosión de la norma universal conduce a una deslegitimación del orden multilateral donde impera la ley del más fuerte.
La ineficacia de los organismos multilaterales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, de manera más vergonzosa, la Organización de los Estados Americanos (OEA), han demostrado ser incapaces de frenar la agresión contra Venezuela. La OEA, bajo la gestión de Luis Almagro, actuó más como una oficina de asuntos coloniales que como un foro de integración, llegando incluso a validar intentos de golpe de Estado y reconocer autoridades paralelas sin control territorial ni legitimidad democrática. Hoy en día, bajo el mando de Albert Ramdin, esa inoperancia de la OEA sigue palpable. Por su parte, la ONU, aunque ha emitido informes críticos sobre el impacto devastador de las sanciones, se ve maniatada por el poder de veto y la presión financiera de Estados Unidos.
Estos organismos son hoy “ceros a la izquierda” en la protección de la soberanía de los pueblos del Sur Global. Su estructura actual refleja un mundo que ya no existe y perpetúa una jerarquía racial y geopolítica donde las decisiones sobre el destino de América Latina se siguen tomando en los centros del poder imperial. La parálisis de estas instituciones ante el asedio a Venezuela y el genocidio en Palestina es la prueba definitiva de su obsolescencia.
Hacia una nueva arquitectura multilateral y decolonial
La supervivencia de la humanidad y la preservación de la paz exigen la construcción de nuevas instituciones que garanticen un multilateralismo real. No basta con reformar las organizaciones existentes; es necesario crear espacios de gobernanza global basados en la igualdad soberana y el respeto irrestricto al principio de autodeterminación de los pueblos. El nuevo multilateralismo debe nacer desde el Sur Global, con instituciones que no estén subordinadas al dólar ni al complejo militar-industrial estadounidense.
La defensa de Venezuela no es solo la defensa de un proyecto político nacional, sino la defensa del derecho de todos los pueblos a elegir su propio camino sin la interferencia de potencias extranjeras. La agresión contra Venezuela va dirigida también contra la posibilidad de un mundo pluripolar y multicéntrico. Solo mediante la unidad de los Estados que rechazan el imperialismo se podrá reconstruir un sistema jurídico que proteja a los estados más vulnerables de las ambiciones de los poderosos y devuelva la dignidad al Derecho Internacional.
Esta reconfiguración del orden mundial exige, fundamentalmente, un proceso de descolonización del pensamiento jurídico y político que rige nuestras relaciones exteriores. No se trata simplemente de un cambio de actores, sino de una ruptura definitiva con la lógica de subordinación a la que el imperialismo ha confinado históricamente a las naciones del Sur. La emergencia de bloques regionales alternativos y sistemas financieros desvinculados de la hegemonía del Tesoro estadounidense representa el primer paso hacia una verdadera emancipación. En este nuevo horizonte, la soberanía no debe ser un privilegio concedido por Washington, sino un ejercicio inalienable que se defiende mediante la solidaridad internacionalista y la creación de mecanismos de seguridad colectiva que hagan de la agresión militar un costo político y económico inasumible para el imperio. Solo así podrá erigirse una comunidad de naciones donde la dignidad de pueblos como el venezolano y el palestino sea la medida de la justicia universal.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: La Patria
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