Las relaciones entre el gobierno y el Congreso, sobre todo con el Senado, han estado marcadas por prácticas obstruccionistas que han frenado o impedido el debate racional y argumentado en pro de acuerdos que tomen en cuenta el interés general. El gobierno de Petro accedió al poder con un ambicioso paquete de reformas sociales del cual solo dos han logrado ser aprobadas: la reforma tributaria del exministro José Antonio Ocampo y la reforma pensional. Entre los proyectos que no han visto la luz se deben mencionar el de la ley estatutaria que pretendía hacer de la educación un derecho fundamental el cual se hundió en su último debate sin ser discutido en plenaria del Senado y, sobre todo, la reforma de la salud cuyo hundimiento ha estado rodeado de una crisis en el sector sanitario.
El hundimiento de la reforma laboral en la Comisión VII del Senado ha enardecido los ánimos y, mientras Gustavo Petro ha acusado al Senado de traicionar al pueblo, el presidente del Senado pide respeto por la “separación de poderes” y afirma que tumbar al Congreso es también un golpe de Estado” sosteniendo de manera extraña que “la Constitución establece que habrá tres poderes” cuando esta lo que establece en su artículo 113 es que “Son ramas del Poder Público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. ¿Y cómo colaborar si no es mediante el diálogo y la búsqueda de consensos? El buscar acuerdos mediante la discusión basada en funciones separadas excluye la oposición sustentada en una supuesta autonomía reconocida en la Constitución y que esta no menciona.
El comportamiento de los congresistas se debe en parte a la ausencia de partidos políticos que merezcan este nombre. Los partidos colombianos son ante todo maquinarias electorales movidas por la acción individual de sus miembros y en las que el clientelismo es su garantía de reelección. Ciertamente, en todas las colectividades políticas del mundo hay problemas de camarillas, de tráfico de intereses y de manipulaciones indebidas. Sin embargo, lo dramático de la situación en Colombia es la insensibilidad de la mayoría de los congresistas frente a los problemas reales de la nación y su indiferencia ante la opinión pública opacada por la utilización de la televisión y las redes para crear una determinada opinión en el marco de lo que los franceses llamaron “el Estado espectáculo”.
El hecho de que el Congreso no sea el foro nacional donde se discuten los problemas del país da lugar a que la credibilidad en el mismo se debilite y que la población desconfíe de él. En términos generales el país percibe a la clase política y a los congresistas en particular como una casta encerrada en su mundo propio, con una mentalidad característica ligada a sus intereses personales. Le mortifica la imagen de corrupción que proyectan la cual consiste esencialmente en trabajar más por sus propios beneficios personales que por el bien público. El electorado no se siente representado y su impresión se ve fortalecida por el interés de los políticos en frenar la consulta popular y por la propuesta de darle vía libre al transfuguismo para no perder los beneficios de un Estado considerado como un botín que se reparte según los resultados de las elecciones.
En suma, la relación del gobierno de Petro en el Congreso con la oposición ha sido tensa y si bien en la Cámara de Representantes el mismo ha logrado armar unas mayorías que han apoyado las reformas del ejecutivo, no así en el Senado donde la oposición ha sido intransigente. Esta situación ha impedido romper la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana frenando la discusión de iniciativas que le dieron a Petro la victoria en las urnas. Los proyectos no se discuten. Se archivan impidiendo la discusión democrática de reformas que el país reclama y necesita. De allí el llamado a una consulta popular que marcará la política a venir en un marco de campaña electoral anticipada que reanimará emociones como el odio, la indignación o el miedo en medio de una situación de inseguridad permanente, animada por una guerra mediática y una lluvia de encuestas públicas y privadas que distraerán la atención de los problemas de fondo. Al parecer, en vez de avanzar en una vía pacífica y de reconciliación, retrocederemos y volveremos al pantano donde siempre se ha movido la política en Colombia.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Infobae
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