De acuerdo con el índice de Seguimiento a la Economía (ISE), el crecimiento alcanzó la cifra del 2,9% durante el último año (junio 2024-junio 2025pr), indicando la robustez del crecimiento de la economía colombiana. Este alentador comportamiento se explica principalmente por la contribución del sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) que durante el año corrido fue del 5,3%pr.
Gráfico 1. Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)
Tasas de crecimiento anuales (%) en volumen
De manera desagregada las actividades agrícolas que más aportaron a este crecimiento fueron: los cultivos agrícolas, permanentes y transitorios, en un 5,3%; el café (31,3%); la ganadería (8,9%); la silvicultura (11,4%) y el sector pesquero y acuicola que creció un 18,2%.
Tabla 1. Tasas de crecimiento del sector agropecuario, silvicultura y pesca
Tasas de crecimiento en volumen
Estos alentadores resultados son el producto de una afortunada confluencia de factores de política gubernamental, crecimiento de las exportaciones, la inversión en tecnologia y condiciones climáticas favorables.
Sumas y restas
La capacidad de resiliencia, políticas públicas asertivas y su articulación con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, han permitido conducir asertivamente al logro de estos resultados. Reconocidos por sirios y troyanos.
Reforma Agraria y gestión de Tierras
La centralidad de la Reforma Agraria y la gestión de tierras del Gobierno Nacional le permitieron alcanzar la cifra récord las 635.000 hectáreas de tierras compradas durante los 3 primeros años de gobierno. De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), esta cifra representa más de 10 veces las héctareas gestionadas por los dos gobiernos anteriores (Santos&Duque), en cumplimiento de los compromisos de la Reforma Agraria Integral del Acuerdo de Paz (2016). De ellas 415.000 hectáreas (65,4%) corresponden a la compra directa de tierras realizada por la ANT, 200.000 ha (31,5%) de procesos agrarios decididos a favor de la Nación y 19.873 ha (3,1%) por transferencias directas de la SAE.
Del total de tierras adquiridas la ANT -con fecha 31 de julio de este año- ha asignado 15.314 hectáreas (63%) a campesinos sin tierra, y 87.071 ha (37%) a comunidades indígenas y negras. Lo cual representa un avance del 42,3% de la meta de tierras adquiridas para la reforma agraria por parte del gobierno Petro.
En estos tres primeros años del gobierno de Petro, la Agencia de Tierras ha logrado formalizar, mediante la entrega de títulos a campesinos y comunidades rurales, 1,5 millones de hectáreas. Lo que representa un avance del 38,5% de cumplimiento de la meta del PND de formalizar 3.972.423 hectáreas en el cuatrienio.
Igualmente, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha logrado -durante los últimos 15 años- la restitución de 840.268 hectáreas que corresponden al 56% de la meta de reparación a las víctimas del despojo de tierras, la mayoria (79,1%) en este gobierno.
Sin embargo, el avance en la implementación del Catastro Multipropósito ha sido lento y dispendioso. En diciembre de 2024, solo el 51% del área geográfica del país contaba con cartografía actualizada y adecuada a los requerimientos del Catastro. Además, 151 municipios han experimentaron la formación o actualización total o parcial de su catastro. Estos logros representan un avance del 38.5% de la meta cuatrienal del 70%. Lo cual representa un logro que deja mucho por desear.
El Campesinado como sujeto de Derechos y la Jurisdicción Agraria.
Mediante la expedición del Acto Legislativo 01 de 2023, el Gobierno del Cambio logró la modificación del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia y el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto de derechos.
Este reconocimiento obliga al Estado a garantizar una especial protección del campesinado como sujeto relacionado con la tierra y la producción de alimentos, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, las particulares condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales.
Igualmente, mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, el Gobierno promovió la creación de la jurisdicción agraria y rural como un sistema judicial especializado para resolver los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra y las actividades agropecuarias, en cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana.
Para lo cual, el Gobierno presentó para su aprobación al Congreso el proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria que tiene como propósitos: i) resolver los conflictos de tenencia de la tierra; ii) garantizar el acceso a la justicia de los campesinos, comunidades étnicas y otros actores para resolver las disputas de la propiedad rural; iii) promover el desarrollo rural y la paz; iv) fortalecer la presencia del Estado en todos los territorios rurales del país, y v) corregir injusticias históricas como el despojo de tierras, la reparación de las víctimas y resolver los conflictos que han afectado historicamente a las comunidades rurales.
Sin embargo, el proyecto de Ley ordinaria que busca reglamentar y poner en marcha la jurisdicción agraria duerme el sueño de los justos desde hace más de 8 meses en el Congreso a la espera de que sea debatido y aprobado. Pese al mensaje de urgencia interpuesto por la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, un Congreso negligente e inoperante se ha negado a darle trámite.
Seguridad y soberanía alimentaria
El sector agrícola ha mostrado un sólido desempeño económico, consolidándose como un motor clave para el crecimiento del país. En la producción de cadenas agrícolas priorizadas en el PND dentro del pilar del Derecho Humano a la Alimentación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha reportado un avance significativo del 91.35%, con una producción de 35.736.667 toneladas frente a una meta de 39.113.435 toneladas. Esto demuestra la efectividad de las prácticas agrícolas en asegurar la disponibilidad de alimentos.
El sector agropecuario colombiano ha demostrado una notable resiliencia y un dinamismo creciente entre 2024 y 2025, consolidándose como un pilar fundamental para la estabilidad, el crecimiento económico del país y su contribución al cumplimiento de las metas del PND.
La producción agrícola, en particular, la pequeña producción que representa el 60% del PIBA, mostró un impresionante crecimiento en cultivos como el café (37,9%) y las frutas tropicales (7,9%), que han liderado la expansión de las áreas de cultivo y la diversificación de los mercados, con énfasis en los mercados internacionales para el café, cacao y frutas tropicales.
También el sector pesquero y acuícola, a pesar de su volatilidad, muestra un potencial de crecimiento significativo. Las exportaciones agropecuarias, tras una caída en 2023, han exhibido una fuerte recuperación en 2024 y 2025 (18,9%), impulsadas por productos diferenciados y la diversificación de mercados. En el ámbito del empleo rural, el sector ha sido un motor clave de creación de puestos de trabajo (381.000 nuevos empleos), contribuyendo a la reducción de la pobreza, si bien la alta informalidad sigue siendo un desafío estructural.
La articulación entre los objetivos económicos, sociales y ambientales subraya la necesidad de mantener un enfoque holístico en las políticas futuras.
Este cambio en la tendencia al estancamiento de los años anteriores, a un renacimiento significativo en 2023 y un crecimiento acelerado en el período 2024-2025 obedece a la convergencia de la implementación de las políticas asertivas del Gobierno de Petro y un aumento de las inversiones en el sector.
Este particular renacimiento de la agricultura en Colombia ha sido acompañado con una expasión significariva del empleo rural. En el año 2023, el sector agropecuario y rural empleó aprox. 3,2 millones de trabajadores en promedio. En febrero del presente año alcanzó la cifra récrod de 4,8 millones, lo que representó un crecimiento del 58%, De tal manera, que el sector rural ocupó el segundo lugar de los sectores generadores de empleo a nivel nacional, con el 14,5% de la población ocupada del país.
Las cifras preliminares del mercado laboral en el sector rural (Dane, 2025-II) indican que la tendencia positiva en el empleo rural continuará con fuerza. En el segundo trimestre de 2025, el empleo agrícola creció un 11.5% en comparación con el mismo período de 2024, añadiendo 381,000 nuevos puestos de trabajo. En junio de 2025, el sector agropecuario colombiano registró una ocupación de 3.69 millones de personas, marcando su tasa de empleo más alta en los últimos años. Se espera que la tasa de desempleo nacional se mantenga estable en 2025 debido a la mejora de la actividad económica, con una reducción significativa de la tasa de desempleo rural.
Con este desempeño, el sector agropecuario se consolidó como uno de los estratégicos para la creación de empleo en Colombia, aumentando cientos de miles de puestos de trabajo anualmente desde 2023 hasta el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, este impresionante crecimiento del empleo se ve opacado por la tasa excepcionalmente alta de informalidad del sector, que se situó en el 85.4% a finales de 2024, la más alta entre todas las actividades económicas. Con lo cual se configura una paradoja: el sector agropecuario constituye el motor fundamental del empleo rural; sin embargo, la gran mayoría de estos trabajadores carecen de beneficios laborales formales, seguridad social y protecciones legales.
Esta alta informalidad limita además el acceso al crédito, a la asistencia técnica y, en general, la acumulación y la estabilidad socioeconómica a largo plazo de las familias campesinas; lo cual dificulta las posibilidades de aumento de la productividad y competitividad de la producción agrícola campesina y no permite salir del circulo vicioso de la pobreza rural.
En estas condiciones se presenta una correlación directa entre el crecimiento del empleo agrícola y la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional en las zonas rurales establece una clara relación de causa y efecto. La pobreza monetaria en el sector rural disminuyó 4,6 puntos porcentuales pasando de 47% en 2023 a 42,5% en 2024, de acuerdo con el DANE (2024). Lo cual significó la salida de más de 447,700 personas de la pobreza monetaria, en parte debido a las políticas agrícolas y al crecimiento del empleo. indica que el empleo en este sector es un mecanismo muy eficaz para mejorar las condiciones de vida.
Igualmente, la pobreza multidimensional disminuyó 3 puntos porcentuales en las zonas rurales pasando del 27,3% en 2023 a 24,3% en 2024; lo cual significa que la mayor contribución en la reducción de la pobreza ha sido el aumento de la inversión social, especialmente, en educación (37,2%), niñez y juventud (12,3%), trabajo (28,4%), salud (5,1%) y vivienda rural (16,9%). Esta situación refuerza la idea de que invertir y apoyar el sector agrícola no es solo una estrategia económica, sino un imperativo fundamental para el desarrollo social.
El desarrollo rural sostenible requiere no solo la creación de empleo, sino también la calidad del empleo. Por lo tanto, los esfuerzos políticos deben ir más allá de simplemente aumentar el número de empleos para promover activamente la formalización dentro del sector agrícola. Esto implicaría una combinación de incentivos para los empleadores, procesos de registro simplificados para los trabajadores y un mejor acceso a los beneficios de la seguridad social, lo que en última instancia contribuiría a un mercado laboral rural más equitativo y productivo. El compromiso declarado del gobierno con la “formalización laboral” es un paso crucial para abordar este problema arraigado.
Retos y oportunidades para el próximo gobierno.
A pesar de los significativos avances y logros alcanzados en la implementación del PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el sector se enfrenta grandes desafíos, pero también oportunidades que representan el cambio climático, la innovación tecnológica, y la sostenibilidad del crecimiento del sector, en aspectos como:
- Fortalecer la Resiliencia y Adaptación Climática: Invertir en investigación, transferencia de tecnología y capacitación de agricultores para una agricultura climáticamente inteligente. Esto incluye el desarrollo de cultivos resistentes a la sequía, el uso de tecnologias limpias, adopción de mejores prácticas agrícolas, sistemas de riego eficientes, economá circular y sistemas de alerta temprana para eventos climáticos, para mitigar su impacto en la producción y la seguridad alimentaria.
- Adopción Tecnológica e Innovación Agrícola: Adoptar innovaciones como Agro 4.0, agricultura de precisión, digitalización, agroecologia y, especialmente, mediante el desarrollo, adopción, adaptación, uso y tranferencia de tecnologias que consoliden y/o mejoren el desempeño de las diferentes cadenas agroalimentarias territoriales. Mejoren la calidad e inocuidad de los alimentos. Fortalezcan los procesos de comercialización y mercadeo. Permitan un uso y/o aprovechamiento sostenible de los servicios y recursos ecosistémicos, y mejoren los ingresos de los productores agrícolas y también las oportunidades laborales para los jóvenes y mujetes rurales.
- Fortalecimiento de las Inversiones Sostenibles y la Infraestructura Rural: Mejorar la logística, el almacenamiento y el acceso a los mercados para los productores. Lo mismo que alinear las inversiones con las prioridades nacionales, incluidas las prácticas sostenibles, la resiliencia climática y el apoyo a los pequeños y medianos productores de la Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria.
- Promover la planificación y el ordenamiento social y productivo: con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación, promover la producción sostenible y, especialmente, proteger la agricultura campesina, familiar y étcnica, es necesario profundizar y fortalecer los procesos de ordenamiento territorial, mediante la promoción y adopción de instrumentos como las Zonas de Reserva Campesina (ZDC), Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y Zonas exclusivas de pesca artesanal (ZEPA).
- Profundizar y Acelerar la Reforma Rural Integral: Continuar los esfuerzos en el acceso a la tierra, la titulación y la formalización de la propiedad rural. Esto es crucial no solo para la equidad social, sino también para liberar ganancias de productividad, permitir el acceso al crédito y reducir la alta tasa de informalidad en el empleo rural. La implementación de la jurisdicción agraria en 2025 será un paso crítico.
- Priorizar el Desarrollo Agroindustrial de Valor Agregado: Cambiar el enfoque de las exportaciones de materias primas para apoyar las capacidades de procesamiento y el valor agregado dentro del país. Esto incluye incentivar la inversión en plantas de procesamiento de alimentos, logística de cadena de frío y certificaciones de calidad para productos orientados a la exportación.
- Promover Inversiones Integradas en las Cadenas de Valor: Considerar inversiones que abarquen múltiples etapas de la cadena de valor agrícola, desde la producción primaria hasta el procesamiento, la logística y la comercialización. Este enfoque puede capturar más valor y crear sinergias, particularmente para productos orientados a la exportación.
- Mejorar la Formalización del Empleo Rural: Implementar políticas e incentivos dirigidos a reducir la alta tasa de informalidad en el empleo agrícola. Esto podría implicar procesos de registro simplificados, subsidios a la seguridad social y campañas de concientización para garantizar que los trabajadores rurales se beneficien de condiciones de empleo formales y contribuyan a una fuerza laboral más estable.
- Acelerar la implementación del Castastro Rural Multipropósito: Continuar apoyando y fortaleciendo las capacidades técnicas y humanas del IGAC, el DANE y de las entidades territoriales para disponer de información cartografica y alfanumérica actualizada y adecuada a los requerimientos de la planificación y el ordenamiento territorial.
- Diversificar la canasta y la geografia de las exportaciones agrícolas del país, en el corto, mediano y largo plazo: La crisis agrícola que viven actualmente la economías desarrolladas, particulamente, los EE UU como producto de las “guerras comerciales” y las malas políticas fiscales y arancelarias del gobierno de Trump, nos abren nuevas oportunidades para renegociar los tradados comerciales y recomponer la canasta oferta exportadora de Colombia. Enfocandose en productos agroindustriales con valor agregado y en nuevos negocios verdes vinculados a cadenas globales de valor, aprovechando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos propios de las diversas regiones y paisajes colombianos
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en Análisis de Problemas económicos, políticos e internacionales Contemporáneos
Foto tomada: Meta AI
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