Democracia significa poder del pueblo siendo este el titular de la soberanía; de ello se desprende que de la voluntad del pueblo deriva la autoridad de los gobernantes y así está inscrito en las constituciones de los Estados que afirman la soberanía popular. En la realidad, sin embargo, entre el pueblo y los que rigen el destino de los gobernados se levantan innumerables obstáculos que derivan de su puesta en práctica lo que alimenta la desconfianza de aquel en sus gobernantes y en las instituciones.
Entre los escollos que dificultan el ejercicio del poder del pueblo soberano se destaca la existencia de la política que se decide en privado por la interacción entre los gobiernos elegidos y las élites privilegiadas, cuando no la personalización de la política electoral; la falta de transparencia; la hipocresía y, sobre todo, la corrupción que promueve la separación de la relación del político amoral con el público. Factores todos que envilecen la discusión seria y convierten los debates electorales en espectáculos orquestados por profesionales expertos en técnicas de persuasión frente a una masa de ciudadanos que desempeñan un papel pasivo, a veces aquiescente, en ocasiones apático.
No existe democracia perfecta ni puede imponerse por la fuerza. Cuando una democracia es deficiente porque el pueblo se siente alejado de la clase política y de la política, no basta con cambiar las leyes ni las instituciones parlamentarias para hacerla eficiente. Una democracia es fuerte cuando la virtud y la dignidad de los gobernantes son más sólidas que las formas institucionales con las que aquellos ejercen el poder que la ciudadanía les ha delegado.
El miércoles 14 de mayo se inició la jornada en la que se discutiría la consulta popular con la que el presidente Petro buscaba revivir una parte de la reforma laboral que había sido archivada en el Senado. Una reforma que se ha enfrentado a una oposición virulenta por parte de una oposición que consideraba a la consulta popular un ataque a las instituciones, una instrumentalización de un mecanismo constitucional usando el ropaje de la democracia directa para profundizar la polarización y mantener un ambiente crispado con miras a ganar las elecciones de 2026.
Es evidente que en una democracia competitiva todo acto político tiene como propósito ganar o conquistar el poder, pero no puede olvidarse el porqué de dicho acto ni sus circunstancias y antecedentes. Aunque algunos analistas consideren que la propuesta de reforma laboral del Gobierno había sido evaluada y rechazada en el Congreso por lo que la consulta popular atentaba contra la arquitectura institucional del país y transgredía la independencia de los poderes públicos, lo cierto es que la misma había sido archivada por ocho senadores de la Comisión VII y no llegó a la plenaria del Senado donde habría sido objeto de debate amplio. Del mismo modo, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución, el presidente anunció la posibilidad de una consulta directa a la ciudadanía.
Desde luego, en este caso la consulta popular cuya aprobación era posible con más de 13 millones de votos era casi un imposible se convirtió en herramienta de campaña manejada con un alto contenido emocional como lo es todo acto de campaña. Sin embargo, desde el punto de vista de los intereses en juego y de las lógicas partidistas, es lógico que Petro quisiera darle oxígeno a su hundida reforma laboral en un Congreso donde las fuerzas no están del todo definidas, recuperando un relato dirigido a sus bases. Esta jugada fue bien comprendida por la oposición que puso como primer punto en la agenda del 14 de mayo la apelación de la reforma que había sido presentada por el senador Ariel Ávila y ello para no mostrarse como enemiga de los trabajadores y evitar la consulta popular haciendo un llamado a un “debate amplio, constructivo y democrático” tal como reza el comunicado del partido de la U.
Al terminar la tarde del 14 de mayo el Senado volvió a derrotar el gobierno Petro; el oficialismo alegó fraude y el presidente hizo un llamado a lanzar manifestaciones públicas. Se hundió la consulta popular por estrecho margen después de varias derrotas – 49 votos por el “No” contra 47 por el “Si” – y la apelación será ahora estudiada por la Comisión IV del Senado donde tampoco nada está asegurado.
El país vuelve a entrar en una etapa de incertidumbre mientras resuenan en el aire las palabras del presidente de la República: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude como en un 19 de abril de 1970… Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”.
Consecuente con lo dicho, Petro ha propuesto “de inmediato” la reunión de centrales obreras, los cabildos municipales, las juntas de acción comunal y el movimiento indígena. Se sentirá la agitación en las calles, se caldearán los espíritus, se razonará con estereotipos, la razón quedará marginada y se olvidará que gobernar no es imponer sino persuadir y dirigir. ¿Vale la pena asumir ese costo en nombre de la democracia?
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Red + Noticias
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