El nuevo modelo de libretas de pasaportes ha generado un ruido más allá de lo necesario, dejando a su paso varias investigaciones disciplinarias y sanciones de la Procuraduría General de la Nación, como es el caso del ex canciller Álvaro Leyva, ruido que a su vez no ha permitido conocer las bondades del nuevo modelo definido desde el Gobierno Nacional para fortalecer a la Imprenta Nacional de Colombia –IMPRENTA -, como la Empresa Industrial y Comercial del Estado que nos pertenece a todos los colombianos, y garantizando con ello la prestación de un servicio esencial y goce efectivo de derechos a la identificación, al habeas data, a la unidad familiar, a la libre locomoción como manifestación del derecho general a la libertad, que implica tanto el desplazamiento dentro del territorio nacional como la posibilidad de entrar y salir del país libremente, que en la palabras de la Corte Constitucional, “está íntimamente ligado a la dignidad humana y a la autonomía personal, pues faculta a cada individuo a determinar su lugar de residencia y desplazarse conforme a sus intereses y necesidades”[1]
La IMPRENTA, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado fundada desde 1894 que durante más de un siglo en el trasegar de compras, ventas y fusiones, como con la “ Imprenta del Ministerio de Educación Nacional, la imprenta de la Contraloría General de La República, la Imprenta de la Universidad Nacional y la imprenta de los Ferrocarriles Nacionales” , de su fortalecimiento por parte de varios gobiernos, incluyendo la dotación de una sede especializada para su funcionamiento en el occidente de Bogotá, no ha logrado ser la empresa que todos desearíamos y por el contrario, a la fecha no genera rendimientos financieros necesarios para su sostenibilidad.
En la Ley 109 de 1994, se define el alcance y objeto de la IMPRENTA, el cual es “la edición diseño, impresión, divulgación, comercialización y distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos y publicaciones de las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia, en aras de garantizar la seguridad jurídica. (…) y le corresponde, por obligación legal, a las Entidades del Gobierno Nacional contratarle las publicaciones e impresiones.
De otro, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como parte de sus funciones la de “disponer y contratar la impresión de las libretas para pasaportes” [2] y en varias oportunidades se ha promovido la creación un nuevo modelo a partir de las alternativas contractuales, tiempos operativos, exigencias técnicas y las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero ello no había sido posible dada la especialidad y complejidad de la operación.
Según lo dio a conocer el mismo Presidente Gustavo Petro, el gobierno logro generar una nueva estrategia con el apoyo técnico de la Casa de la MOEDA de Portugal, para que en un periodo de diez (10) años se fortalezca a nuestra IMPRENTA con la asistencia técnica y de cooperación, para darle con ello una boconada de aire y deje de generar un saldo en rojo en al presupuesto general de la Nación.
El reto ahora es lograr que esta iniciativa, que beneficia al país en el manejo y custodia de la información, en la autonomía y soberanía, pueda (i) fortalecer a la IMPRENTA para que adquiera capacidad técnica y operativa para cumplir con la impresión de las libretas de pasaportes de los colombianos y en lo posible ampliar su portafolio con otras naciones para la impresión de este tipo de documentos y libretas, (ii) que los instrumentos técnicos y jurídicos acordados le den la seguridad necesaria para que pueda perdurar más allá del actual gobierno, (iii) mejorar los beneficios internacionales que hoy nos da el pasaporte y poder estar dentro de los cinco pasaportes más seguros del mundo (iv) que la prestación de un servicio óptimo se mantenga y (v) que ese gasto recurrente de la nación y el valor que pagan los usuarios para obtener el pasaporte, permita fortalecer una empresa que tiene todo para dar mejores resultados.
Con este nuevo modelo institucional se da un cambio importante en la selección para la contratación del servicio de expedición de pasaportes orientado a garantizar la soberanía informática, tecnológica y operativa del Estado para que, en una implementación progresiva, con una infraestructura propia se mitiguen los riesgos en la dependencia de proveedores únicos, la concentración operativa, y los cuellos de botella que han puesto en riesgo derechos fundamentales.
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[1] Corte Constitucional Colombiana, sentencia de constitucionalidad 885 de 2010
[2] Decreto Ley 020 de 1992
Camilo Andrés Escobar G
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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