La ineficiencia (desperdicio de recursos), la ineficacia (malos o nulos resultados) y la corrupción son las principales características del denominado Sistema General de Regalias SGR.
Año tras año, son billones de pesos invertidos en miles de proyectos de inversión con mediocres resultados en la solución de los problemas más críticos de las comunidades en situación de vulnerabilidad.
En reciente análisis, el director del DNP, Jhonatan Duque ha caracterizado objetivamente las tendencias que presenta la inversión de los recursos de Regalias. Según el alto funcionario el 30% de proyectos financiados con regalías no cumple criterios técnicos y de Ley.
En un universo de 1.176 se focalizó una unidad de análisis compuesta por 83 proyectos con casi $ 1,6 billones de presupuestos aprobados por los distintos Órganos Colegidos de Administración y Decisión, OCAD.
Un estudio a profundidad adelantado por los expertos de la Subdirección de regalías sobre las inversiones del Sistema General de Regalías entre 2020 y 2024, con recursos de la Asignación para la Inversión Regional, AIR (Ocad regionales), determinó que este porcentaje (30%) no tiene el alcance, la pertinencia y la cobertura en materia de inversión.
Las áreas de inversión analizadas comprenden sectores como agricultura, desarrollo rural, educación, transporte, vivienda y del sector TIC, y lo que se encontró es que los proyectos no tienen un alcance estratégico, no tienen articulación y sin pertinencia regional para resolver problemas críticos de las comunidades.
Entre los problemas encontrados se estableció que 65% de los proyectos cubrió menos de 30% de los municipios de su respectivo departamento. Asimismo, 75% de los proyectos tuvo un impacto bajo en las subregiones funcionales, las cuales fueron creadas para “desarrollar apuestas comunes con visión de territorio”. Solo un proyecto analizado de los 83 de la unidad de análisis escogida, arrojó 100% de beneficio para su territorio.
Por otro lado, 76% de las iniciativas evaluadas no tiene cofinanciación: tres de cada cuatro proyectos, se financió únicamente con las regalías, lo que a ojos del DNP es una desarticulación entre municipios, departamentos y entidades del nivel nacional a la hora de buscar acciones en conjunto para promover el desarrollo nacional.
La mayoría de los proyectos no tiene la magnitud requerida en términos de la proporción de los recursos invertidos y la cobertura geográfica, generando una dispersión y despilfarro de los recursos en iniciativas pequeñas de bajo resultado” (Ver https://www.larepublica.co/economia/el-dnp-encontro-que-30-de-proyectos-financiados-con-regalias-no-cumple-criterios-4143890 ).
Estas conclusiones lo que sugieren es un vuelco profundo a la actual organización de las Regalias y su sistema de gestión, que fue construido a partir de una consultoría encargada en el año 2014 por el ex presidente Juan Manuel Santos a la Tony Blair Associates, de apoyo a la implementación del SGR (Ver file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Gerencia%20efectiva%20del%20SGR%20(1).pdf )
Esta frágil arquitectura institucional, obviamente, ha facilitado la corrupción y el imperio de las mafias criminales que han secuestrado todo el entramado del Sistema General de Regalias, organizado en una dirección de seguimiento y control, en otra de gestión de proyectos y en una red de Órganos Colegiados de Gestión y Administración (Ocads) permeados por el clientelismo, el tráfico de influencias y el robo descarado de los proyectos por contratistas, gobernadores, alcaldes, viabilizadores y los encargados de las oficinas de planeación de los Ministerios concernidos.
Los episodios de corrupción detectados por la prensa independiente y las veedurías ciudadanas, dan cuenta de algunos momentos claves como las denuncias de la Contraloría de los elefantes blancos (Arauca, Meta, Casanare, Magdalena, Guajira); lo ocurrido en el Ocad paz en el primer semestre del 2022, cuando finalizaba el gobierno de Ivan Duque en que se denunció el robo masivo de más de medio billón de pesos de los dineros de la paz y las denuncias del ex Jefe de Planeación Nacional, Alexander López, que destaparon el saqueo estructural de los dineros de Regalias.
Así, en el primer semestre del 2022 se destapó el escándalo del robo a los dineros de la implementación de los Acuerdos con las Farc gestionados por el Ocad Paz, que algunos estimaron en más de medio billón de pesos, en el cual aparecieron involucrados altos funcionarios del gobierno de Iván Duque como alcaldes, gobernadores, parlamentarios y delegados de la Contraloría general de la república (Ver https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-escandalo-de-ocad-paz-en-que-consiste-que-evidencia-hay-y-que-huecos-tiene ).
En la última semana de agosto del 2024, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, publicó un pormenorizado y escandaloso informe (correspondiente al periodo 2017 al 2024), que sacó a la luz pública un descomunal robo de las regalías. López denuncio que en los últimos años se perdieron cerca de $12 billones de regalías porque los recursos fueron mal ejecutados o sin ejecución y sin trazabilidad (https://www.elpais.com.co/economia/director-del-departamento-nacional-de-planeacion-alexander-lopez-denuncia-que-en-colombia-se-perdieron-cerca-de-12-billones-de-regalias-2618.html ).
López, revelo que en las regiones existen 11 grandes ejecutores, como la Agencia para la Infraestructura del Meta, que tiene 174 reportes a órganos de control; la fundación Universidad del Valle, con 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades y 101 proyectos por 770 mil millones; además el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, también en el Valle, con 85 proyectos por 698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades; ASOSUPRO (Meta) que no obstante estas denuncias sigue recibiendo recursos del Ocad paz a manos llenas, merced al presunto tráfico de influencias agenciado por altos funcionarios.
Entre los contrataderos listados por López también está el Fondo Mixto Sierra Nevada; Foncolombia; Asomudacar; la Empresa de servicios públicos de Casanare; la Empresa de servicios públicos del Meta, y Dispac (empresa de energía eléctrica del Choco).
No obstante, estas denuncias, la Fiscalía presuntamente no ha realizado hasta el día de hoy una acción judicial contundente contra los autores de todas estas irregularidades.
Impunidad que da pábulo a nuevas situaciones que reproducen las acciones delincuenciales denunciadas.
Sin que tampoco el mecanismo interno de seguimiento y control muestre la eficacia requerida, pues replica sistemas de control fiscal agotados como el perverso “modelo Abadía” del Valle del Cauca, entronizado en Cali por el ex gobernador Juan Carlos Abadía, -amo y señor de la Contraloría del Valle del Cauca, junto con el ex senador Juan Carlos Martínez-, que en febrero de 2024, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 10 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.
El caso del Ocad paz del 13 de diciembre del 2024 es uno que suscita mucha preocupación por las determinaciones tomadas en tal reunión favoreciendo a uno de los “contrataderos” denunciados por López Maya (Ver chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sistema%20General%20de%20las%20Regalas%20SGR/OCAD/Acta_sesion_76_OCAD_Paz.pdf ). Me refiero a ASOSOPRO (Asociacion Supra departamental de Municipios para el Progreso), entidad a las que se le confiaron más de 200 mil millones de pesos en obras civiles financiadas con los fondos de Regalias apropiadas para la implementación de los Acuerdos de paz del 2016 (Ver https://asosupro.gov.co/site/view?id=6 ).
Lo del Ocad paz y las aprobaciones incluidas en las Actas y los Acuerdos 76, 77, 78 y 79 (Ver https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx ) merece mayor atención de las comunidades y organizaciones sociales de los 170 municipios que se organizaron en los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, pues las billonarias partidas asignadas para los proyectos de estos municipios no se ven reflejadas en las transformaciones de las condiciones sociales de miles de familias campesinas que aún siguen sometidas a la pobreza y exclusión más aberrante, mientras poderosos contratistas y corruptos funcionarios (alcaldes, gobernadores, inspectores, viabilizadores y lobistas) se llenan los bolsillos en la más completa impunidad porque ningún mecanismo de control, seguimiento e investigación judicial, fiscal y disciplinaria funciona.
Hay necesidad de constituir un poderoso movimiento social en tales municipios para que haga seguimiento a las inversiones del Ocad paz con el objetivo de garantizar su eficiencia, equidad, eficacia y transparencia.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Red + Noticias
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