Los principios frente a la práctica: Una brecha que crece
Un Estado debería financiar los gastos de funcionamiento y los gastos sociales principalmente con sus ingresos corrientes (impuestos) y reservar el endeudamiento para proyectos de inversión que generen un retorno futuro superior al costo del crédito. Este principio busca garantizar la sostenibilidad fiscal.
La realidad colombiana, sin embargo, pinta un cuadro diferente. Como se observa en la última década, el gasto público del Gobierno Nacional Central (GNC) ha superado de manera constante a los ingresos tributarios, generando un déficit fiscal crónico.
Esta brecha estructural, que se agudizó durante la pandemia, no se ha cerrado. Para cubrirla, el Estado ha recurrido de manera creciente al mercado de deuda, desviándose del principio óptimo de unas finanzas sostenibles.
La señal de alarma: Deuda para pagar gastos corrientes
El síntoma más reciente y preocupante de esta dinámica ocurrió en diciembre de 2025. Ante el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso, que dejó un faltante estimado de $16 billones en el presupuesto, el Ministerio de Hacienda acudió al mercado local. Emitió $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) a tasas elevadas: 13.10% a 10 años y 12.83% a 5 años[i].
¿Por qué es alarmante?
- El costo supera el crecimiento: Una tasa del 13% supera con creces el crecimiento potencial de la economía colombiana (~3%). Esto significa que la deuda crece más rápido que la capacidad de pago del país, una ecuación financieramente insostenible.
- Financia gasto corriente, no inversión: El contexto indica que estos recursos se destinarán, en buena parte, a cubrir el funcionamiento del Estado y programas sociales del presupuesto vigente, no a proyectos de inversión productiva. Se viola así la “regla de oro” de las finanzas públicas.
- Deuda nueva para pagar deuda vieja: Gran parte de la emisión de bonos del tesoro no se ha destinado a reducir la deuda, sino a refinanciar vencimientos. En la práctica, el Estado no está pagando sus obligaciones con ingresos estructurales, sino contrayendo nueva deuda para cubrir la anterior.
Este esquema —conocido como rollover permanente— implica riesgos significativos como trasladar una carga financiera creciente a futuros gobiernos. - Refleja una prima de riesgo elevada: Según el Banco de la República, la tasa de los TES a 10 años acumula un aumento del 53% desde enero de 2022. El mercado está exigiendo un retorno mucho mayor para prestarle al Estado colombiano, una clara señal de desconfianza[ii].
Los tres objetivos (declarados) del endeudamiento y su cruda evaluación
El gobierno justifica sus emisiones de deuda con tres propósitos:
- Recomprar deuda cara por deuda más barata: Estratégicamente sano, permite reducir el costo financiero promedio. Sin embargo, los datos recientes no confirman que este sea el objetivo principal.
- Refinanciar deuda que vence (Roll-over): Es una práctica problemática cuando es la norma y no la excepción. Gran parte de la nueva deuda sirve simplemente para pagar deuda antigua, creando un círculo vicioso de dependencia crediticia. No se paga con ingresos, sino con más deuda.
- Aumentar la liquidez para gasto social y funcionamiento: Este es un punto crítico. Usar deuda, especialmente tan costosa, para financiar gastos permanentes (pensiones, salud, subsidios, nómina) es la receta para un déficit estructural en expansión. Se transfiere la presión fiscal a las futuras generaciones sin crear los activos que permitan pagarla.
El endeudamiento durante el gobierno Petro
La administración del presidente Petro ha enfrentado obstáculos críticos que han limitado el alcance de su promesa de reforma estructural, principalmente debido a dos factores de impacto fiscal:
- Sentencia de la Corte Constitucional: La declaratoria de inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías (Reforma Tributaria de 2022) significó una caída en los ingresos del Estado estimada en $6 billones anuales.
- Revés Legislativo: El archivo o no aprobación de nuevas leyes de financiamiento en dos ocasiones ha generado un vacío presupuestal proyectado de $16 billones para el 2026.
Esta erosión de los ingresos tributarios ha obligado al Ejecutivo a recurrir de manera sistemática al endeudamiento para cubrir los faltantes operativos. Como consecuencia, la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) ha experimentado un crecimiento acelerado: entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2025, el saldo del pasivo estatal se incrementó en casi un 50%.
Aunque la deuda neta del GNC ha aumentado de manera significativa, como proporción del PIB ha retornado a un nivel muy similar al observado al final del gobierno de Iván Duque.
Las raíces del problema: Por qué el recaudo no alcanza
La brecha fiscal no es exclusivamente consecuencia de un nivel de gasto elevado, de la sentencia de la Corte Constitucional o de los reveses legislativos en materia tributaria; responde, además, a una debilidad estructural en el recaudo. Dos factores lo explican:
- La Evasión Fiscal: Según la DIAN, en 2024 la evasión en Colombia alcanzó los $98 billones (5.4% del PIB). Los mayores huecos están en el IVA ($30.8 billones) y el impuesto de renta de personas jurídicas ($46 billones).
- Los Gastos Tributarios: Colombia es líder en América Latina en beneficios o “gastos tributarios”. Según la CEPAL y la propia DIAN, estos superan el 8% del PIB (más de $113 billones en 2023). Son cerca de 294 beneficios, muchos sin estudios técnicos que midan su costo-beneficio o promuevan efectivamente sectores estratégicos, erosionando la base gravable.
Propuestas para unas finanzas sostenibles
La solución no es solo recortar gastos innecesarios, sino construir un pacto fiscal que fortalezca los ingresos de manera inteligente y productiva. Para fortalecer las finanzas públicas se necesitan medidas como las que siguen:
- Reforma Tributaria Estructural: Rediseñar el sistema para que sea progresivo y equitativo. Esto implica reducir los gastos tributarios injustificados, sujetándolos a evaluaciones técnicas rigurosas, y fortalecer los impuestos a la propiedad (como un impuesto a la plusvalía y la modernización del catastro multipropósito).
- Modernización y Control: Acelerar la transformación tecnológica de la DIAN para combatir la evasión y la elusión de manera más efectiva.
- Articulación Territorial: Integrar presupuestalmente al gobierno nacional con departamentos y municipios, y fusionar el Sistema General de Regalías (SGR) al Sistema General de Participaciones (SGP) para una distribución más eficiente.
- Impuesto de plusvalía: Debemos fortalecer las finanzas públicas territoriales a través del impuesto de plusvalía, una contribución que pagan los propietarios cuando su suelo incrementa de valor debido a acciones urbanísticas del Estado. Este impuesto permite que parte de las ganancias derivadas de decisiones públicas retorne a lo público, fortaleciendo la inversión local y promoviendo un desarrollo territorial más equitativo.
- La Mejor Reforma Tributaria: Reactivación Económica: La medida más poderosa para aumentar el recaudo de forma sostenible es un programa robusto de reactivación económica que incremente la densidad y calidad empresarial, genere empleo formal bien remunerado y, por ende, amplíe de manera natural la base de contribuyentes. Un país con más empresas formales y trabajadores con mejores salarios es un país con finanzas públicas más sanas.
- Control a la Corrupción: Todo lo anterior debe ir acompañado de un fortalecimiento institucional y transparencia en el gasto público para recuperar la confianza ciudadana.
La emisión de deuda a tasas récord es el síntoma de una enfermedad fiscal de fondo. Mientras Colombia no resuelva estructuralmente la baja recaudación tributaria y alinee su gasto permanente con ingresos permanentes, seguirá atrapada en un ciclo de endeudamiento costoso que hipoteca su futuro crecimiento. La ventana para actuar, aunque estrecha, aún está abierta.
Si la creciente carga de la deuda continúa asfixiando las finanzas públicas y desplazando el gasto social y la inversión, Colombia tendrá que considerar caminos más estructurales para recuperar su sostenibilidad fiscal. Una alternativa, ya aplicada con éxito en Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, es la creación de un Comité de Auditoría Integral de la Deuda que determine qué obligaciones son legítimas, transparentes y necesarias, y cuáles responden a prácticas corruptas. Un ejercicio de auditoría soberana permitiría reducir el peso del servicio de la deuda en el presupuesto, liberar recursos para el desarrollo y garantizar que el país no siga hipotecando su futuro para pagar compromisos que no contribuyeron al bienestar colectivo. Más temprano que tarde, el gobierno deberá enfrentar un dilema ético fundamental: priorizar el pago de la deuda social o el servicio de la deuda financiera con los bancos. En un contexto de restricciones fiscales severas, ambas obligaciones no podrán atenderse simultáneamente.
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[i] https://www.elcolombiano.com/negocios/gobierno-colombia-endeudamiento-tes-23-billones-tasas-13-por-ciento-AN31964895
[ii] https://www.larepublica.co/economia/los-bonos-tes-de-corto-y-largo-plazo-arrancan-el-ano-con-tasas-por-encima-de-11-4301120
[iii] https://www.minhacienda.gov.co/web/portal/deuda-publica
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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