Este tipo de escaladas se interpretan a menudo en clave de seguridad estatal. Sin embargo, una lectura crítica y decolonial obliga a invertir el foco: ¿qué vidas se vuelven prescindibles en nombre de esa seguridad? ¿Qué economías quedan expuestas al shock energético? ¿Qué mecanismos jurídicos son vaciados cuando quienes tienen mayor capacidad de coerción deciden actuar por fuera de ellos? La desigualdad global no es un telón de fondo, es una estructura activa que determina quién paga los costos, quién absorbe la inflación, quién pierde derechos y quién convierte la crisis en oportunidad.
La ONU como foro de discursos: impotencia institucional y legalidad selectiva
La pregunta sobre si la ONU “ya no cumple ningún papel importante” debe responderse con una crítica sin concesiones. En este conflicto, Naciones Unidas aparece, sobre todo, como un escenario de enunciación sin capacidad de intervención efectiva. El sistema de seguridad colectiva, fundamentado en el Consejo de Seguridad, se halla en un estado de parálisis estructural debido a los vetos cruzados. Mientras el Secretario General, António Guterres, denuncia la ilegalidad de los ataques bajo el marco del derecho internacional, las potencias involucradas operan al margen de cualquier mandato multilateral, normalizando el uso de la fuerza como herramienta de política exterior.
No se trata de una falla ocasional: la parálisis es constitutiva cuando las potencias con derecho de veto están directa o indirectamente implicadas. El resultado es previsible y políticamente devastador: declaraciones, llamamientos, sesiones de emergencia y, al final, ausencia de consecuencias materiales para quienes violan la Carta de la ONU y, con frecuencia, el derecho internacional humanitario.
En términos prácticos, la ONU se ha degradado hacia una función ceremonial. Produce lenguaje, administra rituales diplomáticos, acumula archivos y, en el mejor de los casos, habilita corredores humanitarios parciales. Pero carece de instrumentos para hacer cumplir las resoluciones votadas por los diferentes países y por supuesto, no tiene tampoco la capacidad de sancionar de manera consistente a actores poderosos. La coerción, allí donde existe, se desplaza a coaliciones ad hoc, a sanciones unilaterales, a presiones financieras y a castigos extraterritoriales que se aplican selectivamente. Este desplazamiento no es neutral: concentra poder en quienes controlan redes financieras, seguros, rutas y tecnología, y deja a la mayoría de Estados ante un dilema humillante entre alineamiento y vulnerabilidad. La “legalidad” se vuelve un recurso estratégico, no una regla común.
El principio de autodeterminación de los pueblos, pilar de la ética decolonial, queda supeditado a la “seguridad absoluta” de los actores dominantes. En este escenario, la ONU sobrevive como un espacio de gestión simbólica de la legitimidad y de asistencia humanitaria, pero su incapacidad para frenar la agresión militar unilateral confirma que el mundo ha entrado en una fase de excepcionalidad normalizada. La ley del más fuerte ya no es una anomalía, sino el nuevo código de conducta en un sistema que ha sustituido la diplomacia por el lenguaje de la fuerza militar.
La consecuencia más corrosiva es moral y política a la vez. Si el sistema multilateral no puede frenar la violencia ni sancionar al infractor cuando el infractor es fuerte, el mensaje que reciben los Estados medianos y vulnerables es inequívoco: el derecho protege, en el mejor de los casos, a quien ya tiene poder; a los demás les ofrece retórica. Esa brecha entre norma y ejecución alimenta cinismo, incentiva carreras armamentistas y reduce el espacio para soluciones negociadas. En términos de orden mundial, la ONU se asemeja cada vez más a un teatro donde se disputa la narrativa mientras la realidad se decide fuera del escenario.
La doctrina del “Gran Israel” y el rediseño de Oriente Medio
Para comprender la profundidad de la ofensiva actual, es imperativo analizar la convergencia entre los intereses geoestratégicos de Washington y la visión ideológica del Gran Israel impulsada por Benjamín Netanyahu. Diversos analistas geopolíticos señalan que la agresión a Irán no busca solo una respuesta táctica, sino la consolidación de una hegemonía absoluta israelí en la región. El régimen iraní, como principal promotor del Eje de la Resistencia (que articula a actores como Hamás, Hezbolá, los hutíes y diversas milicias en Irak y Siria), se erige como el único obstáculo real frente al proyecto territorial y político que Netanyahu ha madurado durante décadas. Al exigir la rendición incondicional de Teherán y desmantelar su red de alianzas, Israel y Estados Unidos pretenden rediseñar el mapa regional a su medida.
El académico Jeffrey Sachs[1] explica que el objetivo fundamental es lograr un cambio de régimen en Irán como parte de una aspiración de largo aliento: instaurar una hegemonía militar israelí respaldada por el poder estadounidense. Esta visión implica no solo la sumisión del mundo árabe, sino la expulsión definitiva de la influencia de Rusia y China en la zona. Este proyecto cuenta, además, con un soporte ideológico significativo en ciertas facciones de poder en Washington. Figuras como Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel y exponente del sionismo cristiano, han llegado a defender que Israel debe ejercer el dominio sobre la totalidad de la región por mandatos de carácter bíblico, lo que dota a la agresión de una peligrosa capa de justificación metafísica que ignora los marcos legales contemporáneos.
A esta dimensión ideológica se suma un control pragmático de recursos estratégicos. Como advierte la politóloga Nazanín Armanian, tras el debilitamiento de los aliados iraníes en el Levante, Israel busca garantizar el control sobre los vastos yacimientos de gas en la costa del Mediterráneo oriental[2]. La caída de la República Islámica permitiría la construcción de grandes infraestructuras energéticas desde el Golfo Pérsico hacia Europa, consolidando a Israel como el policía regional de Washington. En este esquema, el Estado hebreo se convierte en el garante de la estabilidad occidental en la zona, eliminando cualquier rastro de oposición soberana bajo la premisa de una seguridad regional indivisible, pero controlada desde un solo centro de poder.
Geopolítica del shock energético
El Estrecho de Ormuz es una bisagra geopolítica porque conecta seguridad, finanzas y vida cotidiana por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, siendo así una arteria vital de la economía global.[3] Su cierre, bloqueo efectivo o interrupción prolongada no solo altera precios del petróleo y del gas; desencadena inflación en cascada y encarece transporte, alimentos y bienes industriales. Lo crucial no es la cifra del barril, sino su traducción social: más pobreza energética, mayor inseguridad alimentaria, erosión de salarios reales y presión sobre presupuestos públicos ya frágiles.
El impacto es asimétrico. Para las naciones del Norte Global, esto se traduce en crisis energéticas industriales; para el Sur Global, representa una tragedia social de dimensiones incalculables, encareciendo los alimentos y los fertilizantes, y asfixiando las balanzas de pagos de los países más vulnerables. Con limitada capacidad fiscal, muchos gobiernos se ven empujados a recortar gasto social o a endeudarse en condiciones más gravosas, mientras las mayorías populares absorben el incremento del costo de vida. En cambio, las economías con mayor capacidad financiera, reservas estratégicas o producción interna amortiguan el golpe y, a veces, incluso se benefician por la subida de precios. La crisis revela, con crudeza, una regla no escrita del orden económico regido por las leyes del capitalismo global: cuando la geopolítica se incendia, la factura se distribuye según jerarquías históricas.
Además, Ormuz funciona como herramienta de disuasión asimétrica. El control de esta región por parte del eje estadounidense-israelí tiene una lectura que trasciende lo puramente energético. Se trata de una maniobra para neutralizar la influencia de China y Rusia. Pekín, como principal comprador de petróleo iraní y arquitecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta[4], percibe esta ofensiva como una agresión directa a su seguridad nacional. Para Irán, amenazar el tránsito es una forma de elevar costos globales sin necesidad de una superioridad militar convencional. Pero también entraña riesgos internos y regionales: estrangula ingresos, multiplica tensiones con Estados del Golfo y aumenta la probabilidad de incidentes que escalen sin control. En ese sentido, la militarización de la energía expone una paradoja: cuanto más se usa el comercio como arma, más se acelera la búsqueda de alternativas estructurales, desde nuevas rutas y proveedores hasta transiciones energéticas selectivas. Sin embargo, esas transiciones no siempre son “verdes” ni justas; a menudo reorganizan dependencias en lugar de superarlas.
China y Rusia: contención pragmática y consolidación de un bloque alternativo
China y Rusia desempeñan un papel central por razones distintas a la intervención directa. Su conducta apunta a contener la escalada sin entrar en confrontación militar abierta con Estados Unidos, mientras capitalizan la crisis para erosionar la legitimidad del unilateralismo armado y fortalecer circuitos alternativos de cooperación. Esta posición es pragmática: ambos actores maximizan beneficios estratégicos del desgaste occidental, pero evitan el salto cualitativo que implicaría un enfrentamiento directo entre potencias nucleares.
Para China, la dimensión energética es vital. Irán y el Golfo son piezas relevantes en su seguridad de suministro y en sus corredores comerciales. Un Ormuz restringido amenaza cadenas industriales y costos internos. Su respuesta más probable se desplaza hacia instrumentos económicos y diplomáticos: garantizar acuerdos de suministro, utilizar mecanismos de pago menos expuestos a sanciones occidentales, y apoyar mediaciones regionales que reabran rutas sin comprometerse militarmente. Pekín, en otras palabras, puede preferir el rol de garante económico antes que el de beligerante, porque su proyecto de poder requiere estabilidad comercial tanto como prestigio geopolítico.
Rusia combina condena y mediación, también por interés. Tiene capital político al mantener canales con diferentes actores, y posee implicaciones directas en cooperación nuclear civil y seguridad de su personal técnico. Al mismo tiempo, el conflicto le ofrece una oportunidad para reforzar su narrativa sobre el doble rasero occidental y para desplazar atención y recursos de otros teatros. Con todo, conviene una cautela ética: una lectura crítica no debe romantizar a ninguna potencia. Denunciar la ilegalidad del ataque no equivale a otorgar superioridad moral automática a quienes lo condenan. La pregunta relevante es qué modelo de orden promueven, qué costos externalizan y qué espacio dejan para la autodeterminación real de los pueblos.
Las consecuencias más sombrías de esta intervención se observan en el incentivo masivo hacia la proliferación nuclear. La política de cambio de régimen aplicada a Irán envía un mensaje inequívoco a los países no alineados: las concesiones diplomáticas y el cumplimiento de los tratados internacionales no garantizan la supervivencia frente a la voluntad de las potencias hegemónicas. Al constatar que una nación es atacada masivamente a pesar de haber mantenido canales de negociación sobre su programa nuclear, otros Estados pueden concluir que poseer armas de destrucción masiva es la única disuasión real contra la invasión.
Este colapso del marco de no proliferación es un retroceso histórico para los esfuerzos de desarme promovidos por el Sur Global. El mundo se fragmenta en zonas de influencia donde la soberanía ya no reside en el reconocimiento jurídico internacional, sino en la capacidad de proyectar una amenaza creíble. No estamos necesariamente ante una Tercera Guerra Mundial en el sentido tradicional de frentes militares directos entre superpotencias, pero sí ante un conflicto global fragmentado y multidimensional. Esta “guerra híbrida” se libra en los mercados financieros, en el ciberespacio y en las rutas logísticas, donde la interdependencia económica, lejos de ser un freno a la violencia, se convierte en un arma para someter a los adversarios.
Europa, el Sur Global y el espectro de una guerra mundial: escalada fragmentada y costos sociales
La Unión Europea aparece como actor políticamente disminuido y económicamente expuesto. Su reacción típica, centrada en llamados genéricos a la moderación y en una diplomacia incapaz de condicionar a su aliado principal, la coloca en una posición de subordinación estratégica total. Esa subordinación tiene un costo normativo: si Europa evita una condena clara cuando se vulnera la prohibición del uso de la fuerza o se degrada el respeto al derecho internacional humanitario, debilita su propia pretensión de ser “potencia normativa”. Y tiene un costo material: el shock energético la golpea con fuerza en industria, precios y cohesión social, en un contexto donde la extrema derecha suele capitalizar la ansiedad económica.
Hacia el futuro, Europa puede intentar dos movimientos simultáneos: diversificar energía y reforzar capacidades propias de seguridad. Pero esos giros encuentran límites políticos, divisiones internas y tensiones presupuestarias. El riesgo es que, bajo presión, el continente gire hacia una lógica de seguridad que reduzca derechos y normalice la excepcionalidad, mientras mantiene la misma dependencia estratégica que dice querer superar. El futuro de Europa parece moverse entre dos opciones: aceptar una subordinación más clara a las prioridades de seguridad de Estados Unidos o buscar, aunque tarde, una autonomía estratégica que incluso contemple su propio rearme nuclear.
Mucho se habla sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. Debemos evitar tanto alarmismo como la complacencia. Una guerra total entre grandes potencias sigue siendo improbable por disuasión nuclear y por interdependencia económica. Lo más factible es una guerra mundial fragmentada: múltiples frentes conectados por sanciones, ataques indirectos, ciber-operaciones, guerra de información y choques en rutas marítimas. Para las poblaciones afectadas, esa distinción es casi académica: la experiencia de devastación, desplazamiento y colapso económico puede ser equivalente a una guerra global, aunque el sistema internacional no lo nombre así.
Para el Sur Global, las consecuencias combinan vulnerabilidad económica y oportunidad política. La vulnerabilidad se expresa en inflación, crisis fiscal y exposición a coerción financiera. La oportunidad aparece en la aceleración de acuerdos Sur-Sur, en la expansión de mecanismos alternativos de comercio y en el impulso a espacios como los BRICS. Pero esas oportunidades no garantizan emancipación: también pueden crear nuevas dependencias, nuevas jerarquías y nuevas formas de extracción. La cuestión decisiva, es si los reacomodos reducen desigualdad y amplían soberanía popular, o si solo redistribuyen poder entre élites estatales y corporativas.
Al final, el saldo geopolítico del ataque es un deterioro profundo del orden jurídico internacional y una reafirmación de la política de la fuerza, con costos sociales masivos distribuidos de forma desigual. La ONU, lejos de ser árbitro, se confirma como foro impotente, incapaz de sancionar a los poderosos y, por tanto, incapaz de proteger efectivamente a los Estados y a su población civil cuando la violencia se decide desde arriba.
En conclusión, el ataque a Irán ha sellado el fin de la era del multilateralismo liberal. No importa el asesinato por parte de la coalición Israel-USA de más de 160 niñas en una escuela iraní, no importa que la directora de la Inteligencia Nacional de EE. UU., Tulsi Gabbard, en su informe de marzo de 2025 ante el Congreso, afirmara que “Irán no está construyendo un arma nuclear”, no importa que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, sostuviera un día antes de empezar el ilegal ataque a Irán, que Teherán había aceptado comprometerse, por primera vez, a no acumular uranio enriquecido y a degradar el existente y señalaba que un acuerdo estaba al alcance[5], no importa que la invasión o ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado sea un delito internacional según el Estatuto de Roma en su artículo 8bis.[6]
Nos adentramos en un territorio de caos multipolar donde la impunidad de genocidas y pedófilos y la incertidumbre son la única constante. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de reconstruir una arquitectura de seguridad que no sea el simple reflejo de los intereses de las grandes potencias imperiales, sino un marco que proteja la vida y la soberanía de los pueblos frente a la barbarie preventiva. La desescalada requerirá no solo un nuevo acuerdo nuclear, sino una justicia distributiva global que mitigue las desigualdades estructurales que alimentan estos conflictos. De lo contrario, la humanidad seguirá transitando por esta senda de excepcionalidad donde la paz no es más que un intervalo entre agresiones que el poder de turno pretende justificar.
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[1] https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/sjt7dthh74wec92hepptkw96j6bmnw
[2] https://www.publico.es/opinion/columnas/pretexto-32-apuntes-sobre-guerra-eeuu-israel-iran.html
[3] https://www.publico.es/internacional/impacta-cierre-cierre-estrecho-ormuz-punto-clave-comercio-mundial.html
[4] Es un plan de infraestructura y cooperación económica internacional lanzado por China en el año 2013 que busca conectar Asia, Europa, África y América Latina mediante redes terrestres y marítimas. Es conocida comúnmente bajo el nombre de “Ruta de la Seda”.
[5] https://elpais.com/internacional/2026-02-28/el-mediador-omani-asegura-que-el-acuerdo-de-paz-entre-ee-uu-e-iran-estaba-al-alcance.html
[6] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/crimen-de-agresion-un-avance-con-serios-reparos-en-la-persecucion-de-los-crimenes-internacionales/
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: Naciones Unidas en Colombia
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