El artículo 1 de la Constitución señala:
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
Lo anterior significa que el Estado no solo se somete al imperio de la ley (Estado de derecho), sino que tiene la obligación de promover condiciones materiales de igualdad, justicia y equidad social y que en tal sentido es una República democrática, participativa y pluralista, toda vez que la democracia no es solo representativa sino que también se reconoce el derecho a la participación directa de la ciudadanía (plebiscitos, referendos, consultas populares, iniciativa legislativa, etc.). El pluralismo implica respeto a la diversidad política, étnica, cultural y religiosa. Adicionalmente, el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad humana que es el principio fundamental del ordenamiento jurídico colombiano; el trabajo considerado un derecho y una obligación social; la solidaridad, como valor que obliga a los ciudadanos y al Estado a actuar de forma cooperativa en favor del bien común y la prevalencia del interés general ya que los intereses colectivos priman sobre los particulares cuando hay conflicto entre ambos.
Para la extrema derecha del país esta norma parece no existir. El sentido de solidaridad, de promoción de la participación ciudadana, de diversidad, de respeto a la dignidad de todos, no existe. Basta con escuchar a los dirigentes políticos de la derecha señalando que la convocatoria a una consulta popular, que es un mecanismo constitucional, constituye un acto dictatorial del gobierno. La resistencia total a cualquier cambio que beneficie a los sectores populares es el orgullo de la derecha. Increíblemente en esos sectores hay quien aplaude esa actitud.
A pesar de que, impulsados por grupos políticos democráticos se han logrado algunos desarrollos legislativos de los postulados constitucionales, esos avances han sido exiguos en materia de la implementación real de la normativa. Los aspectos relacionados con la participación ciudadana y el fortalecimiento comunitario en los gobiernos anteriores, se limitaron a la apertura formal de espacios institucionales para la participación, pero no a la formación ciudadana ni a la promoción de que la ciudadanía tenga real incidencia en las decisiones que afectan su vida.
Sólo en este gobierno se inició una transición hacia la vigencia de la Constitución y se han fortalecido en la práctica espacios y mecanismos que existían en el papel. Se ha desarrollado lo que en términos jurídicos se conoce como contratación estatal con enfoque diferencial y solidario, especialmente a través de convenios solidarios o convenios de asociación, regulados principalmente por la Ley 489 de 1998, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1523 de 2012, y otros marcos normativos como el Decreto 092 de 2017 que regula las contrataciones con entidades sin ánimo de lucro. Como se observa el marco normativo existía pero no se había dirigido a democratizar la contratación ni a involucrar a la ciudadanía en la ejecución de obras o bienes que le atañen.
La aplicación de las normas existentes es el deber ser de un Estado de Derecho y desarrollar espacios ciudadanos y oportunidades para la inclusión y la equidad son aspectos importantes del Estado Social. Voy a señalar los convenios que dan la posibilidad al gobierno nacional de desarrollar y ejecutar las políticas públicas en asocio con la ciudadanía.
Los convenios a los que voy a referirme son acuerdos de voluntades mediante los cuales el Estado (a través de entidades públicas) y organizaciones de la sociedad civil colaboran para ejecutar actividades de interés público, sin que exista un ánimo de lucro por parte de estas organizaciones. Los más comunes son los Convenios de Asociación cuyo fundamento es el artículo 355 de la Constitución Política con el propósito de sumar esfuerzos para el desarrollo de actividades de interés público o social, sin ánimo de lucro. Entre ellos se encuentran los proyectos comunitarios, los de apoyo a poblaciones vulnerables y programas culturales o ambientales. Existen también los Convenios Solidarios que usualmente se celebran y ejecutan en el marco de programas con comunidades organizadas, como Juntas de Acción Comunal, pueblos indígenas, o afrocolombianos para permitir que comunidades organizadas ejecuten obras o proyectos de pequeña escala en su territorio. Finalmente existen los Convenios Interadministrativos celebrados entre entidades que tienen naturaleza pública y que están claramente previstos en la Ley 80 de 1993, artículo 2. En estos convenios no se persigue un lucro porque no son contratos comerciales, sino que buscan el cumplimiento de un fin público, tal como fortalecer la participación comunitaria, ampliar la cobertura de servicios sociales, aprovechar el conocimiento territorial y social de algunas entidades y promover la economía solidaria, entre otros.
Desde la cobertura constitucional, los gobiernos de la derecha han utilizado estos convenios para favorecer intereses minoritarios y mantener en el imaginario de los gobernados la narrativa de que en el Estado Social de Derecho las movilizaciones, protestas, marchas, plantones y demás formas de exigencia social no tienen cabida y siempre fueron rechazadas y reprimidas con brutalidad. El uso de recursos destinados a mejoras comunitarias, fueron en el pasado dirigidos a sectores poderosos como fue el caso de Agroingreso Seguro en el gobierno de Álvaro Uribe, para poner un solo ejemplo. Menciono este caso, porque fue el único en el que los medios de comunicación, de manera tímida, informaron a la opinión pública, algunas veces justificando lo ocurrido. En los demás casos, la mirada de los medios no se dirigió a controvertir la ejecución de recursos, salvo en este gobierno.
La prensa corporativa, junto con políticos de la derecha, enfiló en estos días sus ataques a este tipo de convenios con ocasión de la inmensa movilización ocurrida en Barranquilla convocada para explicar en qué consiste la consulta popular, que el Presidente Petro está impulsando ante el hecho evidente de que el Senado de la República se opone a aprobar cualquier reforma que plantee el gobierno, sin importar si ésta beneficia o no a la población colombiana. Muchos han sido los cuestionamientos: que por qué se movilizó la gente en buses, que con qué recursos se pagó el refrigerio, que por qué razón llevaron “influencers” en aviones de la policía, que eso es pago para hacer política, etc.
Tal como se dijo atrás es deber del Estado, fundamentado en la solidaridad y en el respeto a la diversidad, el bien común y la participación, promover la participación ciudadana. Las movilizaciones convocadas en el deber legítimo de promoción del derecho a la participación y cuyo fin es hacer pedagogía sobre el mecanismo constitucional de la consulta popular, están enmarcadas en las disposiciones constitucionales y legales ya citadas. Parecen exóticas en un país en el que el Estado asesinó en el pasado a quien pensaba distinto al establecimiento, en el que se arrasó a golpes de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas a los opositores del régimen, en que la democracia siempre estuvo reducida al proceso electoral, tantas veces amañado y con compraventa de conciencias a la orden del día.
Todas las acciones encaminadas a la inclusión y a la incidencia de la ciudadanía son un simple desarrollo constitucional, la expresión práctica de la definición que consagró la Constitución de 1991 y que, hasta el actual gobierno, habían sido normas destinadas a no ser aplicadas.
Aunque les sorprenda mucho a algunos de los periodistas de los medios tradicionales, que no tienen una ética informativa pues lamentablemente se han limitado a publicar lo que quienes controlan los medios de comunicación les imponen, los eventos presidenciales no solamente pueden ser transmitidos a la ciudadanía sino que es deber del gobierno informar verazmente a la opinión del acontecer público. Como quiera que esa función no la están cumpliendo los grandes medios de comunicación, el gobierno decidió invitar a Barranquilla, a periodistas de medios alternativos que parecen más veraces. Pues es de anotar que siempre, en todos los gobiernos, al Presidente de la República lo acompañan medios de comunicación que cubren sus eventos y desde hace casi dos lustros existe un convenio entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para el uso de aeronaves que el Ministerio requiera en desarrollo de sus funciones. Y una de las funciones del Ministerio es la de promoción de la participación ciudadana que además de generar procesos pedagógicos como el del evento de Barranquilla, al estar presente el señor Presidente es cubierto por medios de comunicación, en este caso alternativos.
Tampoco es novedad que se celebren contratos entre entidades del Estado para facilitar la ejecución de los recursos, apoyándose en quien tiene mayor experticia en determinados temas. Al ministro del interior, Armando Benedetti, la Procuraduría le ha pedido explicaciones por un convenio cuyo trámite apenas se inicia, con RTVC, para desarrollar eventos. El ministro que conoce muy bien como ha sido el funcionamiento de la política se quejó en sus redes sociales de la persecución a que está sometido el gobierno que es mirado por los órganos de control, los administradores de justicia y los medios corporativos de comunicación, con una lupa enorme que jamás usaron en gobiernos anteriores.
Parecen coincidir los atrás mencionados, hoy funcionales a una postura de la extrema derecha, en que el uso de mecanismos de participación, la exigencia ciudadana, las movilizaciones y demás expresiones de inconformidad son propias del “comunismo” y que el gobierno incendia el país y convoca a la violencia. Cuanta ignorancia y odio hay en esas posturas, cuanto desconocimiento de los derechos de las clases populares, cuanto irrespeto a la diversidad y al pluralismo y cuanto desprecio a la participación de la gente del común.
Aunque las reformas se hundan y la persecución de la derecha a través de sus alfiles en distintos espacios continúe destrozando las posibilidades de sacar adelante el plan de gobierno como fue concebido, hay una cosa que cambió: un gran sector poblacional empieza a despertar, a exigir sus derechos y a despojarse de su piel de borrego. Y eso no va a tener marcha atrás.
El odio de la derecha a los postulados constitucionales ha desnudado ante mucha gente su mezquindad y su desprecio al ciudadano (a) de a pie que está legitimado para decidir su futuro.
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur
Foto tomada de: La Opinión
Deja un comentario