- Nunca leyeron la proposición para proceder a la votación, como lo exige la ley 5. Esto fue reconocido por el Secretario General del Senado.
- Cerraron la votación arbitrariamente, e impidieron la participación de algunos congresistas. El secretario del Senado modificó uno de los votos, con lo que se modificaba el resultado obtenido.
- Los votos que se contabilizaron no coincidieron con el número de senadores que estaban en el recinto en el momento de la votación. No decidieron sobre el retiro intempestivo de un senador después de haberse registrado para votar.
- El presidente del Senado se negó a dar trámite a la apelación para repetir la votación que presentó el Pacto Histórico, otra vulneración de la ley Quinta.
La oposición al gobierno, que incursionó en presunto fraude y asalto de la ley quinta, que norma los procedimientos para tomar las decisiones congresionales, además de bloquear las reformas en el Congreso de la República, señala que la decisión del presidente es golpista y propia de una dictadura. Pero lo que está en debate es si con estas irregularidades realmente hubo pronunciamiento del Congreso de la República. Si como se aprecia esta decisión está viciada y por tanto es arbitraria, en estas circunstancias el presidente de la República sí está facultado para convocar la Consulta Popular. Pero lo más inverosímil es que pudiendo enmendar el error, el obstruccionista presidente del Senado se obstine en mantener y defender una decisión profundamente cuestionada cuando podría convocar de nuevo al Senado para repetir la votación. Se vive una verdadera puja de poderes. Los poderes tradicionales se oponen a las reformas por mínimas que ellas sean. Y el presidente a la cabeza del ejecutivo se niega a que las reformas sean ahogadas por una oposición obstruccionista y filibustera cuyos únicos argumentos son las trabas al debate democrático y las trampas para negar las reformas.
Lo que ocurre con la consulta popular es el bloqueo del bloqueo, a la negación de las reformas, le suman la negación de los mecanismos democráticos y de participación ciudadana para que se dirima el interés público por parte de la ciudadanía. La Corte Constitucional ha expresado sobre la consulta popular:
“además de concretar el derecho a la participación ciudadana, constituye también una forma de canalizar disputas entre dos órganos del poder público legitimados democráticamente. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho que ‘permite que cuestiones complejas, sobre las cuales haya enfrentamiento ejecutivo-legislativo, sean dirimidas por el pueblo, evitando así una parálisis en la adopción de dichas decisiones’.” (Sentencias C-180 de 1994 y C-150 de 2015).
En ese contexto, lo que queda claro es el temor enorme que le tienen los partidos políticos opositores, constituidos en pírricas mayorías en el Congreso, a la participación ciudadana. Es de anotar que la pequeñísima reforma que se tramita en el Congreso, la cual limita aún más la reforma que archivaron del gobierno, no excluye que se pueda convocar una consulta para que la ciudadanía defina sobre el complemento de derechos laborales que el Congreso no ha querido ni discutir y mucho menos aprobar. La pequeñísima reforma que reactivaron limita el contrato laboral a término indefinido, la formalización de las madres comunitarias, la remuneración justa a los jóvenes aprendices del Sena, la regulación de las relaciones laborales en el campo, limita la licencia de paternidad, los recargos nocturnos a la mayoría de trabajadores. Y pretenden legalizar el trabajo por horas o por días sin las mínimas condiciones y derechos laborales. Todo esto es lo que se busca someter a decisión popular mediante la consulta.
Los partidos de oposición en cabeza del Centro Democrático han anunciado demandar el decreto, todo esto quedará en manos de los jueces. Se negaron a repetir la votación para subsanar los vicios y yerros que se les atribuía, instalan un relato de un supuesto golpe pasando de largo las objeciones a los procedimientos, la democracia también son procedimientos, esto es lo que está en discusión, de fondo es el derecho a la participación ciudadana, y de nuevo la evidencia de una oposición cerrera que no permite ningún cambio para el país.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de Salud, médica psiquiatra
Foto tomada de: Cambio Colombia
El debate de fondo es sobre los privilegios económicos de los empresarios del gran capital.