El primer gobierno de izquierda en Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, se ha desarrollado en un país cuya hegemonía cultural fue construida durante décadas por élites terratenientes, sectores empresariales, la Iglesia y los medios de comunicación dominantes. En la actualidad, dicha hegemonía se articula en torno a un núcleo relativamente estable: el modelo económico neoliberal, presentado como una inevitabilidad técnica; la defensa del orden familiar tradicional; y la centralidad de valores católico-cristianos. A ello se suma la construcción de ciertas agendas como amenazas: la reforma agraria, asociada al “castro-chavismo”, y la diversidad sexual, presentada como una imposición externa que altera el orden social. Esta cosmovisión no sólo configura un orden político, sino que se ha sedimentado como sentido común, en parte debido a la escasez de deliberación pública crítica en torno a estos supuestos.
Sin embargo, en los últimos años, como resultado del debate promovido por el gobierno y de la acumulación previa de los movimientos sociales, se ha producido una erosión parcial de ese sentido común. No se trata de una ruptura revolucionaria, sino de un desplazamiento gradual, sutil pero significativo, cuyos efectos pueden proyectarse en el largo plazo.
El indicador más elocuente de un cambio hegemónico no es lo que afirma el Pacto Histórico, sino las adaptaciones que se ve obligada a realizar la oposición para no perder competitividad política. En este contexto, resulta ilustrativo que el Centro Democrático haya recurrido a una mujer como candidata presidencial y a un candidato abiertamente homosexual como fórmula vicepresidencial, pese a su histórica cercanía con sectores religiosos conservadores que han defendido la “familia tradicional” como eje discursivo. Este tipo de ajustes estratégicos suele emerger cuando el terreno cultural se ha desplazado lo suficiente como para que ignorarlo implique un costo electoral significativo.
Gramsci denominó este fenómeno transformismo: la absorción, por parte del bloque dominante, de demandas y elementos provenientes de los grupos subalternos, no con el fin de transformar las estructuras, sino de neutralizar su potencial disruptivo e impedir cambios más profundos. En este sentido, la derecha colombiana no ha adoptado el feminismo ni los derechos LGBTQ+ como proyecto político; más bien, los ha incorporado como signos de modernización dirigidos a un electorado urbano de clase media que ya no tolera formas explícitas de exclusión.
Sin embargo, esto constituye, ante todo, una transformación en el plano de las formas: el fondo, es decir, el modelo económico, la estructura de la propiedad y la relación con el conflicto armado, permanece, en lo esencial, inalterado. Los intereses de clase operan como un mecanismo de reproducción que mantiene estables las estructuras sociales y económicas, incluso cuando estas pasan a ser defendidas no ya exclusivamente por hombres cisgénero, sino también por mujeres o personas LGBTQ+.
Esto no invalida la existencia de un cambio. El hecho de que aquello que hace una década resultaba impensable sea hoy una condición políticamente necesaria para competir en una consulta de derecha o en una elección presidencial constituye, en sí mismo, un indicio de transformación hegemónica. No obstante, también permite advertir sus límites. Aunque la dimensión material del gobierno de Gustavo Petro ha registrado avances significativos y verificables, estos circulan escasamente en el debate público dominante. El andamiaje mediático y académico, que jerarquiza qué datos adquieren visibilidad, tiende a minimizar o ignorar estos logros, impidiendo que se conviertan en insumos efectivos para la erosión hegemónica que sí se observa en el plano cultural.
Un ejemplo ilustrativo es el comportamiento reciente del mercado laboral. Para febrero de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 9,2%, el nivel más bajo registrado para ese mes desde 2001. Este resultado obedece, en parte, a la incorporación de más de 624.000 personas al mercado laboral durante el último año, lo que redujo la población desocupada a aproximadamente 2,4 millones. El empleo aumentó y la informalidad disminuyó (aunque sigue siendo estructuralmente alta) en un contexto marcado por el incremento del 23% del salario mínimo en 2026, el mayor en la historia reciente. En este escenario, el argumento ortodoxo según el cual el aumento del salario mínimo destruye empleo no encuentra respaldo empírico en las cifras disponibles.
No obstante, este no es el único ámbito en el que puede observarse la persistencia estructural. La reforma agraria continúa siendo políticamente inviable, el modelo extractivista sigue organizando la economía exportadora y no se ha consolidado una discusión amplia, sostenida y socialmente legitimada sobre alternativas al neoliberalismo.
En el marco de la disputa cultural promovida por las nuevas derechas, resulta pertinente recordar que Antonio Gramsci distinguía entre la “guerra de movimientos”, es decir, un asalto frontal al poder, y la “guerra de posiciones”, entendida como un proceso gradual de acumulación de hegemonía en las instituciones, la cultura y el sentido común. En este sentido, el gobierno de Petro parece haber avanzado en la guerra de posiciones en el terreno identitario y simbólico; sin embargo, aún no ha logrado desplazar la hegemonía en el ámbito donde ésta se reproduce con mayor estabilidad y profundidad: el económico.
Camilo Andrés Delgado Gómez, Politólogo investigador del Centro de Estudios Políticos y Económicos del Cesar (https://cepece.co/)
Foto tomada de: Swissinfo
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