Adicionalmente hay dos temas que son altamente sensibles para el ELN, entender que la Delegación de Paz en la Mesa de Conversaciones es una delegataria del Comando Central y de la Dirección Nacional, no es un ente con autonomía para tomar decisiones y no pretender desconocer las instancias establecidas de la organización y menos buscar adelantar ‘acuerdos’ o negociaciones con estructuras regionales, lo cual podría generar crisis como la actual. En este breve resumen de esa conversación parece estar sintetizada la raíz de muchos de los problemas del funcionamiento de la Mesa.
Lo anterior nos permitiría decir que buena parte de las diferencias en la Mesa de Conversaciones han sucedido por problemas de procedimiento antes que de contenido, por cuanto en los temas de fondo creo que son más las coincidencias que las diferencias, que seguramente las tienen, pero son menores y si no se tienen en cuenta esos procedimientos la reiteración de las crisis o ‘congelamientos’ se seguirán presentando y podrían, hipotéticamente llevar a una eventual ruptura de las conversaciones. Aunque, acá deberíamos decir, que el ELN coincide con el actual Gobierno en que lo fundamental es contribuir a mantener la esperanza, en este caso de una solución concertada de lo que queda del conflicto armado.
Podríamos, de lo dicho, derivar algunas conclusiones que podrían ser de utilidad para el funcionamiento de la Mesa de Conversaciones: Uno, buscar acercar las temporalidades en que se mueve la ‘prisa’ del gobierno Petro y en general de todos los gobiernos –en eso no se diferencian-, y los ‘tiempos históricos’ en que parece situarse el ELN, que no es algo sencillo de lograr; Dos, respetar al máximo los procedimientos acordados para el funcionamiento de la Mesa de Conversaciones, con especial cuidado en lo relacionado con comunicar las decisiones que se tomen y abstenerse de la ‘tentación de los medios’ a que se ven sometidos tanto los funcionarios del Gobierno como los dirigentes del ELN; Tres, que el Gobierno instruya a los gobernantes territoriales, especialmente a los que le son políticamente más próximos, que una cosa es propiciar y desarrollar espacios de participación social en sus territorios, que están autorizados y deben hacerlo, para formular el Plan de Desarrollo territorial o la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y demás instancias de estímulo a la participación y otra cosa es intentar acuerdos político-militares (por ejemplo de desmovilización, desarme, reincorporación, etc.) con estructuras o grupos que tengan presencia en su territorio, que son de competencia nacional de las instancias que el Presidente defina, de acuerdo con la Constitución y la Ley –especialmente la oficina del Comisionado Consejero de Paz, o delegaciones eventuales al Ministerio de Defensa o de Justicia-; Cuatro, entender que los acuerdos a que se lleguen en la Mesa de Conversaciones, son siempre ad referéndum de las instancias máximas de toma de decisiones, el Comando Central, la Dirección Nacional; en ese sentido no le hace buen ambiente a la Mesa de Conversaciones, pretender desconocer las instancias de dirección o la opinión del primer comandante del ELN en sus pronunciamientos.
Podríamos concluir esta reflexión señalando que el problema de fondo está en la búsqueda de cerrar un conflicto armado interno –al cual todo indica le llegó su tiempo-, con los procedimientos y estrategias del pasado, un conflicto armado interno que se ha transformado de manera muy compleja –algunos podrían decir se ha degradado- y donde han emergido problemáticas como el control de rentas ilícitas de diversa naturaleza a nivel territorial, que cada vez cobra mayor centralidad, lo que en parte explica la proliferación de grupos territoriales que con el uso de la violencia pretenden ejercer control y dominio en algunos territorios –con frecuencia mimetizando lo anterior con unos discursos políticos o cuasi-políticos- y lo anterior facilitado por la ausencia del Estado en múltiples territorios de lo que se ha denominado la Colombia profunda.
Ese es el desafío central que tienen ante sí el Gobierno Petro y los dirigentes de aquellas insurgencias, como el ELN, con un historial político muy importante y que deben tener la lucidez y valentía de reconocer los unos que no pudieron resolverlo por la vía militar y los otros que no lograron el objetivo primigenio de ‘tomarse el poder’ y encontrar las fórmulas respetuosas y decorosas para concluir el mismo. Si se logra llegar a esa conclusión, entonces temas como el de la dejación de las armas o la disolución de la organización, podrán encontrar solución pronta y honorable y permitir que las diferentes estructuras del ELN jueguen un rol fundamental, sin el uso de las armas, de acompañamiento a la movilización social y política de las poblaciones en lo regional y lo nacional.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.
Foto tomada de: Colombia Informa
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