Es imposible cambiar de
paradigma sin atravesar
un terremoto (Barnett Pearce).
Cumplir la palabra empeñada, además de un viejo adagio sabio y popular, es una obligación constitucional de obligatorio cumplimiento para los mandatarios elegidos por la voluntad expresa en las urnas por el constituyente primario.
“Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio”. (Artículo 259 CPC 1991)
El entonces candidato independiente Daniel Quintero, en el Programa de gobierno por el que de manera abrumadora votaron los medellinenses el 27 de octubre de 2019, propuso la recuperación y la transformación de Empresas Públicas de Medellín para que volviese a ser de los antioqueños, porque “EPM no puede seguir siendo manejada como una cuota política por el apoyo en campaña”, a contravía de sus contendores, entre otras, financiados en sus campañas por Grupos Empresariales de Antioquia, que tienen asiento permanente en la junta directiva de la segunda empresa pública del país, es decir, agentes de un gobierno corporativo corresponsable de la crisis y el desastre de Hidroituango.
“Tenemos que volver a la EPM que construyeron ingenieros, técnicos y operarios, en la que las gerencias, y la junta eran escogidos por sus resultados, experiencia y carácter, y no como cuotas políticas. Llegó la hora de hacer de EPM grande otra vez, de recuperar el patrimonio público por el que tanto trabajaron nuestros antepasados” (p. 64 del Programa de Gobierno de Daniel Quintero)
En consecuencia, se lee en el Programa de Gobierno citado que, no permitiremos las puertas giratorias, ni la cooptación de la junta directiva por parte de competidores y/o empresas que tengan interés sobre negocios de EPM.
Esta evidencia desnuda que la avalancha mediática aupada por los miembros de la junta saliente, la fundación empresarial Proantioquia, el Comité Intergremial de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, el Grupo Empresarial Antiqueño, que se duelen de perder el control privado de EPM y reclaman que el gobierno corporativo de EPM tiene carácter sagrado, es un desafuero constitucional.
Es mayor el desacato, cuando actúan como juez y parte, al pretender que el alcalde de Medellín y la gerencia de la EPM no asumieran la defensa del erario público asaltado, y la solicitud peregrina de no poner en ejecución el mecanismo de conciliación, lo que redundaría en la pérdida de 10,000.000.000.000 de pesos (léase diez billones). Dinero que no se esfuma, sino que quedaría en las arcas de empresas y aseguradoras protagonista del desastre humano, ambiental, administrativo, social y económico de Hidroituango. Empresas y aseguradoras de las que provienen la mayoría de los miembros de la junta renunciante y quienes les antecedieron.
Como expresión del espíritu de cuerpo empresarial, la compañía Postobón, perteneciente al Grupo Ardila Lülle, suspendió el acuerdo, que había pactado con Ruta N, de donación de 9 mil millones de pesos para la fabricación de ventiladores mecánicos de InspiraMed, vitales para la atención de personas contagiados con COVID 19 y que se encuentran en Unidades de Cuidado Intensivo. Caridad con uñas, enseñó mi madre.
Coda: Adolorido y horrorizado con el asesinato de jóvenes en Colombia. La pandemia de la violencia se pavonea como hojarasca por el país. La No violencia clama ser sembrada con nuestras manos, las de todas y todos.
José Miguel Sánchez Giraldo, educador popular, profesional en ciencias políticas, magister en educación, doctor en Educación.
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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