“[contarlo] es una forma de hacer memoria y la sentencia cuenta esos relatos de horror y de dolor que han vivido estas personas. Pero también habla de cuáles podrían ser los remedios para sanar ese dolor”:
Ana Manuela Ochoa, indígena Kankuama, abogada, magistrada y presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
Esta semana once exmilitares comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reconocer su responsabilidad en varios crímenes, como retenciones ilegales, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Se trató de asesinatos premeditados cometidos contra personas jóvenes -la mayoría-, manipuladas e inocentes que sólo buscaban mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos. Así, de esa dimensión es la crueldad, la sevicia y la degradación moral de buena parte de las Fuerzas Militares de Colombia, que usando su uniforme y las armas del Estado se dedicaron a asesinar personas indefensas para engañar al país.
Más que una audiencia judicial de tres días ante el sistema de justicia transicional, se trató de una cruda exposición sobre la barbarie que alentó, estimulo y convirtió el asesinato de inocentes en una política de Estado que se agudizó bajo el gobierno de Uribe Vélez, pero que se mantuvo durante décadas.
Estos reconocimientos se hicieron ante las familias de doce víctimas de falsos positivos perpetrados entre 2004 y 2005 en Granada (Antioquia), quienes escucharon con la mayor entereza posible como sus seres queridos fueron engañados, estigmatizados, retenidos, torturados y ejecutados a sangre fría para luego ser calumniados, vestidos de guerrilleros y presentados ante el país como muertos en combate. Fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los homicidas, casi todos militares del Batallón de Artillería Número 4 “coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes) más algunos informantes de estructuras sicariales al margen de la ley, comparecieron ante el magistrado Carlos Alberto Suárez López para confesar sus aterradores crímenes con el objetivo de ser sancionados con indulgencia por la justicia transicional, a cambio de verdad, y evitar las largas condenas que recibirían de ser llevados ante la justicia ordinaria, luego de evidenciarse el ya conocido encubrimiento y complicidad de la Justicia Penal Militar.
La brutal guerra que todo lo degrada
Los asesinatos de civiles por parte de miembros de las Fuerzas Militares se dieron en casi todo el territorio nacional, pero el departamento de Antioquia, como lo reveló la JEP en 2022, concentra el mayor número de casos registrados en el universo provisional de hechos del caso 03. “Antioquia reúne el 25,19% de los casos registrados, es decir, una cuarta parte de todos los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la fuerza pública en el país”.
Y justamente en el oriente antioqueño, fue el municipio de Granada uno de los epicentros de la violencia ejercida por las Fuerzas Militares y grupos al margen de la ley. “Según la información recopilada por la JEP, entre finales de los años 80 e inicios de los 90 hubo una fuerte consolidación de la presencia de las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que encontraron en esa región un punto clave para sus corredores de ilegalidad.
Sin embargo, las investigaciones adelantadas por la JEP muestran que entre 1999 y 2002 hubo “una escalada de todos los hechos victimizantes, siendo las amenazas y los homicidios los de mayor incidencia”. Según la justicia transicional, ese repunte de la violencia tenía una razón concreta: la aparición de los grupos paramilitares y su articulación con las fuerzas del Estado que terminó en falsos señalamientos civiles que pasaban por ‘auxiliadores de la guerrilla’.
El año 2001 fue el punto máximo de esos actos de violencia cuando, según la JEP, la guerra en los municipios del oriente de Antioquia dejó cerca de 125.000 víctimas. Esto “desencadenó una violencia generalizada contra la población civil y el desplazamiento forzado como mecanismo de guerra para vaciar zonas rurales y facilitar el despojo de tierras”. De los nueve municipios en jurisdicción del Bajes, Granada tuvo la mayor tasa de víctimas por número de habitantes”[1].
El subcaso Antioquia -parte del caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos- ha documentado en los municipios bajo control militar del Bajes, 442 víctimas directas de la Cuarta Brigada del Ejército. El 93,4% de las víctimas eran hombres, el 4,3% mujeres y 5,9% eran menores de edad.
“De igual forma, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ha determinado que el 60% de las acciones violentas atribuidas al Bajes, entre ellas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, fueron perpetrados por la Compañía Bombarda 3 del Ejército, de la Cuarta Brigada. Los comparecientes que narraron ante las víctimas lo sucedido no han sido seleccionados como máximos responsables, pero sí han ayudado a reconstruir lo que sucedió”[2].
Los doce casos de falsos positivos perpetrados por la Compañía Bombarda en Antioquia han podido ser reconstruidos a través de las confesiones de los comparecientes, las investigaciones de la JEP, uno que otro expediente judicial, y sobre todo, gracias a los relatos de las víctimas que silenciadas durante años, hoy deben escuchar de labios de los mismos asesinos la verdad que tanto han reclamado sobre la historia de soledad, miedo y sufrimiento a la que fueron condenados injustamente sus familiares.
Pero el fenómeno criminal de los falsos positivos no solo se dio en Antioquia, los procesos adelantados por el sistema de justicia transicional han revelado crímenes en toda la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare, Valle del Cauca y Meta; más de 70 comparecientes de la fuerza pública han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y desde hace dos años la investigación del Caso 03 -que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como falsas bajas en combate- se enfoca en la fase nacional.
La cifra de “falsos positivos” es mayor de lo que se ha reconocido en el pasado, de hecho, varios militares han afirmado que serían más de diez mil y “muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones, se registró el 78% del total de la victimización histórica. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”, dijo la JEP. La corte calificó lo ocurrido como un “fenómeno macrocriminal”[3].
No hay duda que la herida más profunda y vergonzante del conflicto armado en Colombia es la criminalidad de Estado conocida como ‘falsos positivos’.
Estas audiencias ante la JEP, como la de Valledupar el mes pasado, (donde se resaltó la violencia ejercida por razones políticas y pertenencia étnica) [4], en Sucre (donde se conoció además de las Granjas de falsos positivos, el caso de dos muchachos torturados y asesinados por agentes del Gaula en 2022), Valle del Cauca o Meta, son una puesta en escena que enseña la brutalidad de la guerra, la descomposición de los discursos bélicos carentes de honor y respeto humano, y la ausencia de conciencia moral de esa dirigencia política gamonal que se lucró del dolor y la violencia. Pero además de ello, las audiencias se han convertido en un espacio de memoria resiliente, de dolor, si, de ignominia, de impotencia por lo que se pudo evitar pero no se hizo, pero también es una oportunidad histórica para hacer catarsis, para sacar lo que hiere y oprime y poder conocer en detalle la naturaleza de una verdad desgarradora, que no surgió de la nada, sino como resultado de omisiones, complacencias y apuestas miopes y sectarias, dentro de una política de Estado mal enfocada, mal orientada y mal entendida.
Esta semana, una vez más, el país -o parte de él- escuchó a los criminales contar lo sucedido, algunos con posible arrepentimiento, otros buscando sólo escapismos a su castigo, pero supimos quiénes eran las víctimas, que soñaban, cuál fue el último recuerdo que dejaron antes de partir, la mayoría tras una falsa promesa laboral y que sitio ocupaban en sus familias y en sus comunidades, todas ellas rotas por el miedo y la violencia. Vimos madres, hermanos, abuelas y esposas cargando con el sufrimiento imborrable de perder a sus seres queridos, mientras los victimarios reconocían su participación en una maquinaria de muerte que operó con la complicidad y el silencio de las élites políticas, militares, de gobierno y en algunos casos, empresariales y clericales.
Lo escuchado en la audiencia de la JEP sobre Antioquia, por supuesto que no es nuevo, pero cada relato se siente como si fuera la primera vez que asistimos al recuento del horror. Si repasamos los casos expuestos, la cantidad de audiencias desarrolladas y las actuaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los hechos, quedamos estupefactos por la dimensión y la monstruosidad, pero sobre todo por la indiferencia del país, de los medios de comunicación y de la dirigencia política nacional; y la complicidad de algunos de sus más altos representantes.
El 30 de agosto de 2023, se realizó una audiencia sobre las ejecuciones ocurridas entre el 13 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. “La Sala determinó que las unidades tácticas pertenecientes a la IV Brigada asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios en cumplimiento de la política de la Brigada de conteo de cuerpos, según la cual el único indicador de éxito militar eran las muertes en combate. Por los hechos y conductas documentadas el despacho llamó a reconocer su responsabilidad como máximo responsable al antiguo comandante de la IV Brigada, quien más tarde fungió como comandante del Ejército Nacional, el General retirado Mario Montoya Uribe, y a ocho oficiales del Ejército como autores y coautores de 130 asesinatos y desapariciones forzadas cuando los ex militares hacían parte de la IV Brigada (Antioquia)[5].
El General (r) Mario Montoya fue citado para reconocer su responsabilidad como autor de crímenes de lesa humanidad, y aunque en 2018 suscribió un acta de sometimiento, con la que manifestó su voluntad de comparecer al Sistema Integral de Paz, dos años después optó por desconocer a las víctimas y hacer uso de su derecho a guardar silencio. Aunque el General ha sido mencionado en varios informes acopiados por la Jurisdicción en el curso de la investigación por asesinatos y desaparición forzada, ha negado su responsabilidad alegando falta de memoria.
El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez (condenado hace dos meses por fraude procesal y soborno de testigos), ha defendido públicamente al general Montoya y lo ha calificado de “héroe de la patria”, pero no por ingenuidad o porque ignore sus actuaciones criminales, incluso Human Rights Watch lo incluyó en el listado de los “altos niveles del Ejército que facilitaron los falsos positivos”. No. Montoya como Uribe hacen parte de un mismo proyecto político de país, que relativiza la moral y cree que la atrocidad es necesaria para lograr sus fines y que se puede justificar, aunque no lo dicen de frente ante el país por cobardía y miedo a perder su poderío y terminar en líos judiciales al no tener garantizada su impunidad. Y de allí justamente la importancia de la labor que realiza la JEP desde hace 7 años, de sus audiencias públicas, de la reciente condena al intocable capataz de El Ubérrimo y de las actuaciones de la justicia, que hoy nos ofrece nuevos hallazgos en la llamada parapolítica. Estos hechos, avances en verdad y justicia, más el triunfo electoral de una agenda por fuera de la tradición bipartidista que nos condenó a mal vivir y mal querer durante más de 200 años, nos indica que si hay un cambio en la conciencia y matriz de la nación, que contra el tufo mafioso en el país donde todo se puede y se vale y el dolor ajeno es motivo de turbia alegría, empieza a emerger sobre el hastío y la agonía una nueva manera de percibirnos en relación con nuestra historia y bajo el ideal de una paz que posibilite la vida, la justicia, la decencia administrativa y el poder ser y hacer desde la diferencia y la diversidad que enriquece tanto el debate como la construcción de nuevos paradigmas y maneras de ser en sociedad.
Los falsos positivos ya no son un secreto, ni siquiera las autoridades pueden negarlo como sucedía años atrás; se sabe que sucedieron, que son miles las víctimas, que tal vez nunca sepamos cuántas son en realidad, que el proceso criminal inicia con el engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que son llevadas con falsas promesas laborales a zonas de supuestos combates con grupos insurgentes, para luego ser asesinadas en estado de indefensión. Sabemos que las víctimas eran ciudadanos ajenos al conflicto armado, algunos eran campesinos, otros desempleados, habitantes de calle o trabajadores informales. Todos eran inocentes y los asesinos lo sabían.
¿Cómo es posible que se cometan crímenes tan atroces contra personas inocentes, solo para obtener beneficios, ascensos, días de descanso o incentivos económicos? ¿Cómo un Estado, que debe proteger la vida de sus ciudadanos, permite que se asesine a su propio pueblo para alimentar una mentira? ¿Cómo se justifica el uso de uniforme y de las armas de la nación, pagadas con los impuestos de la gente, para ejecutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad?
La barbarie de estos crímenes no solo dejó miles de muertos. También sembró la desconfianza, el miedo y el dolor en las comunidades más humildes del país. Y aunque la justicia transicional intenta hoy reparar y reconocer la dimensión de este horror, la verdad completa aún está por contarse.
Colombia no puede olvidar. Pero para recordar hay que saber, hay que ir a contracorriente y hablar con las víctimas de lo sucedido y de lo que hoy se nos revela gracias a la labor de la JEP. No son cifras, son vidas truncadas. Además, recordar es también una manera de resistir, de honrar la memoria de quienes ya no están y de evitar que crímenes como estos se repitan y se naturalicen.
Algunos casos escuchados durante las audiencias del 8, 9 y 10 de octubre pasado, fueron resumidos por El Espectador. En uno de ellos, se cuenta como un militar llamado Oscar Iván Mayo Marulanda ordenó asesinar a un niño de 16 años, diciendo: “Aquí lo voy a matar, la boca me sabe a sangre. Yo tengo que matar hoy” [6].
“Los responsables declararon ante la Justicia Penal Militar un falso combate, presentando una versión llena de falacias, incongruencias y acusaciones falsas en contra de Jimmy Naranjo Salazar, quien, como viene de referirse, era un menor campesino ajeno a las hostilidades”.
De ese nivel de perversidad y de ese tamaño ha sido la oscuridad que cegó buena parte de nuestra historia y que hoy nos proponemos desterrar para siempre.
En memoria de Jimmy, de todos los niños y las niñas, jóvenes y adultos injustamente martirizados y asesinados en la locura de esta guerra de fratricidas, perversos y desalmados.
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[1] El Espectador; Los testimonios sobre falsos positivos que sembraron el horror en Antioquia”. Por Gustavo Montes Arias. Sección Judicial. Bogotá, 11 de octubre de 2025. Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/los-testimonios-sobre-falsos-positivos-que-sembraron-el-horror-en-antioquia/
[2] Ídem.
[3] BBC; “Falsos positivos en Colombia: los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra”. News Mundo. Bogotá-Londres, 18 de febrero de 2021. Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56119174
[4] Para conocer más sobre la primera sentencia de tipo restaurativo contra exmilitares responsables de 135 casos de falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), ver: El Espectador; “Los relatos de falsos positivos deberían asustarnos”: magistrada de la JEP. Entrevista con la magistrada Kankuama Ana Manuela Ochoa presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Ver: https://www.elespectador.com/judicial/los-relatos-de-falsos-positivos-deberian-asustarnos-magistrada-de-la-jep/
[5] De los 130 crímenes documentados, 53 personas fueron asesinadas en el 2002 y 77 en el 2003. De ellas, 113 eran hombres, once niños, cinco mujeres y cuatro niñas. Además, tres víctimas se encontraban en condición de discapacidad. Coljuristas. Ver: https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.php?lan=en&id=288#_ftn2
[6] Para conocer tres de los casos publicados por El Espectador, ir a: https://www.elespectador.com/judicial/los-testimonios-sobre-falsos-positivos-que-sembraron-el-horror-en-antioquia/
Maureén Maya
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