Según la Defensoría del Pueblo, la ACSN pretende pasar de una presencia discreta a un control efectivo aprovechando el posible repliegue del Ejército Gaitanista – EGC, con respecto al proceso de negociación con el Gobierno Nacional y las dificultades institucionales para la presencia del Estado en el territorio.
La Alerta señala que, en 2025 en el municipio de La Esperanza de Norte de Santander, se cometieron 11 asesinatos selectivos, en una dinámica de mal llamada “limpieza social”. También, se han presentado retenes ilegales al transporte público y marcaje de vehículos con insignias de las ACSN. Hay riesgo de colisión con el ELN y con el Frente 33 de las disidencias Pos-FARC, que tienen asiento en el Catatumbo y libran una álgida confrontación armada. Esto podría agudizar los procesos masivos de desplazamiento forzado y de confinamiento de población.
La Defensoría del Pueblo platea que los grupos armados ilegales están imponiendo toques de queda de facto, regulan la conducta social, extorsionan en forma sistemática a comerciantes, ganaderos, a pequeños negocios de mujeres cabeza de hogar; ocupan escuelas rurales vulnerando principios del DIH y exponiendo a niños, niñas y docentes. Además, imponen el cultivo de la coca y amenazan la economía cafetera lícita que vienen fortaleciendo las comunidades, dentro de estrategias de paz. Además, amenazan a líderes, lideresas sociales, a personas defensoras de derechos humanos, a las comunidades campesinas, a personas vulnerables y de la tercera edad, así como a personal del servicio público.
En este contexto, se han presentado combates en la sierra Nevada entre las ACSN y el EGC y se han causado heridas a nueve indígenas Arhuacos. Las personas heridas son cuatro hombres adultos, tres mujeres y dos niños, quienes fueron trasladados a Santa Marta en un helicóptero militar. En medio de la situación murió un indígena, adulto mayor.
Con el aplazamiento del ingreso de los integrantes del EGC en las Zonas de Ubicación Temporal – ZUT-, que debían iniciar el primero de marzo, crece la posibilidad de agudizar la confrontación armada en disputa por los territorios.
Ante dicha situación de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo plantea 16 recomendaciones para apremiar a los ministerios del Interior y defensa, a la Fiscalía General de la Nación, a la UNP, a la Unidad de Víctimas, al ICBF, a la Consejería para los Derechos Humanos y el DIH y a las administraciones departamentales y locales, para que adopten medidas de mitigación, de prevención y acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral encaminadas a evitar la concreción de conductas violadoras de derechos.
Las medidas incluyen la disuasión a las amenazas mediante el fortalecimiento de la fuerza pública, el desarrollo de la investigación judicial oportuna y la implementación de rutas para la protección integral de la población civil y de los liderazgos sociales.
Cabe señalar que, el día 17 de marzo pasado se reportó en la prensa nacional (A modo de ejemplo, ver El Espectador [2]) la muerte de Reinel Contreras Cañizares, alias “Comando 60”, presunto jefe de las AGC, en combate con la fuerza pública, en la zona rural del municipio de San Alberto, departamento del Cesar. La operación estuvo coordinada entre la Policía Nacional, La Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El reporte del operativo establece que Contreras Cañizares era el responsable de las confrontaciones con el Ejército Gaitanista y había causado el desplazamiento de 200 familias, así como la expansión de las redes criminales en el Catatumbo.
En este contexto de Diálogo Sociojurídico se hace evidente la importancia del monitoreo y del seguimiento permanente con respecto al comportamiento de cada grupo que participa de diálogos Sociojurídicos o de negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. La prevención, la disuasión, la mitigación y la protección de las comunidades son fundamentales, en paralelo con los diálogos y el acompañamiento encaminado al desmantelamiento de los grupos armados y el tránsito pacífico de sus integrantes a escenarios de convivencia ciudadana e integración socio-productiva en los territorios.
Al respecto, como se puede ver, el Gobierno Nacional y las instituciones combinan políticas y programas de paz con la intervención mediante políticas y programas de seguridad, mediante el uso proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho. Esto incluye la intervención policial, la investigación criminal, la dinámica judicial, así como los programas de protección y promoción social en los ámbitos nacional y regional, donde también es pertinente estimular la participación autónoma de las organizaciones sociales y comunitarias que construyen territorios de paz.
La combinación proactiva de estrategias y mecanismos de paz y seguridad, para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y el empoderamiento social y comunitario desde el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, es posible y necesaria y requiere abrirse paso en los territorios, a pesar de las campañas estigmatizantes de los sectores que absolutizan los enfoques militaristas y punitivistas. Al respecto, es necesario fortalecer el enfoque jurídico que permita contar con legislación pertinente para lograr el sometimiento o acogimiento a la justicia, por parte de las bandas y grupos criminales de alto impacto, dentro de criterios de verdad, justicia, reparación y voluntad de no repetición.
Fuentes:
[1] Defensoría del Pueblo. Por expansión territorial de las ACSN en Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander, Defensoría emite Alerta Temprana de Inminencia. Jue, 12 mar 2026. Alerta Temprana No. 007 de 2026- de Inminencia 007. Marzo 05 de 2026https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3706705/AT+007-26.pdf
[2] Redacción Judicial. Muere en operativo “Comando 60″, jefe armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El Espectador. Marzo 17 de 2026.Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: RTVC Noticias
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