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Es una prioridad convocar la Consulta popular

26 mayo, 2025 By Horacio Duque Leave a Comment

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El mero anuncio de la convocatoria de una Consulta popular para rescatar derechos laborales fundamentales de millones de trabajadores junto a la movilización popular con huelgas, manifestaciones, marchas y cabildos abiertos, “hizo la magia” de romper el bloqueo institucional a las reformas sociales, en concreto al proyecto de ley con los cambios exigidos en materia de derechos salariales.

Lo que explica, por lo demás, que la Comisión 4 del Senado haya aprobado ayer 27 de mayo, en tiempo récord, 75 artículos del texto del proyecto de ley correspondiente, tramitado en la Cámara de representantes, en los cuales se recuperan los pagos de las horas extras de trabajo después de las 7 de la tarde, el reconocimiento en un 100%  de los dominicales y festivos, la eliminación de las cooperativas de trabajo tercerizadoras del contrato laboral y otras reivindicaciones muy importantes de la clase obrera; prestaciones negadas hace pocas semanas por una mafia parlamentaria ultraderechistas de 8 senadores de la Comisión 7, agentes declarados de las corporaciones empresariales y bancarias.

Demostrada la potencia política de dicho mecanismo de participación democrática, lo lógico es mantener su vigor constitucional, legal y político. En la actual coyuntura, el recurso de la Consulta popular ha tomado un nuevo sentido, superior al original establecido en el texto de la Constitución de 1991, encorsetado en el esquema neoliberal, para devenir en una herramienta de la democracia directa que facilita el protagonismo directo de la multitud en las definiciones políticas de la actual transición hacia una sociedad post neoliberal.

Así, como el mayor desafío en estos momentos es desbloquear la reforma a la salud, paralizada en la Comisión 7, donde prácticamente ha muerto por la determinación de sus enemigos declarados, agentes de las Empresas Prestadoras de Salud/EPS, lo adecuado es activar la Consulta mediante el procedimiento jurídico anunciado por el señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, para que el presidente Gustavo Petro emita, entre el 1 y el 6 de junio, el respectivo decreto convocando las votaciones correspondientes a las preguntas que recuperan el derecho a la salud de los colombianos mediante una profunda reestructuración de todo el sistema sanitario nacional.

Votaciones que según lo establecido en la Ley 1757 del 2015 deben darse en un plazo máximo de tres meses para, según los resultados, proceder a emitir los decretos reglamentarios respectivos que organicen y garanticen el ejercicio del derecho a la salud.

Por supuesto, esta ruta jurídica va a requerir la movilización sociopolítica permanente de la ciudadanía y de la multitud, en tanto actor determinante del curso histórico de la sociedad.

El presidente Petro tiene la iniciativa política y jurídica, el reto consiste en sostener tal dinámica que la ultraderecha pretende revertir con artimañas ante el Consejo de Estado para validar el fraude protagonizado el 14 de mayo en la plenaria cuando supuestamente se rechazó la proposición radicada por el presidente el 1 de mayo.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, está anunciando por la red corporativa de medios de comunicación que va a desatar una ofensiva judicial en las Cortes.

Así, Cepeda, según Rodríguez (Ver https://www.infobae.com/colombia/2025/05/28/efrain-cepeda-anuncio-contraofensiva-a-la-intencion-de-gustavo-petro-de-convocar-por-decreto-la-consulta-popular-confirmo-medidas/ ), anunció una contraofensiva a la intención de Gustavo Petro de convocar por decreto la consulta popular confirmando medidas para cañar.

De acuerdo con Rodríguez, “el presidente del Congreso le salió al paso al jefe de Estado, que defendió la tesis de que el Senado no ha emitido un concepto sobre el mecanismo de participación popular, por lo que insistió que a partir del 1 de junio podría emitir el documento que convoque a los colombianos a las urnas

Así, en un nuevo capítulo de la ofensiva entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el titular del Congreso, Efraín Cepeda, por cuenta del trámite de la hundida consulta popular 1.0, “el senador conservador anunció el miércoles 28 de mayo cuál sería la decisión que se tomaría frente al anuncio del jefe de Estado, que dejó en claro que, en vista de que según él el cuerpo legislativo no ha emitido un concepto en firme sobre el mecanismo de participación ciudadana, convocaría a los colombianos a las urnas desde el 1 de junio de 2025.

“Cepeda, que insistió en que las posiciones del primer mandatario serían una afrenta a la Constitución, toda vez que en el legislativo ya se le dio trámite a la propuesta que se radicó por el gobernante, anticipó que estaría dispuesto a ir al Consejo de Estado para que sea este alto tribunal, que ha tomado varias determinaciones contrarias a los intereses del Ejecutivo, el que defina la legalidad del procedimiento. Lo anterior, frente a los señalamientos de Petro, que ha esbozado la teoría según la cual se violó la Ley 5 de 1992.

“Es una violación a la autonomía de los poderes públicos. No solamente el legislativo, sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo, debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo. Si ellos no quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que le tumban eso, por arbitrarios, dijo Cepeda, que defendió con ello la legalidad de la votación del 14 de mayo, que hundió la consulta por votación de 49 a 47.

“Es válido precisar que, a la par de esta especie de desconocimiento a lo votado por la plenaria, alegando que, según la referida normativa (Ley 5), en su artículo 125, y el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, sobresalen dos aspectos: en el primero, que para ser válida la jornada en la que se desestimó la consulta, debió leerse la debida proposición; y, segundo, que en vista de que el legislativo no se pronunciaría sobre la consulta -teniendo en cuenta de que la votación haya sido inválida- será Petro el que pueda convocar por decreto la misma.

“¿Qué dijo Petro sobre la convocatoria de la consulta popular por decreto?

“En el Consejo de Ministros del martes 27 de mayo de 2025, el primer mandatario de los colombianos se refirió a la “jugadita” que, según él, llevó a cabo Cepeda para hundir la consulta popular: convocatoria con la que pretendía poner a consideración del pueblo algunos de los cambios que quiere hacer el régimen laboral colombiano; pese a que, de acuerdo con los señalamientos de sectores contrarios, como el Centro Democrático y Cambio Radical, entre otros, lo que busca son millonarios recursos para hacer campaña.

“Ahora, efectivamente, el senador, presidente del Senado, el señor Cepeda, Efraín Cepeda, por su afán de dañar la consulta popular, no leyó que era lo que estaban votando los parlamentarios. Se le pasó, se le olvidó (decir): ‘señor secretario, léale a la plenaria en qué consiste la siguiente votación’”, dijo Petro a su gabinete y los colombianos que seguían, a esa hora, la trasmisión. “Puso a votar a la gente sin saber qué votaban. Eso está prohibido por la ley quinta. Es decir, no se votó un concepto previo, ni a favor ni en contra”, agregó.

“Teniendo en cuenta estas declaraciones, es claro que Petro no reculará en su idea de convocar la consulta. “Ya entraron a decir que soy un dictador, que no sé qué, eso es lo que dice la ley. Para qué son brutos ¿Por qué son tramposos? El senador, y tengo que decirlo así, porque es una trampa lo que han hecho contra el pueblo”, remarcó el jefe de Estado en su intervención, con la que salió a atacar a Cepeda; el mismo que, en respuesta, parece haber marcado el camino de la mencionada consulta.

“Es válido decir que el Consejo de Estado ya aceptó estudiar una acción de tutela presentada contra la Presidencia y la Secretaría del Senado, tras los hechos ocurridos el 14 de mayo durante la votación de la consulta popular del Gobierno. El recurso fue interpuesto por un ciudadano que consideró que el procedimiento empleado para votar la consulta impidió el ejercicio legítimo de participación política; y frente a esto se ordenó que, en un plazo de tres días a partir de la notificación, entreguen un informe sobre lo acontecido”.

En tal contexto, de aguda disputa, lo que corresponde es ir al rescate de la reforma a la salud con la CP; además de que su vigencia es un seguro para la propia reforma laboral a la cual le restan cuatro pasos más, incluida la conciliación de los textos en unos escenarios en que la ultraderecha es la corriente dominante. Todo puede ocurrir en las tres plenarias del Senado y en la conciliación ordenada por la ley.

Horacio Duque Giraldo

Foto tomada de: Reacción Revista Digital

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Dra. Carolina Corcho Mejía, Presidenta Corporación Latinoamericana Sur, Vicepresidenta Federación Médica Colombiana

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