La gravedad del asunto no radica solamente en los delitos cometidos, que por sí mismos constituyen violaciones flagrantes de derechos humanos fundamentales, sino en el hecho de que líderes y figuras con capacidad de decisión pública hayan mantenido relaciones, contactos o beneficios indirectos en un ecosistema social sostenido por la explotación de menores y otros delitos. Esta circunstancia plantea un dilema ético y político que desborda el ámbito penal y alcanza el núcleo mismo de la legitimidad democrática.
El dilema ético de las élites y la crisis de legitimidad
La explotación sexual de menores constituye una violación grave de normas imperativas. La Convención sobre los Derechos del Niño y los instrumentos contra la trata y la explotación sexual establecen obligaciones claras de prevención, investigación, sanción y reparación. Cuando dirigentes de alto nivel aparecen vinculados, directa o indirectamente, a entornos donde tales crímenes eran conocidos, tolerados o minimizados, se produce una fractura ética de gran magnitud.
El dilema no consiste únicamente en determinar responsabilidades penales individuales. Se trata de un problema de coherencia normativa: ¿cómo puede sostenerse el discurso internacional sobre la protección de la infancia, la dignidad humana y el Estado de derecho cuando quienes representan a los Estados han participado en redes de sociabilidad que normalizaban la cercanía con un agresor sexual condenado? La cuestión no es retórica. La legitimidad del poder político depende, en buena medida, de la percepción de que quienes gobiernan están sujetos a las mismas reglas que la ciudadanía, y de que las instituciones no operan con una moral de excepción para quienes concentran riqueza y acceso.
Aquí se hace visible un doble rasero que erosiona la confianza pública. La acumulación de riqueza extrema y la pertenencia a circuitos cerrados han generado zonas de opacidad donde la responsabilidad se diluye o se administra selectivamente. Este fenómeno no puede analizarse al margen de las desigualdades estructurales del orden global. En un sistema caracterizado por la concentración desproporcionada de recursos en manos de una minoría transnacional, la frontera entre influencia económica y captura política se vuelve difusa. El escándalo evidencia que la impunidad no es un accidente, sino una posibilidad estructural cuando poder económico y poder político convergen sin contrapesos efectivos.
La gestión mediática del caso ha oscilado entre el espectáculo y la fragmentación informativa, donde la protección de las víctimas no siempre ha sido priorizada. Revelar no equivale a hacer justicia y se corre el riesgo de convertir la transparencia en un simulacro. En términos éticos, la exposición pública debe estar subordinada al principio de no revictimización y a la protección integral de quienes sobrevivieron a los abusos. De lo contrario, el derecho a la verdad se transforma en consumo morbo-político que deja intactas, o incluso refuerza, las estructuras de poder que hicieron posible la violencia.
Impacto geopolítico y crisis del multilateralismo
El escándalo adquiere una dimensión geopolítica cuando se constata que figuras de distintos países han debido dimitir, enfrentar investigaciones o ver erosionada su credibilidad institucional. En algunos Estados europeos, las revelaciones han provocado crisis gubernamentales, renuncias en altos cargos diplomáticos y revisiones de inmunidades. En Estados Unidos, la polarización partidista ha instrumentalizado el caso como arma política, profundizando la fragmentación legislativa y la desconfianza hacia las instituciones. En América Latina, en cambio, el impacto político visible ha tendido a ser más tenue, no porque la región sea moralmente ajena al problema, sino porque opera con otros umbrales de escándalo público y, en muchos casos, con instituciones debilitadas para investigar redes transnacionales de poder. En Colombia, un expresidente, sigue campante sin dar explicaciones como si nada hubiera ocurrido.
El multilateralismo contemporáneo descansa sobre la premisa de que los Estados que lo impulsan cumplen, al menos formalmente, con estándares mínimos de integridad y respeto al derecho internacional. Cuando la clase dirigente de esos mismos Estados aparece asociada a redes de explotación que practican la pederastia, la autoridad moral que sustenta su liderazgo se debilita. Países que han sido objeto de críticas occidentales en materia de derechos humanos encuentran en este escándalo un argumento para cuestionar la coherencia normativa del llamado orden internacional.
Existe, además, una dimensión más inquietante vinculada a presuntas conexiones con servicios de inteligencia y operaciones de influencia. Aunque estas acusaciones deben tratarse con prudencia analítica, el solo hecho de que circulen con verosimilitud pública revela una percepción extendida: redes de poder global operan en zonas grises donde convergen intereses políticos, económicos y de seguridad. Si llegara a confirmarse que estructuras estatales toleraron, instrumentalizaron o encubrieron conductas criminales para obtener ventajas estratégicas, el impacto sobre la arquitectura de confianza internacional será devastador.
En este contexto, el multilateralismo no enfrenta únicamente una crisis normativa, sino también una crisis epistémica. La proliferación de narrativas contradictorias, que oscilan entre disputas partidistas, estrategias de control de daños y campañas de desinformación, dificulta la construcción de consensos mínimos sobre verdad, responsabilidad y reparación. Y cuando dirigentes con gran capacidad de agenda desplazan el foco desde la protección de la infancia hacia la estigmatización de colectivos, como las personas migrantes, se evidencia un mecanismo clásico de desvío político que convierte a los vulnerables en amenaza para evitar que el poder se mire al espejo.
Riesgos para la paz y la estabilidad ante la minimización política
Uno de los elementos más delicados del escenario actual es la actitud de líderes que intentan restar gravedad al escándalo o reencuadrarlo como disputa partidista. Cuando un dirigente con influencia global minimiza la relevancia ética y jurídica de hechos vinculados a la explotación de menores, el mensaje político es profundamente problemático, pues sugiere que ciertos crímenes pueden relativizarse si afectan a círculos de poder.
La reducción del escándalo a una estrategia de confrontación electoral o a una supuesta persecución política erosiona el principio de responsabilidad estatal. El derecho internacional humanitario y el sistema de protección de derechos humanos descansan sobre la idea de que los Estados tienen la obligación positiva de investigar, sancionar y prevenir violaciones graves. Si la narrativa dominante se orienta hacia la trivialización o la distracción, se envía una señal de permisividad estructural que afecta no solo a la justicia interna, sino también al clima global de rendición de cuentas.
En clave geopolítica, esta minimización puede tener efectos desestabilizadores. Los hechos muestran que las élites se protegen entre sí, alimentando movimientos populistas y antisistema. Debilita, además, la capacidad de los Estados implicados para liderar agendas internacionales en materia de derechos humanos. La coherencia es un recurso estratégico, y sin ella la diplomacia se vuelve defensiva y pierde fuerza persuasiva. En un mundo marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y disputas territoriales, la pérdida de autoridad moral limita la posibilidad de mediar o promover soluciones basadas en normas.
En última instancia, el caso Epstein no debe leerse como una anomalía moral dentro de un sistema esencialmente sano, sino como un síntoma revelador de una estructura que permite que el poder económico, político y simbólico se concentre sin controles proporcionales. La explotación sexual de menores en entornos de élite no es solo un crimen individual de extrema gravedad; es también la manifestación de una arquitectura institucional que tolera zonas de excepción para quienes ocupan la cúspide del orden social.
La superación de esta crisis no puede limitarse a la exposición de nombres ni a dimisiones aisladas. Si la anatomía de la impunidad ha quedado al descubierto, la respuesta debe orientarse a desmantelar los mecanismos que la sostienen: la opacidad financiera transnacional, la captura política por intereses privados, la debilidad de los sistemas de control y la normalización cultural de la desigualdad extrema. Asimismo, exige una reflexión ética profunda sobre la relación entre riqueza extrema, influencia política e impunidad.
Si el escándalo se reduce a un episodio más en la competencia partidista o a un ciclo mediático efímero, la estructura que lo hizo posible permanecerá intacta. Si, por el contrario, se asume como un síntoma de desigualdades sistémicas y se abordan sus raíces, podría convertirse en un punto de inflexión hacia una mayor coherencia entre principios y prácticas. La historia reciente sugiere que ese camino es más difícil. No obstante, la preservación de la paz y la estabilidad internacionales depende, en buena medida, de la capacidad de las sociedades para exigir que el poder, en todas sus formas, vuelva a someterse a la ley.
Jaime Gómez Alcaraz, analista Internacional
Foto tomada de: CNN en Español
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