No estamos narrando genocidios o crímenes de lesa humanidad de Ruanda, de los Khmer Rouge de Camboya del dictador Pol Pot, o en el genocidio de Srebrenica en la ex Yugoslavia de los años 90.
La durísima narración de la magistrada colombiana, Alexandra Valencia, de la Sala de “Justicia y Paz” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se ha realizado frente a un masivo auditorio de académicas, feministas y jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Unal, epicentro del seminario realizado en Bogotá el pasado 29 de octubre; anno domini 2025, “Mujeres y construcción de paz: perspectivas después de 25 años de la Resolución de Naciones Unidas n. 1325 de 2000”.
He acompañado la magistrada Alexandra Valencia en el auditorio de postgrado de ciencias sociales de Unal, que se disculpa para estar indispuesta, pero transmite una gran fuerza ética; esta custodiada por varios escoltas…
También la intervención de Diana María Vega, Magistrada Sala de Amnistía o Indulto de la “Jurisdicción Especial por la Paz JEP”, es muy significativa.
La magistrada Vega ha subrayado que “después de 19 años en la academia, esta universidad pública, Unal es mi alma mater. Ahora trabajo en la JEP. Es importante que el Ministerio de Igualdad – nacido gracias al gobierno de Petro (una empleada doméstica afro, Francia Márquez y actual vicepresidenta de la Republica, fue su primera ministra) – haya adoptado un comité de seguimiento a la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, 13 25 y enfrenta la violencia de las mujeres con un enfoque étnico porque el racismo y la discriminación, debe abordarse de forma integral contra las desigualdades que sufren las mujeres en los territorios. La política del Estado debe ser anti-racista.
Mi norte como magistrada de la Jep es la lucha y la protección y la justicia con relación a las defensoras de derechos humanos y la participación política de las mujeres en proceso de paz en Colombia y me solidarizo con la relatora ONU, Francesca Albanese que ha denunciado el genocidio del pueblo de Palestina con 200.000 víctimas en Gaza, el 70% de las víctimas son mujeres y niñas. La situación de las mujeres hoy en Colombia, mujeres maestras, activistas, periodista, son objetivo de ataques porque son defensoras de los derechos humanos. Hasta hoy persiste la violencia de género, de discriminación en el acceso a la salud, a la reincorporación de las firmantes de paz excombatientes. La persistencia del conflicto armado hoy afecta a las niñas y a las mujeres también con relación a la ineficiente política estatal de reparación.
Recuerdo la historia de una niña de 14 años, reclutada forzadamente por la guerrilla de la Farc, que con su fusil custodiaba a los diputados del Valle (secuestrados por la Farc). Esta niña de 14 años, Maribel (nombre ficticio) de 14 años fue infiltrada por el ejército del Estado, fue embarazada. Por su influencia asesinaron un comandante de la Farc y cuando la guerrilla la descubrió, fue asesinada de forma muy cruel, después de torturas horribles, con machetes le quitaron su bebé de su barriga, tenía 5 meses de gestación…
Hay otras fotografías crueles del fotógrafo Echavarría que muestran 150 escuelas abandonadas. Recuerdo una maestra, secuestrada por los paramilitares, sufrió violencia sexual, fue asesinada después de seis meses de secuestro, tenía tres hijos pequeños. ¿Cuál era su culpa? Había compartido unos chocolates a sus estudiantes campesinos de una pequeña escuela rural, sin saber que los chocolates provenían de un camión robado por la guerrilla… Por eso, reconocemos el valor, el coraje de las maestras en las escuelas rurales más olvidadas de Colombia”, concluyo la magistrada Diana Vega.
Nuevo libro “Justicia para Colombia. Impunidad, acumulación y poder”
Para entender el contexto que rodea estos temas terribles, es importante profundizar el lanzamiento del nuevo libro “Justicia para Colombia. Impunidad, acumulación y poder”, financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania (expresión del partido de izquierda Linke de Berlín), que se ha realizado el jueves 23 de octubre de 2025 en el auditorio “Camilo Torres” de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Esta nueva publicación analiza en profundidad 4 casos que muestran cómo las redes de poder impiden que la justicia opere frente a graves violaciones de los derechos humanos en Colombia. Los casos de Córdoba, Barrancabermeja, Casanare y San José de Apartadó, desde sus contextos históricos, políticos y sociales, ponen en el centro las voces de resistencia y denuncia. Esta publicación presenta un análisis profundo y una base empírica que busca fortalecer las propuestas y recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, con el objetivo de mejorar el sistema de justicia en el marco de la paz total, particularmente en lo relacionado con el juzgamiento y desmantelamiento del paramilitarismo. Este nuevo libro está disponible para descarga gratuita (1).
Al respecto, el jesuita Javier Giraldo SJ, figura histórica del CINEP y de la defensa de los derechos humanos en Colombia, en el prólogo ha señalado que “si bien Colombia es reconocida por su violencia habitual y sistemática, pocos analistas le atribuyen un papel decisivo al paramilitarismo. Esta estrategia de ocultamiento marca de manera profunda las características típicas de una sociedad y un Estado violentos e implica una opción por oscurecer las responsabilidades de uno de los polos de la violencia y hundir en la confusión las iniciativas por identificar a todos los autores y sus móviles.
En febrero de 1962, el general estadounidense William Pelham Yarborough, director de una Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, en Forth Bragg, Carolina del Norte, terminaba una visita a Colombia para investigar sus sistemas de seguridad. Como fruto de sus pesquisas dejó dos documentos secretos con instrucciones. Una de sus órdenes más concretas, seguramente expresada al mandatario de entonces, el conservador Guillermo León Valencia, y a sus más cercanos colaboradores, consistía en iniciar la conformación de grupos mixtos, compuestos por civiles y militares, con el fin de avanzar en una estrategia para detener las incipientes simpatías por la ideología comunista. En el párrafo más relevante de un anexo “ultrasecreto” el documento, se afirmaba que la selección de personal civil y militar tenía como objetivo someterlos a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, “con miras a desarrollar una estructura cívico-militar para ser utilizada al poner en marcha funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que fuera necesario, impulsando sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo” (2).
Gobernar a través de órdenes secretas es una negación rotunda de la democracia. Imponer el secreto y la clandestinidad en estrategias que tienen relación con la administración de justicia de un Estado deforma y falsea los principios jurídicos más básicos. A partir de 1962, los grupos mixtos fueron multiplicándose y progresivamente engendrando un modelo contra-institucional de civiles provistos de armas. Las Fuerza Armadas encontraron en estos paramilitares el instrumento preciso para realizar acciones criminales intolerables en funcionarios estatales, pero que fueron eficaces para imponer el racismo, el clasismo y toda suerte de discriminaciones antihumanas. Ya desde 1965, el Decreto 3398, refrendado por la Ley 48/68, había “legalizado” el engendro paramilitar que Estados Unidos implantó. Cuando fluían las denuncias por sus atrocidades, la cúpula castrense acudía al Parlamento y a las Cortes blindada con el “decreto/ley”. Si bien este, en sus artículos más pertinentes, fue derogado por el presidente Barco y la Corte Suprema en 1989 —luego de regir 24 años como “norma constitucional”— muy pronto los presidentes Gaviria, Samper y siguientes encontraron cómo reemplazar ese piso legal del paramilitarismo, al elaborar y reciclar decretos que reglamentaron las empresas de seguridad privada, a las cuales trasfirieron lo más peligroso del paramilitarismo.
Ya en el siglo XXI el monstruo buscó maquillarse con la ayuda de instituciones, establecimientos, medios y “procesos de paz”. Mientras la enormidad de sus crímenes escandalizaba al mundo entero, el país lo asimilaba como elemento de su cultura. Las mismas autoridades prohibieron pronunciar su nombre y presionaron a las insurgencias dialogantes para que solo se hablara de “grupos sucesores de los paramilitares”.
En medio de ese mar de complicidades, la Fundación Rosa Luxemburgo patrocinó una evaluación, entre 2021 y 2022, para pulsar las continuidades y reconfiguraciones del paramilitarismo en ocho regiones de Colombia, solicitando a expertos, que conocen bien sus regiones, una mirada al estado actual del paramilitarismo. Dichos estudios se publicaron en el libro ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? (3).
Estas palabras proféticas del padre Javier Giraldo tienen una relevancia histórica porque Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, el pasado 25 de noviembre de 2025, fue condenado a 28 años de cárcel por haber participado en la creación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y por haber sido uno de los responsables del asesinato de Juan Camilo Barrientos, un campesino de Yarumal, Antioquia. Ambos hechos ocurrieron en los años 90 y desde entonces han servido para señalar un vínculo entre la familia del expresidente Uribe y la violencia desatada por el paramilitarismo en Antioquia. Ahora esta decisión judicial de segunda instancia lo confirma.
El presidente Petro explica “los 12 apóstoles”
Al respecto, el presidente Gustavo Petro, ha comentado que: “lo denuncié por primera vez ante el país, a los “12 apóstoles” como precursores de las convivir que crearon el paramilitarismo, el primer grupo narcoterrorista del mundo, aliado al poder político de Colombia. Lo hice en el año 2007 en mi debate parlamentario en el senado sobre el paramilitarismo en Antioquia.
Allí demostré la complicidad y dirigencia de Santiago Uribe Vélez de estos grupos de limpieza social en el departamento. Fueron centenares de muertos en la zona de Yarumal y los llanos del Cuiba con centro en la hacienda la Carolina. El gerente del actual diario “El Colombiano”, de ahí su odio político, fue o es socio de la hacienda “La Carolina” y de ahí porque Fico y la gobernación de Antioquia tratan de controlar la fiscalía antioqueña con omisión de la actual fiscal general.
Santiago Uribe actuó entre el grupo de limpieza social llamado “la banda de los erres”, configurado con narcotraficantes de Titiribí entre ellos, los hermanos Ochoa Vásquez y sus primos, publiqué por primera vez, sus fotos reunidos en la región, en los mismos momentos donde la familia Ochoa era perseguida por EEUU por ser narcos.
En la zona de Titiribí murieron centenares de personas, allí desaparecieron a los estudiantes de la universidad de Antioquia que buscaban, simplemente guarecerse de la lluvia en una estación de gasolina de Armenia Mantequilla, para evitar la investigación, el director del Gaula Antioquia, después jefe de seguridad del presidente Uribe Vélez, preso en Estados Unidos, general Santoyo, que parece ser responsable de la desaparición de la hermana y otros miembros de Asfades, familiares de los estudiantes desaparecidos.
Los cuerpos los echaban a una laguna llena de caimanes. Yo denuncié estos hechos en el año 2007 y ahora se corroboran. A partir de mi debate fue perseguida toda mi familia, interfirieron ilegalmente sus comunicaciones por el DAS, las mías también, y la mayoría de sus integrantes partieron al exilio. Ahora la extrema derecha de La Florida que fue elegida al congreso de los EEUU, algunos de sus miembros elegidos por Álvaro Uribe Vélez, que ahora intenta vengarse de mi con su influencia en EEUU, acepta versiones infundadas del mismo grupo que esconde sus nexos con el narcoterrorismo: grandes narcos, matando a decenas de miles de colombianos, la mayoría humildes antioqueños. Sus políticos viajan sin problemas a la Florida y Washington a perseguir al presidente de Colombia por haberlo denunciado durante más de una década”, ha señalado el presidente Petro.
Entrevista exclusiva a la magistrada Alexandra Valencia Molina
La magistrada de Justicia y Paz (jurisdicción nacida en 2005 por la desmovilización de los paramilitares), Alexandra Valencia Molina, es la autora de la primera sentencia condenatoria en ese sistema transicional, contra el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, Salvatore Mancuso por miles de crímenes atroces que cometió en la época paramilitar del clan Castaño.
Es abogada de la Universidad Católica con dos especializaciones en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Tiene 30 años de experiencia en la Fiscalía y en la rama judicial.
Como magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha proferido sentencias que hacen énfasis en la responsabilidad del Estado y de los empresarios en los crímenes perpetrados por los grupos paramilitares. También ha hecho alusión a la violencia sexual cometida en desarrollo del conflicto y al supuesto papel de los medios de comunicación en la legitimación social del fenómeno del paramilitarismo.
En 2016 ocupó por pocos meses el cargo de Directora de la Unidad de lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo de la Fiscalía, creada en virtud del acuerdo de paz con las Farc. Abandonó esa posición luego de que el triunfo del No en el plebiscito obligara a cambiar el procedimiento para la elección de la cabeza de esa unidad.
Ha generado “animadversión” en varias empresas colombianas, especialmente en Postobón, luego de que ordenara investigar a sus empleados por presunta financiación del paramilitarismo en Aguachica (Cesar). También ha compulsado copias para investigar al ex vicepresidente de la república, Francisco Santos.
La magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia Molina, es una punta de diamante de la aplicación de la ley 975 de 2005, una ley de justicia transicional creada para facilitar la desmovilización de grupos armados ilegales (principalmente paramilitares) y su reintegración a la vida civil, ofreciendo beneficios penales a cambio de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, enfocándose en garantizar sus derechos y la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Agradezco profundamente a la magistrada Alexandra Valencia, que me concede esta entrevista exclusiva, la primera de los últimos dos años, considerando el antecedente de las polémicas encendidas por mi entrevista anterior, realizada en el Cinep en agosto de 2022 (4), con el respaldo del jesuita Javier Giraldo, considerando el artículo reciente “La presión internacional antimafia logra que la JEP rechaza que el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sea gestor de paz” (5), de julio de 2024. Todos estos artículos fueron publicados por la Revista Sur de la “Corporación Latinoamericana SUR”, dirigida por la destacada exministra Carolina Corcho que agradezco mucho, en la perspectiva de construir puentes con la “sociología de la antimafia”, que tiene sus referentes mundiales con la red “Libera” de Italia, y de muchos académicos italianos como el profesor Nando Dalla Chiesa y la profesora Monica Massari, de la Universidad Statale de Milano.
-Pregunta: ¿Cuál es la actual situación del ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, que el Presidente Petro ha reconocido como “gestor de paz”?
-Respuesta: En el departamento de Córdoba y específicamente, en Montería, el número de víctimas durante el conflicto armado se aproxima a las 50 mil, donde el paramilitarismo fue el responsable de casi la mitad de estos hechos.
El asunto no puede reducirse como lo pretende la defensa y el mismo postulado, a un asunto de altura sobre el nivel del mar. En este orden, respecto al postulado Salvatore Mancuso Gómez, lo que se advierte es un notable déficit de su compromiso de comparecencia ante esta Jurisdicción, razón por la cual la respuesta ante esta reclamación permanecerá en los términos decididos en el Juzgado de Instancia.
La “Ley de Justicia y Paz” es una ley de méritos. Recordar al postulado (Mancuso) que su caso avanza en juicio, no solo por el diseño que los mismos suscriptores de los acuerdos de paz de la época (ley 975 en 2005) suscribieron, sino, además, como resultado de una criminalidad oculta que solo este sistema ha dejado en evidencia. Esto para indicar que las únicas víctimas son las que injustamente padecieron el conflicto armado paramilitar y no quienes como consecuencia de sus excesos deben rendir cuentas ante este sistema de justicia. Entre las regiones con ingreso restringido figuran los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander. La medida también se extiende a cinco municipios de Antioquia: Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá. La llegada de Mancuso a los territorios donde tuvo injerencia como paramilitar no es conveniente para las víctimas.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de este Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 27 de junio de 2025, resuelve: “Confirmar la decisión del 27 de enero de 2025 por medio del cual el Juzgado de Instancia negó el cambio de domicilio de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Montería al postulado Salvatore Mancuso”.
-Magistrada Alexandra Valencia, cual fue el “método paramilitar” del ex comandante AUC Salvatore Mancuso, que el procurador antimafia Nicola Gratteri, jefe de la procura antimafia más grande de Europa, Nápoles – ha pedido Mancuso en extradición desde EEUU a Italia en 2008 – ha definido en televisión La7, el pasado 27 de septiembre de 2025, “Salvatore Mancuso, ex líder AUC, capaz de financiar las campañas presidencial y comandar un ejército de 20.000 paramilitares, ha tenido un rol central en relación con los carteles y la ndrangheta – “La parabola di Salvatore Mancuso e i rapporti tra cartelli colombiani e ’Ndrangheta” (6)?
-El Bloque Catatumbo fue concebido por Carlos Castaño, quien delegó la responsabilidad del mismo en Salvatore Mancuso. Ambos lo diseñaron, lo conformaron e incursionaron en Norte de Santander a partir de mayo de 1999 con un grupo inicial de 270 hombres.
Gracias al apoyo de otros bloques y a su crecimiento inusitado, el Bloque Catatumbo logró desmovilizar a 1.425 hombres, el 10 de diciembre de 2004, en la finca Brisas de Sardinata, del corregimiento de Campo Dos, en Tibú.
Se demostraron también los métodos de guerra utilizados por la estructura paramilitar para aniquilar a quienes eran considerados sus enemigos, las políticas y las prácticas de homicidio, desaparición forzada, torturas, retenciones, desplazamiento forzado, despojo de bienes, abusos sexuales, destrucción de bienes protegidos, así como un fenómeno particular utilizado por este grupo que era el de lanzar cuerpos de personas asesinadas a rudimentarios hornos crematorios, los peñascos y los ríos.
Como ciudadana y como académica, asumo esta interlocución con la Fundación Rosa Luxemburgo (Alemania) con una mirada de angustia frente a la impunidad. Reafirmo esta apelación de la violencia paramilitar, de una violencia estructural, utilizando el enfoque de género y diferencial en los trabajos académicos o judiciales. Nos preguntamos: ¿Qué es la Justicia? Jurgen Habermas responde que la “justicia es un objeto jurídico”, que se puede comunicar y transmitir.
En Colombia ha fallado el sistema de justicia. El libro “Justicia para Colombia. Impunidad, acumulación y poder” es un análisis valioso respecto a lo que el país necesita saber. Los crímenes cometidos por los paramilitares se vinieron a conocer solo por la jurisdicción transicional de “Justicia y Paz”, porque representan hechos del 98% de decisiones archivadas en la justicia ordinaria, porque en Ocaña, en el Catatumbo, se negaba la existencia del conflicto armado, que hacía difícil pensar en crímenes de lesa humanidad. La primera jurisdicción fue la de “Justicia y Paz”.
-Magistrada Alexandra Valencia, ¿puede explicar su análisis sobre “la masculinización de los relatos de las violencias en contra de las mujeres en Colombia”?
-Es preocupante la masculinización de los relatos de las violencias en contra de las mujeres en Colombia, en los juicios de las desapariciones por ejemplo en el Catatumbo (frontera con Venezuela). Me inquieta la desaparición de los cuerpos de las mujeres y la práctica de atemorizar con el terror por parte de los paramilitares. En una exhumación, he preguntado de los restos de una mujer en el Catatumbo. He escuchado el relato de una joven mujer de 23 años, sacada de su humilde casa en zona rural, era la mama de una niña de 3 años. Entraron a la fuerza los paramilitares de la Autodefensa Unida de Colombia AUC. El cuerpo de esta joven mujer campesina de 23 años, era desnuda y eso es un indicador de violencia sexual previa. Debemos entender la crueldad de la guerra en cuerpo de mujeres, como nos dice Rita Segato, y la masculinidad del relato. La prueba indiciaria de violencia sexual desarrolladas también en otros casos internacionales, de exigencia probatoria de agresión sexual, y casos de desaparición, es imposible. Por eso tenemos varios retos de defender el derecho de las víctimas a la verdad y a NO ser re-victimizadas en el juicio.
-Mmagistrada Alexandra Valencia, usted ha destacado la importancia de la acción sin daño: “hacer incidencia en los territorios para resignificar a las mujeres víctimas de violencia sexual y hacer las cosas sin producir daño”. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-En la magistratura he sentado un antecedente importante sobre casos de inhumación y desaparecieron de cuerpos. No fue una tarea fácil. Hay un sub-registro de las violencias sexuales en contra de las mujeres, tratan de hacer invisibles los crímenes de violencia sexual. En 2023 había un déficit de preparación de los fiscales. Yo exhorté al sistema de “Justicia y Paz”, de hacer un equipo de fiscales especializados en violencia de género. La respuesta del Estado fue positiva con un grupo de mujeres fiscales en esta tarea. En esta perspectiva, es importante evidenciar el principio de la magistratura de “acción sin daño”, para que la justicia pueda asumir casos, sin degradar.
Recuerdo los casos de Vichada, de las mal denominadas “niñas calvas” porque a las víctimas le cortan el pelo, el cuello cabelludo, con machete, como forma de castigo.
Entonces aplicamos la Convención de Belem, de eliminar los estereotipos de niñas, menores de edad, sobrevivientes, que no sean llamadas “niñas calvas”, y decir… “por algo será”…
Es des-humanizar…
Es urgente proscribir el retrato masculino de jueces. Como magistratura, desde el caso de Alto-neblina, he sentado un antecedente importante en un lugar rural de violencia paramilitar.
Así, si la sociedad o los campesinos machistas las llamaban “niñas calvas”, se podían denunciar formalmente para injuria.
No olvidamos que el impacto de las violencias y de la búsqueda de reparación, continúan hasta hoy.
-El “Pacto de Ralito” fue convocado por Salvatore Mancuso en 2001, y terminó en la firma de un acuerdo entre 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena y jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esos departamentos, entre ellos, ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso, ‘Diego Vecino’ y ‘Jorge 40’, que tenía como propósito construir un proyecto político desde el paramilitarismo bajo las premisas de “refundar la patria”, “crear un nuevo pacto social” y “construir una nueva Colombia” .
Hacia 2009, la magistrada Alexandra Valencia, aun siendo la jefa de investigaciones especiales de la Procuraduría, resultó en la orilla de las víctimas de la persecución cometida por agentes del Estado. En julio de 2009, dos policías y un funcionario del CTI de la Fiscalía fueron condenados a 11 años de prisión por seguirla e interceptarla ilegalmente a usted, Doctora Alexandra Valencia y al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez (hoy embajador de Petro en el Vaticano). Ambos apoyaban las pesquisas de la parapolítica.
Usted, magistrada Alexandra Valencia, es reconocida como un referente a nivel mundial por haber destapado el escándalo de la parapolítica en la perspectiva de lo que afirma León Valencia, en el libro ‘Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia’, 2024.
“La parapolítica transformó la institucionalidad colombiana. Eso fue un hecho único en el mundo, que 86 parlamentarios hayan sido condenados por parapolítica y 50 más fueron investigados. A algunos se les vencieron los términos, pero realmente investigados fueron 136. Eso es un hecho insólito porque eso significa que la mitad del Congreso colombiano fue investigado por parapolítica.
Fíjese que hasta ahora en la coyuntura el juicio al expresidente Álvaro Uribe también tiene que ver con la parapolítica. Se deriva de eso, porque el senador Iván Cepeda llegó a los debates sobre la parapolítica en Antioquia y en el Congreso. Fue la reacción de Uribe de denunciarlo en ese momento lo que hoy lo tiene en el llamado a juicio, porque luego se volteó la cosa y el que terminó investigado fue Uribe”, ha escrito el analista León Valencia (7).
Magistrada Alexandra Valencia, ¿cuál es su interpretación de la parapolítica?
-Es importante no olvidar que la “parapolítica” resultó por el trabajo de la jurisdicción de “Justicia y Paz” que logro judicializar y condenar decenas de políticos y congresistas relacionado al andamiaje paramilitar.
Pero las instituciones nacionales no han permitido la continuidad de procesos, varios fiscales fueron removidos en administraciones anteriores a la actual del presidente Petro. Nosotros miembros del tribunal “Justicia y Paz”, fuimos los únicos por una década conociendo el país, descifrando el método paramilitar como Salvatore Mancuso y su relación con sectores económicos, con empresas, con la fuerza pública, con medios de comunicación, con varios sectores políticos y con la sentencia de 2014 he llamado a investigar todas estas relaciones. En 2017 he investigado el secuestro de la senadora Piedad Córdoba y ahora se ha logrado la condena (José Miguel Narváez, quien fue subdirector del servicio secreto (DAS), fue condenado el día 6 de octubre de 2025, a 28 años de cárcel por ser el determinador del secuestro NDR). Este libro de la fundación Rosa Luxemburgo (Alemania) es un antecedente importante y representa un llamado al sistema de justicia colombiano para enfrentar la impunidad.
Hoy, 6 de noviembre de 2025 un tribunal colombiano condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las paramilitares Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) por 345 crímenes cometidos, incluidas masacres, en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío entre 1994 y 2004.
Entre los condenados figura Herbert Veloza García, alias HH, quien era el comandante del bloque, el Chaler de la muerte. Estamos hablando de crímenes, de desapariciones y masacres cometidos hace 20 años atrás. Pero es importante recordar estos hechos y construir una narrativa de crímenes ocurridos hace 20 años atrás para que las barbaridades no vuelven a ocurrir. Las nuevas generaciones deben asumir este reto porque el camino es todavía muy largo, porque hay una reconfiguración criminal en el siglo XXI con inter-secionalidad, por ejemplo, con la explotación de la minería ilegal, del oro, adicional al narcotráfico. Pueden cambiar los escenarios, con fentanilo, pero el narcotráfico y la cultura de la cocaína es el motor de muchos grupos armados ilegales, es un negocio criminal que nunca va en crisis, y tiene relaciones e impactos relevantes a nivel internacional.
-En 20 de las 51 proferidas en el sistema de “Justicia y paz”, equivalentes al 39% del total, se identificaron un total de 187 empresas y empresarios señalados como redes de apoyo a grupos paramilitares.
Además de Chiquita, hay muchos otros casos en los que la justicia debe definir responsabilidades en violaciones de derechos humanos en Colombia. Mencionadas en la jurisdicción transicional de Justicia y Paz: la bananera Dole, la minera Drummond, la petrolera Ecopetrol, Postobón, Nutresa y otras. Magistrada Alexandra Valencia, ¿porque es tan difícil investigar las empresas aliadas del paramilitarismo en Colombia, a pesar de las históricas condenas de la multinacional Chiquita Brands en EEUU? Recordamos que Chiquita Brands admitió, a principios de la década de 2000, haber entregado hasta 1,7 millones de dólares a las AUC, grupo considerado terrorista por el gobierno estadounidense…
-En el libro “Justicia para Colombia. Impunidad, acumulación y poder”, se explican los momentos actuales que se parecen a las tragedias de finales 90 e inicio de 2000, hay una reconfiguración del poder, con decisiones criminales inusitadas, hay que contenerlas…
Debemos fortalecer la búsqueda de justicia, de comunicarla, de transmitir el horror a los estudiantes que conocen los casos de Ruanda, de Núremberg, de Sierra Leona, pero no conocen las masacres de aquí, del Naya, del Catatumbo, comprometámonos con la historia atroz de nuestro país, Colombia.
Hablar de la guerra es difícil, es un proceso lento, pero tenemos la responsabilidad de dar aliento a las víctimas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Mira, hace 10 años atrás se compulsaron copias para investigar a empresarios, al poder económico aliado del paramilitarismo y hoy asumen formas de condena en la justicia ordinaria, ya es un primer paso al frente.
Existen una responsabilidad política, con el mundo empresarial, es un método paramilitar basado en la eliminación de todos los y las líderes sociales, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, lideres contestatarios del estatus quo, que retrasan cuatros generaciones de desarrollo para salir de la pobreza.
En este año 2025, una jueza mujer, valiente, Diana Lucía Monsalve, logra una sentencia importante en Antioquia, que ha condenado por concierto para delinquir, la poderosa multinacional Chiquita Brand, en su accionar en Antioquia, no solo en EE.UU.
Fue una operación criminal que agredió la sociedad civil, entraron con las armas en la región de Urabá, con Chiquita Brand, esperamos pronto otras respuestas judiciales.
-En este momento, interrumpe esta entrevista un sobreviviente de la Unión Patriótica de Turbo que tiene un relato muy dramático.
El obispo Isaías Duarte, encontraba por la mañana a la alcaldesa Gloria Cuartas y la comunidad de paz de san José de Apartadó y en la tarde se reunía con los paramilitares de Castaño para averiguar quién se estaba organizando, los campesinos y sindicalistas que organizaban paros y protestas y después los paramilitares los asesinaban.
Magistrada Alexandra Valencia, usted, la fiscalía, debe investigar el papel nefasto de la Iglesia Católica en alianza con las bananeras”, concluyó el sobreviviente del genocidio de la unión patriótica, 6000 víctimas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
La entrevista es interrumpida por su numerosa escolta que acompaña y rodea permanente a la magistrada Alexandra Valencia, en la Universidad Nacional de Bogotá.
Apreciada Magistrada Alexandra Valencia, la última pregunta. En su denuncia con fecha 31 de julio de 2023, Salvatore Mancuso en la segunda página menciona “acusaciones tendenciosas de la magistrada Valencia que se repitieron ante un medio italiano”, mencionando cinco líneas de mi artículo publicado por la agencia de comunicación italiana SIR-Servizio Informazioni religiose.
Magistrada Alexandra Valencia, porque el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso cita específicamente mi artículo publicado por la Agencia SIR del Vaticano, “Colombia: Valencia (magistrata) su estradizione ex comandante paramilitare italo-colombiano Salvatore Mancuso, “uniamo sforzi a livello internazionale” (9), que se transforma en una amenaza para Usted, en uno de los países más peligrosos para ser juez o magistrada, como Colombia?
-Mi representación aquí en la Universidad nacional, es académica, pero debemos investigar la reconfiguración de las acciones armadas, su relación con el narcotráfico internacional, los grupos armados ilegales, sucesores del paramilitarismo que se está retomando hoy en el control de grandes regiones de Colombia. Todavía Salvatore Mancuso, tiene que contarnos muchas otras cosas, no es un tema carcelario.
Por esta razón, Mancuso no puede ir a Montería y en otras regiones, por respeto a las víctimas del paramilitarismo.
Mancuso debe contar toda la verdad, están pendiente otras sentencias sobre el accionar de Salvatore Mancuso, están pendientes otros temas de lavado de dinero, hay que seguir trabajando juntos con la sociedad civil internacional. Recuerdo un emotivo encuentro en 2010 con la fundadora de las madres de plaza de mayo, Mirta Baravalle, que acaba de morir en Argentina a 99 años, vino a Colombia como representante de la Comisión Ética internacional, impulsada por el jesuita Javier Giraldo y muchas víctimas del conflicto armado.
Sus artículos (del Sir-Vaticano y de la Corporación Latinoamericana Sur) llegaron en las manos de la Fiscalía y están contenidos en una sentencia que he proferido como presidenta de la sala” Justicia y paz” de Bogotá.
Entrelíneas el postulado (Mancuso) planteaba que existía una especie de manipulación política para que no regresara al país. Y esas expresiones pues nos han resultado intimidantes y peligrosas.
Por estas razones, por las afirmaciones de Salvatore Mancuso, me han asignado una mayor escolta, por el riesgo excepcional que estoy teniendo hoy”, concluyo la magistrada, con mucho coraje, Alexandra Valencia.
¿Porque la Defensora del Pueblo, Marín, ha demandado la decisión de Petro de nominar Salvatore Mancuso, como gestor de paz?
¿Cuál es la relación de Salvatore Mancuso con el nuevo candidato presidencial de la extrema derecha hoy?
Espera la próxima semana para leer la segunda parte de esta investigación…
NOTAS
- https://acortar.link/vYtLya
- Texto archivado en la Casilla 319 de los Archivos de Seguridad Nacional, Biblioteca Kennedy, descubierto y citado por McClintock, Michael, Instruments of Satecraft (Nueva York: Pantheos Books, 1992) p. 222.
- Javier Giraldo, Leonardo Luna, Ferdinand Muggenthaler y Stefan Peters, ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia (Bogotá: Fundación Rosa Luxemburg, 2022).
- https://www.sur.org.co/magistrada-alexandra-valencia-si-no-activan-los-procedimientos-y-decisiones-juridicos-y-diplomaticos-salvatore-mancuso-podria-quedar-libre-y-viviendo-en-otro-pais-como-italia/?pdf=26665
- La presión internacional antimafia logra que la JEP rechaza que el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sea gestor de paz.8 julio, 2024. Cristiano Morsolin.
- https://www.la7.it/lezioni-di-mafie
- https://www.publimetro.co/noticias/2024/05/01/la-parapolitica-fue-un-hecho-unico-en-el-mundo-la-mitad-del-congreso-fue-investigado-leon-valencia/
- https://www.infobae.com/colombia/2025/07/23/historica-condena-justicia-colombiana-dicta-sentencia-contra-siete-directivos-de-chiquita-brands/
- https://www.agensir.it/quotidiano/2022/8/29/colombia-valencia-magistrata-su-estradizione-ex-comandante-paramilitare-italo-colombiano-salvatore-mancuso-uniamo-sforzi-a-livello-internazionale/
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá). Sufre la persecución estatal a causa de la defensa de los derechos humanos. Su último libro: “Nunca Mas Estado Genocida. El boicot europeo en contra de las armas y de las mafias de Colombia” (Ediciones Antropos, 2023, comentario final del Cardenal Michael Czerny).
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