La columna vertebral del mensaje de Antonio García radica en la propuesta de Acuerdo Nacional para superar la crisis política y social del país.
Los elementos centrales abordados se refieren al enfoque de Acuerdo Nacional propuesto por el ELN, a los antecedentes de dicha propuesta, sus enfoques relacionados con la paz y las transformaciones que requiere el país; los obstáculos que se presentan, respecto a los cuales elude reconocer sus responsabilidades, para la solución política del conflicto armado y que truncaron el proceso de paz con el gobierno Petro, así como los caminos que plantea para materializar los Acuerdos.
En esta línea, señala la importancia de una ruta diferente a la vía parlamentaria para materializar el Acuerdo Nacional y sustenta las razones para reactivar la propuesta en la agresión norteamericana a la que denomina “recolonización del continente” y del mundo, en un contexto donde sostiene que el ELN no tiene presencia en territorio venezolano. A la vez, sin hacer alusión a otras formas de obtención de rentas ilegales que afectan a los territorios y a las comunidades, Antonio García se esfuerza en sustentar que el ELN no tiene que ver con el narcotráfico.
En relación con el Acuerdo Nacional, dice que es una propuesta diferente a la de otros sectores y del gobierno. Al respecto, retoma la propuesta de la Convención Nacional y los vínculos sociales para un proceso de confluencia social, política y armada hacia una Constituyente.
Es de recordar la propuesta de Convención Nacional fue planteada por el ELN a finales de la década del noventa [2]. En comunicado presentado a las primeras Jornadas de Paz y derechos Humanos que se realizaban en Alorcón (España), el “Cura Pérez”, entonces comandante del ELN, la planteaba como “un gran encuentro entre todos los colombianos, de todos aquellos que representan diferentes sectores sociales, económicos, políticos, de la ciudadanía llamamos a que este gran encuentro se dirija hacia la conformación de una constituyente”.
En su propuesta actual, Antonio García afirma que el planteamiento de solución política al conflicto armado no ha llevado ni al cambio ni a la paz. Entonces, propone invertir el proceso: Acordar los cambios sociales y que el país cambie para construir la paz.
Esto constituye una visión diferente que lleva a la pérdida de vigencia a lo planteado formalmente en los últimos procesos de negociación, donde se afirmaba: “lo que se va acordando se va aplicando”. Así, después de la ruptura del diálogo con el gobierno Duque, el proceso de negociación que reinició en Venezuela a finales de 2022, continuó en México, luego en Cuba y, volvió con el cuarto ciclo a Venezuela para luego quedar suspendido por la crisis de la Mesa de Negociación, tampoco tiene vigencia para lo que queda del Gobierno Petro.
Al tiempo, supeditar la paz a transformaciones estructurales, sociales, políticas y económicas, sin especificar los contenidos y alcances en el período, también implica en la concepción de Antonio García una validación absoluta y contestataria del enfoque del conflicto armado. Su planteamiento niega la validez del conflicto social en escenarios de lucha de clases y de contextos de desigualdad social que se tramitan desde la movilización social en cualquier país, a lo que Colombia no es ajeno. De allí que sus planteamientos de cambio resulten tan genéricos.
En lo que se refiere al proceso de paz, Antonio García plantea que quedó truncado en contenidos y metodologías, dado que el Gobierno no habilitó la continuidad; según él, el Gobierno incumplió el cese al fuego, se alió con los paramilitares, dentro de los cuales incluye a las disidencias pos Farc y estableció limitaciones a la participación social.
Al respecto, el comandante del ELN elude responsabilidades de su organización, en relación con los temas del secuestro y la extorsión, el congelamiento de las negociaciones por su parte, en razón de la división interna y de la escisión del Grupo “Comuneros del Sur”, que emprendió una negociación separada con los Gobiernos de Nariño y la Consejería de Paz. Tampoco hace referencia a la escalada de violencia que protagoniza en el Catatumbo, en operativos de confrontación armada con el Frente 33 de la disidencia pos Farc y sus efectos en materia de desplazamiento, asesinatos y confinamiento de población de los diversos municipios.
Este tipo de accionar contrasta con el comunicado referido de 1997, donde el Cura Manuel Pérez planteaba que el ELN acogía las seis recomendaciones planteadas a la insurgencia colombiana, por parte de Amnistía Internacional a la luz del derecho internacional humanitario [3]:
“Concretamente, los dirigentes de los grupos guerrilleros adoptarán las siguientes medidas:
- ORDENARÁN a sus combatientes que traten con humanidad a los prisioneros, a los heridos y a quienes intenten rendirse, ya se trate de civiles o de miembros de las fuerzas armadas, y que no los maten nunca.
- PROHIBIRÁN los homicidios deliberados y arbitrarios de no combatientes en cualquier circunstancia.
- SE ASEGURARÁN de que no se utiliza a los cautivos como rehenes. Los dirigentes de las organizaciones guerrilleras adoptarán inmediatamente todas las medidas necesarias para identificar a las personas tomadas como rehenes y garantizar su inmediata liberación, sanas y salvas.
- SE ASEGURARÁN de que no se utilizan minas para matar o mutilar deliberadamente a civiles.
- SE REALIZARÁN investigaciones adecuadas de los presuntos abusos cometidos por los combatientes guerrilleros con el fin de determinar responsabilidades.
- LAS PERSONAS sospechosas de haber cometido u ordenado abusos, como homicidios deliberados y arbitrarios, toma de rehenes o torturas y malos tratos de prisioneros, serán apartadas de todo cargo de autoridad y de cualquier servicio que les ponga en contacto con prisioneros u otras personas a quienes pudieran infligir abusos”.
En relación con los temas de participación social en el marco del proceso de negociación con el Gobierno, Antonio García reconoce que las cifras de participación no llegaron a las nueve mil personas en los encuentros nacionales, regionales y temáticos.
El modelo de participación se quedó en el papel, lo mismo que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y el Observatorio sobre paramilitarismo.
En cuanto a la materialización del proceso de Acuerdo Nacional, Antonio García retoma la bandera de la participación social con el objetivo del diálogo entre sectores sociales y políticos que defiendan la soberanía en contra de la recolonización del continente. Esboza, sin detallar, temas que denomina estructurales, como: la erradicación de la corrupción, la pobreza, la superación del paramilitarismo, el modelo económico, la superación del narcotráfico con participación de la gente y la transición energética.
Propone adelantar una conversación con todos los sectores sociales y políticos, entre los diferentes sectores sobre rutas y metodologías. Esto, lo contrasta con el camino escogido por el Gobierno al que señala de haber priorizado la vía parlamentaria. En el fondo, su actitud contestataria desconoce que el Gobierno Petro ha colocado en el orden del día la validez de la Asamblea Nacional Constituyente; que ha venido construyendo masa crítica y acumulando fuerzas en defensa de la soberanía popular para despejar el camino de las reformas sociales; para superar los bloqueos institucionales en favor del impulso de la democracia directa, de la reforma política y de las propias reformas institucionales que requiere el país.
En su concepción, el ELN se queda a la vera del camino insistiendo de manera retórica, que se requiere de ruta distinta a lo electoral. No obstante, su accionar fragmenta el movimiento social, afecta a las comunidades territoriales y desconoce los vasos comunicantes que se requieren para fortalecer la capacidad de movilización social en pro de las transformaciones necesarias.
En lo referente a los motivos actuales de presentación de la propuesta, el comandante del ELN señala que el actual es un momento crítico en razón de la política norteamericana agresiva, lo que plantea la necesidad de defensa de la soberanía nacional como centro de la unidad nacional.
También, entiende que la coyuntura electoral es un momento propicio para construir agendas por la soberanía, de transformaciones y de políticas de paz.
No obstante, insiste en que se requieren transformaciones para que el país cambie y se pueda tener paz. Bajo esta óptica de separación entre la paz y las transformaciones sociales se termina negando la capacidad de implementar procesos de transformación en los territorios y en el ámbito nacional, a través de las reformas sociales y las políticas públicas.
De manera velada se invalida el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Santos y las Farc EP en 2016 y se desconocen sus componentes, tales como la Reforma Rural Integral, la reforma política, las garantías sociales, económicas y políticas para los excombatientes, la solución al problema de las drogas de uso ilícito, el sistema de verdad, justicia reparación y voluntad de no repetición, con su columna vertebral de justicia restaurativa y centralidad de las víctimas, como sujetos protagónicos de la paz y los elementos fundamentales relacionados con los enfoques de género y étnicos, en un país pluriétnico y pluricultural, como lo es Colombia.
Entre los temas más delicados que se abordan en la entrevista está el tema de la relación del ELN con el narcotráfico. Al respecto, Antonio García enfatiza en desconocer que distintas agencias nacionales e internacionales de seguridad e institutos de investigación lo relacionan con esta problemática en la frontera con Venezuela y en otras regiones del país.
Si bien, el ELN cumplió un papel activo en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Arauca desde 2017, no se puede desconocer que este departamento es ruta de tráfico procesamiento de drogas.
Si bien el ELN promovió en este departamento la sustitución, el campesinado jugó un papel protagónico, como lo muestra el Periódico Desde Abajo [4]. Así mismo es de subrayar que el ELN se financia, también, mediante actividades como la extorsión a la industria petrolera y el contrabando en la frontera.
Así mismo, los campesinos han migrado hacia cultivos de cacao, plátano y ganadería [5]. Sin embargo, líderes regionales advierten que para que este modelo sea sostenible sin la sombra de la ilegalidad, se requieren garantías de comercialización y proyectos productivos robustos por parte del Estado.
En la actual coyuntura, la situación del conflicto con el ELN se exacerba dada la actividad de erradicación de cultivos de uso ilícito y las operaciones que se adelantan en la frontera colombo-venezolana. Al 5 de febrero, las Fuerzas Armadas Colombianas han iniciado operativos que incluyen bombardeos en contra del ELN y del Frente 33 en la región del Catatumbo. En este contexto, el presidente Petro, luego de la reunión con el Gobierno Trump en Estados Unidos, manifestó que este es el bombardeo 14 en su gobierno e invitó al ELN para que “acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz” [6]. A la par, Invitó a la iglesia católica a buscar la configuración de esa instancia de verificación.
En este contexto, el diálogo estará condicionado por los operativos militares en las zonas de frontera, en una dinámica de máxima complejidad, que pasa por la injerencia norteamericana y los intereses geopolíticos que buscan, tanto el Gobierno Trump como las empresas petroleras, para “normalizar” la actividad petrolera en Venezuela. Esto requiere reflexión, diálogo y unidad de acción entre los gobiernos y pueblos venezolano y colombiano en dicha región, así como en la frontera con Ecuador, con el gobierno y el pueblo ecuatoriano, con el fin de sortear los factores de presión que afectan la autonomía y la soberanía nacional, en medio de tanta heterogeneidad, intereses grupales, micropoderes, corrupción y fragilidades estatales.
Tampoco hay que olvidar que el tráfico de drogas se ha transnacionalizado y su dimensión trasciende las fronteras de los Estados, lo que obliga a la coordinación de distintas agencias de seguridad, como lo reconoce el mismo Antonio García en la entrevista.
Así que el tema de los operativos pasa por el respeto al Derecho Internacional Humanitario, lo que no respetan ni el ELN, ni el Gobierno Trump.
La gran diferencia está en que ha sido el gobierno Petro el que ha colocado en agenda el tema de salud pública ante la ONU para su discusión en 2027, a la par que ha denunciado a las mafias internacionales.
________________
[1] Antonio García. Entrevista comandante Antonio García. Enero de 2026.https://x.com/antoniogacte/status/2013602345943224555?s=20
[2] Pérez Martínez Manuel. Comunicado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Propuesta de Convención Nacional del ELN. Alorcón-España. Mayo 12 de 1997.https://cedema.org/digital_items/5922
[3] Amnistía Internacional-Secretariado Internacional. MITO Y REALIDAD CAMPAÑA DE COLOMBIA – MARZO 16 DE 1994 RECOMENDACIONES AL GOBIERNO COLOMBIANOwww.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2024/05/AMR230171994SPANISH.pdf [4] Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario. La erradicación de la coca en Arauca fue hecha por los campesinos. Desde Abajo. Abril 25 de 2018. https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-n-245/item/la-erradicacion-de-la-coca-en-arauca-fue-hecha-por-los-campesinos.html
[5] Rodríguez Valentina. Frente del ELN dice que ya erradicaron todos los cultivos de coca en Arauca. Infobae. Marzo 17 de 2024. [6] Petro Gustavo. Desnarcotizar la frontera Colombo/Venezolana. Febrero 4 de 2026.https://x.com/petrogustavo/status/2019117044960997394?s=20
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: CNN en Español
Deja un comentario